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Señales de Advertencia del Agente Doble: Una Guía de Contrainteligencia

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Leyendo el señuelo (dangle): guía de campo del profesional sobre la fuente controlada y la reforma de la validación de activos. Un ensayo en la voz de un antiguo tipo de la CI.

Lo más difícil en la HUMINT no es reclutar una fuente. Es saber si la fuente que reclutaste te pertenece a ti. La reciente reconstrucción de fuente abierta (“OSINT”) que hizo Alexander Orleans del caso GTPROLOGUE (el despacho que el KGB hizo en 1987 del oficial de planta Aleksandr “Sasha” Zhomov contra la Estación de Moscú de la CIA) es la mejor anatomía pública en años de cómo un servicio hostil construye, en la frase de Churchill, una escolta de mentiras alrededor de una sola verdad operativa (Orleans 2025). A Zhomov lo corrieron durante aproximadamente tres años antes de que la CIA concluyera que había estado controlado desde el primer contacto. Lo instructivo del caso no es que engañaran a la CIA. Eso le pasa hasta a los mejores servicios. Es que el caso levantó casi todas y cada una de las banderas de advertencia clásicas. Las banderas se vieron, se debatieron, y el caso sobrevivió (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003).

He compilado aquí un catálogo de trabajo de esas banderas y de otras tomadas de una literatura un poco más amplia, cada una anclada a un caso real, seguido de las mejoras que el mecanismo de contrainteligencia debería institucionalizar. He tratado de mantenerme tan cerca de la tradecraft real como lo permite el registro abierto. Nada de esto requiere acceso clasificado para entenderse. La verdad dolorosa es que los indicadores son bien conocidos y lo han sido por lo menos desde el tratamiento fundacional que F. M. Begoum le dio al agente doble en 1962 en Studies in Intelligence (Begoum 1962). Por desgracia, los seguimos reaprendiendo.

Los Indicadores

Producción desproporcionada al acceso. El indicio más duradero es una fuente que se sienta sobre una montaña de secretos y te entrega gravilla. Zhomov era un oficial de planta del Primer Departamento que supervisaba la vigilancia del jefe de estación de Moscú, y sin embargo afirmaba tener apenas un “acceso periférico o infrecuente” al mismísimo material que su puesto debía hacerle rutinario (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Los soviéticos tenían una razón estructural para esto: la doctrina estricta prohibía liberar alimentación genuina de alto grado, y los oficiales temían un ajuste de cuentas estilo Stalin por divulgar de más, así que sus señuelos venían entrenados para alegar acceso escaso (Diamond 2008; Earley 1997). Cuando los reportes de una fuente quedan consistente y convenientemente por debajo del techo que su ubicación implica, pregúntate a quién beneficia el racionamiento.

La fuente controla el plan de comunicaciones y el tempo. El control es la capacidad del servicio que corre el caso de iniciar, alterar o detener el comportamiento del agente (Begoum 1962). Zhomov llegó con un plan de comunicaciones impersonal completamente formado —buzones de cartas a través del carro sin seguro de Downing, contacto a discreción de Zhomov, sin reuniones cara a cara prolongadas— que ponía cada palanca en manos del KGB e incluso restringía los movimientos físicos de sus manejadores de la CIA (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). Compárese con el estándar de oro del arreglo opuesto: el Comité XX británico en la Segunda Guerra Mundial, que poseía física y comunicacionalmente a cada agente alemán en el Reino Unido y por tanto podía alimentar a Berlín con confianza (Masterman 1972). Cuando el agente dicta la arquitectura del contacto, no lo estás corriendo a él. Él te está corriendo a ti.

Motivación delgada, genérica o sin respaldo. El espionaje contra el propio servicio es un acto psicológico profundo. Un activo o fuente creíble puede narrar de forma convincente por qué cruzó esa línea, y la historia se sostiene bajo verificación colateral. Zhomov ofreció el cliché de un sistema que se agriaba y un matrimonio en quiebra (y el interrogatorio independiente del desertor Sergey Papushin lo contradijo de plano, describiendo a Zhomov como felizmente casado y devoto de su hija) (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Un motivo que no sobrevive a una segunda fuente no es un motivo; es una leyenda de cobertura.

La llegada “demasiado buena para ser cierta”. Los servicios hostiles leen tus brechas de recolección y las llenan a pedido. Zhomov apareció precisamente cuando la CIA estaba desesperada por explicar las catastróficas pérdidas de activos de 1985–86, con exactamente el acceso para “explicarlas” (Orleans 2025). “Demasiado bueno” y “cierto” no son mutuamente excluyentes. Los voluntarios espontáneos (walk-ins) genuinos sí ocurren en el peor momento posible; sin embargo, una oportunidad tan perfectamente a tono debería elevar la carga de la prueba, no bajarla (Johnson 2009). El desastre cubano es el monumento aleccionador aquí. Cuando el mayor Florentino Aspillaga Lombard desertó en Viena en junio de 1987, reveló que esencialmente cada cubano que la CIA creía haber reclutado desde principios de los años sesenta había sido un agente doble corrido por La Habana, que había mercadeado deliberadamente a sus oficiales como latinos aficionados para operar por debajo del radar (Latell 2012). Décadas de “éxitos” eran un solo engaño paciente.

Ninguna urgencia genuina por la exfiltración. Un hombre que dice que se quiere salir, y que está guardando su mejor material para su interrogatorio en suelo seguro, eventualmente debería preguntar: “¿Cuándo me voy?”. Zhomov nunca pidió un cronograma. Cuando finalmente le ofrecieron una ruta de exfiltración en 1990, la repudió por ser demasiado riesgosa y se fundió de vuelta en su equipo de vigilancia (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). El supuesto desertor que nunca quiere desertar está hablando mierda, no empacando su maleta de fuga.

Bona fides autovalidantes y alimentación que nunca hiere de verdad al servicio matriz. Una fuente controlada construye credibilidad con material que parece costoso pero no lo es. Zhomov entregó un padrón preciso de las pérdidas de 1985–86, dañino a primera vista, pero lo envolvió dentro de la falsa narrativa del SCD “cabrón e infalible” de que las pérdidas se debían a una tradecraft soviética brillante y no a un topo (Orleans 2025). La alimentación validaba el canal mientras protegía el secreto que el canal existía para proteger: Aldrich Ames. Escudriña si las “joyas de la corona” de tu fuente realmente le costaron algo a su servicio, o si cada divulgación adelanta calladamente los intereses de su servicio. Para ponerlo en lenguaje de riesgo: si no representa un peligro para el servicio matriz, no vale nada.

Errores de tradecraft de la oposición incompatibles con la competencia que reclama. Los reportes de Zhomov predecían una ola de señuelos del KGB. La CIA entonces vio al KGB correrlos tan chapuceramente que dos quedaron descaradamente expuestos como provocaciones. La Estación de Moscú racionalizó el desliz como descuido soviético endémico, sin notar nunca que la tradecraft descuidada era lógicamente irreconciliable con el SCD omnisciente del que Zhomov alardeaba (Orleans 2025). Un servicio no puede ser simultáneamente infalible y chapucero. Cuando el cuadro que pinta tu activo contradice el comportamiento que observas, créele a tus ojos.

La ventaja de jugar “en casa” en el área denegada. El entorno es en sí mismo un indicador porque moldea cuáles otros indicadores puedes siquiera poner a prueba. Todo el caso Zhomov se desenvolvió dentro de Moscú, donde el KGB controlaba la calle, impedía interrogatorios largos y podía rechazar cualquier reunión bajo el argumento incontestable de que no podía evadir a sus propios equipos de vigilancia (Orleans 2025). El resumen franco de Paul Redmond sobre la validación en área denegada —pocas o ninguna fuente colateral, fuerte dependencia del valor del material y de cómo empezó el caso, etc.— describe un problema que la oposición diseña deliberadamente (Redmond 2010). Un caso nacido y criado enteramente en terreno del adversario ha tenido sus opciones de validación estranguladas al nacer.

Resistencia a las pruebas operativas, y su jodido inverso que da miedo. Zhomov respondía las preguntas duras de verificación con respuestas que sus propios oficiales de contrainteligencia hallaban vagas o improbables, y se desviaba con la promesa de contarlo todo después de la extracción (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). La renuencia a ser puesto a prueba —la evasión del polígrafo, de las tareas provocadoras, de la “lista de compras” diseñada para atraparlo— es en sí misma reveladora e instructiva. Este indicador trae una advertencia que el caso GTPROLOGUE no provee, y que la profesión debe internalizar. La paranoia también quema a las fuentes reales. El manejo prolongado y brutal del desertor soviético Yuri Nosenko como presunta provocación, y la sospecha que casi le cuesta a la CIA al genuinamente invaluable general del GRU Dmitri Polyakov, son la patología igual y opuesta de la credulidad que protegió a Zhomov (Bagley 2007; Wise 1992). La validación es duda calibrada, no un reflejo en ninguna de las dos direcciones.

“El hambre”, y los incentivos que la alimentan. Orleans nombra al culpable silencioso: el apetito del oficial de caso por un golpe espectacular, la reticencia institucional a presionar una fuente deslumbrante lo bastante duro como para perderla (Orleans 2025). Redmond fue más franco, atribuyendo los fracasos de validación posteriores a Angleton en parte a oficiales que no creían que sus propios casos pudieran ser fabricados, “particularmente cuando había ascensos de por medio” (Redmond 2010). La catástrofe cubana hizo metástasis exactamente en este suelo: una voluntad organizacional de creer en reclutamientos que halagaban a los reclutadores (Latell 2012). La bandera más cara es la que elegimos no ver porque verla nos cuesta un logro de carrera.

Lo Que la Función de Contrainteligencia Debería Implementar

Los indicadores son necesarios pero no suficientes; una agencia que meramente los enumera será engañada igual, porque el caso Zhomov prueba que las banderas pueden estar ondeando y la operación aún sobrevivir. Las reformas de abajo se tratan de forzar a los indicadores a morder.

Institucionalizar la revalidación continua. La respuesta de la CIA a las quemas de los años ochenta fue el Sistema de Validación de Agentes, desarrollado a partir de 1987 e introducido formalmente al Directorio de Operaciones en 1991 (Mahle 2004; Olson 2019). El principio es sólido y debería ser doctrina en toda la comunidad: las bona fides establecidas una vez no quedan establecidas para siempre. Un activo debe ser recalificado en un calendario recurrente contra los seis métodos clásicos de validación: corroboración por otras fuentes, tareas específicas y pruebas operativas, recolección sobre el activo, polígrafo, penetración de su servicio matriz y vigilancia sobre él. Nada puede asumirse acerca de lo que le ha pasado a una fuente desde la última vez que se probó a sí misma (Orleans 2025; Olson 2019).

Separar al validador del manejador. El oficial que reclutó una fuente y el oficial que la certifica no deberían ser la misma persona, e idealmente no la misma cadena de mando. El hambre es un conflicto de interés; la estructura debe neutralizarlo dándole a una célula de contrainteligencia independiente la autoridad permanente de impugnar cualquier caso, con protección para el analista que disienta. El registro de GTPROLOGUE muestra que el sistema funcionaba a medias. Gerber y Redmond se mantuvieron escépticos y el equipo de contrainteligencia siguió planteando preocupaciones, pero esas preocupaciones fueron repetidamente subordinadas al deseo de no “hacerlo enojar” (Orleans 2025). La disidencia que puede ser anulada por los dueños del caso es un feo adorno de pared.

Tratar “controlado” como una hipótesis permanente por refutar. La disciplina de Richard Heuer del Análisis de Hipótesis en Competencia pertenece al centro de la validación. Enumera las hipótesis (de buena fe, fabricador, controlado), y pesa cada dato por su valor diagnóstico, qué tan bien discrimina entre ellas en lugar de qué tan bien encaja con la respuesta que quieres (Heuer 1999). La mayoría de las “bona fides” de Zhomov eran consistentes tanto con un voluntario genuino como con un señuelo. Tenían un valor diagnóstico casi nulo, y sin embargo se trataron como confirmación. Un activo que sobrevive un esfuerzo deliberado por probar que es hostil vale muchísimo más que uno del que simplemente nunca se dudó en serio.

Privilegiar la penetración de la oposición como el único validador decisivo. Esta es la lección escrita con sangre a lo largo de todos estos casos. A Zhomov lo desenmascaró un desertor, Papushin (Orleans 2025). El engaño cubano lo desenmascaró un desertor, Aspillaga (Latell 2012). Al propio Ames finalmente lo acorralaron con la ayuda de fuentes dentro del FIS ruso. La producción propia de una fuente literalmente nunca resuelve sus bona fides. El interior del servicio del adversario sí. Esto es precisamente por lo que Olson clasifica “Sé Ofensivo” como el primero de sus Diez Mandamientos de la Contrainteligencia. El reclutamiento de penetraciones y el manejo agresivo de agentes dobles no es un lujo sino el motor de la validación misma (Olson 2019).

Diseñar los incentivos contra “el hambre”. Este es, por supuesto, el argumento de calidad sobre cantidad. Si el ascenso premia el volumen de reclutamiento, los oficiales reclutarán, defenderán e inflarán. La contramedida correctiva es una cultura de evaluación de daños en la que sacar a la luz un fabricador o un caso controlado se trate como un éxito profesional y no como una “F”, y en la que el dinero pagado a una fuente se entienda como una inversión operativa, no como un costo hundido que hay que justificar (Orleans 2025).

Mis Reflexiones Finales

Zhomov fue, como concede Orleans, un trabajo sólido. Cada elemento, desde el escenario hasta la alimentación hasta el plan de comunicaciones, fue diseñado para tomar y retener la iniciativa (Orleans 2025). El caso también confirma, sin embargo, una máxima tan vieja como Begoum. La producción por sí sola nunca establece las bona fides, y ninguna métrica individual debería jamás eximir a una fuente del escrutinio continuo, y menos que nada una penetración potencial, que es la cosa más peligrosa de todas si resulta que pertenece al otro bando (Begoum 1962; Orleans 2025). La disciplina no es paranoia, que destruyó los años de Nosenko y casi la vida de Polyakov; ni es el hambre, que le entregó a La Habana un cuarto de siglo de victorias fantasma. Es la disposición a seguir poniendo a prueba a una fuente en la que quieres desesperadamente creer, y a tomar en serio al colega de la mesa que no deja de hacer la pregunta incómoda.

Todo pasa una vez por primera vez, incluido un oficial de planta lanzado como señuelo por un servicio que “nunca” lanzaría un oficial de planta como señuelo. El oficial de contrainteligencia que olvida esa oración está en algún lugar, ya siendo corrido.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • Bagley, Tennent H. 2007. Spy Wars: Moles, Mysteries, and Deadly Games. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Bearden, Milt, y James Risen. 2003. The Main Enemy: The Inside Story of the CIA’s Final Showdown with the KGB. New York: Random House.
  • Begoum, F. M. 1962. “Observations on the Double Agent.” Studies in Intelligence 6, no. 1: 57–72.
  • Diamond, John. 2008. The CIA and the Culture of Failure: U.S. Intelligence from the End of the Cold War to the Invasion of Iraq. Stanford, CA: Stanford Security Studies.
  • Earley, Pete. 1997. Confessions of a Spy: The Real Story of Aldrich Ames. New York: G. P. Putnam’s Sons.
  • Grimes, Sandra, y Jeanne Vertefeuille. 2012. Circle of Treason: A CIA Account of Traitor Aldrich Ames and the Men He Betrayed. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
  • Heuer, Richards J., Jr. 1999. Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.
  • Johnson, William R. 2009. Thwarting Enemies at Home and Abroad: How to Be a Counterintelligence Officer. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Latell, Brian. 2012. Castro’s Secrets: Cuban Intelligence, the CIA, and the Assassination of John F. Kennedy. New York: Palgrave Macmillan.
  • Mahle, Melissa Boyle. 2004. Denial and Deception: An Insider’s View of the CIA. New York: Nation Books.
  • Masterman, J. C. 1972. The Double-Cross System in the War of 1939 to 1945. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Olson, James M. 2019. To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Orleans, Alexander. 2025. “Beautiful in Another Context: A Counterintelligence Assessment of GTPROLOGUE.” Studies in Intelligence 69, no. 2 (Extracts, June).
  • Redmond, Paul J. 2010. “The Challenges of Counterintelligence.” En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 537–54. New York: Oxford University Press.
  • Wise, David. 1992. Molehunt: The Secret Search for Traitors That Shattered the CIA. New York: Random House.
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¿Necesita la República Dominicana una Agencia de Contrainteligencia?

