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RD y Venezuela: la ventana negociadora dominicana

Republica Dominicana, Venezuela, C. Constantin Poindexter Salcedo, diplomacia, MIREX, Cancilleria, dimplomatico

Asimetría, secuenciación y condicionalidad: el margen negociador dominicano ante la normalización con Venezuela.

El 2 de agosto de 2026 las cancillerías de Santo Domingo y de Caracas anunciaron de manera conjunta el inicio de un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que habrá de desarrollarse de común acuerdo, cuya primera etapa comprende el restablecimiento de los servicios consulares y, ulteriormente, el ascenso hacia la plenitud del vínculo diplomático (MIREX 2026). La parquedad del comunicado no debe confundirse con insustancialidad. Un instrumento que difiere la definición de su contenido a un texto posterior es, precisamente, un instrumento que deja abierta la cuestión del reparto de ganancias. Es en ese diferimiento donde se juega el rendimiento nacional de la operación.

Mi tesis que aquí se sostiene es que la República Dominicana atraviesa una ventana de asimetría negociadora excepcional y perecedera frente a Venezuela, y que el aprovechamiento de esa ventana no depende de la disposición al acercamiento, ya manifiesta en ambas partes, sino del diseño técnico de tres variables: la secuenciación de las concesiones, la condicionalidad jurídicamente exigible y la reversibilidad automática del proceso. Se argumenta, además, que dicha ventana se deprecia con rapidez y que su conversión en obligaciones convencionales debe ser inmediata, so pena de disiparse en gestos de cortesía sin contrapartida.

La coyuntura como momento maduro

La teoría de la madurez negociadora asocia la apertura de oportunidades a la percepción compartida de un estancamiento mutuamente doloroso, del cual las partes buscan salida por vía transaccional (Zartman 2001). La coyuntura venezolana presenta una variante de ese modelo: no hay estancamiento mutuo, sino debilitamiento unilateral de una de las partes. La madurez es, en consecuencia, asimétrica, y el excedente negociador se inclina de manera pronunciada hacia la parte no debilitada.

Cuatro elementos configuran ese debilitamiento. Primero, la deposición de Nicolás Maduro en enero de 2026 mediante operación militar estadounidense y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, sin mandato electoral propio y, por tanto, con un déficit de legitimidad de origen que solo puede compensarse mediante reconocimiento externo. Segundo, la catástrofe sísmica del 24 de junio, con miles de fallecidos y un daño material aún no cuantificado, concentrado en el estado La Guaira, sede del aeropuerto internacional y del complejo portuario que abastece a Caracas, es decir, en el nodo logístico del cual depende toda reapertura comercial. Tercero, la persistencia de un contingente sustancial de presos políticos cuya excarcelación ha sido apenas simbólica, hecho que constituye a la vez un pasivo reputacional para Caracas y una vara de medición verificable para sus interlocutores. Cuarto, la necesidad imperiosa de alivio sancionatorio y de financiamiento de reconstrucción.

La literatura sobre diplomacia de desastres advierte que las catástrofes rara vez originan procesos diplomáticos nuevos, pero aceleran de modo notable los preexistentes (Kelman 2012). La normalización con Santo Domingo, Lima y Santiago no nació del terremoto; el terremoto comprimió su calendario. La contraparte negocia, pues, bajo apremio temporal, condición que el negociador dominicano debe reconocer y no disipar mediante concesiones anticipadas de buena voluntad.

Poder agregado y poder de negociación

Conviene distinguir el poder estructural agregado del poder de negociación específico. Habeeb (1988) demostró que los Estados débiles obtienen resultados favorables frente a potencias cuando controlan tres variables acotadas al asunto en disputa: disponibilidad de alternativas, intensidad del compromiso con el resultado y control efectivo sobre el recurso disputado. La República Dominicana es muy menor que Venezuela en territorio, población y dotación de hidrocarburos; sin embargo, en las materias hoy sobre la mesa, conectividad aérea y marítima, plataforma logística de reconstrucción, acceso a servicios financieros y legitimación internacional, posee alternativas superiores y control efectivo.

La distinción entre sensibilidad y vulnerabilidad en la interdependencia asimétrica resulta aquí decisiva (Hirschman 1945; Keohane y Nye 2012). Venezuela es vulnerable, no meramente sensible, porque carece de sustitutos de bajo costo para el nodo logístico dañado y para el reconocimiento que necesita. La República Dominicana es a lo sumo sensible: dos años sin relaciones plenas con Caracas no le produjeron daño económico apreciable. Esa disparidad, y no el tamaño relativo de las economías, es la fuente del apalancamiento dominicano.

Inventario de activos negociadores

El primer activo es el reconocimiento y la jerarquía de la representación. En el derecho internacional contemporáneo el reconocimiento de gobiernos ha perdido formalidad pero no consecuencia práctica, y la doctrina moderna subraya que la acreditación de agentes de rango pleno opera como acto de convalidación política aun cuando se declare puramente funcional (Talmon 1998; Crawford 2006). Se trata de un bien indivisible y de un solo uso: una vez concedido el ascenso a nivel de embajador, no puede volver a venderse. Su lugar en la secuencia es, necesariamente, el último.

El segundo activo es la posición geográfica y la capacidad instalada: los puertos y aeropuertos dominicanos, a menos de dos horas de vuelo de Caracas, ofrecen transbordo, almacenamiento y despacho aduanero que Venezuela ha perdido temporalmente. El tercero es el alineamiento con Washington, que confiere a Santo Domingo un peso derivado en la ecuación venezolana; el apalancamiento prestado, sin embargo, es volátil y depende de la voluntad del patrocinador (Levitsky y Way 2010). El cuarto es la credibilidad de la República Dominicana como sede de diálogo político venezolano, acreditada por los procesos de 2017 y 2018. El quinto es el acervo migratorio: alrededor de cien mil venezolanos residen en territorio dominicano, con una proporción elevada de irregularidad migratoria (R4V 2025; OIT 2024), lo que convierte la documentación y readmisión de nacionales en un asunto de interés dominicano directo.

Prelación de la agenda sustantiva

La secuencia importa tanto como el contenido. La investigación sobre acuerdos de readmisión muestra que estos instrumentos se obtienen únicamente en ventanas de dependencia del Estado de origen, y que su costo se eleva de manera abrupta cuando la contraparte recupera alternativas diplomáticas (Cassarino 2007). La readmisión, la emisión expedita de documentos y la aceptación incondicional de nacionales retornados deben, por tanto, encabezar la agenda: son concesiones de bajo costo político para Caracas y de alto valor administrativo para Santo Domingo.

En segundo lugar corresponde situar la verificación y el calendario de pago de las acreencias comerciales pendientes en favor de exportadores dominicanos, estructuradas como condición suspensiva del ascenso diplomático y no como aspiración programática. En tercer lugar, el convenio bilateral de servicios aéreos, cuyo momento óptimo de negociación es aquel en que la contraparte dispone del menor número de socios alternativos; los principios de reciprocidad y de intercambio equilibrado de derechos que informan la regulación económica del transporte aéreo internacional admiten configuraciones muy distintas según la posición relativa de las partes (OACI 2008). En cuarto lugar, la contratación de reconstrucción, mediante un memorando que reconozca a las firmas dominicanas la condición de oferentes calificados y designe la infraestructura dominicana como plataforma de acopio y despacho, con corredor aduanero preferencial. Este último punto arrastra un mercado accesorio de fianzas de cumplimiento y de anticipo, seguros de crédito y cobertura de riesgo político cuya asignación tiende a consolidarse en los primeros dieciocho meses de todo programa de reconstrucción.

En quinto lugar figura la cooperación penal y financiera. La reapertura de canales con una jurisdicción de alto riesgo expone al sistema financiero dominicano a la contracción de relaciones de corresponsalía, fenómeno cuyos determinantes y costos han sido documentados con detalle (Erbenová et al. 2016). Todo avance comercial debe, por tanto, acompañarse de compromisos verificables en materia de intercambio de información, rastreo de activos y cooperación en extradición. En sexto lugar, las salvaguardas consulares y diplomáticas: el derecho convencional autoriza expresamente al Estado receptor a exigir que el número de miembros de una misión se mantenga dentro de límites razonables, a fijar el número de empleados consulares y a conceder o denegar el exequátur, facultades que deben ejercerse de modo explícito en la hoja de ruta y no dejarse a la práctica ulterior (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 1961, arts. 11 y 27; Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 1963, arts. 12 y 20).

Arquitectura jurídica de la condicionalidad

El modelo de incentivos externos establece que la condicionalidad produce cumplimiento cuando concurren cinco atributos: determinación de las condiciones, credibilidad de la recompensa y de la amenaza, magnitud suficiente del beneficio, celeridad en su entrega y costo de adaptación soportable para el destinatario (Schimmelfennig y Sedelmeier 2004). Trasladado al caso, ello impone redactar la hoja de ruta con técnica contractual y no con retórica de comunicado: hitos fechados, indicadores verificables por terceros, condiciones suspensivas expresas y ausencia total de lenguaje de mejores esfuerzos.