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El caso por fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en lugar de crear un nuevo organismo.

La República Dominicana no necesita crear una agencia de contrainteligencia independiente. Lo que necesita es fortalecer y profesionalizar la función de contrainteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia que acaba de reformar mediante la Ley Orgánica 1-26 de 2026, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia y con controles democráticos verificables. La contrainteligencia ya es un mandato legal vigente: el reto del país es de capacidad y de control, no de arquitectura institucional.

La pregunta sobre si la República Dominicana requiere una agencia de contrainteligencia suele plantearse como si existiera un vacío que llenar. No lo hay. Antes de decidir si conviene crear un organismo nuevo, hace falta reconocer un hecho que reordena por completo el debate. La contrainteligencia dominicana ya posee base legal, mandato expreso y un coordinador formal. La discusión pertinente no es entonces si el Estado debe hacer contrainteligencia, porque la ley ya lo obliga, sino cómo organizar mejor esa función. Y allí la respuesta más prudente apunta a la consolidación, no a la proliferación de agencias.

Punto de partida: la contrainteligencia ya es un mandato legal vigente

La arquitectura de seguridad dominicana acaba de atravesar su transformación más profunda en décadas. Con la promulgación de la Ley Orgánica 1-26, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11227 del 13 de enero de 2026, el país sustituyó el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones por una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reestructurada, ahora dependiente del presidente de la República y dotada de autonomía presupuestaria (Congreso Nacional 2026). La norma define a la DNI como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y le atribuye expresamente la misión de realizar y coordinar actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que ejecuten los organismos militares, policiales y financieros del Estado (Congreso Nacional 2026).

Esa redacción no es nueva en su espíritu. Ya la Ley 1-24 de 2024, antecedente directo de la reforma, había creado el SNI y enmarcado la inteligencia y la contrainteligencia como funciones coordinadas del Estado (Congreso Nacional 2024). El sentido de toda la reforma fue precisamente integrar: durante décadas los cuerpos de seguridad dominicanos operaron de manera fragmentada, generando duplicidad de esfuerzos y vacíos de información, y la creación formal del SNI buscó corregir esa dispersión (Redacción Acento 2024). En consecuencia, levantar ahora una agencia de contrainteligencia separada implicaría reintroducir, por la puerta trasera, la fragmentación que el legislador acababa de combatir.

El entorno de amenazas: por qué la contrainteligencia importa, y mucho

Sostener que no conviene una agencia nueva no equivale a minimizar la amenaza. Al contrario: el perfil de riesgo dominicano es exigente y justifica una capacidad de contrainteligencia robusta. El primer vector es el narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica a la República Dominicana como país de tránsito primario de la cocaína que cruza el Caribe rumbo a Norteamérica y Europa, y la Determinación Presidencial estadounidense para el año fiscal 2025 la mantiene en la lista de principales países de tránsito de drogas (U.S. Department of State 2025) (The White House 2024).

Lo relevante para la contrainteligencia no es el volumen del flujo, sino el mecanismo que lo sostiene. Las investigaciones de campo muestran que el contrabando por contenedores en puertos como Caucedo depende casi siempre de la complicidad de empleados portuarios: clonar los sellos de seguridad de un contenedor exige acceso a documentación de embarque y a la carga misma, algo imposible sin un infiltrado interno (InSight Crime 2024). El mismo Departamento de Estado vincula las limitaciones del país a la corrupción endémica y a las restricciones de capacidad institucional (U.S. Department of State 2025). La penetración y la corrupción de funcionarios de seguridad por parte de organizaciones criminales transnacionales es, por definición, el terreno propio de la contrainteligencia: proteger las instituciones del Estado frente a su captura desde dentro.

El segundo vector es el espionaje, estatal y económico. Tras el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a la República Popular China en 2018, la República Dominicana quedó expuesta a una relación asimétrica con una potencia que despliega capacidades de influencia e inteligencia. La ambigüedad del gobierno dominicano respecto del papel de Huawei en su red 5G ilustra esa vulnerabilidad, sobre todo en infraestructura crítica de telecomunicaciones (Ellis 2022). A ello se suman la frontera con Haití, foco de inestabilidad y de actores que operan a través de ese flanco, y la dimensión cibernética, que la propia Ley 1-26 incorpora al asignar a la DNI tareas de seguridad de las infraestructuras críticas (Congreso Nacional 2026). La conclusión provisional es clara: el país necesita contrainteligencia de verdad. La discusión es sobre el envase, no sobre el contenido.

El argumento contrario: la tentación de una agencia especializada

Existe un razonamiento serio a favor de crear un organismo dedicado, y conviene exponerlo con honestidad. La contrainteligencia es una disciplina distinta de la inteligencia positiva. Mientras esta recolecta y analiza información sobre amenazas externas, aquella se ocupa del contraespionaje, de la amenaza interna, de la protección de secretos de Estado y de la depuración de personal. Cuando ambas conviven bajo el mismo techo, la experiencia comparada sugiere que la contrainteligencia suele quedar subordinada a las prioridades de recolección y se atrofia. Una entidad con mandato propio acumularía experticia especializada y reduciría el conflicto de interés que surge cuando quien recolecta es también quien se vigila a sí mismo. En la literatura clásica de reforma de inteligencia este principio de separación entre el cazador y el guardabosque es un argumento recurrente a favor de la diferenciación funcional (Bruneau y Boraz 2007).

El argumento tiene mérito. Pero confunde dos cosas distintas: la necesidad de especialización con la necesidad de un organismo separado. Se puede lograr lo primero sin incurrir en los costos de lo segundo. Y para un Estado de los recursos y la trayectoria institucional de la República Dominicana, los costos de lo segundo son considerables.

Capacidad y diseño: por qué la consolidación supera la creación de un nuevo organismo

El primer costo es presupuestario y de talento humano. Construir una agencia desde cero exige una nómina propia, una cadena de mando autónoma, instalaciones, sistemas y, sobre todo, personal formado en una disciplina escasa en el mercado regional. Para un país de capacidad institucional limitada, el retorno de invertir en una nueva burocracia es previsiblemente inferior al de reforzar la capacidad de contrainteligencia dentro del sistema que acaba de crearse, dotándolo de cuadros, tecnología y procedimientos. Somos un país pequeño con presupuesto limitado. Aunque un mecanismo de contrainteligencia independiente sería la utopía, vivimos en un mundo real.

El segundo costo es de coherencia. La experiencia latinoamericana de reforma de inteligencia ofrece un punto de comparación útil. Brasil, al reconstruir su sistema tras el régimen militar, optó por priorizar el análisis y la contrainteligencia de alcance doméstico privilegiando instituciones civiles, con una estructura distribuida entre múltiples organismos coordinados centralmente por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) (Bruneau y Matei 2010). El rasgo dominante de esa reforma fue estructural y de coordinación, no la multiplicación de agencias autónomas (Cepik 2007). La lección para Santo Domingo es directa. La coordinación de una estructura distribuida, que es exactamente lo que el SNI dominicano pretende ser, resuelve mejor el problema de la dispersión que la creación de un nuevo actor que reclame su propia parcela de poder.

El riesgo decisivo: control democrático y el legado autoritario

El argumento más fuerte contra una agencia de contrainteligencia independiente no es presupuestario ni organizativo, sino político. De todas las funciones de inteligencia, la contrainteligencia es la más propensa a desbordarse hacia la vigilancia interna de la prensa, la oposición y la sociedad civil. Quien tiene el mandato de detectar la penetración del Estado posee también, casi por la misma vía, las herramientas para espiar a los ciudadanos. Concentrar ese poder en un organismo secreto, separado y con cadena de mando propia es precisamente la receta que la historia dominicana enseña a temer.

La memoria institucional pesa. El aparato de inteligencia dominicano nació como instrumento de represión durante la dictadura de Trujillo y se prolongó en las redes de vigilancia de las décadas posteriores, una herencia que la literatura sobre culturas de inteligencia en América Latina y el Caribe documenta como un lastre que las reformas democráticas aún no terminan de superar (Matei, Halladay y Estévez 2022). Esa preocupación no es solo histórica. Durante el trámite legislativo de la reforma, la Sociedad Dominicana de Diarios advirtió que ciertos artículos de ambigua redacción, en particular la obligación de toda persona e institución de entregar información a la DNI, podían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad (Redacción Acento 2024).

La literatura comparada confirma el peligro. En las democracias nuevas, los organismos de inteligencia tienden a resistir el control externo, amparados en el secreto de su oficio y en la falta de expertise de los supervisores políticos, y esa resistencia puede obedecer al deseo de perpetuar prácticas abusivas en nombre de la eficacia (Bruneau y Matei 2010). El propio caso brasileño, pese a su reforma modélica, mostró señales de que su agencia coordinadora reincidía en la lógica de policía política (Cepik 2007). Si un sistema reformado y centralizado ya enfrenta esa tentación, una agencia de contrainteligencia autónoma, con menos contrapesos y mayor opacidad, la multiplicaría.

El verdadero riesgo no es que la República Dominicana carezca de contrainteligencia, sino que construya un instrumento que termine protegiendo al gobierno de turno más que al Estado.

Recomendaciones: especializar dentro del sistema, no fuera de él

De lo anterior se desprende una vía intermedia que captura los beneficios de la especialización sin asumir los riesgos de la fragmentación y la concentración de poder. En primer lugar, la contrainteligencia debe alojarse como una dirección o subdirección especializada dentro de la DNI, con mandato, doctrina y personal propios, pero subordinada a la coordinación única del Sistema Nacional de Inteligencia. La especialización se logra por diseño funcional, no por separación institucional.

En segundo lugar, esa unidad debe concentrarse en tres prioridades verificables: el blindaje de las instituciones del Estado frente a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado; el contraespionaje frente a actores estatales con presencia creciente en el país; y la protección de la infraestructura crítica y de los secretos del Estado, incluida la dimensión cibernética. La seguridad del personal y la verificación de antecedentes, que el reglamento de la Ley 1-26 ya contempla, son piezas centrales de esa función.

En tercer lugar, y de manera no negociable, la capacidad de contrainteligencia debe quedar enmarcada en controles democráticos reales: supervisión judicial de las medidas intrusivas, control parlamentario efectivo, un inspector general con dientes, límites explícitos a la vigilancia doméstica y plazos razonables de reserva de la información. La eficacia y el control democrático no son objetivos en tensión, sino las dos caras de un servicio de inteligencia maduro (Bruneau y Boraz 2007). Un servicio sin control pierde legitimidad y, con ella, la cooperación ciudadana de la que depende su eficacia.

Mis pensamientos finales

La República Dominicana enfrenta amenazas que hacen de la contrainteligencia una necesidad estratégica, no un lujo. Pero la respuesta institucionalmente (y presupuestaria) correcta a esa necesidad no es un nuevo organismo con letrero propio, sino una capacidad de contrainteligencia seria, profesionalizada y bien acotada, alojada dentro de la arquitectura que la Ley 1-26 acaba de levantar. Opino que crear una agencia separada deshacería el esfuerzo de consolidación que inspiró la reforma, gravaría a un Estado de recursos limitados con una burocracia adicional y, sobre todo, concentraría en un cuerpo opaco el tipo de poder que la propia historia dominicana enseña a vigilar. Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia, y dentro de él la función de contrainteligencia, es la opción que mejor sirve a la vez a la seguridad nacional y a la democracia que esa seguridad debe proteger.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, Maestría en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Bruneau, Thomas C., y Steven C. Boraz, eds. 2007. Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness. Austin: University of Texas Press.
  • Bruneau, Thomas C., y Florina Cristiana Matei. 2010. «Intelligence in the Developing Democracies: The Quest for Transparency and Effectiveness». En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 757 a 773. Oxford: Oxford University Press.
  • Cepik, Marco. 2007. «Structural Change and Democratic Control of Intelligence in Brazil». En Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, editado por Thomas C. Bruneau y Steven C. Boraz. Austin: University of Texas Press.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2024. Ley núm. 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial. Santo Domingo.
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  • Ellis, R. Evan. 2022. «Chinese Engagement with the Dominican Republic: An Update». Análisis sobre relaciones China a América Latina. revanellis.com.
  • InSight Crime. 2024. «The Dominican Republic: The Caribbean’s Cocaine Hub». Investigación de InSight Crime.
  • Matei, Florina Cristiana, Carolyn Halladay y Andrés de Castro Estévez, eds. 2022. The Handbook of Latin American and Caribbean Intelligence Cultures. Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Redacción Acento. 2024. «Ejecutivo promulga la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia». Acento, 18 de enero.
  • The White House. 2024. «Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2025» (Presidential Determination núm. 2024-12). Federal Register, 24 de septiembre.
  • U.S. Department of State. 2025. International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Volume I: Drug and Chemical Control. Washington, D. C.: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
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El barril que nos cae encima: qué debe hacer Abinader

El barril que nos cae encima qué debe hacer Abinader, Crisis petrolera República Dominicana 2026, factura energética dominicana, guerra Irán impacto Caribe, medidas económicas Abinader petróleo, dependencia hidrocarburos RD, transición energética Dominicana, estrecho de Ormuz Caribe, subsidio combustibles dominicano, C. Constantin Poindexter Salcedo;

El barril que nos cae encima: lo que el presidente Abinader tiene que hacer ya para salvarnos del despelote petrolero provocado por Washington.

La guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra Irán le va a costar a la República Dominicana unos US$900 millones adicionales en factura petrolera este año 2026, llevando el total a cerca de US$5,400 millones, según un análisis del Banco Central de la República Dominicana (BCRD 2026). Vean, . . . “República Dominicana pagará 900 millones de dólares más en petróleo por la guerra en Irán” (el Día), “Guerra en Irán le costará a RD 900 millones de dólares y una inflación elevada” (TeleNord), “Guerra de Irán golpea a RD: Cobijar la economía ante crisis” (El Nacional), “República Dominicana ante difícil escenario por la guerra en Irán” (el País), y la mala noticia del sacude del bolsillo dominicano no acaba. Otro gran error del sátrapa del país vecino mierda coño, un tamaño dolor impuesto por una guerra ilegal. Mi ensayo aquí plantea una explicación corta y sin paños tibios del enredo en que nos metieron, y dedica el grueso de su extensión a las medidas concretas, ejecutables y verificables que el Poder Ejecutivo debe poner en marcha para amortiguar el daño mientras se estabilizan los mercados internacionales.

Les voy a decir algo claro. La República Dominicana no fabrica un solo barril de petróleo. Compramos prácticamente todo lo que quemamos, desde la gasolina que mueve el carro hasta el GLP con el que la doña en Capotillo cocina el sancocho del domingo. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aduanas recogidas por Diario Libre (2026a), en 2025 el país importó hidrocarburos por US$4,685.63 millones, y aproximadamente el 89 % de las necesidades energéticas nacionales se cubren con combustibles fósiles importados (AlMomento 2026). Esa es una vulnerabilidad estructural de primer orden, la cual ha sido documentada por economistas y consultores energéticos durante décadas sin que se haya hecho lo suficiente al respecto.

Entonces llega el señor de la Casa Blanca, con esa retórica de cowboy soplón que ya cansa al mundo, y decide junto a Israel atacar a Irán. Un berrinche imperial, hablando sin filtros. Irán responde cerrando el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial antes del conflicto (BCRD 2026), y el precio del barril se va a casi US$100, cuando el Presupuesto Nacional 2026 dominicano se elaboró con un barril a US$65 (Presidencia de la República Dominicana 2026). La aritmética es brutal: cada dólar que sube el barril, los dominicanos lo pagamos en la bomba, en la factura de la luz, en el pasaje del público, en el plato de comida. Y todo porque a un señor que ni siquiera sabe ubicar Santo Domingo en un mapa le dio por jugar a Rambo en el Golfo Pérsico. Aquí en la media isla nadie votó por esa guerra, nadie firmó ese cheque, y sin embargo nos están pasando la cuenta como si fuéramos cómplices del despelote.