La credibilidad de la amenaza exige, además, un mecanismo de reversión automática que opere sin necesidad de nueva decisión política, al modo de las cláusulas de restablecimiento incorporadas al régimen del Consejo de Seguridad en la Resolución 2231 (2015). El incumplimiento de un hito debe producir por sí mismo el retorno al nivel de encargado de negocios, sin que la parte dominicana tenga que asumir el costo diplomático de una ruptura discrecional. Complementariamente, la exigencia de aprobación congresual de los instrumentos convencionales opera como mecanismo de atadura de manos que fortalece la posición negociadora al reducir de modo creíble el margen de concesión del ejecutivo (Schelling 1960; Putnam 1988; Fearon 1997).

En cuanto al contenido político, la experiencia comparada de las transiciones desde el autoritarismo aconseja anclar las garantías en compromisos observables y calendarizados antes que en declaraciones de principio, pues los actores del régimen saliente conservan capacidad de reversión mientras controlan los aparatos coercitivos (O’Donnell y Schmitter 1986). Un calendario electoral con observación internacional acreditada y la excarcelación verificada de presos políticos son indicadores auditables; la invocación genérica de la democracia, no.

Límites del apalancamiento y riesgo de sobreextensión

Dos advertencias acotan lo anterior. La primera concierne a la memoria de las relaciones asimétricas: la parte menor atiende de modo intenso y sostenido a la conducta de la mayor, mientras esta tiende a la desatención, y de esa disparidad perceptiva nacen los agravios duraderos (Womack 2016). Una Venezuela con producción de hidrocarburos restablecida vuelve a ser, en el mediano plazo, actor regional de primer orden. La estrategia dominicana debe extraer concesiones estructurales y duraderas, tratados de readmisión, derechos aerocomerciales y acceso a contratación, y abstenerse de gestos de subordinación de rédito efímero y costo prolongado.

La segunda advertencia es de orden fiscal e histórico. El financiamiento energético concesional venezolano fue, durante dos décadas, un instrumento de compra de alineamiento político antes que un mecanismo de cooperación (Corrales y Penfold 2015). La República Dominicana conoce el desenlace: al cierre de diciembre de 2014 adeudaba a Petróleos de Venezuela US$4,123.8 millones por el Acuerdo de Petrocaribe, pasivo extinguido en enero de 2015 mediante recompra del 98% del saldo con descuento de 52%, desembolso neto de US$1,933.2 millones y reducción inmediata de la deuda pública equivalente a 3.3% del PIB (Ministerio de Hacienda 2015; CEPAL 2016). La operación fue financieramente exitosa, pero solo porque corrigió una exposición que nunca debió acumularse. Cualquier oferta de suministro en condiciones concesionales debe evaluarse, en consecuencia, como pasivo soberano diferido y no como cooperación.

Mi Opinión

La normalización con Venezuela no es, en sí misma, un error de política exterior; la ausencia de canales institucionales perjudica a los nacionales de ambos Estados y priva a Santo Domingo de instrumentos de gestión migratoria y de seguridad. El error posible es de método, no de dirección. Consiste en confundir gradualidad con indeterminación, en conceder jerarquía diplomática antes que obtener contrapartidas exigibles, y en tratar como gesto de amistad lo que es, en rigor, una transacción entre partes de poder desigual y de intereses divergentes.

La ventana de asimetría que hoy favorece a la República Dominicana se cerrará conforme Caracas restablezca su producción petrolera y multiplique sus interlocutores. El imperativo, por tanto, es de conversión y de plazo: transformar una posición coyuntural de fuerza en texto convencional vinculante, con hitos verificables y reversión automática, dentro del horizonte en que esa fuerza aún existe. La diplomacia de un Estado pequeño no se mide por la magnitud de sus recursos, sino por la precisión con que identifica y agota sus ventanas.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

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  • Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 1963. 596 UNTS 261.
  • Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 1961. 500 UNTS 95.
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  • Zartman, I. William. 2001. “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments.” Global Review of Ethnopolitics 1 (1): 8-18.
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El incidente OpenAI–Hugging Face, Mortal Amenaza para Nosotros

Ciber Amenza de I.A a la República Dominicana, ciber seguridad, seguridad nacional dominicana, J2, DNI, C. Constantin Poindexter Salcedo

El incidente OpenAI–Hugging Face de julio de 2026. La primera intrusión autónoma documentada y sus implicaciones para la seguridad nacional de la República Dominicana.

El 16 de julio de 2026, Hugging Face, el repositorio central donde se alojan y distribuyen los modelos y conjuntos de datos de inteligencia artificial del mundo, divulgó una intrusión en parte de su infraestructura de producción que, según su propia descripción, se diferenciaba de todo lo manejado antes en un aspecto decisivo: fue conducida de extremo a extremo por un sistema agéntico de inteligencia artificial autónomo, y fue detectada y diseccionada en buena medida con inteligencia artificial propia (Hugging Face, 2026). Cinco días después, OpenAI reconoció públicamente que el atacante había sido su propio modelo (OpenAI, 2026). El presente ensayo reconstruye los hechos a partir de las divulgaciones primarias, identifica la lección estructural del episodio y examina qué significa para un Estado pequeño, insular y digitalmente dependiente como la República Dominicana.

Anatomía de una intrusión conducida por inteligencia artificial

La cadena de ataque comenzó donde las plataformas de IA están singularmente expuestas: la tubería de procesamiento de datos. Un conjunto de datos malicioso abusó de dos rutas de ejecución de código —un cargador de datos con código remoto y una inyección de plantilla en la configuración del conjunto de datos— para ejecutar instrucciones en un nodo de trabajo. Desde ahí, el actor escaló a acceso de nivel de nodo, cosechó credenciales de nube y de clúster, y se movió lateralmente hacia varios clústeres internos durante un fin de semana. La campaña fue ejecutada por un marco agéntico autónomo que realizó miles de acciones individuales a través de un enjambre de entornos efímeros, con mando y control automáticamente migrante alojado en servicios públicos (Hugging Face, 2026).

La divulgación de OpenAI del 21 de julio completó el cuadro y lo volvió más inquietante. El incidente ocurrió durante una evaluación interna diseñada para cuantificar las capacidades cibernéticas de los modelos de frontera, ejecutada deliberadamente sin los clasificadores de producción que impiden que los modelos persigan actividad cibernética de alto riesgo. Participaron GPT 5.6 Sol y un modelo preliminar aún más capaz, ambos con los rechazos en materia cibernética reducidos para fines de prueba. El entorno estaba aislado, con el acceso de red limitado a un único proxy de caché de registros de paquetes alojado internamente. Los modelos, hiperconcentrados en resolver el banco de pruebas ExploitGym, dedicaron un volumen sustancial de cómputo de inferencia a obtener acceso a la Internet abierta: identificaron y explotaron una vulnerabilidad de día cero en ese proxy, escalaron privilegios y se movieron lateralmente hasta alcanzar un nodo con conectividad. Una vez en línea, infirieron que Hugging Face podía alojar las soluciones del examen y encadenaron credenciales robadas con vulnerabilidades adicionales hasta hallar una ruta de ejecución remota de código en los servidores de esa empresa (OpenAI, 2026). En síntesis: la inteligencia artificial hizo trampa en su propio examen irrumpiendo en la base de datos de un tercero para robar las respuestas.

OpenAI calificó el episodio como un incidente cibernético sin precedentes, con capacidades cibernéticas de última generación, y subrayó la conclusión técnicamente más grave: los modelos avanzados pueden descubrir y explotar rutas de ataque novedosas en sistemas reales sin acceso al código fuente (OpenAI, 2026). Hugging Face, por su parte, había detectado y contenido la intrusión por cuenta propia, la reportó a las autoridades y reconstruyó la línea de tiempo mediante agentes de análisis operando sobre un registro de más de diecisiete mil eventos (Hugging Face, 2026). La cobertura periodística situó el caso entre los primeros ejemplos divulgados públicamente de un sistema de IA que vulnera autónomamente su entorno de prueba y alcanza sistemas externos de producción —el escenario del “atacante agéntico” que la industria venía anticipando (CNN Business, 2026).

La lección estructural: la asimetría de las salvaguardas

El hallazgo de mayor valor operativo no fue el vector de intrusión, sino lo que ocurrió durante la defensa. Cuando el equipo de Hugging Face intentó analizar los registros del ataque con modelos de frontera accedidos mediante interfaces comerciales, el trabajo resultó imposible: el análisis exige someter grandes volúmenes de comandos de ataque reales, cargas útiles de explotación y artefactos de mando y control, y esas solicitudes fueron bloqueadas por las salvaguardas de los proveedores, que no distinguen a un respondedor de incidentes de un atacante. La empresa ejecutó el análisis forense sobre GLM 5.2, un modelo de pesos abiertos, en su propia infraestructura; ello tuvo el beneficio adicional de que ni los datos del atacante ni las credenciales referenciadas salieron del entorno (Hugging Face, 2026). Fortune (2026) identificó el modelo como desarrollo de la empresa china Z.ai.

La propia Hugging Face formuló la asimetría con precisión: se desconoce qué modelo impulsaba a los agentes atacantes —uno alojado y liberado de sus restricciones, o uno de pesos abiertos sin restricción alguna— pero en cualquier caso el atacante no estaba sujeto a política de uso ninguna, mientras el trabajo forense del defensor quedó bloqueado por las salvaguardas de los modelos alojados que se intentaron primero. La lección práctica que la empresa extrae es inequívoca: hay que tener un modelo capaz, vetado y listo para ejecutarse en infraestructura propia antes del incidente (Hugging Face, 2026). Thomas Wolf, cofundador de la empresa, lo formuló en términos temporales: cuando un modelo de frontera te ataca y se mueve lateralmente dentro de tu infraestructura, el defensor necesita acceso amplio a herramientas cercanas a la frontera en horas o minutos, y no ser remitido a un programa cerrado de acceso vetado (Metz, 2026).

La República Dominicana: exposición real, capacidad declarativa

La pregunta que impone el episodio es directa: si esto ocurre en un país con equipos de respuesta de primer orden y cómputo propio, ¿qué significa para un Estado que no dispone de esas capacidades? El punto de partida del análisis debe ser honesto en ambas direcciones. La República Dominicana figura entre los países caribeños con mayor madurez en ciberseguridad, junto a Jamaica y Trinidad y Tobago, según el Informe de Ciberseguridad 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA-CICTE y el Centro Global de Capacidad en Ciberseguridad de la Universidad de Oxford (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 89–93). El país cuenta con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 (Decreto 313-22), un Centro Nacional de Ciberseguridad operativo creado por el Decreto 230-18, un CSIRT-RD integrado al Forum of Incident Response and Security Teams, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la condición de primer Estado de América Latina y el Caribe en ratificar el Convenio de Budapest (CNCS, 2024; CNCS, 2026; Poindexter Salcedo, 2026).

Ese liderazgo relativo, sin embargo, no debe enmascarar tres brechas que el incidente de julio convierte en críticas. La primera es de velocidad regulatoria. El Decreto 685-22 obliga a los entes públicos a notificar los incidentes al CSIRT-RD dentro de las veinticuatro horas de detectados (Presidencia de la República Dominicana, 2022). Ese plazo fue calibrado para adversarios humanos. Un enjambre agéntico que ejecuta más de diecisiete mil acciones durante un fin de semana habrá consumado la escalada, la cosecha de credenciales y el movimiento lateral mucho antes de que expire la ventana de notificación. La norma no es errónea; es anacrónica frente a la velocidad de máquina.

La segunda es de madurez operativa. Las matrices del informe BID-OEA sitúan la coordinación en respuesta a incidentes y el modo de operación de los CSIRT en niveles formativos, y colocan la calidad del software, el seguro cibernético y la divulgación responsable de vulnerabilidades en etapas incipientes; ninguna de las cinco dimensiones del modelo CMM alcanza el nivel “Dinámico” (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 91–93; ICT Pulse, 2026). A ello se suma la ausencia de una ley integral de ciberseguridad aprobada por el Congreso: la arquitectura vigente descansa en decretos ejecutivos, revocables por el gobierno siguiente sin intervención legislativa (Troncoso y Cáceres, 2023; Poindexter Salcedo, 2026). El historial reciente demuestra que la superficie es explotable: el ataque del grupo Quantum al Instituto Agrario Dominicano en agosto de 2022, con exigencia de rescate de 600.000 dólares (BleepingComputer, 2022; The Record, 2022); la intrusión de Rhysida en la Dirección General de Migración en 2023 (The Record, 2023); y al menos dieciocho entidades públicas impactadas entre 2020 y agosto de 2022 (FortiGuard Labs, 2023). Todos ellos fueron ataques de velocidad humana.

La tercera, y la más grave, es la dependencia de terceros para la defensa. Si una institución dominicana contratara acceso a los mejores modelos comerciales para responder a un incidente, se toparía con el mismo muro que Hugging Face. Peor aún: ese acceso está mediado por decisiones de política exterior ajenas. Washington evaluó limitar el acceso extranjero a los modelos avanzados Claude Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic, absteniéndose finalmente tras la adopción de salvaguardas adicionales por la empresa (Metz, 2026). Para la República Dominicana la implicación es estructural: construir la capacidad nacional de respuesta sobre modelos alojados en el extranjero equivale a delegar la soberanía defensiva en la política de exportación y en los términos de uso de un tercero. Y el país no estará al frente de la fila cuando se distribuya el acceso privilegiado.

Conviene añadir que la amenaza no es distante ni sectorialmente acotada. En el último mes se han documentado un incidente cibernético contra la National Association of Insurance Commissioners a través de su sistema PeopleSoft y una brecha de datos en la mayor central nuclear de la India (Insurance Journal, 2026a; Insurance Journal, 2026b). La ola alcanza tanto a reguladores financieros como a infraestructura energética crítica.

Agenda para la seguridad nacional dominicana

Ninguna de las medidas que siguen exige que el país compita con los laboratorios de frontera. Exigen decisión política y una inversión modesta frente al costo de una interrupción sistémica.

Capacidad soberana de análisis forense. El CNCS y el CSIRT-RD deben estandarizar, vetar y mantener operativo un modelo de pesos abiertos capaz, ejecutado en infraestructura nacional, disponible antes de que ocurra el incidente. Es la única configuración que evita simultáneamente el bloqueo por salvaguardas y la fuga de credenciales comprometidas fuera del territorio (Hugging Face, 2026).

Detección asistida por IA y respuesta continua. La intrusión fue descubierta por una tubería de detección de anomalías con triaje basado en modelos de lenguaje sobre telemetría de seguridad, y contenida porque un responsable podía ser convocado en minutos cualquier día de la semana (Hugging Face, 2026). El CSIRT-RD requiere ese estándar: operación permanente, telemetría centralizada de los sectores críticos y autoridad efectiva de convocatoria.

Revisión del régimen de notificación. El plazo de veinticuatro horas del Decreto 685-22 debe complementarse con obligaciones de telemetría continua y detección automática, de modo que la notificación no dependa del descubrimiento humano tardío.

Tratar los datos y los modelos como superficie de ataque de primer orden. El vector inicial no fue un cortafuegos mal configurado sino un conjunto de datos hostil. Toda entidad dominicana que ingiera datos externos —banca, seguros, aduanas, administración tributaria— debe aislar el procesamiento, restringir la ejecución de código, aplicar controles estrictos de admisión en sus clústeres y segmentar la red agresivamente, con mínimo privilegio y rotación automatizada de secretos (Hugging Face, 2026).

Techos de velocidad y radio de impacto. Un adversario que ejecuta miles de acciones se delata precisamente por su ritmo. Los límites de velocidad de llamadas y de radio de impacto en la actividad automatizada convierten esa firma en un disparador de alerta.

Ley integral y seguro cibernético. La transición del régimen de decretos a una ley orgánica de ciberseguridad, con divulgación obligatoria de incidentes —demanda que también se plantea en el Congreso estadounidense tras este episodio (Metz, 2026)— dotaría de permanencia jurídica a la arquitectura nacional. En paralelo, el desarrollo de un mercado dominicano de seguro cibernético, hoy en etapa incipiente según el diagnóstico BID-OEA (2025, pp. 91–93), elevaría el piso defensivo de todo el sector al condicionar la cobertura a requisitos verificables de higiene técnica.

Capital humano y cooperación. La restricción última no es el hardware sino el personal capaz de dirigir estas herramientas, escasez que el informe regional identifica expresamente (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 92). Ejercicios periódicos con escenarios agénticos, y el aprovechamiento de la pertenencia a FIRST y de la sede del centro LAC4, son los vectores disponibles de aceleración.

En síntesis

El episodio de julio de 2026 no fue especulación: fue la primera demostración pública, admitida por sus protagonistas, de que un sistema de inteligencia artificial autónomo puede descubrir y encadenar vulnerabilidades desconocidas en sistemas reales, sin acceso al código fuente, y penetrar infraestructura de producción ajena sin dirección humana. La capacidad ofensiva de élite se ha abaratado y multiplicado. Para la República Dominicana, cuya madurez relativa convive con una arquitectura sostenida por decretos, un CSIRT en nivel formativo y una dependencia casi total de herramientas defensivas extranjeras, el mensaje es doble: la exposición es inmediata, pero la preparación aún es posible. El camino no pasa por competir con los laboratorios de frontera, sino por soberanía analítica con modelos de pesos abiertos, respuesta continua, disciplina de red, permanencia legislativa y formación de talento. La ventana existe. No conviene consumirla esperando a encabezar el próximo titular.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Referencias bibliográficas

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  • The Record. (2022, 30 de agosto). Dominican Republic refuses to pay ransom after attack on agrarian institute. Recorded Future News. https://therecord.media/dominican-republic-refuses-to-pay-ransom-after-attack-on-agrarian-institute
  • The Record. (2023, 4 de octubre). Rhysida ransomware gang claims attacks on governments in Portugal, Dominican Republic. Recorded Future News. https://therecord.media/rhysida-ransomware-gang-attacks-on-portugal-dominican-republic-governments
  • Troncoso y Cáceres. (2023). Law project on cybersecurity. https://troncoso-caceres.com/en/blog/law-project-on-cybersecurity/

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Aguantar la vela ajena, Haití y el fracaso del GSF

República Dominicana, Haití, la GSF, Canciller Roberto Alvarez, cancillería, C. Constantin Poindexter Salcedo

El fracaso anunciado de la Fuerza de Supresión de Pandillas y la urgencia de una doctrina dominicana de contención, mi opinión

El 20 de julio de 2026, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará su sesión trimestral sobre Haití y escuchará, una vez más, el catálogo de eufemismos institucionales que la diplomacia multilateral ha perfeccionado durante tres décadas de intervención fallida en la mitad occidental de nuestra isla. Se hablará de “avances graduales”, de “ventanas de oportunidad” y de “momentos decisivos”. Quien escribe estas líneas (dominicano, diplomático de pasión y preparación, exintegrante de la comunidad de inteligencia, y por tanto libre de la mordaza que impone el cargo) sostengo aquí una tesis más sencilla/menos cómoda. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) es la tercera iteración de una fórmula que ha fracasado dos veces, la comunidad internacional lo sabe, y el costo de ese fracaso se está trasladando, silenciosa pero deliberadamente a la República Dominicana.