La inflación interanual dominicana llegó al 5.11 % en abril de 2026, por encima del rango meta de 4 % ± 1 % del Banco Central (BCRD 2026). Diario Libre (2026b) reporta que la institución emisora proyecta que la inflación podría empujar por encima del 5 % entre el segundo y tercer trimestre, alcanzando su pico en este último período. Mientras tanto, las reservas internacionales se mantienen sobre los US$15,800 millones, lo cual da cierto margen de maniobra, pero no es plata infinita.

Habiendo dicho lo anterior, el lloriqueo no resuelve nada. Toca actuar, y toca actuar ya. Luis Abinader tiene sobre el escritorio una agenda de emergencia que debe ejecutar sin titubeos, porque cuando el barril baje y los mercados se normalicen, lo único que va a quedar es lo que hayamos construido en este apretón. Veamos qué debe pasar.
Subsidio focalizado, no regalo populista

El gobierno ha venido subsidiando combustibles a un ritmo significativo. En 2025 se destinaron RD$11,500 millones a subsidios de combustibles y más de RD$105,000 millones al sector eléctrico, mientras que en lo que va de 2026 el subsidio al combustible ya asciende a unos RD$4,000 millones (Presidencia de la República Dominicana 2026). El problema con los subsidios generalizados es que terminan beneficiando proporcionalmente más a quien echa gasolina premium en la Yipeta del año que a la señora que llena un solo galón para la motoconcho.

La medida correcta es lo que Abinader ya empezó a esbozar, pero debe profundizar: mantener congelado el precio del GLP, que es el combustible de los hogares más vulnerables, y aplicar ajustes graduales del 5.2 % al 6.7 % en los demás derivados (Diario Libre 2026c). Sin embargo, eso no basta. Hay que crear un bono de combustible directo, transferido vía la Tarjeta Supérate, para conductores del transporte público y para hogares clasificados en el Índice de Calidad de Vida en los niveles ICV 1 y ICV 2. Esto significa enfocar el subsidio donde duele, no regarlo como agua bendita.

Reasignación presupuestaria sin tocar gasto social

El propio presidente anunció que ya se identificaron cerca de RD$10,000 millones que pueden reasignarse desde partidas menos prioritarias hacia la mitigación del choque petrolero, sin aumentar el gasto total (Presidencia de la República Dominicana 2026). Esto va por buen camino, pero hay que ir más lejos. Toca poner la tijera en la publicidad oficial, los viajes no esenciales del funcionariado, las consultorías recicladas y las nóminas paralelas en las instituciones autónomas. Esa plata existe y todo el mundo sabe dónde está. Si Washington nos puso esta vaina arriba, que al menos el ajuste empiece por la grasa del Estado y no por el bolsillo de la gente.

Acelerar la matriz renovable de una buena vez

El Plan Energético Nacional dominicano tiene como meta alcanzar al menos un 30 % de participación renovable en la matriz (Acento 2026). Llevamos años hablando de eso. Mientras tanto, el sol nos cae todo el día gratis y el viento sopla en Pedernales sin que nadie le cobre IVA. La crisis actual es la excusa perfecta para que el presidente firme un decreto de emergencia que agilice todos los permisos pendientes de parques solares y eólicos, que reduzca a 90 días los plazos de aprobación ambiental sin saltarse la rigurosidad técnica, y que ordene al CDEEE acelerar la incorporación al sistema interconectado de los proyectos ya licitados.

El consultor en energía Marvin Fernández, citado por Acento (2026), ha advertido que los subsidios a combustibles fósiles tienden a perpetuar la dependencia y retrasan el cambio estructural hacia una matriz más sostenible. Por eso cada peso que el Estado dominicano gaste de aquí en adelante subsidiando hidrocarburos debe ir acompañado de un peso equivalente, como mínimo, invertido en infraestructura renovable.

Diversificar suplidores y reducir la dependencia del mercado estadounidense

Del enero a septiembre de 2025, Estados Unidos concentró el 81.8 % de las importaciones dominicanas de combustibles, equivalente a US$2,863.5 millones (Acento 2026). Hay una ironía amarga aquí: el país que nos generó la crisis es a la vez nuestro principal suplidor. El presidente Abinader debe ordenar a la Refinería Dominicana de Petróleo y al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes una hoja de ruta de diversificación que incluya acuerdos de suministro con Brasil, Colombia, Guyana y otros productores regionales del hemisferio. No se trata de pelearse con Estados Unidos, se trata de no tener todos los huevos en una sola canasta que sigue tambaleando. ¡Reitero, DIVERSIFICAMOS! (pero no con China)

Reservas estratégicas de combustible

La República Dominicana carece de reservas estratégicas suficientes de combustibles. Esto es una falla histórica que cada crisis vuelve a exponer. Toca legislar y construir, dentro de los próximos veinticuatro meses, una reserva estratégica equivalente a por lo menos sesenta días de consumo nacional de diésel y gasolina, financiada mediante un fondo especial alimentado por un pequeño gravamen sobre las utilidades extraordinarias de las generadoras eléctricas en años de bonanza. Países más pequeños que el nuestro ya lo tienen.

Medidas monetarias y cambiarias: protegiendo el peso

El BCRD ha mantenido su tasa de política monetaria sin cambios y decidió aplazar hasta enero de 2027 el retorno de RD$46,000 millones en facilidades de liquidez (Hoy 2026). Esta postura prudente debe sostenerse. Sin embargo, el presidente, en coordinación con el gobernador del Banco Central, debe asegurar una comunicación pública clara que evite el pánico cambiario. La apreciación del peso frente al dólar del 6.6 % a mediados de mayo (Infobae 2026) es una buena noticia que la prensa apenas ha destacado, y conviene aprovecharla para anclar expectativas.

Diplomacia firme y digna ante Washington

Aquí viene la parte que muchos políticos dominicanos no se atreven a decir. El presidente Abinader debe convocar al embajador estadounidense para entregarle, en términos cordiales pero absolutamente firmes, una nota de protesta formal por los daños colaterales económicos que esta aventura militar le ha ocasionado a la economía dominicana. Que se sepa públicamente. La República Dominicana es un país soberano y aliado, no un cliente que aguanta callado cualquier capricho geopolítico que se le ocurra a un mandatario gringo con afán de protagonismo. Pedir compensación, o al menos acceso preferencial a líneas de financiamiento blando del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional para países afectados por el choque petrolero, no es mendigar: es exigir lo que corresponde.

Protección del aparato productivo y del empleo

Las pequeñas y medianas empresas dominicanas son las que más sufren cuando suben los costos energéticos. El Banco de Reservas debe abrir, por instrucción presidencial, una ventanilla especial de financiamiento a tasas preferenciales para MiPymes afectadas por el alza de costos energéticos, condicionada a que dichas empresas mantengan su nómina sin reducciones durante el período del préstamo. Esto evita una contracción del empleo formal, que ya creció apenas 4,1 % en el primer trimestre (BCRD 2026), por debajo del potencial dominicano histórico.

Comunicación honesta y permanente con la ciudadanía

El presidente ya hizo un esfuerzo importante al hablarle al país directamente en marzo de 2026 y pedir comprensión ante los ajustes. Eso se aplaude. Pero la comunicación no puede ser un evento aislado. Tiene que haber un informe quincenal del Ministerio de Hacienda y del BCRD, transmitido por todos los canales, explicando en lenguaje sencillo cómo va la factura petrolera, cuánto se ha ahorrado en reasignaciones, qué proyectos renovables han entrado al sistema y qué se espera para el próximo trimestre. La transparencia es el mejor antídoto contra los rumores y la especulación.

La vaina que está realmente en juego

Cuando los mercados petroleros se estabilicen, y se estabilizarán porque los choques de oferta históricamente son transitorios (Listín Diario 2026), la pregunta no será cuánto sufrimos sino qué construimos durante el sufrimiento. La República Dominicana tiene la oportunidad de salir de esta crisis menos dependiente, más diversificada y con una matriz energética más limpia. O tiene la opción de salir igualita, esperando el próximo arrebato imperial para volver a llorar.

Abinader tiene las herramientas, tiene las reservas, tiene el respaldo institucional del Banco Central y tiene un Congreso que, aunque la oposición critique, cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo, sabe que no es momento de improvisaciones. Lo que falta es ejecución sin demora ni pausa, y voluntad política para no patear la lata. Esta crisis, provocada por decisiones tomadas a miles de kilómetros de aquí por personas que jamás van a pagar las consecuencias de sus actos, debería convertirse paradójicamente en el momento bisagra que nuestra República lleva décadas esperando. Si así fuera, hasta le daríamos las gracias al dictador-quiereser por patada, . . . pero solo si actuamos. De lo contrario, dentro de diez años, cuando vuelva a estallar otra guerra del otro lado del mundo, estaremos otra vez aquí, yo escribiendo el mismo ensayo, con los mismos números pero más caros y maldiciendo los que nos meten en otra mierda.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Acento. 2026. “Dependencia energética y presión global: el reto de República Dominicana ante la volatilidad del petróleo”. Acento, 26 de marzo de 2026. https://acento.com.do/economia/dependencia-energetica-y-presion-global-el-reto-de-republica-dominicana-ante-la-volatilidad-del-petroleo-9647645.html.
  • AlMomento. 2026. “Dependencia energética y vulnerabilidad macroeconómica en la República Dominicana”. AlMomento.net, 19 de abril de 2026. https://almomento.net/dependencia-energetica-y-vulnerabilidad-macroeconomica-en-la-republica-dominicana/.
  • Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 2026. “Análisis: impacto del choque petrolero en la economía dominicana”. Página Abierta, Asesoría de la Gobernación del BCRD. 24 de mayo de 2026.
  • Diario Libre. 2026a. “RD depende casi totalmente del mercado global e incierto de energía”. Diario Libre, 7 de abril de 2026. https://www.diariolibre.com/economia/energia/2026/04/07/rd-depende-casi-totalmente-del-mercado-global-e-incierto-de-energia/3493384.
  • Diario Libre. 2026b. “BCRD: guerra le costará al país US$900 millones y una elevada inflación”. Diario Libre, 24 de mayo de 2026. https://www.diariolibre.com/economia/macroeconomia/2026/05/24/bcrd-guerra-le-costara-al-pais-us900-millones-y-una-elevada-inflacion/3544267.
  • Diario Libre. 2026c. “Abinader advierte impacto económico por guerra en Irán; anuncia ajustes fiscales y subsidios”. Diario Libre, 22 de marzo de 2026. https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2026/03/22/abinader-advierte-impacto-economico-por-guerra-en-iran/3478076.
  • Hoy. 2026. “Choque petrolero subirá factura energética US$900 millones”. Periódico Hoy, 25 de mayo de 2026. https://hoy.com.do/economia/choque-petrolero-subira-factura-energetica-us-900-millones_1088452.html.
  • Infobae. 2026. “República Dominicana ante la presión del petróleo: impacto del conflicto en Medio Oriente”. Infobae, 25 de mayo de 2026. https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/05/25/republica-dominicana-ante-la-presion-del-petroleo-impacto-del-conflicto-en-medio-oriente/.
  • Listín Diario. 2026. “El drenaje de divisas del choque petrolero al sostener crecimiento del PIB en 4 %”. Listín Diario, 15 de mayo de 2026. https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260515/drenaje-divisas-choque-petrolero-sostener-crecimiento-pib-4_905783.html.
  • Presidencia de la República Dominicana. 2026. “Presidente Abinader afirma que el país está preparado para enfrentar el impacto de la crisis internacional del petróleo”. Presidencia.gob.do, 22 de marzo de 2026. https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-afirma-que-el-pais-esta-preparado-para-enfrentar-el-impacto-de-la.
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La injerencia inaceptable de la Embajadora Leah Campos: una afrenta a la soberanía dominicana

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Escribo esto con la indignación encendida y con la firme convicción de que ciertas fronteras jurídicas, morales y protocolares no pueden ser cruzadas sin consecuencias. Las recientes declaraciones de la Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, cuestionando (“condenando” más bien) públicamente, por medio de sus redes sociales personales, la asistencia de representantes del nuestro Estado a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona bajo los auspicios del gobierno del presidente Pedro Sánchez, constituyen una violación flagrante del derecho internacional público, de los principios elementales del sistema interamericano y de la ética diplomática más básica. No se trata de una opinión marginal ni de un exabrupto privado ni simplemente de su patanería. Se trata de una funcionaria acreditada que utiliza el peso simbólico de su investidura para descalificar una decisión soberana de política exterior dominicana. Permitir que esto pase sin un rechazo argumentado sería, en sí mismo, una claudicación. Déjeme aclarar o ampliar sobre estos tamaños disparates de Campos, porque los hechos están bien documentados.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo y ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, asistió en calidad de invitado a la cumbre de Barcelona y pronunció unas palabras sobre la lucha contra la desinformación digital, aclarando expresamente que la República Dominicana no suscribió declaración alguna ni le fue solicitado hacerlo (Listín Diario 2026). En respuesta, la Embajadora Campos publicó en sus historias de Instagram una fotografía del ministro estrechando la mano de Pedro Sánchez, acompañada de un pasaje del Apocalipsis 3:16 sobre los tibios a quienes Dios vomitaría de su boca, y añadió que cuando la izquierda global habla de desinformación está abogando por la censura (Ensegundos 2026; El Nuevo Diario 2026). Voy a detenerme aquí, con alguna severidad, en la forma que asumió ese mensaje porque no es un detalle menor. La Embajadora no emitió un comunicado razonado. No convocó una rueda de prensa. No articuló un argumento jurídico ni político. Recurrió, en cambio, a un meme bíblico, es decir, a un formato típico de la cultura digital adolescente (o en el caso extante “Trumpista”), en el que una imagen cargada de connotación amenazante (un versículo apocalíptico sobre vómito divino) se superpone burlonamente a la fotografía de un funcionario extranjero. Ese registro, propio de las peleas de redes sociales entre escuincles y de los cristofascistas americanos que parecen de moda allá, resulta MEGA-indigno del rango de jefa de misión. Una embajadora no insinúa que Dios vomitará a un ministro del Estado receptor por haberle estrechado la mano a un anfitrión que a ella le disgusta o que haya ofendido en alguna forma al jefe del Estado de ella. Ese tipo de burla pública, que prescinde del argumento y se refugia en la mofa emoji-bíblica, no solo envilece su propio cargo, sino que trivializa la seriedad con que deben tratarse las relaciones entre Estados soberanos. La Cancillería dominicana no fue consultada. No hubo nota verbal. No hubo comunicación privada. Hubo, en cambio, un ejercicio de presión pública, ejecutado con el tono de quien chotea a un compañero de curso, desde la cuenta oficial de una diplomática acreditada. Y es precisamente allí donde reside el corazón del problema.

Primera violación: el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, instrumento al que tanto los Estados Unidos como la República Dominicana son Estados parte, establece en el párrafo primero de su artículo 41 que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades diplomáticas están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor (Naciones Unidas 1961). Esta obligación no es decorativa ni aspiracional. Como ha señalado la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986), el principio de no intervención posee carácter consuetudinario y forma parte del núcleo duro del derecho internacional general (Petrova Georgieva 2026). Cuando la Embajadora Campos objeta públicamente a qué cumbre internacional puede o no puede asistir un representante del gobierno dominicano, se inmiscuye de manera directa, flagrante y documentable en un ámbito que es competencia exclusiva del Estado acreditante ante el cual ella está acreditada. La definición de la política exterior dominicana corresponde al presidente de la República y a su canciller, no a la embajadora de una potencia extranjera operando desde Instagram.

Segunda violación: el artículo 41.2 y el principio del canal oficial

Aun si se aceptara, por pura hipótesis, que los Estados Unidos tuvieran alguna observación legítima que formular sobre la participación dominicana en un foro internacional, el párrafo segundo del mismo artículo 41 de la Convención de Viena es igualmente claro: todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido (Naciones Unidas 1961; OEA s.f.). Esta disposición codifica lo que la práctica diplomática centenaria ha consagrado como el canal oficial. La existencia misma de este canal presupone que la diferencia de opinión entre gobiernos se airea mediante notas verbales, comunicaciones reservadas, démarches o, en casos graves, el llamado a consultas. Jamás mediante publicaciones en redes sociales que, por su propia naturaleza, están diseñadas para inflamar la opinión pública del país receptor y presionar políticamente a su gobierno. La Embajadora Campos no desconoce este canal, lo despreció deliberadamente.

Tercera violación: el artículo 19 de la Carta de la OEA

La República Dominicana y los Estados Unidos son Estados miembros fundadores de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 19 de la Carta de esa organización, suscrita en Bogotá en 1948, establece de manera categórica que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro, y precisa que el principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Organización de los Estados Americanos 1948; Vargas Carreño 2003). La decisión sobre a qué cumbres internacionales asistirá la República Dominicana pertenece, de manera inequívoca, a los asuntos externos del Estado. Cualquier intento de presionar esa decisión, incluso por medios no coercitivos pero sí públicamente humillantes, constituye una injerencia prohibida en términos que la propia diplomacia hemisférica ha refinado durante casi un siglo, desde la Conferencia de Montevideo de 1933 hasta el Protocolo de Buenos Aires de 1936 (Pinho De Oliveira 2020).

Cuarta violación: el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas

A nivel universal, el párrafo séptimo del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas consagra el principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (Vargas Carreño 2003). La Asamblea General, mediante sus resoluciones 2131 (XX) de 1965 y 2625 (XXV) de 1970, ha reiterado una y otra vez que ningún Estado puede aplicar o fomentar medidas de cualquier índole para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos (Pinho De Oliveira 2020). Publicar en redes sociales, desde la cuenta institucional de una embajadora, mensajes que buscan avergonzar públicamente al gobierno receptor por ejercer su derecho soberano a participar en un foro multilateral es, precisamente, una forma sutil pero inequívoca de esa coacción que el derecho internacional proscribe.

Quinta violación: la ética diplomática y el uso instrumental de las redes sociales

Más allá de las normas positivas, existe un cuerpo de costumbres, usos y expectativas que constituye la ética diplomática. Esa ética supone discreción, tacto, respeto por el gobierno receptor y, sobre todo, comprensión de que la investidura diplomática no es una plataforma personal de activismo ideológico. La Embajadora Campos ha convertido su cuenta de Instagram en un púlpito desde el cual dicta lecciones sobre lo que, según ella, debe o no debe hacer la política exterior dominicana. Esto no solo viola el espíritu del artículo 3 de la Convención de Viena, que enumera taxativamente las funciones de una misión diplomática sin incluir en ningún lugar la crítica pública al Estado receptor, sino que además instrumentaliza el prestigio institucional del cargo para fines que parecen más propios de un activista político que de una representante de Estado.

El contexto que ilumina el motivo y la hipocresía de fondo

No se me escapa, y quiero consignarlo con total franqueza, que estas declaraciones ocurren en un momento internacional muy específico. El gobierno español de Pedro Sánchez, anfitrión de la cumbre, se ha negado recientemente a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón, así como del espacio aéreo español, para las operaciones militares estadounidenses contra Irán, calificando esa intervención como injustificada y fuera de la legalidad internacional (CNN en Español 2026; La Nación 2026). Es imposible no ver en la publicación de la Embajadora Campos un elemento de represalia política dirigido contra cualquier gobierno que haya osado compartir mesa con Sánchez. Pero ese contexto, lejos de atenuar la gravedad de su conducta, la agrava. Convierte una injerencia en un instrumento de presión de terceros, coñazo y utiliza a la República Dominicana como ficha en un tablero que no es el nuestro.

¡No he terminado! Hay otra mierda, una dimensión aún más incómoda que hay que señalarla con nombre y apellido. La materia misma que convocaba la cumbre de Barcelona, a saber, la defensa de la democracia y la lucha contra la desinformación digital, constituye en sí una afrenta simbólica directa al mandatario al que la embajadora representa. El presidente Donald Trump es, para ser preciso, el jefe de Estado contemporáneo que más daño ha infligido a la democracia de su propio país mediante la práctica sistemática de aquello que la cumbre precisamente denunciaba. Los ejemplos son abundantes, públicos y documentados por fuentes autoritativas. El Centro Brennan para la Justicia de la Escuela de Derecho de Nueva York ha documentado que el presidente indultó el mismo día de su investidura a aproximadamente 1,600 personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluyendo a condenados por conspiración sediciosa como Enrique Tarrio, cuya sentencia de veintidós años fue conmutada (Brennan Center for Justice 2025; CNN en Español 2025). Ese asalto tenía por objetivo, de manera expresa y comprobada, impedir la certificación congresional de un resultado electoral legítimo: la definición misma de desinformación convertida en violencia política.

A ese precedente se suma una política ejecutiva sostenida de ataque contra las instituciones intermedias que sostienen toda democracia funcional. En marzo de 2025 el presidente emitió una orden ejecutiva que pretende dictar reglas federales a los estados sobre cómo administrar sus propias elecciones, en contradicción con el diseño federal consagrado por la Constitución (Brennan Center for Justice 2025). Amnistía Internacional, en su informe Ringing the Alarm Bells de enero de 2026, documenta la revocación de más de seis mil visas de estudiantes extranjeros por su activismo político identificado mediante vigilancia en redes sociales, la detención con fines de deportación de manifestantes pacíficos como Mahmoud Khalil y Leqaa Kordia tras sus protestas en la Universidad de Columbia, y el condicionamiento de fondos federales a universidades a cambio de limitar su autonomía académica y sus programas de diversidad (Amnistía Internacional 2026). El Real Instituto Elcano ha calificado este patrón como una guerra contra las universidades sin precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos (Aldecoa 2025). Añádase a esto la presión política directa sobre medios de comunicación como ABC y Paramount, la negativa del país a participar en su propio Examen Periódico Universal ante las Naciones Unidas en noviembre de 2025, y el despliegue militarizado de agentes federales contra civiles estadounidenses en ciudades como Mineápolis (Amnistía Internacional 2026).

El resultado es una paradoja que raya en lo grotesco. La embajadora de un gobierno que indulta a asaltantes del Capitolio, que persigue a estudiantes por opinar, que condiciona el financiamiento académico a la renuncia de la autonomía universitaria, que presiona a cadenas de televisión y que se niega a someterse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, se permite reconvenir públicamente al Estado dominicano por haber asistido a una cumbre cuya materia era, exactamente, resistir esas mierdas. La lección moral que la Embajadora Campos pretende impartir, en el registro infantil de su meme apocalíptico, resulta invertida: quien debe temer el vómito divino sobre los tibios, según la propia lógica del texto bíblico que ella invocó, no es quien acude a defender la democracia, sino quien silenciosamente consiente el desmantelamiento interno de la suya. Más, si uno no adhiere que su nefasta forma de pensar, está “con el enemigo”. Maldito disparate es.

Les voy a decir una cosa

La República Dominicana es un Estado libre, soberano e independiente. Esta afirmación, que hoy reiteran con justicia senadores y analistas del país (El Periódico 2026), no es retórica patriótica vacía. Es el fundamento mismo de nuestra personalidad jurídica internacional. Ninguna potencia extranjera, por poderosa que sea y por importante que resulte como socio comercial, tiene el derecho de dictarnos a qué cumbres podemos asistir, con qué gobiernos podemos dialogar o qué discursos podemos pronunciar sobre desinformación digital. La Embajadora Campos ha violado, a mi juicio con claridad meridiana, el artículo 41 de la Convención de Viena, el artículo 19 de la Carta de la OEA, el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas y las normas más elementales de protocolo y ética diplomática. Lo mínimo que corresponde, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, es una protesta formal, una nota verbal enérgica y, si la conducta se reitera, la consideración seria de medidas diplomáticas de mayor entidad. Callar sería enseñar que la soberanía dominicana se negocia en redes sociales. Y eso, mientras yo tenga voz, me niego a aceptarlo. Eso, y ni he tocado el tema de instalar soldados americanos en San Isidro, . . . pero esa vaina para otro día.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Aldecoa, Francisco. 2025. “La guerra de Trump contra las universidades en EEUU: ¿cómo debemos responder?” Real Instituto Elcano, 3 de junio. https://www.realinstitutoelcano.org/.
  • Amnistía Internacional. 2026. Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States. Londres: Amnesty International, enero. https://www.es.amnesty.org/.
  • Brennan Center for Justice. 2025. “The Trump Administration’s Campaign to Undermine the Next Election.” New York University School of Law, 3 de agosto. https://www.brennancenter.org/.
  • CNN en Español. 2025. “Lo que hay que saber sobre los indultos masivos de Trump a los agitadores del 6 de enero.” 21 de enero. https://cnnespanol.cnn.com/.
  • CNN en Español. 2026. “Resumen de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán y ataques en Medio Oriente del 09 de abril de 2026.” 9 de abril. https://cnnespanol.cnn.com/.
  • El Nuevo Diario. 2026. “Embajadora de EE.UU. cuestiona narrativa sobre desinformación tras aclaración de RD sobre cumbre en Barcelona.” 19 de abril. https://elnuevodiario.com.do/.
  • El Periódico. 2026. “Senador responde a embajadora Leah Campos y defiende soberanía RD.” 22 de abril. https://elperiodico.com.do/.
  • Ensegundos. 2026. “Leah Campos cuestiona postura dominicana en Cumbre de Barcelona: Es censura, simple y llanamente.” 19 de abril. https://ensegundos.do/.
  • La Nación. 2026. “Pedro Sánchez le negó a EE.UU. el uso de bases aéreas conjuntas en España para operaciones contra Irán.” 2 de marzo. https://www.lanacion.com.ar/.
  • Listín Diario. 2026. “Embajadora de EEUU cuestiona participación de RD en cumbre progresista en España.” 19 de abril. https://listindiario.com/.
  • Naciones Unidas. 1961. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Viena, 18 de abril. Entrada en vigor: 24 de abril de 1964.
  • Organización de los Estados Americanos. 1948. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Bogotá, 30 de abril.
  • Organización de los Estados Americanos (OEA). s.f. “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.” https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm.
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  • Vargas Carreño, Edmundo. 2003. “El principio de no intervención.” XXX Curso de Derecho Internacional, Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/.
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Cambio climático: amenaza a la seguridad dominicana 2026

Seguridad Nacional Republica Dominicana, cambio climatico, inteligencia, contrainteligencia, vigilancia, C. Constantin Poindexter Salcedo, Republica Dominicana

El cambio climático como amenaza a la seguridad nacional de la República Dominicana: un multiplicador de riesgos en el Caribe insular

Paisanos, la República Dominicana enfrenta una convergencia de vulnerabilidades climáticas que trascienden la esfera medioambiental para constituir una amenaza directa a su seguridad nacional. Mi ensayo aquí examina cómo el cambio climático opera como un multiplicador de amenazas en el contexto dominicano, amplificando riesgos preexistentes, desde la fragilidad fronteriza con Haití hasta la dependencia económica del turismo y la vulnerabilidad de infraestructura crítica, a través de una evaluación que integra fuentes del Banco Mundial, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y organismos internacionales. Argumento que sin una reorientación estratégica de la política de seguridad nacional hacia la resiliencia climática, la República Dominicana enfrenta un deterioro acumulativo de su capacidad estatal.

En el léxico de la comunidad de inteligencia estadounidense, el cambio climático ha sido catalogado sistemáticamente como un “multiplicador de amenazas”, un concepto acuñado en el informe seminal del CNA Military Advisory Board de 2007 que describe cómo los efectos climáticos agravan tensiones preexistentes, incluyendo la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad política y las fracturas sociales (CNA Corporation, 2007). La Evaluación Nacional de Inteligencia de 2021 reafirmó que el cambio climático exacerbará crecientemente los riesgos a la seguridad nacional conforme se intensifiquen sus impactos físicos y se agudicen las tensiones geopolíticas sobre cómo responder al desafío (Office of the Director of National Intelligence, 2021).

Para la República Dominicana, esta construcción analítica no es abstracción académica sino realidad operativa. Según el Índice Global de Riesgo Climático, el país fue clasificado entre las diez naciones más afectadas por eventos climáticos extremos entre 1997 y 2016 (Germanwatch, 2017). El Índice de Riesgo Mundial 2023 lo sitúa entre los 41 países con mayor riesgo a nivel global (Bündnis Entwicklung Hilft, 2023). Estas clasificaciones no son meras estadísticas: reflejan una vulnerabilidad estructural que, desde la perspectiva de inteligencia, debe analizarse como un vector de desestabilización progresiva que interactúa con cada dimensión de la seguridad del Estado dominicano.

La Amenaza Macroeconómica: Erosión de la Base Nacional

El Informe de Clima y Desarrollo del Grupo Banco Mundial para la República Dominicana (2023) constituye la evaluación más exhaustiva del nexo clima-desarrollo del país. Sus conclusiones son inequívocas: sin medidas de adaptación, las desviaciones del PIB inducidas por el clima podrían alcanzar hasta el 16.7 por ciento para 2050, con más del 80 por ciento de esa pérdida atribuible a tres canales: reducción de la productividad laboral por estrés térmico, disminución de la demanda turística, y daños por tormentas tropicales e inundaciones (World Bank Group, 2023). Las pérdidas en ingresos fiscales podrían alcanzar el 19.7 por ciento del total de recaudación gubernamental para esa misma fecha.

Desde una óptica de inteligencia, estas cifras deben leerse como indicadores de capacidad estatal. Un Estado que pierde progresivamente casi una quinta parte de sus ingresos fiscales ve comprometida su capacidad de sostener fuerzas armadas, mantener operaciones de vigilancia fronteriza, financiar interdicción antinarcótica y proveer servicios básicos cuya ausencia alimenta inestabilidad social. El Fondo Monetario Internacional ha documentado que un solo desastre climático reduce la actividad económica mensual entre 0.5 y 1 punto porcentual, con efectos persistentes sobre el nivel del PIB (Cantelmo et al., 2022). En un país que ya enfrenta una baja relación impuesto-PIB y donde el FMI ha señalado la urgencia de fortalecer el sector eléctrico, cada shock climático erosiona el margen fiscal disponible para inversión en seguridad.

El sector agrícola ilustra esta vulnerabilidad con particular claridad. Los rendimientos de cultivos podrían disminuir hasta un 30 por ciento, afectando productos críticos como el banano, la yuca, el camote y el café (World Bank Group, 2023; BTI, 2024). Sin intervención, 110,000 personas adicionales podrían caer en la pobreza para 2050, amplificando las condiciones socioeconómicas que históricamente han alimentado el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales y redes de narcotráfico en zonas urbanas dominicanas.

El Nexo Climático-Fronterizo: Haití como Caso de Fragilidad en Cascada

Ningún análisis de seguridad nacional dominicana puede omitir la dimensión haitiana, y el cambio climático la agudiza exponencialmente. Haití, con más del 90 por ciento de Port-au-Prince bajo control de pandillas armadas a mediados de 2025, una economía contraída durante seis años consecutivos, y una inflación del 28.4 por ciento, representa el paradigma de lo que la literatura de seguridad denomina un “Estado frágil” en colapso activo (IOM, 2026; World Bank, 2025). El cambio climático actúa como un acelerador de esta fragmentación: la isla de La Española comparte sistemas meteorológicos, cuencas hidrográficas y patrones de degradación forestal que no respetan la frontera política de 391 kilómetros.

El ciclo es predecible desde la perspectiva de inteligencia: los desastres climáticos devastan la producción agrícola haitiana; la inseguridad alimentaria se intensifica en un país donde 5.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda y 600,000 experimentan hambruna (Human Rights Watch, 2026); la presión migratoria sobre la frontera dominicana se incrementa. La República Dominicana ya ha desplegado más de 11,000 efectivos militares en la zona fronteriza, construido un muro de seguridad de 100 millas con tecnología de vigilancia avanzada, y ejecutado el 98 por ciento de más de 251,000 repatriaciones forzosas de haitianos en 2024 (Human Rights Watch, 2026; Al Jazeera, 2025). El gobierno Abinader ha designado a las pandillas haitianas como organizaciones terroristas y autorizado operaciones militares estadounidenses en áreas restringidas del territorio nacional para combatir el narcotráfico (Americas Quarterly, 2026).

Este despliegue de recursos representa un costo de oportunidad significativo. Cada huracán o sequía prolongada que golpea ambos lados de la isla genera una doble demanda sobre las fuerzas de seguridad dominicanas: respuesta humanitaria interna y contención fronteriza simultánea. Un escenario de huracán de categoría mayor durante la temporada ciclónica, evento cuya frecuencia e intensidad están proyectadas a incrementarse—podría sobrepasar la capacidad operativa de las fuerzas armadas dominicanas, creando ventanas de vulnerabilidad tanto en la seguridad fronteriza como en las operaciones de interdicción marítima antinarcóticas.