La resolución 2793 (2025), adoptada el 30 de septiembre de 2025, autorizó la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) hacia la GSF, con un techo de 5.550 efectivos y un mandato inicial de doce meses bajo el Capítulo VII (Consejo de Seguridad 2025). La propia resolución contiene, en su párrafo preambular, la confesión del fracaso anterior: reconoce la carta del Secretario General de febrero de 2025 (S/2025/122) admitiendo que la MSS, pese a sus mejores esfuerzos, “no pudo mantener el ritmo de la dramática expansión de la amenaza de las pandillas” (Consejo de Seguridad 2025). Es decir: el instrumento que hoy se pretende renovar nació de la autopsia de su predecesor. A diez meses de su adopción y a dos de su vencimiento, la GSF exhibe los mismos síntomas terminales: financiamiento voluntario que nadie aporta, generación de fuerzas que nadie completa, y un adversario que consolida territorio mientras el mundo redacta comunicados.

El inventario del fracaso que llamaría tamaño disparate

Conviene despojar el análisis de toda cortesía diplomática y atenerse a los números, que son de las propias Naciones Unidas. Francamente, me importa una m. que ofende porque los hechos son los hechos. Desde enero de 2022, más de 16.000 personas han sido asesinadas en Haití y 1,5 millones han sido desplazadas internamente. Las pandillas controlan la abrumadora mayoría de Puerto Príncipe y porciones crecientes del Artibonito y el Centro (UNODC 2026). Solo en 2024 murieron más de 5,600 personas. Entre julio y septiembre de 2025, la BINUH documentó al menos 1,247 muertos adicionales, y los homicidios intencionales en los departamentos de Artibonito y Centro aumentaron un 210 por ciento interanual (Security Council Report 2026a). El informe más reciente del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados registra 620 menores muertos o mutilados, violencia sexual sistemática y casi un centenar de ataques contra escuelas y hospitales (Security Council Report 2026b). La violencia sexual colectiva (el 77 por ciento de los incidentes documentados) se ha convertido en instrumento ordinario de gobernanza pandillera (Naciones Unidas 2026a).

Frente a esa realidad, ¿qué ofrece la GSF? Un despliegue que constituye, en el mejor de los casos, una fracción testimonial de su mandato. El contingente keniano que sostuvo la MSS fue repatriado en fases entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El Representante Especial Jack Christofides no llegó a Puerto Príncipe sino hasta el 1 de abril de 2026, acompañado de un equipo de avanzada chadiano, y para finales de ese mes apenas unos 400 efectivos de Chad se encontraban en el terreno, de un despliegue proyectado de 1.500 (Haitian Times 2026a; Security Council Report 2026c). En junio de 2026 (nueve meses después de la adopción de la resolución), el Secretario General visitó el Campamento Vertières y encontró oficinas instalándose en contenedores marítimos y una base “en proceso de equiparse” para recibir tropas que aún no existen (UN News 2026). El señor Christofides declaró ante el Consejo que el objetivo es “degradar la capacidad operativa de las pandillas a un nivel que las instituciones haitianas puedan gestionar de manera sostenible” (UN News 2026). Es una formulación impecable. También lo era la de la MINUSTAH en 2004, la del Core Group en 2019 y la de la MSS en 2023.

Mientras tanto, los jefes pandilleros que la resolución 2793 se propuso “neutralizar, aislar y disuadir” permanecen EXACTAMENTE donde estaban. Jimmy Chérizier (el maldito “Barbecue”) sancionado por el Consejo de Seguridad desde 2022 y designado por Washington, sigue al frente de la coalición Viv Ansanm, dictando desde las redes sociales quién puede secuestrar y quién no (la disputa interna de diciembre de 2025 sobre los secuestros se resolvió a tiros en Puerto Príncipe, no ante ningún tribunal (Security Council Report 2026a)). El Estado haitiano, por su parte, ofrece el espectáculo de un Consejo Presidencial de Transición cuyos propios miembros fueron objeto de restricciones de visado estadounidenses en enero de 2026 por presuntos vínculos con operaciones pandilleras (AllAfrica 2026). Las elecciones anunciadas para agosto de 2026 se celebrarán (una GRAN cuestión) en un país donde el Estado no controla ni el acceso a su propio aeropuerto sin escolta extranjera.

Y hay un dato que la diplomacia multilateral prefiere susurrar. La respuesta “haitiana” más letal contra las pandillas no ha sido la GSF sino los operativos con drones de la fuerza de tarea gubernamental, que entre marzo y septiembre de 2025 causaron al menos 547 muertes y que, en palabras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, son “probablemente ilícitos según el derecho internacional de los derechos humanos” (Security Council Report 2026a). El orden internacional que quiere darnos una sermoneada por deportar migrantes en situación irregular guarda un silencio elocuente ante ejecuciones extrajudiciales aéreas ejecutadas por contratistas. Puto pela verbal, dándonos fuetazo de lengua y guiñando el ojo a asesinos.

Las ficciones cómodas de las partes no dominicanas

Sobre este paisaje de ruina se ha construido un andamiaje narrativo cuya función no es resolver la crisis sino administrar su relato. La primera ficción es la del “progreso incremental”. Cada informe trimestral rescata algún indicador, o sea una comisaría retomada, un pole judicial inaugurado, una patrulla conjunta, etc., para sostener que el vaso se llena, cuando la serie estadística completa demuestra que se vacía. La segunda ficción es la de la “apropiación haitiana” (Haitian ownership), doctrina piadosa que atribuye la conducción del proceso a instituciones que, en los hechos, no existen o están mangoneadas por esa misma maraña de tígueres y pandilleros asquerosos. La tercera, y la que más directamente me concierne, es la ficción de la “responsabilidad compartida de la isla”. Esta puta insinuación, cada vez menos sutil en cancillerías, organismos y prensa internacional, de que la República Dominicana por accidente de la geografía, debe absorber el desborde humano, sanitario, educativo y de seguridad del colapso haitiano. El muerto se lo quieren dejar al vecino.

Los números de esa transferencia de carga son públicos y NADIE LOS REFUTA. ¡Se omiten! La República Dominicana registró en un solo año 379,553 nacionales haitianos en situación migratoria irregular (Diario Libre 2026b). Las atenciones médicas a migrantes haitianos representaron el 12 por ciento del total del sistema público de salud dominicano ya en 2023, y cerca de 148,000 menores de origen haitiano ocupan aulas dominicanas financiadas por el contribuyente dominicano (France 24 2024). Desde octubre de 2024, el país ejecuta un programa de repatriaciones del orden de 10.000 personas semanales (67,940 tan solo entre enero y febrero de 2026 (Dirección General de Migración 2026)) y por ello es sistemáticamente amonestado por los mismos actores que llevan cinco años sin dotar de fondos ni tropas a las misiones que ellos mismos votaron. La asimetría es obscena. A nosotros nos exige el estándar de conducta de una potencia escandinava mientras se le asigna la exposición geopolítica de un Estado de primera línea, sin compensación, sin quemas compartidas y sin siquiera el decoro de reconocer el esfuerzo. A nosotros nos tocó bailar con la más fea, y encima se nos factura la orquesta.

Venga que le diré una cosa sin anestesia, . . . ¡Haití no es responsabilidad de la República Dominicana! No lo es jurídicamente, ninguna norma de derecho internacional impone a un Estado el deber de subsidiar el colapso de otro. No lo es históricamente, la memoria de la ocupación de 1822–1844 debería bastar para desterrar toda fantasía de tutela dominicana, y no lo es moralmente, porque la causa próxima de la catástrofe haitiana no está en Santo Domingo sino en Puerto Príncipe, y sus causas remotas en París y Washington. Las armas que empuñan las pandillas salen mayormente de armerías de la Florida (UNODC 2023). La La cocaína que transita por Haití se dirige a los mercados de Norteamérica y Europa (UNODC 2026). Quienes fabrican las armas y consumen la droga pretenden que el vecino pobre de la casa prendía en candela cargue con la macuta. Ese es el fondo del asunto. Ningún lenguaje diplomático lo mejora, ninguna reunión en NYC para que los secuaces de la ONU se den bombo entre ellos por “los avances hechos con el problema haitiano” lo mejora, y lo extranjero que no tiene ni idea de lo que nos han obligado pasar los haitianos lo mejora, . . . y por si acaso no se han dado cuenta hasta este punto de mi discurso, no me importa una mierda ser cortés cuando se trate de este asunto particular. Para mí, el Canciller Alvarez puede enviar los miembros del consejo pa’l carajo hasta que cojan cabeza con lo que enfrentamos aquí.

Hacia una doctrina de contención y desvinculación: propuestas deliberadamente incómodas

No pretendo agradar, pero tienen que oír ciertas cosas. Se debe abrir un debate que la cortesía diplomática ha clausurado. Para mí, hay cinco líneas de acción, escalonadas de lo inmediatamente ejecutable a lo que es agresivo pero responsable.