Infraestructura Crítica y Vulnerabilidad Energética

La Estrategia Integrada de País del Departamento de Estado estadounidense para la República Dominicana (2022) identifica explícitamente la protección de infraestructura crítica como un eje de cooperación bilateral, advirtiendo que activos modernos como escáneres portuarios, hardware de ciberseguridad y equipos de monitoreo deben ser desarrollados por soluciones basadas en principios de mercado—idealmente estadounidenses—y que proyectos liderados por actores antidemocráticos, como los ofrecidos por empresas vinculadas a la República Popular China, socavarían la seguridad de estas operaciones (U.S. Department of State, 2022).

El cambio climático interactúa con esta vulnerabilidad de infraestructura de manera directa. La red eléctrica dominicana, históricamente frágil y dependiente de combustibles fósiles importados, es particularmente susceptible a disrupciones por eventos climáticos extremos. Una red eléctrica inestable compromete los sistemas de vigilancia fronteriza, incluyendo la tecnología de drones, cámaras de 360 grados y visión nocturna del muro inteligente, los sistemas de escaneo de contenedores en puertos críticos como Caucedo (segundo puerto más grande del Caribe y punto de tránsito principal del narcotráfico), y la capacidad de respuesta ante desastres. El Pacto Nacional para Reformar el Sector Eléctrico de 2021 prometió una transición hacia la generación renovable con créditos fiscales, pero el progreso ha sido lento (BTI, 2024).

Además, la erosión costera amenaza directamente la infraestructura turística que genera la mayor proporción de divisas del país. Las proyecciones indican que más de 12 millones de dominicanos vivirán en zonas urbanas para 2050, con un porcentaje significativo de viviendas consideradas vulnerables a eventos relacionados con el clima (World Bank Group, 2023). La degradación de manglares, playas y arrecifes de coral, junto con la contaminación plástica, amenazan el sector turístico que constituye el pilar económico del país (BTI, 2024).

El Nexo Clima-Narcotráfico: Convergencia de Amenazas

La designación presidencial estadounidense de la República Dominicana como país de tránsito principal de drogas ilícitas para el año fiscal 2026 (White House, 2025) subraya una realidad que el cambio climático complica significativamente. El país interceptó más de 48.3 toneladas de drogas en 2025, con 31.3 toneladas confiscadas dentro del territorio dominicano en coordinación con la JIATF-S (Diálogo Américas, 2026; Dominican Today, 2026). Sin embargo, las organizaciones de tráfico dominicanas han evolucionado hasta controlar múltiples eslabones de la cadena del narcotráfico, desde la compra de cocaína en Venezuela hasta la distribución al detalle en la costa este de los Estados Unidos (InSight Crime, 2025).
El cambio climático interactúa con esta amenaza de múltiples maneras. Los desastres naturales desvían recursos de patrullaje marítimo e interdicción hacia la respuesta humanitaria. Las comunidades costeras empobrecidas por la pérdida de medios de subsistencia pesqueros y agrícolas se vuelven más susceptibles al reclutamiento por redes criminales. La degradación de ecosistemas costeros facilita el uso de playas deshabitadas para desembarcos de estupefacientes. La corrupción portuaria—donde, según la UNODC, funcionarios pueden ser sobornados para ausentarse de su puesto en el momento preciso—se agrava cuando la austeridad fiscal inducida por desastres deprime los salarios del sector público.

Seguridad Sanitaria y Estabilidad Social

La dimensión epidemiológica del cambio climático añade otra capa de riesgo a la seguridad nacional. Los cambios en temperatura y precipitación facilitan la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y por agua, incluyendo zika, chikungunya, dengue, cólera y otras enfermedades diarreicas (UNEP-GRID, s.f.). Las olas de calor afectan directamente la productividad laboral—el CCDR proyecta una reducción del 50 por ciento en la pérdida de productividad laboral en el sector servicios solo si se implementan medidas como la modificación de horarios para trabajo al aire libre y la expansión de sistemas de refrigeración (World Bank Group, 2023). Sin estas inversiones, el estrés térmico degrada la capacidad productiva de la fuerza laboral y, por extensión, la base impositiva del Estado.

Desde la perspectiva de seguridad, las epidemias desestabilizan el orden público, sobrecargan sistemas de salud ya frágiles, y pueden exacerbar tensiones sociales—particularmente en un contexto donde la población migrante haitiana es especialmente vulnerable al VIH y a enfermedades infecciosas, añadiendo complejidad a una relación bilateral ya tensa.

Conclusión: Hacia una Doctrina de Seguridad Climática

El análisis precedente demuestra que el cambio climático no es una amenaza futura ni periférica para la República Dominicana: es un multiplicador activo y presente de cada vulnerabilidad de seguridad nacional que enfrenta el país. Opera en la intersección de la economía, la frontera, la infraestructura crítica, el narcotráfico y la salud pública, amplificando cada una de estas amenazas de manera simultánea y compuesta.

El gobierno Abinader ha logrado avances significativos en seguridad ciudadana. La tasa de homicidios de 8.15 por cada 100,000 habitantes en 2025 es la más baja en la historia del país (Dominican Today, 2026), y en cooperación antinarcótica con los Estados Unidos son ejemplar. Sin embargo, estos logros se construyen sobre una base que el cambio climático erosiona sistemáticamente. La adopción oportuna de medidas de adaptación podría reducir los impactos macroeconómicos hasta en un 60 por ciento para 2050, y las inversiones en resiliencia de cultivos podrían ameliorar casi totalmente las pérdidas agrícolas, con una reducción del 97 por ciento en pérdidas de rendimiento (World Bank Group, 2023).

Lo que se requiere es una reorientación doctrinaria. Nos hace falta una integración explícita del riesgo climático en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, en la planificación operativa de las fuerzas armadas, y en la cooperación bilateral con los Estados Unidos, cuyo Comando Sur (SOUTHCOM) ya ha identificado el cambio climático como factor determinante en la planificación de seguridad regional. La Cumbre de las Américas que la República Dominicana se prepara para albergar en 2026 ofrece una plataforma estratégica para posicionar al país como líder regional en el nexo clima-seguridad. Sin esta reorientación, la nación corre el riesgo de ganar batallas tácticas contra amenazas convencionales mientras pierde la guerra estratégica contra el adversario más implacable y predecible de todos, . . . mi humilde opinión.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR
 
Bibliografía

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Trump nos ha jodido; Ormuz en Llamas y R.D. perjudicada

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La Guerra contra Irán y sus Efectos Devastadores sobre la Economía de la República Dominicana

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que transformó de manera abrupta el panorama energético mundial. La decisión del presidente Donald Trump de iniciar esta campaña bélica, tomada sin agotar las vías diplomáticas disponibles, ha provocado la mayor disrupción del suministro petrolero global desde la crisis de Suez de 1956 (Al Jazeera, 2026). El cierre prácticamente total del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha generado un shock de precios que amenaza con sumir a las economías importadoras de crudo en una espiral inflacionaria severa. Para la República Dominicana, un país que no produce petróleo y que depende completamente de las importaciones de hidrocarburos para mover su economía, las consecuencias de este conflicto son potencialmente catastróficas.

Aquí reviso las múltiples dimensiones del impacto económico que la guerra con Irán tiene sobre el pueblo dominicano, desde el encarecimiento inmediato de los combustibles hasta las amenazas estructurales al turismo, la seguridad alimentaria y la estabilidad fiscal del Estado. Mi argumento central es que la República Dominicana, por su condición de importador neto de energía y su limitada capacidad de almacenamiento estratégico, se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema que podría traducirse en un deterioro significativo de la calidad de vida de millones de dominicanos.

El Contexto Global: Un Shock Energético sin Precedentes

La magnitud de la crisis energética desatada por la guerra es difícil de exagerar. Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo Brent ha subido aproximadamente un 80%, pasando de alrededor de $70 por barril a niveles cercanos a los $110, con picos que han tocado los $120 (Fortune, 2026; CNBC, 2026a). Esta volatilidad extrema se explica por la paralización casi total del tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circulan diariamente más de 20 millones de barriles de petróleo, equivalentes a una quinta parte del consumo global (Al Jazeera, 2026). Los ataques iraníes contra buques, la colocación de minas navales y las interferencias con equipos de navegación han forzado a la mayoría de los operadores a anclar sus embarcaciones en los extremos del estrecho en lugar de arriesgarse a cruzarlo.

La respuesta internacional no ha logrado contener el daño. La Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en su historia, y Estados Unidos se comprometió a liberar 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo (CNBC, 2026b). Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto limitado sobre los precios. Analistas de firmas como Onyx Capital Group y UBS advierten que si el conflicto se prolonga, los precios podrían escalar hasta los $200 por barril, un escenario que transformaría esta crisis energética en una recesión global (CNBC, 2026c).

La Vulnerabilidad Estructural de la República Dominicana

La República Dominicana no produce petróleo, gas natural ni carbón, lo que la obliga a acudir a los mercados internacionales para satisfacer la totalidad de su demanda energética (Comisión Nacional de Energía, 2022). En 2024, las importaciones petroleras del país ascendieron a más de $5,100 millones de dólares, según datos de la Dirección General de Aduanas (El Dinero, 2025). El economista Andy Dauhajre ha señalado que el país importó alrededor de $4,700 millones en combustibles, y que un aumento del 40% en el precio del crudo representaría un impacto negativo de aproximadamente $2,000 millones para la economía nacional (Proceso, 2026). Esta cifra es particularmente alarmante si se considera que desde la desaparición del acuerdo Petrocaribe en 2017, el país debe pagar el 100% de sus importaciones de combustibles sin ningún tipo de financiamiento preferencial.

A esta dependencia se suma la escasez de reservas estratégicas. Según datos citados por Diario Libre, las reservas de combustibles de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) cubrirían apenas 30 días de consumo interno si se produjera una interrupción súbita en las importaciones (7Días, 2026). Treinta días es un margen peligrosamente estrecho en un contexto donde el transporte marítimo internacional está severamente comprometido y donde no existe certeza alguna sobre cuándo se normalizarán las rutas de suministro.

Inflación, Costo de Vida y el Golpe a los Más Vulnerables

El petróleo caro no se queda en la bomba de gasolina. Como ha señalado un análisis publicado por Pipex Radio Noticias (2026), en una economía abierta e importadora como la dominicana, el encarecimiento del crudo se transmite a través de múltiples canales: el transporte marítimo, la logística interna, las materias primas industriales, la generación eléctrica y los insumos agrícolas. El economista Henry Hebrard ha advertido que el incremento en el precio de las materias primas derivadas del petróleo termina encareciendo indirectamente los costos de prácticamente toda la actividad productiva del país (N Digital, 2026a).

El Gobierno dominicano ya tomó medidas parciales: la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 se dispuso un aumento de RD$5.00 por galón en las gasolinas y el gasoil, mientras se mantiene congelado el precio del GLP mediante un subsidio semanal de RD$1,189.8 millones (N Digital, 2026b). Pero estos subsidios tienen un límite. El presupuesto de 2026 contempla apenas 8 mil millones de pesos para subsidiar combustibles, una cifra que se está agotando a un ritmo acelerado. Si la crisis se extiende, el Estado enfrentará el dilema de aumentar la deuda pública para financiar subsidios o trasladar el costo directamente al consumidor, con consecuencias inflacionarias devastadoras.

El impacto de esta dinámica es profundamente desigual. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, ha explicado que el aumento en los precios de la gasolina funciona como un impuesto regresivo, porque los hogares de menores ingresos dedican una proporción mucho mayor de su presupuesto a la energía (CNBC, 2026d). En un país como la República Dominicana, donde amplios segmentos de la población viven con ingresos limitados y donde el transporte público depende casi exclusivamente del gasoil, el encarecimiento de los combustibles golpea con particular dureza a quienes menos herramientas tienen para absorber el shock. Francisco Monaldi, del Baker Institute de la Universidad de Rice, ha señalado que países como República Dominicana simplemente no tienen la capacidad fiscal para sostener subsidios prolongados, por lo que inevitablemente deben trasladar el impacto a los consumidores (CNN en Español, 2026).

Amenazas al Turismo y la Generación Eléctrica

El turismo, pilar fundamental de la economía dominicana y fuente principal de divisas, enfrenta una amenaza directa. El cierre del espacio aéreo sobre gran parte de Medio Oriente, combinado con el aumento vertiginoso del precio del combustible para aviación, ha provocado que numerosas aerolíneas incrementen los precios de sus boletos o cancelen rutas (Wikipedia, 2026). Si el costo de volar al Caribe aumenta significativamente, la demanda turística podría contraerse justo cuando el país más necesita los dólares que genera el sector.

Por otro lado, la generación eléctrica dominicana mantiene una dependencia considerable de los combustibles fósiles. Aunque la matriz energética se ha diversificado en años recientes, con el gas natural licuado pasando de suplir el 24% de la generación en 2019 al 41% en 2024 (AES, 2025), y las renovables alcanzando el 23% de la capacidad instalada (Ministerio de Energía y Minas, 2025), el sistema sigue expuesto al costo de los hidrocarburos importados. Un encarecimiento sostenido del crudo y del GNL se traduciría en mayores transferencias estatales al sector eléctrico o en aumentos de tarifa que agravarían la presión sobre los hogares y las empresas.

La Respuesta del Gobierno y sus Límites

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha asegurado que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para proteger la economía, citando el financiamiento anticipado del presupuesto, la posibilidad de redistribuir partidas y la buena credibilidad crediticia del país en los mercados internacionales (Hoy, 2026). Sin embargo, estas garantías oficiales contrastan con las advertencias de economistas independientes. Hebrard ha dejado claramente establecido que la economía dominicana no resistiría un escenario prolongado del conflicto, y que el margen fiscal para absorber el impacto a través de subsidios es limitado (N Digital, 2026a). Dauhajre, por su parte, ha insistido en que la presión inflacionaria podría escalar y forzar aumentos en las tasas de interés, lo que desaceleraría aún más la actividad económica (Proceso, 2026).

El problema de fondo es que la República Dominicana llegó a esta crisis sin las reservas estratégicas de combustibles ni los mecanismos de cobertura de riesgo que podrían haber amortiguado el golpe. A diferencia de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, que cuentan con reservas de emergencia equivalentes a meses de consumo, Refidomsa apenas almacena para un mes. Esta realidad desnuda una debilidad estratégica que trasciende la crisis actual y que plantea preguntas serias sobre la planificación energética de largo plazo del país.


La guerra contra Irán iniciada por la administración Trump constituye un GRAN error geopolítico cuyas consecuencias se extienden mucho más allá del campo de batalla. Para la República Dominicana, el conflicto representa una tormenta perfecta, . . . un país sin producción petrolera, con reservas de apenas treinta días, una factura de importación de miles de millones de dólares, un sector eléctrico dependiente de combustibles fósiles y un turismo vulnerable al encarecimiento de los vuelos internacionales. El costo lo pagarán, como siempre, los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana: los hogares de bajos ingresos que destinan la mayor proporción de su presupuesto a la energía y al transporte.

La crisis actual debe servir como llamada de atención. República Dominicana necesita con urgencia ampliar sus reservas estratégicas de combustibles, acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables, diversificar las rutas de aprovisionamiento y diseñar mecanismos financieros de cobertura contra shocks petroleros. La dependencia total de un mercado internacional sujeto a las decisiones imprudentes de actores externos no es sostenible. Como bien dijo nuestro tamaño figura Juan Bosch, y como recuerda el economista Domingo Núñez Polanco, “Las guerras son fáciles de comenzar, pero muy difíciles de terminar” (Domingo La Revista, 2026). Digo yo, no sin un chin de cólera, el pueblo dominicano no inició esta idiotez, pero estaremos pagando sus consecuencias.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

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República Dominicana ante el Colapso Cubano, Jugadas Estratégicas

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El Ocaso del Régimen Cubano y la Oportunidad Estratégica de la República Dominicana. Mi análisis prospectivo sobre el posicionamiento dominicano ante la inminente transformación de Cuba.