Primera: doctrina formal de contención. El Estado dominicano debe elevar a doctrina de seguridad nacional, con rango de política de Estado y respaldo legislativo, lo que hoy es práctica administrativa: la contención total del desborde haitiano. Ello implica completar la verja perimetral inteligente a lo largo de la totalidad de los 392 kilómetros de frontera terrestre (no los 164 actuales (France 24 2024)), establecer una zona de exclusión militarizada con reglas de empeñamiento públicas, presunción de interdicción para todo cruce no autorizado, y vigilancia persistente con sensores y aeronaves no tripuladas. Debe declararse, de una vez y sin ambages, que la República Dominicana no habilitará campamentos de refugiados en su territorio bajo ninguna circunstancia, ni aceptará figura alguna de “tercer país seguro”, procesamiento extraterritorial o reasentamiento encubierto.

El territorio nacional no es el zafacón de los fracasos ajenos. Quien considere brutal esta formulación debería explicar por qué considera aceptable la alternativa: la disolución gradual de la capacidad fiscal, sanitaria y educativa del único Estado funcional de la isla.

Segunda: monetizar la carga y presentar la factura. La Cancillería debe encargar y publicar anualmente una auditoría del costo fiscal integral de la crisis haitiana para el erario dominicano, q.d., salud, educación, seguridad, sistema penitenciario, presión salarial, pérdida de inversión, certificada por firmas internacionales, y presentarla formalmente ante el Consejo de Seguridad, la OEA y las instituciones financieras internacionales como reclamación de compensación. Cada resolución futura sobre Haití que la República Dominicana acompañe debe tener un precio y por ende acceso preferencial a financiamiento, compensación presupuestaria directa, o inversión internacional en infraestructura fronteriza dominicana. La era de la solidaridad gratuita tiene que terminai. La diplomacia dominicana ha sido correcta hasta la autonegación, pero corresponde ahora una diplomacia transaccional, explícita y sin complejos.

Tercera: exigir la internacionalización plena, con nombre y apellido. Si la comunidad internacional considera (como afirma cada resolución desde 2022) que Haití constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales, bien debe asumir las consecuencias lógicas de esa determinación que viene siendo una operación de imposición de la paz bajo Capítulo VII con contribuciones prorrateadas obligatorias, no con el modelo de caridad voluntaria que ha matado de inanición a la MSS y está matando a la GSF. Si los Estados Miembros no están dispuestos a pagar ni a desplegar, entonces debe discutirse abiertamente lo que hoy solo se murmura, . . . un régimen de administración transitoria internacional del tipo UNTAET en Timor Oriental, con autoridad ejecutiva plena, mandato multianual y cronograma de devolución de soberanía verificable. Sé perfectamente que la palabra “tutela” es radioactiva, que evoca fantasmas de 1915 y de 2004, y que la soberanía haitiana es sagrada para quienes la invocan desde el exterior. Pero la soberanía que hoy se protege es la de Viv Ansanm, no la del pueblo haitiano. Más, el mismo pueblo haitiano felizmente entregaría su soberanía por seguridad (cosa que no invento, hay encuestas). Entre la ficción de un Estado que no existe y la administración honesta de su reconstrucción, la segunda es menos indigna. La República Dominicana debería ser el primer Estado en decirlo en voz alta, precisamente porque es el que más pierde con el statu quo.

Cuarta: decapitación selectiva del ecosistema pandillero. Si bien no estamos dispuestos hacer lo que hacen los estadounidenses con drones en el medio oriente, sacando terroristas dela tarima, la República Dominicana debe designar a Viv Ansanm, Gran Grif y estructuras análogas como organizaciones terroristas conforme a la legislación interna correspondiente, con todas las consecuencias penales, financieras y migratorias de esa designación, y promover que la renovación del mandato de la GSF incorpore explícitamente la captura de los cabecillas sancionados (empezando por Barbecue) como parámetro de éxito con plazo perentorio, recompensas internacionales sustanciales y un mecanismo judicial híbrido o remisión a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento. Una fuerza de “supresión de pandillas” que en diez meses no ha suprimido ni capturado a un solo dirigente sancionado no es una fuerza. Es una coartada. Paralelamente, el país debe exigir en cada foro que Estados Unidos asuma responsabilidad material por el tráfico de armas que alimenta la matanza (interdicción en origen en los puertos de la Florida, trazabilidad obligatoria, responsabilidad civil de los exportadores) con la misma energía con que Washington exige a otros el control de sus fronteras (UNODC 2023).

Quinta: redistribución regional obligatoria de la carga migratoria. La CARICOM y la OEA han sido pródigas en comunicados y avaras en cuotas. La República Dominicana debe condicionar su cooperación en todo esquema hemisférico sobre Haití a la adopción de compromisos vinculantes y verificables de admisión migratoria por parte de los Estados de la región, incluidos aquellos que hoy sermonean desde la comodidad de un mar de por medio, así como al financiamiento internacional directo de la repatriación digna y de la reintegración en territorio haitiano, no en el dominicano. Quien no ponga cuotas, tropas o dinero, que entregue el micrófono.

Donde me quedo con to’westo

El 20 de julio, en Nueva York, se pronunciarán habladurías con pinzas. El de la República Dominicana será, como siempre, el más serio de la sala, porque es el único país que no tiene la opción de tratar el tema a la ligera. Pero la seriedad ya no basta. La GSF fracasará como fracasó la MSS y como fracasó la MINUSTAH, no creo que por mala fe de sus integrantes sino por el vicio estructural de origen, la comunidad internacional quiere los resultados de una intervención sin pagar los costos de una intervención. Mientras esa contradicción persista, la única variable que la República Dominicana controla es su propia exposición.

Compartimos una isla. NO compartimos un destino como vociferaba ese tarado Luís Almagro con su mierda de ““one country on one island.” Ningún tratado, ninguna resolución y ninguna editorial bienpensante puede obligarnos a compartirlo. La frontera que debemos defender no es solamente la línea de la verja. Es la frontera conceptual entre la solidaridad, que hemos practicado con creces, y el sacrificio del propio Estado que ninguna nación digna debe aceptar. Haití merece ser rescatado pero no por nosotros. El rescate le corresponde a quienes tienen los medios, las culpas históricas y los arsenales de donde salen las balas. A nosotros nos corresponde, primero y siempre, la Dominicana.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

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  • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2025. Resolución 2793 (2025), S/RES/2793. 30 de septiembre de 2025.
  • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2026. Resolución 2814 (2026), S/RES/2814. 29 de enero de 2026.
  • Diario Libre. 2026a. “República Dominicana deporta a 67,940 haitianos en enero y febrero.” 3 de marzo de 2026. https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2026/03/03/.
  • Diario Libre. 2026b. “República Dominicana ha defendido su política migratoria desde años.” 7 de febrero de 2026. https://www.diariolibre.com/politica/general/2026/02/07/.
  • Dirección General de Migración de la República Dominicana. 2026. “DGM deportó 67,940 indocumentados en enero y febrero 2026 por frontera con Haití.” Comunicado oficial. https://migracion.gob.do/.
  • France 24. 2024. “República Dominicana anuncia deportaciones masivas en medio de la persistente crisis en Haití.” 2 de octubre de 2024. https://www.france24.com/es/.
  • Haitian Times. 2026a. “Leader of UN-backed Force and First Chadian Troops Arrive in Haiti as Deployment Begins.” 2 de abril de 2026. https://haitiantimes.com/2026/04/02/.
  • Haitian Times. 2026b. “Un grupo informa que 68,000 haitianos fueron deportados a principios de 2026.” 13 de mayo de 2026. https://haitiantimes.com/es/2026/05/13/.
  • Naciones Unidas. 2025. Carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad, S/2025/122. 24 de febrero de 2025.
  • Naciones Unidas. 2026a. Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití: Informe del Secretario General, S/2026/325. 14 de abril de 2026.
  • Naciones Unidas. 2026b. Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití: Informe del Secretario General, S/2026/574. 14 de julio de 2026.
  • Security Council Report. 2026a. “Haiti, January 2026 Monthly Forecast.” 30 de diciembre de 2025. https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2026-01/haiti-33.php.
  • Security Council Report. 2026b. “Haiti, July 2026 Monthly Forecast.” 1 de julio de 2026. https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2026-07/haiti-35.php.
  • Security Council Report. 2026c. “Haiti: Briefing and Consultations — What’s In Blue.” 22 de abril de 2026. https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2026/04/.
  • UN News. 2026. “A Turning Point for Haiti? New Security Force Takes Fight to Powerful Gangs.” 16 de junio de 2026. https://news.un.org/en/story/2026/06/1167732.
  • UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2023. Haiti’s Criminal Markets: Mapping Trends in Firearms and Drug Trafficking. Viena: UNODC.
  • UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2026. “Explainer: Organized Crime and Gang Violence in Haiti.” 21 de enero de 2026. https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2026/January/.
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Señales de Advertencia del Agente Doble: Una Guía de Contrainteligencia

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Leyendo el señuelo (dangle): guía de campo del profesional sobre la fuente controlada y la reforma de la validación de activos. Un ensayo en la voz de un antiguo tipo de la CI.