El experimento comunista cubano, que alguna vez se presentó como faro ideológico para América Latina, se encuentra hoy en su fase terminal. No se trata de una opinión aventurada ni de un deseo ideológico, sino de una conclusión que se desprende con claridad meridiana de los indicadores económicos, las dinámicas geopolíticas y la presión social que convergen sobre La Habana en este momento histórico. La Economist Intelligence Unit pronostica una contracción del 7.2% del PIB cubano para 2026, lo que representaría un desplome acumulado del 23% desde 2019 (CiberCuba, 2026). El corte del suministro petrolero venezolano tras la intervención estadounidense en Venezuela, el bloqueo efectivo de tanqueros por parte de la Marina de Estados Unidos y la declaración explícita de Washington de que el cambio de régimen es un objetivo para finales de año configuran un escenario que no admite ambigüedades (Wikipedia, 2026a).

Para la República Dominicana, esta coyuntura no constituye un mero espectáculo geopolítico que observar desde la distancia. Constituye, sin exageración, una oportunidad económica y estratégica más significativa y única que se le ha presentado a nuestro país en décadas. La proximidad geográfica, la afinidad cultural, la solidez institucional relativa y el dinamismo económico dominicano colocan a la República en una posición superlativamente ventajosa para jugar un papel protagónico en la transformación cubana, y para beneficiarse enormemente de ella. Este ensayo argumenta que el gobierno dominicano debe iniciar preparativos inmediatos y concretos para aprovechar la apertura de Cuba, delineando ocho ejes estratégicos de acción.

La crisis cubana: anatomía de un colapso anunciado

Cuba no ha recibido petróleo en lo que va de 2026. Díaz-Canel lo confirmó públicamente sin poder ofrecer una fecha de llegada de algún buque (CNN en Español, 2026). Los apagones alcanzan entre 20 y 25 horas diarias en las provincias orientales. Solo 44 de los 106 camiones de basura de La Habana funcionan, y la basura se acumula en las esquinas de la capital como testimonio visible del deterioro (Wikipedia, 2026b). El turismo, que llegó a 4.7 millones de visitantes en 2018, se desplomó a 1.8 millones en 2025, y las principales aerolíneas han suspendido vuelos por falta de combustible de aviación (Al Jazeera, 2026). La industria azucarera, otrora símbolo de la economía cubana, produjo en la zafra 2024–2025 menos azúcar que en 1899 (CiberCuba, 2026).

La crisis actual supera en gravedad al llamado “Período Especial” de los años noventa. Como señala el profesor Javier Corrales, Cuba se encuentra en su peor crisis desde que se independizó de España en 1898 (Universidad de Navarra, 2026). La diferencia fundamental es que entonces existía la posibilidad de encontrar un nuevo padrino económico: primero fue la Unión Soviética, luego Venezuela. Hoy no hay rescatista a la vista. China ha expresado apoyo retórico, pero no ha comprometido el suministro petrolero que Cuba necesita desesperadamente. Rusia, empantanada en sus propios conflictos, carece de la capacidad logística para sostener a La Habana. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha afirmado que 2026 podría ser un año decisivo y no ha descartado la posibilidad de un cambio de régimen (El Litoral, 2026).

¿Por qué la República Dominicana?

La economía dominicana arrancó 2026 con un crecimiento del 3.5% en enero, el ritmo más alto en diez meses, y el Banco Central proyecta cerrar el año cerca del 4%, mientras que organismos como el FMI y el Banco Mundial anticipan un 4.5% (Revista Mercado, 2026). El banco suizo UBS sitúa el crecimiento entre 3,5% y 4,5%, destacando la disciplina fiscal que ha diferenciado al país dentro de los mercados emergentes (Infobae, 2026a). El turismo, principal sector productivo, representa el 11.6% del PIB y el país superó los 11.6 millones de visitantes en 2025, consolidándose como el destino líder del Caribe (Infobae, 2026b). Banreservas ha aprobado más de 4,200 millones de dólares en iniciativas de inversión para unos 30 nuevos proyectos turísticos (7 días, 2026).

Este contraste entre una Cuba en caída libre y una República Dominicana en ascenso no es casual. Es el resultado de décadas de decisiones económicas divergentes: mientras Cuba se aferró a un modelo centralizado que, como reconoce el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, impuso controles de precios que generaron “escasez, contrabando y mercado informal” (Universidad de Navarra, 2026), la República Dominicana construyó un ecosistema de inversión extranjera, zonas francas, seguridad jurídica y apertura comercial que hoy la posiciona como referente regional. Las relaciones bilaterales entre ambos países son, según la propia Cancillería dominicana, “históricas, sólidas y excelentes” y nunca se han interrumpido (14ymedio, 2025). Esta combinación de fortaleza económica, cercanía geográfica y relaciones diplomáticas intactas es la base sobre la cual debe construirse una estrategia proactiva.

Los ocho ejes estratégicos

1. Captura de la demanda turística desplazada

Con Cuba prácticamente fuera del mapa turístico, millones de visitantes canadienses, europeos y latinoamericanos que tradicionalmente elegían La Habana necesitan un destino alternativo. La República Dominicana, que ya lidera el Caribe en llegadas turísticas, debe reposicionarse agresivamente para captar esa demanda. Las campañas de mercadeo deben enfatizar la autenticidad cultural caribeña, la música, la gastronomía y la historia compartida con Cuba, ofreciendo una experiencia análoga en un entorno estable y con infraestructura moderna.

2. Hub logístico y comercial para la reconstrucción

Una Cuba en transición necesitará absolutamente todo: materiales de construcción, alimentos, medicamentos, tecnología y bienes de consumo. Santo Domingo está a menos de una hora de vuelo de La Habana, y el Puerto Multimodal Caucedo es uno de los más modernos del Caribe. La creación de una zona franca especial orientada al comercio con Cuba permitiría a la República Dominicana convertirse en el centro de distribución natural para la reconstrucción cubana, capturando márgenes comerciales significativos y generando empleos en logística, almacenamiento y transporte.

3. Exportación de expertise institucional y regulatoria

Cuba carecerá de los marcos legales e institucionales necesarios para una economía de mercado. La República Dominicana ha construido a lo largo de décadas un sistema de regulación de inversión extranjera, leyes de propiedad, regulación turística sofisticada y experiencia en zonas francas que puede exportar como asesoría técnica. Posicionarse como el “modelo caribeño” de transición al capitalismo no solo generaría influencia política, sino contratos de consultoría y cooperación técnica de alto valor.

4. Telecomunicaciones y servicios financieros

La infraestructura de telecomunicaciones cubana es primitiva y su sistema bancario prácticamente inexistente en términos modernos. Operadores con presencia en la República Dominicana podrían expandirse a Cuba, y los bancos dominicanos, con la solidez que les reconocen las calificadoras internacionales, podrían abrir sucursales o crear vehículos financieros para canalizar inversión. La República Dominicana tiene la oportunidad de convertirse en la plaza financiera desde donde se administren los fondos de reconstrucción cubana.

5. Energía renovable

La dependencia cubana del petróleo importado ha sido su talón de Aquiles. Dentro de Cuba, como reporta Al Jazeera (2026), los negocios que venden paneles solares son prácticamente los únicos que prosperan durante la crisis. La República Dominicana puede exportar su experiencia creciente en energía solar y eólica, y empresas dominicanas podrían participar en la construcción de la nueva infraestructura energética cubana, un sector que requerirá inversiones multimillonarias.

6. Agricultura y seguridad alimentaria

La destrucción de la industria azucarera cubana, que el economista Mauricio de Miranda atribuye en primer lugar a las decisiones de Fidel Castro, incluyendo el desmantelamiento de 120 ingenios azucareros en 2002 (CiberCuba, 2026), ha dejado un vacío productivo enorme. La República Dominicana, con su agroindustria funcional, puede convertirse en proveedor inmediato de alimentos y, simultáneamente, en asesora para la reconstrucción agrícola cubana, una ironía histórica dado que ambas islas compartieron la industria azucarera durante siglos.

7. Posicionamiento diplomático estratégico

La República Dominicana no carga con el bagaje geopolítico de Estados Unidos ni con la ideología de los aliados tradicionales de Cuba. Esta neutralidad amistosa es una carta extraordinaria. Santo Domingo debe ofrecerse como sede de negociaciones, como mediador regional y como el primer país en firmar acuerdos comerciales preferenciales con una Cuba post‐transición. La experiencia reciente de la República Dominicana como anfitriona de la Cumbre de las Américas demuestra su capacidad para facilitar el diálogo hemisférico (14ymedio, 2025).

8. Capital humano y redes diaspóricas

Existe una diáspora cubana significativa en la República Dominicana y una comunidad dominicana en Miami cercana a los cubanoamericanos influyentes. Estas redes pueden facilitar inversión, contactos comerciales y transferencia de conocimiento. El gobierno dominicano debería crear un programa especial de visas para profesionales cubanos que deseen capacitarse en empresas dominicanas antes de regresar a contribuir a la reconstrucción de su país, generando lazos de gratitud y dependencia profesional que redunden en beneficio mutuo a largo plazo.

Actuamos ya, la Urgencia

Hay quienes podrían objetar que planificar para el colapso de un vecino tiene un tinte maquiavélico. Y quizás lo tiene. Pero la geopolítica no se rige por sentimentalismos, y un país que no planifica para las oportunidades que se avecinan simplemente las cede a competidores más astutos. Estados Unidos ya tiene su estrategia definida. España, con sus lazos históricos y empresariales, no se quedará de brazos cruzados. Brasil, México y Colombia buscarán su parte. La pregunta para la República Dominicana no es si debe actuar, sino cuándo y cómo.

Lo más inteligente sería crear de inmediato una comisión interinstitucional que integre la Cancillería, el Banco Central, el Ministerio de Turismo y el Centro de Exportación e Inversión (CEI‐RD), dedicada exclusivamente a planificar escenarios de apertura cubana. Establecer fondos de inversión público‐privados listos para desplegarse. Fortalecer las rutas aéreas y marítimas. Preparar los marcos legales para facilitar el comercio bilateral. El que llega primero a la mesa con un plan concreto gana una ventaja difícil de superar. Los días del régimen cubano, tal como lo conocemos, están contados. Las presiones son demasiado intensas, los recursos demasiado escasos y los aliados demasiado débiles para sostener un sistema que lleva décadas funcionando mal. Para mi, la República Dominicana tiene ante sí una ventana de oportunidad que no se repetirá. La historia juzgará si fuimos lo suficientemente audaces para aprovecharla.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

  • 14ymedio. (2025, 30 de septiembre). OEA: Dominicana excluye a Cuba de la Cumbre de las Américas. 14ymedio. https://www.14ymedio.com/internacional/dominicana-excluye-cuba-cumbre-americas
  • Al Jazeera. (2026, 5 de marzo). Cuba’s economy on edge: Fuel shortages and rising hardship. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2026/3/5/cubas-economy-on-edge-fuel-shortages-and-rising-hardship
  • CiberCuba. (2026, 14 de marzo). Cuba could see its economy contract by 7.2% in 2026, according to The Economist Intelligence Unit. CiberCuba. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-03-14-cuba-podria-contraer-economia
  • CNN en Español. (2026, 27 de febrero). La madre de todas las crisis: por qué Cuba está tan cerca de un punto de no retorno. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/27/latinoamerica/razones-crisis-cuba-economia-orix
  • El Litoral. (2026, febrero). Estados Unidos ve posible un cambio de régimen en Cuba en 2026. El Litoral. https://www.ellitoral.com/internacionales/estadosunidos-cambio-cuba-regimen
  • Infobae. (2026a, 5 de marzo). República Dominicana proyecta crecimiento económico de hasta 4.5% en 2026, según banco suizo. Infobae. https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/03/05/republica-dominicana-proyecta-crecimiento-economico
  • Infobae. (2026b, 19 de febrero). El gobierno dominicano proyecta crecimiento turístico y consolida vínculos con líderes financieros internacionales. Infobae. https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/02/19/el-gobierno-dominicano-proyecta-crecimiento-turistico
  • Revista Mercado. (2026, marzo). Economía dominicana inicia 2026 con crecimiento de 3.5% en enero. Revista Mercado. https://revistamercado.do/money-invest/economia-dominicana-inicia-2026
  • 7días. (2026, 25 de febrero). Inversiones en Turismo: Oportunidades en la RD 2026. 7días. https://7dias.com.do/2026/02/25/banreservas-anuncia-comodas-condiciones
  • Universidad de Navarra. (2026). Cuba, en la mayor crisis económica desde su independencia: Una espiral sin salida. Global Affairs and Strategic Studies. https://www.unav.edu/web/global-affairs/cuba-en-su-mayor-crisis-desde-1898
  • Wikipedia. (2026a). 2026 Cuban crisis. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Cuban_crisis
  • Wikipedia. (2026b). Crisis de Cuba de 2026. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Cuba_de_2026
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Ciberseguridad en la República Dominicana: Amenazas, Avances y Desafíos Pendientes

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Mi análisis del Informe de Ciberseguridad 2025 del BID-OEA y un chin de información de fuentes complementarias

La transformación digital de América Latina y el Caribe ha generado oportunidades económicas sin precedentes, pero también ha ampliado significativamente la superficie de ataque cibernético de la región. Según el Informe de Ciberseguridad 2025: Desafíos de Vulnerabilidad y Madurez para Cerrar las Brechas en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICTE) y el Centro Global de Capacidad en Ciberseguridad de la Universidad de Oxford, la República Dominicana se encuentra entre los países caribeños con mayor madurez en ciberseguridad, junto con Jamaica y Trinidad y Tobago (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 89–93). No obstante, esta posición de relativo liderazgo regional no debe enmascarar las vulnerabilidades persistentes que enfrenta el país. He aquí mis pensamientos sobre las amenazas cibernéticas que confronta la República Dominicana, los pasos concretos que ha dado para fortalecer su postura de ciberseguridad y las áreas en las que sus esfuerzos han resultado insuficientes.

El panorama de amenazas cibernéticas

La República Dominicana enfrenta un panorama de amenazas cibernéticas diverso y en constante evolución. Según datos de FortiGuard Labs, el país registró aproximadamente 470 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2023, una cifra que, aunque sustancialmente menor a los cerca de 5.000 millones reportados en 2022, refleja la persistencia de actores maliciosos en el entorno digital dominicano (FortiGuard Labs, 2023). En el Índice Global de Cibercrimen, que abarca 93 países, la República Dominicana ocupa la posición 48 entre las naciones más atacadas (FortiGuard Labs, 2023).

Los ataques de ransomware constituyen una de las amenazas más graves. En agosto de 2022, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) fue víctima de un ataque del grupo Quantum ransomware que cifró cuatro servidores físicos y ocho virtuales, comprometiendo bases de datos, correos electrónicos y aplicaciones críticas. Los atacantes exigieron un rescate de 600.000 dólares que la institución no pudo ni quiso pagar (BleepingComputer, 2022; The Record, 2022). Posteriormente, en 2023, el grupo Rhysida atacó la Dirección General de Migración, sustrayendo datos confidenciales del sistema migratorio del país (The Record, 2023). Estos incidentes no son aislados: entre 2020 y agosto de 2022, al menos 18 entidades públicas dominicanas fueron impactadas por ciberataques, incluyendo la Dirección General de Presupuesto y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (FortiGuard Labs, 2023).

Más allá del ransomware, el país enfrenta campañas de phishing dirigidas al sector bancario, ataques de malware a infraestructuras gubernamentales y amenazas emergentes vinculadas a la inteligencia artificial. Tapia y Castanho (2023) documentan que en 2018 el Banco Central de la República Dominicana fue blanco de un ataque de ransomware que causó interrupciones significativas, y que en 2020 un hospital del Ministerio de Salud Pública sufrió un ataque similar que resultó en la pérdida de registros médicos de pacientes. El informe BID-OEA 2025 subraya que la adopción acelerada de la inteligencia artificial está transformando el panorama de amenazas, amplificando riesgos existentes y creando nuevas vulnerabilidades que requieren marcos de gobernanza actualizados (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 11).

Avances institucionales y estratégicos

A pesar de las amenazas, la República Dominicana ha demostrado un compromiso sostenido con el fortalecimiento de su ciberseguridad nacional. El informe BID-OEA 2025 documenta avances significativos en las cinco dimensiones del Modelo de Madurez de Capacidad en Ciberseguridad (CMM) entre 2020 y 2025.