Lo más difícil en la HUMINT no es reclutar una fuente. Es saber si la fuente que reclutaste te pertenece a ti. La reciente reconstrucción de fuente abierta (“OSINT”) que hizo Alexander Orleans del caso GTPROLOGUE (el despacho que el KGB hizo en 1987 del oficial de planta Aleksandr “Sasha” Zhomov contra la Estación de Moscú de la CIA) es la mejor anatomía pública en años de cómo un servicio hostil construye, en la frase de Churchill, una escolta de mentiras alrededor de una sola verdad operativa (Orleans 2025). A Zhomov lo corrieron durante aproximadamente tres años antes de que la CIA concluyera que había estado controlado desde el primer contacto. Lo instructivo del caso no es que engañaran a la CIA. Eso le pasa hasta a los mejores servicios. Es que el caso levantó casi todas y cada una de las banderas de advertencia clásicas. Las banderas se vieron, se debatieron, y el caso sobrevivió (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003).

He compilado aquí un catálogo de trabajo de esas banderas y de otras tomadas de una literatura un poco más amplia, cada una anclada a un caso real, seguido de las mejoras que el mecanismo de contrainteligencia debería institucionalizar. He tratado de mantenerme tan cerca de la tradecraft real como lo permite el registro abierto. Nada de esto requiere acceso clasificado para entenderse. La verdad dolorosa es que los indicadores son bien conocidos y lo han sido por lo menos desde el tratamiento fundacional que F. M. Begoum le dio al agente doble en 1962 en Studies in Intelligence (Begoum 1962). Por desgracia, los seguimos reaprendiendo.

Los Indicadores

Producción desproporcionada al acceso. El indicio más duradero es una fuente que se sienta sobre una montaña de secretos y te entrega gravilla. Zhomov era un oficial de planta del Primer Departamento que supervisaba la vigilancia del jefe de estación de Moscú, y sin embargo afirmaba tener apenas un “acceso periférico o infrecuente” al mismísimo material que su puesto debía hacerle rutinario (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Los soviéticos tenían una razón estructural para esto: la doctrina estricta prohibía liberar alimentación genuina de alto grado, y los oficiales temían un ajuste de cuentas estilo Stalin por divulgar de más, así que sus señuelos venían entrenados para alegar acceso escaso (Diamond 2008; Earley 1997). Cuando los reportes de una fuente quedan consistente y convenientemente por debajo del techo que su ubicación implica, pregúntate a quién beneficia el racionamiento.

La fuente controla el plan de comunicaciones y el tempo. El control es la capacidad del servicio que corre el caso de iniciar, alterar o detener el comportamiento del agente (Begoum 1962). Zhomov llegó con un plan de comunicaciones impersonal completamente formado —buzones de cartas a través del carro sin seguro de Downing, contacto a discreción de Zhomov, sin reuniones cara a cara prolongadas— que ponía cada palanca en manos del KGB e incluso restringía los movimientos físicos de sus manejadores de la CIA (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). Compárese con el estándar de oro del arreglo opuesto: el Comité XX británico en la Segunda Guerra Mundial, que poseía física y comunicacionalmente a cada agente alemán en el Reino Unido y por tanto podía alimentar a Berlín con confianza (Masterman 1972). Cuando el agente dicta la arquitectura del contacto, no lo estás corriendo a él. Él te está corriendo a ti.

Motivación delgada, genérica o sin respaldo. El espionaje contra el propio servicio es un acto psicológico profundo. Un activo o fuente creíble puede narrar de forma convincente por qué cruzó esa línea, y la historia se sostiene bajo verificación colateral. Zhomov ofreció el cliché de un sistema que se agriaba y un matrimonio en quiebra (y el interrogatorio independiente del desertor Sergey Papushin lo contradijo de plano, describiendo a Zhomov como felizmente casado y devoto de su hija) (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Un motivo que no sobrevive a una segunda fuente no es un motivo; es una leyenda de cobertura.

La llegada “demasiado buena para ser cierta”. Los servicios hostiles leen tus brechas de recolección y las llenan a pedido. Zhomov apareció precisamente cuando la CIA estaba desesperada por explicar las catastróficas pérdidas de activos de 1985–86, con exactamente el acceso para “explicarlas” (Orleans 2025). “Demasiado bueno” y “cierto” no son mutuamente excluyentes. Los voluntarios espontáneos (walk-ins) genuinos sí ocurren en el peor momento posible; sin embargo, una oportunidad tan perfectamente a tono debería elevar la carga de la prueba, no bajarla (Johnson 2009). El desastre cubano es el monumento aleccionador aquí. Cuando el mayor Florentino Aspillaga Lombard desertó en Viena en junio de 1987, reveló que esencialmente cada cubano que la CIA creía haber reclutado desde principios de los años sesenta había sido un agente doble corrido por La Habana, que había mercadeado deliberadamente a sus oficiales como latinos aficionados para operar por debajo del radar (Latell 2012). Décadas de “éxitos” eran un solo engaño paciente.

Ninguna urgencia genuina por la exfiltración. Un hombre que dice que se quiere salir, y que está guardando su mejor material para su interrogatorio en suelo seguro, eventualmente debería preguntar: “¿Cuándo me voy?”. Zhomov nunca pidió un cronograma. Cuando finalmente le ofrecieron una ruta de exfiltración en 1990, la repudió por ser demasiado riesgosa y se fundió de vuelta en su equipo de vigilancia (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). El supuesto desertor que nunca quiere desertar está hablando mierda, no empacando su maleta de fuga.

Bona fides autovalidantes y alimentación que nunca hiere de verdad al servicio matriz. Una fuente controlada construye credibilidad con material que parece costoso pero no lo es. Zhomov entregó un padrón preciso de las pérdidas de 1985–86, dañino a primera vista, pero lo envolvió dentro de la falsa narrativa del SCD “cabrón e infalible” de que las pérdidas se debían a una tradecraft soviética brillante y no a un topo (Orleans 2025). La alimentación validaba el canal mientras protegía el secreto que el canal existía para proteger: Aldrich Ames. Escudriña si las “joyas de la corona” de tu fuente realmente le costaron algo a su servicio, o si cada divulgación adelanta calladamente los intereses de su servicio. Para ponerlo en lenguaje de riesgo: si no representa un peligro para el servicio matriz, no vale nada.

Errores de tradecraft de la oposición incompatibles con la competencia que reclama. Los reportes de Zhomov predecían una ola de señuelos del KGB. La CIA entonces vio al KGB correrlos tan chapuceramente que dos quedaron descaradamente expuestos como provocaciones. La Estación de Moscú racionalizó el desliz como descuido soviético endémico, sin notar nunca que la tradecraft descuidada era lógicamente irreconciliable con el SCD omnisciente del que Zhomov alardeaba (Orleans 2025). Un servicio no puede ser simultáneamente infalible y chapucero. Cuando el cuadro que pinta tu activo contradice el comportamiento que observas, créele a tus ojos.

La ventaja de jugar “en casa” en el área denegada. El entorno es en sí mismo un indicador porque moldea cuáles otros indicadores puedes siquiera poner a prueba. Todo el caso Zhomov se desenvolvió dentro de Moscú, donde el KGB controlaba la calle, impedía interrogatorios largos y podía rechazar cualquier reunión bajo el argumento incontestable de que no podía evadir a sus propios equipos de vigilancia (Orleans 2025). El resumen franco de Paul Redmond sobre la validación en área denegada —pocas o ninguna fuente colateral, fuerte dependencia del valor del material y de cómo empezó el caso, etc.— describe un problema que la oposición diseña deliberadamente (Redmond 2010). Un caso nacido y criado enteramente en terreno del adversario ha tenido sus opciones de validación estranguladas al nacer.

Resistencia a las pruebas operativas, y su jodido inverso que da miedo. Zhomov respondía las preguntas duras de verificación con respuestas que sus propios oficiales de contrainteligencia hallaban vagas o improbables, y se desviaba con la promesa de contarlo todo después de la extracción (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). La renuencia a ser puesto a prueba —la evasión del polígrafo, de las tareas provocadoras, de la “lista de compras” diseñada para atraparlo— es en sí misma reveladora e instructiva. Este indicador trae una advertencia que el caso GTPROLOGUE no provee, y que la profesión debe internalizar. La paranoia también quema a las fuentes reales. El manejo prolongado y brutal del desertor soviético Yuri Nosenko como presunta provocación, y la sospecha que casi le cuesta a la CIA al genuinamente invaluable general del GRU Dmitri Polyakov, son la patología igual y opuesta de la credulidad que protegió a Zhomov (Bagley 2007; Wise 1992). La validación es duda calibrada, no un reflejo en ninguna de las dos direcciones.

“El hambre”, y los incentivos que la alimentan. Orleans nombra al culpable silencioso: el apetito del oficial de caso por un golpe espectacular, la reticencia institucional a presionar una fuente deslumbrante lo bastante duro como para perderla (Orleans 2025). Redmond fue más franco, atribuyendo los fracasos de validación posteriores a Angleton en parte a oficiales que no creían que sus propios casos pudieran ser fabricados, “particularmente cuando había ascensos de por medio” (Redmond 2010). La catástrofe cubana hizo metástasis exactamente en este suelo: una voluntad organizacional de creer en reclutamientos que halagaban a los reclutadores (Latell 2012). La bandera más cara es la que elegimos no ver porque verla nos cuesta un logro de carrera.

Lo Que la Función de Contrainteligencia Debería Implementar

Los indicadores son necesarios pero no suficientes; una agencia que meramente los enumera será engañada igual, porque el caso Zhomov prueba que las banderas pueden estar ondeando y la operación aún sobrevivir. Las reformas de abajo se tratan de forzar a los indicadores a morder.

Institucionalizar la revalidación continua. La respuesta de la CIA a las quemas de los años ochenta fue el Sistema de Validación de Agentes, desarrollado a partir de 1987 e introducido formalmente al Directorio de Operaciones en 1991 (Mahle 2004; Olson 2019). El principio es sólido y debería ser doctrina en toda la comunidad: las bona fides establecidas una vez no quedan establecidas para siempre. Un activo debe ser recalificado en un calendario recurrente contra los seis métodos clásicos de validación: corroboración por otras fuentes, tareas específicas y pruebas operativas, recolección sobre el activo, polígrafo, penetración de su servicio matriz y vigilancia sobre él. Nada puede asumirse acerca de lo que le ha pasado a una fuente desde la última vez que se probó a sí misma (Orleans 2025; Olson 2019).

Separar al validador del manejador. El oficial que reclutó una fuente y el oficial que la certifica no deberían ser la misma persona, e idealmente no la misma cadena de mando. El hambre es un conflicto de interés; la estructura debe neutralizarlo dándole a una célula de contrainteligencia independiente la autoridad permanente de impugnar cualquier caso, con protección para el analista que disienta. El registro de GTPROLOGUE muestra que el sistema funcionaba a medias. Gerber y Redmond se mantuvieron escépticos y el equipo de contrainteligencia siguió planteando preocupaciones, pero esas preocupaciones fueron repetidamente subordinadas al deseo de no “hacerlo enojar” (Orleans 2025). La disidencia que puede ser anulada por los dueños del caso es un feo adorno de pared.

Tratar “controlado” como una hipótesis permanente por refutar. La disciplina de Richard Heuer del Análisis de Hipótesis en Competencia pertenece al centro de la validación. Enumera las hipótesis (de buena fe, fabricador, controlado), y pesa cada dato por su valor diagnóstico, qué tan bien discrimina entre ellas en lugar de qué tan bien encaja con la respuesta que quieres (Heuer 1999). La mayoría de las “bona fides” de Zhomov eran consistentes tanto con un voluntario genuino como con un señuelo. Tenían un valor diagnóstico casi nulo, y sin embargo se trataron como confirmación. Un activo que sobrevive un esfuerzo deliberado por probar que es hostil vale muchísimo más que uno del que simplemente nunca se dudó en serio.

Privilegiar la penetración de la oposición como el único validador decisivo. Esta es la lección escrita con sangre a lo largo de todos estos casos. A Zhomov lo desenmascaró un desertor, Papushin (Orleans 2025). El engaño cubano lo desenmascaró un desertor, Aspillaga (Latell 2012). Al propio Ames finalmente lo acorralaron con la ayuda de fuentes dentro del FIS ruso. La producción propia de una fuente literalmente nunca resuelve sus bona fides. El interior del servicio del adversario sí. Esto es precisamente por lo que Olson clasifica “Sé Ofensivo” como el primero de sus Diez Mandamientos de la Contrainteligencia. El reclutamiento de penetraciones y el manejo agresivo de agentes dobles no es un lujo sino el motor de la validación misma (Olson 2019).

Diseñar los incentivos contra “el hambre”. Este es, por supuesto, el argumento de calidad sobre cantidad. Si el ascenso premia el volumen de reclutamiento, los oficiales reclutarán, defenderán e inflarán. La contramedida correctiva es una cultura de evaluación de daños en la que sacar a la luz un fabricador o un caso controlado se trate como un éxito profesional y no como una “F”, y en la que el dinero pagado a una fuente se entienda como una inversión operativa, no como un costo hundido que hay que justificar (Orleans 2025).

Mis Reflexiones Finales

Zhomov fue, como concede Orleans, un trabajo sólido. Cada elemento, desde el escenario hasta la alimentación hasta el plan de comunicaciones, fue diseñado para tomar y retener la iniciativa (Orleans 2025). El caso también confirma, sin embargo, una máxima tan vieja como Begoum. La producción por sí sola nunca establece las bona fides, y ninguna métrica individual debería jamás eximir a una fuente del escrutinio continuo, y menos que nada una penetración potencial, que es la cosa más peligrosa de todas si resulta que pertenece al otro bando (Begoum 1962; Orleans 2025). La disciplina no es paranoia, que destruyó los años de Nosenko y casi la vida de Polyakov; ni es el hambre, que le entregó a La Habana un cuarto de siglo de victorias fantasma. Es la disposición a seguir poniendo a prueba a una fuente en la que quieres desesperadamente creer, y a tomar en serio al colega de la mesa que no deja de hacer la pregunta incómoda.

Todo pasa una vez por primera vez, incluido un oficial de planta lanzado como señuelo por un servicio que “nunca” lanzaría un oficial de planta como señuelo. El oficial de contrainteligencia que olvida esa oración está en algún lugar, ya siendo corrido.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • Bagley, Tennent H. 2007. Spy Wars: Moles, Mysteries, and Deadly Games. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Bearden, Milt, y James Risen. 2003. The Main Enemy: The Inside Story of the CIA’s Final Showdown with the KGB. New York: Random House.
  • Begoum, F. M. 1962. “Observations on the Double Agent.” Studies in Intelligence 6, no. 1: 57–72.
  • Diamond, John. 2008. The CIA and the Culture of Failure: U.S. Intelligence from the End of the Cold War to the Invasion of Iraq. Stanford, CA: Stanford Security Studies.
  • Earley, Pete. 1997. Confessions of a Spy: The Real Story of Aldrich Ames. New York: G. P. Putnam’s Sons.
  • Grimes, Sandra, y Jeanne Vertefeuille. 2012. Circle of Treason: A CIA Account of Traitor Aldrich Ames and the Men He Betrayed. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
  • Heuer, Richards J., Jr. 1999. Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.
  • Johnson, William R. 2009. Thwarting Enemies at Home and Abroad: How to Be a Counterintelligence Officer. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Latell, Brian. 2012. Castro’s Secrets: Cuban Intelligence, the CIA, and the Assassination of John F. Kennedy. New York: Palgrave Macmillan.
  • Mahle, Melissa Boyle. 2004. Denial and Deception: An Insider’s View of the CIA. New York: Nation Books.
  • Masterman, J. C. 1972. The Double-Cross System in the War of 1939 to 1945. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Olson, James M. 2019. To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Orleans, Alexander. 2025. “Beautiful in Another Context: A Counterintelligence Assessment of GTPROLOGUE.” Studies in Intelligence 69, no. 2 (Extracts, June).
  • Redmond, Paul J. 2010. “The Challenges of Counterintelligence.” En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 537–54. New York: Oxford University Press.
  • Wise, David. 1992. Molehunt: The Secret Search for Traitors That Shattered the CIA. New York: Random House.
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¿Necesita la República Dominicana una Agencia de Contrainteligencia?

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El caso por fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en lugar de crear un nuevo organismo.

La República Dominicana no necesita crear una agencia de contrainteligencia independiente. Lo que necesita es fortalecer y profesionalizar la función de contrainteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia que acaba de reformar mediante la Ley Orgánica 1-26 de 2026, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia y con controles democráticos verificables. La contrainteligencia ya es un mandato legal vigente: el reto del país es de capacidad y de control, no de arquitectura institucional.

La pregunta sobre si la República Dominicana requiere una agencia de contrainteligencia suele plantearse como si existiera un vacío que llenar. No lo hay. Antes de decidir si conviene crear un organismo nuevo, hace falta reconocer un hecho que reordena por completo el debate. La contrainteligencia dominicana ya posee base legal, mandato expreso y un coordinador formal. La discusión pertinente no es entonces si el Estado debe hacer contrainteligencia, porque la ley ya lo obliga, sino cómo organizar mejor esa función. Y allí la respuesta más prudente apunta a la consolidación, no a la proliferación de agencias.

Punto de partida: la contrainteligencia ya es un mandato legal vigente

La arquitectura de seguridad dominicana acaba de atravesar su transformación más profunda en décadas. Con la promulgación de la Ley Orgánica 1-26, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11227 del 13 de enero de 2026, el país sustituyó el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones por una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reestructurada, ahora dependiente del presidente de la República y dotada de autonomía presupuestaria (Congreso Nacional 2026). La norma define a la DNI como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y le atribuye expresamente la misión de realizar y coordinar actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que ejecuten los organismos militares, policiales y financieros del Estado (Congreso Nacional 2026).

Esa redacción no es nueva en su espíritu. Ya la Ley 1-24 de 2024, antecedente directo de la reforma, había creado el SNI y enmarcado la inteligencia y la contrainteligencia como funciones coordinadas del Estado (Congreso Nacional 2024). El sentido de toda la reforma fue precisamente integrar: durante décadas los cuerpos de seguridad dominicanos operaron de manera fragmentada, generando duplicidad de esfuerzos y vacíos de información, y la creación formal del SNI buscó corregir esa dispersión (Redacción Acento 2024). En consecuencia, levantar ahora una agencia de contrainteligencia separada implicaría reintroducir, por la puerta trasera, la fragmentación que el legislador acababa de combatir.