En el plano estratégico, el país aprobó su primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS) mediante el Decreto 230-18, con cuatro pilares fundamentales: fortalecimiento del marco legal e institucional, protección de infraestructuras críticas, educación y cultura de ciberseguridad, y alianzas nacionales e internacionales (Consejo de Europa, 2023). Esta estrategia fue actualizada y extendida hasta 2030 mediante el Decreto 313-22, incorporando un Plan de Implementación 2022–2024 con seis objetivos clave, entre ellos el fortalecimiento de capacidades institucionales, la protección de infraestructuras críticas y el avance de la investigación en ciberseguridad (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 89–90).

Institucionalmente, el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), creado como dependencia del Ministerio de la Presidencia, coordina los esfuerzos nacionales consultando activamente con los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil. En 2024, el CNCS fue integrado al Departamento Nacional de Investigaciones, donde se incorporó al iSOC para el intercambio de inteligencia sobre amenazas, desarrollando capacidades de monitoreo, detección y respuesta a incidentes a través de su Centro de Operaciones de Seguridad (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 89). Además, el CNCS adoptó soluciones de Microsoft, incluyendo Dynamics 365, Azure Sentinel y Azure Data Explorer, logrando que el proceso de gestión de incidentes fuera cuatro veces más rápido que al inicio de su implementación (Microsoft, 2023).

En el ámbito legal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología cubre la mayoría de las infracciones contempladas en la Convención de Budapest, de la cual la República Dominicana fue el primer país de América Latina y el Caribe en ratificar, en febrero de 2013 (Consejo de Europa, 2023). El Decreto 685-22 sobre Protección de Infraestructuras Críticas Nacionales obliga a los operadores a reportar incidentes dentro de un plazo de 24 horas (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 89). La Ley 172-13 de Protección de Datos Personales establece el régimen de tratamiento de datos, aunque con limitaciones significativas que se discutirán más adelante.

En materia de cooperación internacional, el país participa activamente en el Comité Ad Hoc de las Naciones Unidas sobre Cibercrimen, la Iniciativa Contra el Ransomware (CRI), los programas GLACY+ y GLACY-e del Consejo de Europa, y fue recientemente seleccionado como miembro de la Junta Directiva del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad (FIRST) (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 90). Asimismo, el país alberga el Centro de Capacidad Cibernética LAC4 para América Latina y el Caribe, un hub regional de ciberseguridad con apoyo de la Unión Europea (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 90).

En educación y capacitación, instituciones como INTEC, UNPHU e ITLA ofrecen programas de maestría y tecnicatura en ciberseguridad, y el CNCS realiza campañas mensuales de concientización sobre temas como la autenticación multifactor y la participación de mujeres en ciberseguridad (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 89–90). La inversión total en proyectos estratégicos de desarrollo digital con el BID supera los 200 millones de dólares (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 89).

Deficiencias y desafíos pendientes

No obstante los avances que he descrito, el análisis del informe BID-OEA 2025 y de fuentes complementarias revela áreas críticas en las que la República Dominicana ha fallado en actuar con la celeridad o profundidad necesarias.

La deficiencia más notable es la ausencia de una ley integral de ciberseguridad. Aunque existe un proyecto de ley de gestión de ciberseguridad que ha pasado dos lecturas en el Senado, este aún no ha sido programado para discusión en la Cámara de Diputados (FortiGuard Labs, 2023). La regulación vigente descansa fundamentalmente en decretos ejecutivos, lo que genera fragilidad jurídica, pues un decreto puede ser derogado por el siguiente gobierno sin intervención legislativa. La firma legal Troncoso y Cáceres (2023) señala que, pese a los esfuerzos por crear un ciberespacio seguro durante más de quince años, el país necesita fortalecer significativamente su capacidad para enfrentar ciberamenazas mediante instrumentos legislativos formales.

En materia de protección de datos personales, la Ley 172-13 presenta vacíos significativos. Según Victoria (2024), esta ley tiene un enfoque completamente análogo que no ha tomado en cuenta que el flujo de datos personales se centra hoy en el mundo digital. No existe una autoridad supervisora o reguladora dedicada exclusivamente a la protección de datos: la Superintendencia de Bancos solo supervisa las infracciones por parte de los burós de crédito, dejando al resto del ecosistema digital sin supervisión adecuada (DLA Piper, 2025). La revisión de proyectos de ley que buscan alinear la normativa dominicana con instrumentos internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea sigue pendiente.

Las matrices de madurez del informe BID-OEA 2025 revelan otras debilidades específicas. En la Dimensión 1 (Política y Estrategia), la coordinación en respuesta a incidentes y el modo de operación de los CSIRT muestran estancamiento en niveles formativos. En la Dimensión 2 (Cultura y Sociedad), la confianza de los usuarios en los servicios de comercio electrónico y gobierno electrónico no alcanza los niveles más avanzados. En la Dimensión 5 (Estándares y Tecnologías), la calidad del software, el seguro cibernético y la divulgación responsable de vulnerabilidades se encuentran en etapas incipientes (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 91–93). Ninguna dimensión ha alcanzado el nivel “Dinámico”, el más alto del modelo CMM (ICT Pulse, 2026).

La coordinación entre agencias gubernamentales sigue siendo un desafío persistente. Como señala un análisis de LinkedIn (2018), las agencias estatales y el sector público dominicano históricamente han fallado en coordinar sus esfuerzos de ciberseguridad. Aunque el CNCS ha mejorado esta situación, la integración efectiva entre todas las entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil sigue siendo una tarea inconclusa. La falta de un mercado robusto de ciberseguridad y la limitada adopción de seguros cibernéticos reflejan una brecha entre la política declarada y la práctica empresarial.

Lo que más me concierne es la escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad. Es un desafío compartido con toda la región, pero particularmente agudo en un país insular que compite con partes más grandes por el talento disponible. Sí, existen programas académicos, pero la demanda supera significativamente la oferta, y la investigación e innovación en ciberseguridad permanecen en etapas tempranas de desarrollo (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 92).

La República Dominicana ha logrado posicionarse como uno de los países con mayor madurez en ciberseguridad del Caribe. Gozamos del respaldo de una estrategia nacional actualizada, un centro de ciberseguridad operativo, un marco legal básico contra el cibercrimen y una activa participación en foros internacionales. Sin embargo, la ausencia de una ley integral de ciberseguridad aprobada por el poder legislativo, las deficiencias en la protección de datos personales, la limitada adopción de estándares avanzados por parte del sector privado y la escasez de capital humano especializado constituyen vulnerabilidades que los actores maliciosos pueden y han explotado con consecuencias significativas. El camino hacia una ciberseguridad verdaderamente robusta exige que nuestro Estado trascienda el nivel de los decretos ejecutivos y las estrategias declarativas para consolidar un ecosistema de ciberseguridad respaldado por legislación vinculante, instituciones supervisoras autónomas e inversión sostenida en capital humano e innovación tecnológica.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Referencias bibliográficas

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  • BleepingComputer. (2022, septiembre 6). Quantum ransomware attack disrupts govt agency in Dominican Republic. BleepingComputer. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/quantum-ransomware-attack-disrupts-govt-agency-in-dominican-republic/
  • Consejo de Europa. (2023). Dominican Republic – Octopus Cybercrime Community. https://www.coe.int/en/web/octopus/-/dominican-republic
  • Digital Watch Observatory. (2025). Dominican Republic’s national cybersecurity strategy 2030. https://dig.watch/resource/dominican-republics-national-cybersecurity-strategy-2030
  • DLA Piper. (2025). Data Protection Laws of the World: Dominican Republic. https://www.dlapiperdataprotection.com/?t=law&c=DO
  • FortiGuard Labs. (2023). Global Threat Panorama in Latin America (H1 2023). Citado en Dominican Today, 13 de octubre de 2023. https://dominicantoday.com/dr/economy/2023/10/13/dominican-republic-receives-fewer-cyber-attacks-this-year-compared-to-2022/
  • ICT Pulse. (2026, enero 9). Snapshot: 2025 update of cybersecurity maturity in the Caribbean. https://ict-pulse.com/2026/01/snapshot-2025-update-of-cybersecurity-maturity-in-the-caribbean/
  • Microsoft. (2023). Dominican Republic repels cyberattacks with help from Microsoft Dynamics 365 and Microsoft Azure. Microsoft Customer Stories. https://www.microsoft.com/en/customers/story/1800793600315556707-cncs-azure-data-explorer-en-dominican-republic
  • Morillo Suriel Abogados. (2025). Data protection in the Dominican Republic. https://morillosurielabogados.com/en/data-protection-in-the-dominican-republic/
  • Positive Technologies. (2025). Cybersecurity threatscape for Latin America and the Caribbean: 2023–2024. https://global.ptsecurity.com/en/research/analytics/cybersecurity-threatscape-for-latin-america-and-the-caribbean-2023-2024/
  • Tapia, J. y Castanho, R. (2023). Cybersecurity and Geopolitics in the Dominican Republic: Threats, Policies and Future Prospects. Dutch Journal of Finance and Management, 6(1). https://doi.org/10.55267/djfm/13421
  • The Record. (2022, agosto 30). Dominican Republic refuses to pay ransom after attack on agrarian institute. Recorded Future News. https://therecord.media/dominican-republic-refuses-to-pay-ransom-after-attack-on-agrarian-institute
  • The Record. (2023, octubre 4). Rhysida ransomware gang claims attacks on governments in Portugal, Dominican Republic. Recorded Future News. https://therecord.media/rhysida-ransomware-gang-attacks-on-portugal-dominican-republic-governments
  • Troncoso y Cáceres. (2023). Law Project on Cybersecurity. https://troncoso-caceres.com/en/blog/law-project-on-cybersecurity/
  • Victoria, A. (2024, septiembre 6). Data Protection & Cybersecurity: The Need for a New Data Protection Law. ECIJA. https://ecija.com/en/sala-de-prensa/data-protection-cybersecurity-aristides/
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América Latina: el mayor incremento de ciberataques en el mundo

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América Latina y el Caribe enfrentan una convergencia de factores que la convierten en la región con el crecimiento más acelerado de ciberataques a nivel global. Examino la evidencia cuantitativa disponible, analizo las causas estructurales del fenómeno y evalúo la brecha entre la velocidad de las amenazas y la madurez institucional de la región en materia de ciberseguridad. A partir de reportes de organismos multilaterales y empresas especializadas, yo argumento que el problema trasciende lo técnico para constituir un desafío de gobernanza, inversión pública y desarrollo.

I. El panorama cuantitativo: cifras que no admiten matices

En diciembre de 2025, las organizaciones latinoamericanas recibieron en promedio 3,065 ataques cibernéticos semanales por entidad, el mayor volumen y el mayor incremento interanual (+26%) registrado en cualquier región del mundo durante ese período (Check Point Research, 2026). Para contextualizar la magnitud de este dato: el promedio global fue de 2,027 ataques semanales, con un crecimiento del 9% año contra año. América Latina no solo superó este promedio en un 51%, sino que lo hizo acelerándose, cuando otras regiones crecían de forma más moderada.

Esta no es una anomalía puntual. En el segundo trimestre de 2024, el mismo proveedor registró para la región un incremento del 53% interanual , el más alto del mundo en ese período, alcanzando 2,667 ataques semanales por organización (Check Point Research, 2024). La tendencia es, por tanto, estructural.

El fenómeno del ransomware, el tipo de ataque que encripta datos y exige rescate económico, reviste particular gravedad. SonicWall documentó un incremento del 259% en ataques de ransomware contra organizaciones latinoamericanas durante 2024, frente a un alza del 8% en América del Norte (SonicWall, 2025). Paralelamente, la firma de inteligencia Intel 471 registró en 2025 más de 450 eventos de brecha relacionados con ransomware en la región — un alza del 78% respecto al año anterior — con el número de variantes activas pasando de 48 a 79 (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). Brasil concentró el 30% de las víctimas identificadas, México el 14% y Argentina el 13%.

Los datos de Kaspersky añaden otra capa de gravedad al panorama corporativo: entre octubre de 2023 y octubre de 2024, la firma bloqueó 268,3 millones de ataques de malware contra empresas latinoamericanas, incluyendo 560.000 incidentes de ransomware y más de 262 millones de intentos de phishing (Kaspersky, 2024). El phishing registra más de 721.000 bloqueos diarios en la región, reflejo de su simplicidad operativa y alta efectividad para el fraude bancario y el robo de información corporativa.

II. Las causas estructurales: por qué LATAM es tan vulnerable

Los datos cuantitativos describen el síntoma. La explicación del fenómeno exige analizar las condiciones estructurales que hacen de América Latina un entorno particularmente atractivo para los actores maliciosos. Estas causas operan en tres dimensiones simultáneas: la paradoja de la digitalización, la brecha de gobernanza institucional, y el déficit de capital humano especializado.

La pandemia de COVID-19 actuó como acelerador extraordinario de la transformación digital en una región que partía de niveles bajos de conectividad. La proliferación del acceso a banda ancha, la expansión del comercio electrónico y la digitalización de servicios gubernamentales expandieron dramáticamente la superficie de ataque disponible para los cibercriminales. El problema, documentado por el informe de ciberseguridad 2025 del BID/OEA, es que esta digitalización ha superado el desarrollo de medidas efectivas de ciberseguridad, dejando las iniciativas y políticas en etapas tempranas (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). América Latina y el Caribe tienen algunas de las tasas más altas del mundo en uso de smartphones, redes sociales y comercio electrónico, pero las estrategias de ciberseguridad no han crecido en proporción.

La brecha de gobernanza institucional es igualmente reveladora. En 2020, solo 12 estados latinoamericanos contaban con una estrategia nacional de ciberseguridad (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). El reporte de Digi Americas Alliance y Duke University (2024) encontró que apenas 7 de los 32 países de la región tienen planes operativos para proteger su infraestructura crítica de ciberataques, y solo 20 cuentan con Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRTs) (Digi Americas Alliance / Duke University, 2024). Sin regulación efectiva, sin mecanismos de reporte obligatorio y sin coordinación entre sectores público y privado, las organizaciones operan sin estándares mínimos y los incidentes quedan sistemáticamente subnotificados.

El déficit de capital humano completa el cuadro. El BID/OEA identifica como una de las brechas más persistentes la escasez de profesionales calificados en ciberseguridad y la inconsistencia en la asignación presupuestaria (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). Según Aon (2025), el puntaje de preparación cibernética de las empresas latinoamericanas fue de 2.59 sobre 4 en 2024 — entre “básica” y “gestionada” — ligeramente por debajo del promedio global de 2.71. Las áreas más rezagadas son la gestión de riesgos de terceros, la seguridad de aplicaciones y la resiliencia operativa. Esta combinación de instituciones débiles, fuerza laboral insuficiente e inversión fragmentada crea un entorno donde los atacantes encuentran resistencia mínima.

III. Actores, vectores y la economía del crimen digital

La comprensión del problema requiere también caracterizar quiénes atacan y cómo lo hacen. Intel 471 documenta para 2025 una diversificación notable del ecosistema de amenazas en la región: grupos de ransomware como Qilin, Akira, SafePay y The Gentlemen operan bajo el modelo de Ransomware-as-a-Service (RaaS), que reduce la barrera técnica de entrada al poner infraestructura criminal al alcance de actores de menor capacidad técnica a cambio de un porcentaje de los rescates (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). Este modelo democratizó el crimen cibernético, convirtiendo lo que antes requería sofisticación técnica en un negocio con costo de entrada desde 40 dólares (Mordor Intelligence, 2025).

SonicWall reporta que en el 61% de los casos, los atacantes explotan nuevas vulnerabilidades dentro de las 48 horas de su divulgación pública, mientras que las organizaciones tardan en promedio entre 120 y 150 días en aplicar un parche (SonicWall, 2025). Esta brecha de más de cuatro meses es, en esencia, una ventana de vulnerabilidad garantizada. El costo promedio de un ataque de ransomware alcanzó los $850,700 en pagos durante 2024, con pérdidas totales que frecuentemente superan los $4,91 millones al incluir tiempo de inactividad y recuperación.

La actividad no se limita a grupos externos. Intel 471 documentó en 2025 al menos 119 ataques hacktivistas en 15 países de la región, y más de 200 “initial access brokers”, actores que comprometen redes y venden el acceso a terceros, operando activamente en LATAM (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). Positive Technologies (2025) añade que el 26% de los anuncios en foros clandestinos de la región involucra la venta de credenciales de acceso a infraestructura corporativa comprometida, sugiriendo una economía del compromiso altamente activa y organizada.

IV. Señales de progreso y la paradoja del optimismo

Sería inexacto presentar el panorama como exclusivamente sombrío. El reporte del BID/OEA de 2025, el más exhaustivo realizado hasta la fecha, cubriendo 30 países con el Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations (CMM), documenta mejoras en las cinco dimensiones evaluadas desde 2020, y señala que la brecha de madurez entre países se ha reducido (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). Existen casos notables de avance regulatorio: Chile promulgó en marzo de 2024 la Ley de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica, creando una Agencia Nacional de Ciberseguridad y un Consejo Multisectorial; Brasil y Colombia han avanzado en marcos de protección de datos y en la creación de capacidades de respuesta a incidentes (Aon, 2025).

Sin embargo, el BID/OEA advierte que la mejora en los indicadores de madurez no equivale a reducción del riesgo, dada la velocidad con que evoluciona el entorno de amenazas. Áreas críticas como la calidad del software, la protección de infraestructura crítica, el mercado de seguros cibernéticos y la inversión en investigación e innovación siguen subdesarrolladas. El patrón regional dominante, documentado por el World Economic Forum (2024), es reactivo: los países fortalecen sus defensas después de sufrir ataques devastadores, no antes. El ataque del grupo Conti al Ministerio de Hacienda de Costa Rica en 2022, que forzó una declaración de emergencia nacional, es el caso emblemático de esta lógica.

V. Implicaciones y perspectivas: un problema de desarrollo, no solo de tecnología

La ciberseguridad en América Latina es, en última instancia, un problema de desarrollo. La misma digitalización que permite a la región conectarse al comercio global, ampliar el acceso a servicios financieros y mejorar la entrega de servicios públicos, también expone a sus ciudadanos, empresas e instituciones a actores que operan sin las restricciones institucionales que existen en mercados más maduros. Las oportunidades de la digitalización y los riesgos del cibercrimen son las dos caras de la misma moneda.

Las recomendaciones que emergen de la literatura son consistentes: inversión sostenida en capital humano especializado, marcos regulatorios con reporte obligatorio de incidentes, sistemas centralizados de coordinación de respuesta, alianzas público-privadas con mecanismos de intercambio de inteligencia, e integración de la ciberseguridad como prioridad explícita en las agendas de desarrollo nacional (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025; Digi Americas Alliance/Duke University, 2024; WEF, 2024). No se trata de soluciones técnicas, sino de decisiones políticas sobre qué tipo de infraestructura digital se quiere construir y a qué costo social se está dispuesto a operar sin ella.

La advertencia de Intel 471 es la más contundente para cerrar este análisis: en ausencia de mejoras significativas en cumplimiento regulatorio, cooperación público-privada e intercambio regional de información, América Latina tiene altas probabilidades de consolidarse no solo como objetivo prioritario del crimen cibernético, sino también como plataforma de exportación de este crimen hacia el resto del mundo (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). La pregunta no es si la región puede permitirse invertir en ciberseguridad. Es si puede permitirse no hacerlo.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

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  • Check Point Research. (2024, julio 16). Check Point Research reports highest increase of global cyber attacks seen in last two years — a 30% increase in Q2 2024. Check Point Blog. https://blog.checkpoint.com/research/check-point-research-reports-highest-increase-of-global-cyber-attacks-seen-in-last-two-years-a-30-increase-in-q2-2024-global-cyber-attacks/
  • Check Point Research. (2026, enero 13). Latin America sees sharpest rise in cyber attacks in December 2025 as ransomware activity accelerates. Check Point Blog. https://blog.checkpoint.com/research/latin-america-sees-sharpest-rise-in-cyber-attacks-in-december-2025-as-ransomware-activity-accelerates/
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  • Inter-American Development Bank (IDB), Organization of American States (OAS), & Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC) — University of Oxford. (2025). 2025 Cybersecurity Report: Vulnerability and Maturity Challenges to Bridging the Gaps in Latin America and the Caribbean. IDB Publications. https://doi.org/10.18235/0013872
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  • Mordor Intelligence. (2025). Latin America Cybersecurity Market Size & Share Report. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-cyber-security-market
  • Positive Technologies. (2025, mayo). Cybersecurity Threatscape for Latin America and the Caribbean: 2023–2024. https://global.ptsecurity.com/en/research/analytics/cybersecurity-threatscape-for-latin-america-and-the-caribbean-2023-2024/
  • SonicWall. (2025, febrero 25). 2025 SonicWall Annual Cyber Threat Report: The Need for Speed. https://www.sonicwall.com/resources/white-papers/2025-sonicwall-cyber-threat-report
  • World Economic Forum. (2024, mayo). What Latin America can teach us on resilient cybersecurity. WEF Centre for Cybersecurity. https://www.weforum.org/stories/2024/05/latin-america-cybersecurity-report-ransomware-attacks/
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Tierras raras en la República Dominicana: de entusiasmo político a la viabilidad industrial

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Tierras raras en Pedernales y la Sierra de Bahoruco, evidencia geológica, confiabilidad de laboratorios internacionales, factibilidad de extracción y procesamiento, y por qué la República Dominicana debe acelerar su ruta hacia una explotación responsable y estratégica.

La afirmación de que la República Dominicana posee un potencial amplio de tierras raras, en poco tiempo ha pasado de ser un tema técnico de geología económica a convertirse en un asunto de soberanía productiva, estrategia industrial y posicionamiento internacional. El presidente Luis Abinader ha sostenido públicamente que estudios preliminares apuntan a depósitos brutos superiores a ciento cincuenta millones de toneladas en la provincia Pedernales, con la promesa de completar evaluaciones y certificar reservas en el corto plazo (Reuters, 2026). Mi posición es coincidente con el sentido de urgencia de esa postura. La ventana geopolítica y económica para integrarnos a una cadena de suministro crítica no permanecerá abierta indefinidamente. Sin embargo, moverse rápido no significa improvisar. Significa acelerar con método, transparencia y disciplina de ingeniería, para convertir un indicio geológico en una oportunidad industrial real y no en un titular pasajero.

Conviene empezar por precisar el lenguaje. En minería, no es lo mismo hablar de “depósito bruto” o “material mineralizado” que hablar de “reserva” económicamente explotable. Un volumen total de material puede ser enorme, pero si las concentraciones recuperables son bajas, si la mineralogía dificulta la separación, o si los costos ambientales y energéticos crecen más rápido que los ingresos, el proyecto se estanca. Por eso, incluso en el mismo reporte sobre la declaración presidencial, se subraya que aún no está claro qué parte del volumen anunciado sería viable para comercialización (Reuters, 2026). Esta distinción no reduce el valor estratégico del anuncio, más bien lo ubica en la fase correcta del ciclo minero: exploración avanzada, caracterización, pruebas metalúrgicas y luego una secuencia de estudios económicos y ambientales que permitan convertir recursos en reservas bajo estándares internacionales.

Dicho lo anterior, la idea de que Pedernales y, en particular, la Sierra de Bahoruco, puedan hospedar concentraciones significativas de elementos de tierras raras no surge de la nada. Existe literatura científica revisada por pares que describe bauxitas kársticas en esa región con contenidos elevados de tierras raras y de itrio, con rangos que llegan, en algunas muestras, a valores notablemente altos para este tipo de depósito, además de una mineralogía portadora relevante para el procesamiento, como monacita y fases tipo bastnasita, entre otras (Villanova de Benavent et al., 2023). También hay investigación más reciente que examina características geoquímicas de depósitos de bauxita kárstica de la Sierra de Bahoruco y los discute explícitamente como un recurso potencial para el país (Chappell et al., 2025). En otras palabras, el fundamento técnico existe. Lo que falta es completar el camino industrial y regulatorio que separa un hallazgo científico de una operación sustentable.

En este contexto aparece el debate sobre la confiabilidad de los “laboratorios internacionales” a los que suelen referirse comunicados y notas periodísticas. En minería moderna, la credibilidad no depende de la nacionalidad del laboratorio, sino de su trazabilidad metrológica. Un resultado es confiable cuando se puede auditar: acreditación del laboratorio, métodos analíticos adecuados, límites de detección, controles de calidad con estándares certificados, duplicados, blancos y cadena de custodia de muestras. Sin esa información, la frase “laboratorios internacionales” es un argumento de autoridad incompleto. No es que sea falso, es que no es suficiente para sostener decisiones de cientos de millones de dólares. Por eso, si queremos movernos rápido con legitimidad, el Estado y los actores técnicos deben publicar, en la medida permitida por la estrategia de negociación, resultados estructurados con protocolos QA y QC y un resumen claro de incertidumbres. La velocidad verdadera no proviene de ocultar datos, sino de estandarizarlos y validarlos desde el empiezo.

Ahora bien, incluso si las concentraciones son prometedoras, la pregunta decisiva es si es factible extraer y, sobre todo, procesar. Las tierras raras se distinguen por un problema central: su química es parecida entre elementos, lo que hace la separación compleja. El verdadero cuello de botella global no suele ser la roca, sino la capacidad de beneficio, refinación y separación en productos comercializables. Este punto es crítico para la República Dominicana porque define dónde quedará el valor agregado. Exportar concentrado y comprar óxidos separados o imanes terminados es la fórmula clásica de pérdida de soberanía económica. Las tendencias internacionales, documentadas por organismos especializados, apuntan a que la demanda de minerales clave, incluyendo tierras raras, sigue creciendo impulsada por la transición energética, vehículos eléctricos, redes eléctricas y otras aplicaciones industriales, lo que incrementa el premio estratégico de participar en la cadena de valor y no solo en la extracción (IEA, 2025). Por la misma razón, los países y empresas fuera de China están invirtiendo con intensidad para reducir vulnerabilidades, porque el control sobre el procesamiento y la refinación sigue muy concentrado (Reuters, 2025).

En el plano de la factibilidad técnica, la Sierra de Bahoruco ofrece una oportunidad pero también una responsabilidad. Si parte de las fases minerales portadoras incluye monacita u otras que pueden asociarse con torio y uranio, entonces la minería y el procesamiento generan residuos con TENORM, es decir, material radiactivo de origen natural tecnológicamente mejorado, lo cual eleva exigencias de manejo, disposición y comunicación pública (EPA, 2025). Este no es un detalle menor. En jurisdicciones con experiencia en refinación, la gestión de residuos y la licencia social han sido determinantes. Un ejemplo contemporáneo es el caso de operaciones de procesamiento de tierras raras donde las autoridades han impuesto condiciones explícitas ligadas a residuos y riesgos radiológicos, reflejando la sensibilidad regulatoria y comunitaria de estos proyectos (AP News, 2026). La conclusión práctica para la República Dominicana es simple: el proyecto debe nacer con ingeniería de residuos y estrategia ambiental desde su fase inicial, no como un apéndice para el final.

La factibilidad económica exige, además, comprender qué “mezcla” de tierras raras contiene el depósito. No todos los elementos tienen el mismo valor. Neodimio y praseodimio suelen sostener la economía de imanes permanentes, mientras disprosio y terbio, considerados más escasos, son críticos para el desempeño térmico de esos imanes y hoy están sujetos a tensiones de suministro. Precisamente por ello, diversos análisis han subrayado la dificultad occidental para cubrir la demanda de tierras raras pesadas y la persistencia de cuellos de botella fuera de China, aun con nuevas inversiones y políticas industriales (Reuters, 2025). Para Pedernales, esto implica que la caracterización debe ser fina, no basta con un total de óxidos de tierras raras. Debe informarse la distribución por elemento, asociaciones minerales, recuperaciones metalúrgicas y costos de separación por producto.

Debemos hablar de soberanía industrial . Los datos de comercio y suministro muestran que, al menos para Estados Unidos, una parte dominante de importaciones de compuestos y metales de tierras raras proviene de China. Esto ilustra la fragilidad de cadenas de suministro concentradas (USGS, 2025). Ese mismo diagnóstico es el que crea una oportunidad para proveedores emergentes en el hemisferio occidental. Si la República Dominicana confirma recursos, define reservas y establece un marco de extracción responsable, su posicionamiento puede ser estratégico para acuerdos de offtake, inversión y transferencia tecnológica. Pero esa ventaja se captura solo si el país ofrece previsibilidad institucional: reglas de concesión claras, estándares ambientales exigentes, mecanismos de transparencia y un plan para que el valor se quede, al menos parcialmente, en territorio dominicano.

“Moverse rápido” (cosa nos incumbe ya) significa diseñar una hoja de ruta con etapas paralelas. Primero, un programa acelerado de exploración y definición de recursos con muestreo representativo, control de calidad robusto y auditoría independiente. Segundo, un paquete de mineralogía y metalurgia con pruebas de laboratorio y planta piloto, orientado no solo a extraer un concentrado, sino a evaluar rutas de separación hasta óxidos individuales o productos intermedios con mercado. Tercero, una arquitectura ambiental desde el inicio: balance hídrico, manejo de relaves, evaluación de TENORM si aplica y trazabilidad de impactos en ecosistemas sensibles. Cuarto, el componente social: consulta temprana, acuerdos de beneficio compartido, empleo local calificado y mecanismos de queja y reparación. Quinto, una estrategia industrial, porque sin política industrial el país corre el riesgo de convertirse en proveedor de bajo margen. El Estado bien puede estructurar incentivos para instalar etapas de valor, por ejemplo, separación o producción de sales u óxidos, en esquemas de asociación público privada con estándares internacionales.

Para ser claro, la prudencia no debe confundirse con lentitud. Los costos de oportunidad de posponer decisiones son reales. El mercado y la geopolítica de minerales críticos se están reconfigurando a velocidad, y los proyectos se alinean hoy con quienes pueden ofrecer certidumbre y cronogramas plausibles. Además, si la República Dominicana espera a que otros definan estándares y rutas de suministro, entrará tarde y negociará desde la debilidad. El anuncio presidencial de acelerar la evaluación y certificación de reservas, aunque todavía condicionado por lo preliminar, apunta en la dirección correcta porque reconoce que el siguiente paso es la certificación técnica, no la retórica (Reuters, 2026). Aun así, lo más inteligente es que el país traduzca esa voluntad en entregables verificables que sostengan confianza, e.d., resultados analíticos auditables, reportes técnicos, estudios económicos preliminares y un marco de gobernanza minera compatible con mejores prácticas.

Ahora bien, que me he desahogado sin pedir permiso, estoy de acuerdo con Abinader en el imperativo de actuar con rapidez hacia la explotación de estos recursos naturales, pero insisto en una precisión. Debemos movernos rápido hacia la explotación responsable y hacia la industrialización, no solo hacia la extracción. La riqueza real de las tierras raras está en la cadena de transformación, y la legitimidad de esa cadena se gana con ciencia reproducible, ingeniería rigurosa y gobernanza transparente. Pedernales puede ser un hito de desarrollo regional y un activo estratégico del Estado dominicano, siempre que la premisa sea clara desde el inicio. La República Dominicana no solo debe tener tierras raras, debe saber convertirlas en valor económico, tecnológico y social sin hipotecar su patrimonio ambiental.

~ C. Constantin Poindexter, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

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  • Chappell, M., et al. (2025). Geochemical exploration of rare earth element resources in highland karstic bauxite deposits in the Sierra de Bahoruco, Pedernales Province, Southwestern Dominican Republic. PLOS ONE.
  • EPA. (2025). TENORM: Rare Earths Mining Wastes. United States Environmental Protection Agency.
  • IEA. (2025). Global Critical Minerals Outlook 2025. International Energy Agency.
  • Reuters. (2025). West scrambles to fill heavy rare earth gap as China rivalry deepens.
  • Reuters. (2026). Dominican Republic has over 150 million tons of rare earth deposits, president says.
  • USGS. (2025). Mineral Commodity Summaries 2025, Rare Earths. United States Geological Survey.
  • Villanova de Benavent, C., et al. (2023). REE ultra rich karst bauxite deposits in the Pedernales region, Dominican Republic. Ore Geology Reviews.
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