El entorno de amenazas: por qué la contrainteligencia importa, y mucho

Sostener que no conviene una agencia nueva no equivale a minimizar la amenaza. Al contrario: el perfil de riesgo dominicano es exigente y justifica una capacidad de contrainteligencia robusta. El primer vector es el narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica a la República Dominicana como país de tránsito primario de la cocaína que cruza el Caribe rumbo a Norteamérica y Europa, y la Determinación Presidencial estadounidense para el año fiscal 2025 la mantiene en la lista de principales países de tránsito de drogas (U.S. Department of State 2025) (The White House 2024).

Lo relevante para la contrainteligencia no es el volumen del flujo, sino el mecanismo que lo sostiene. Las investigaciones de campo muestran que el contrabando por contenedores en puertos como Caucedo depende casi siempre de la complicidad de empleados portuarios: clonar los sellos de seguridad de un contenedor exige acceso a documentación de embarque y a la carga misma, algo imposible sin un infiltrado interno (InSight Crime 2024). El mismo Departamento de Estado vincula las limitaciones del país a la corrupción endémica y a las restricciones de capacidad institucional (U.S. Department of State 2025). La penetración y la corrupción de funcionarios de seguridad por parte de organizaciones criminales transnacionales es, por definición, el terreno propio de la contrainteligencia: proteger las instituciones del Estado frente a su captura desde dentro.

El segundo vector es el espionaje, estatal y económico. Tras el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a la República Popular China en 2018, la República Dominicana quedó expuesta a una relación asimétrica con una potencia que despliega capacidades de influencia e inteligencia. La ambigüedad del gobierno dominicano respecto del papel de Huawei en su red 5G ilustra esa vulnerabilidad, sobre todo en infraestructura crítica de telecomunicaciones (Ellis 2022). A ello se suman la frontera con Haití, foco de inestabilidad y de actores que operan a través de ese flanco, y la dimensión cibernética, que la propia Ley 1-26 incorpora al asignar a la DNI tareas de seguridad de las infraestructuras críticas (Congreso Nacional 2026). La conclusión provisional es clara: el país necesita contrainteligencia de verdad. La discusión es sobre el envase, no sobre el contenido.

El argumento contrario: la tentación de una agencia especializada

Existe un razonamiento serio a favor de crear un organismo dedicado, y conviene exponerlo con honestidad. La contrainteligencia es una disciplina distinta de la inteligencia positiva. Mientras esta recolecta y analiza información sobre amenazas externas, aquella se ocupa del contraespionaje, de la amenaza interna, de la protección de secretos de Estado y de la depuración de personal. Cuando ambas conviven bajo el mismo techo, la experiencia comparada sugiere que la contrainteligencia suele quedar subordinada a las prioridades de recolección y se atrofia. Una entidad con mandato propio acumularía experticia especializada y reduciría el conflicto de interés que surge cuando quien recolecta es también quien se vigila a sí mismo. En la literatura clásica de reforma de inteligencia este principio de separación entre el cazador y el guardabosque es un argumento recurrente a favor de la diferenciación funcional (Bruneau y Boraz 2007).

El argumento tiene mérito. Pero confunde dos cosas distintas: la necesidad de especialización con la necesidad de un organismo separado. Se puede lograr lo primero sin incurrir en los costos de lo segundo. Y para un Estado de los recursos y la trayectoria institucional de la República Dominicana, los costos de lo segundo son considerables.

Capacidad y diseño: por qué la consolidación supera la creación de un nuevo organismo

El primer costo es presupuestario y de talento humano. Construir una agencia desde cero exige una nómina propia, una cadena de mando autónoma, instalaciones, sistemas y, sobre todo, personal formado en una disciplina escasa en el mercado regional. Para un país de capacidad institucional limitada, el retorno de invertir en una nueva burocracia es previsiblemente inferior al de reforzar la capacidad de contrainteligencia dentro del sistema que acaba de crearse, dotándolo de cuadros, tecnología y procedimientos. Somos un país pequeño con presupuesto limitado. Aunque un mecanismo de contrainteligencia independiente sería la utopía, vivimos en un mundo real.

El segundo costo es de coherencia. La experiencia latinoamericana de reforma de inteligencia ofrece un punto de comparación útil. Brasil, al reconstruir su sistema tras el régimen militar, optó por priorizar el análisis y la contrainteligencia de alcance doméstico privilegiando instituciones civiles, con una estructura distribuida entre múltiples organismos coordinados centralmente por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) (Bruneau y Matei 2010). El rasgo dominante de esa reforma fue estructural y de coordinación, no la multiplicación de agencias autónomas (Cepik 2007). La lección para Santo Domingo es directa. La coordinación de una estructura distribuida, que es exactamente lo que el SNI dominicano pretende ser, resuelve mejor el problema de la dispersión que la creación de un nuevo actor que reclame su propia parcela de poder.

El riesgo decisivo: control democrático y el legado autoritario

El argumento más fuerte contra una agencia de contrainteligencia independiente no es presupuestario ni organizativo, sino político. De todas las funciones de inteligencia, la contrainteligencia es la más propensa a desbordarse hacia la vigilancia interna de la prensa, la oposición y la sociedad civil. Quien tiene el mandato de detectar la penetración del Estado posee también, casi por la misma vía, las herramientas para espiar a los ciudadanos. Concentrar ese poder en un organismo secreto, separado y con cadena de mando propia es precisamente la receta que la historia dominicana enseña a temer.

La memoria institucional pesa. El aparato de inteligencia dominicano nació como instrumento de represión durante la dictadura de Trujillo y se prolongó en las redes de vigilancia de las décadas posteriores, una herencia que la literatura sobre culturas de inteligencia en América Latina y el Caribe documenta como un lastre que las reformas democráticas aún no terminan de superar (Matei, Halladay y Estévez 2022). Esa preocupación no es solo histórica. Durante el trámite legislativo de la reforma, la Sociedad Dominicana de Diarios advirtió que ciertos artículos de ambigua redacción, en particular la obligación de toda persona e institución de entregar información a la DNI, podían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad (Redacción Acento 2024).

La literatura comparada confirma el peligro. En las democracias nuevas, los organismos de inteligencia tienden a resistir el control externo, amparados en el secreto de su oficio y en la falta de expertise de los supervisores políticos, y esa resistencia puede obedecer al deseo de perpetuar prácticas abusivas en nombre de la eficacia (Bruneau y Matei 2010). El propio caso brasileño, pese a su reforma modélica, mostró señales de que su agencia coordinadora reincidía en la lógica de policía política (Cepik 2007). Si un sistema reformado y centralizado ya enfrenta esa tentación, una agencia de contrainteligencia autónoma, con menos contrapesos y mayor opacidad, la multiplicaría.

El verdadero riesgo no es que la República Dominicana carezca de contrainteligencia, sino que construya un instrumento que termine protegiendo al gobierno de turno más que al Estado.

Recomendaciones: especializar dentro del sistema, no fuera de él

De lo anterior se desprende una vía intermedia que captura los beneficios de la especialización sin asumir los riesgos de la fragmentación y la concentración de poder. En primer lugar, la contrainteligencia debe alojarse como una dirección o subdirección especializada dentro de la DNI, con mandato, doctrina y personal propios, pero subordinada a la coordinación única del Sistema Nacional de Inteligencia. La especialización se logra por diseño funcional, no por separación institucional.

En segundo lugar, esa unidad debe concentrarse en tres prioridades verificables: el blindaje de las instituciones del Estado frente a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado; el contraespionaje frente a actores estatales con presencia creciente en el país; y la protección de la infraestructura crítica y de los secretos del Estado, incluida la dimensión cibernética. La seguridad del personal y la verificación de antecedentes, que el reglamento de la Ley 1-26 ya contempla, son piezas centrales de esa función.

En tercer lugar, y de manera no negociable, la capacidad de contrainteligencia debe quedar enmarcada en controles democráticos reales: supervisión judicial de las medidas intrusivas, control parlamentario efectivo, un inspector general con dientes, límites explícitos a la vigilancia doméstica y plazos razonables de reserva de la información. La eficacia y el control democrático no son objetivos en tensión, sino las dos caras de un servicio de inteligencia maduro (Bruneau y Boraz 2007). Un servicio sin control pierde legitimidad y, con ella, la cooperación ciudadana de la que depende su eficacia.

Mis pensamientos finales

La República Dominicana enfrenta amenazas que hacen de la contrainteligencia una necesidad estratégica, no un lujo. Pero la respuesta institucionalmente (y presupuestaria) correcta a esa necesidad no es un nuevo organismo con letrero propio, sino una capacidad de contrainteligencia seria, profesionalizada y bien acotada, alojada dentro de la arquitectura que la Ley 1-26 acaba de levantar. Opino que crear una agencia separada deshacería el esfuerzo de consolidación que inspiró la reforma, gravaría a un Estado de recursos limitados con una burocracia adicional y, sobre todo, concentraría en un cuerpo opaco el tipo de poder que la propia historia dominicana enseña a vigilar. Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia, y dentro de él la función de contrainteligencia, es la opción que mejor sirve a la vez a la seguridad nacional y a la democracia que esa seguridad debe proteger.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, Maestría en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Bruneau, Thomas C., y Steven C. Boraz, eds. 2007. Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness. Austin: University of Texas Press.
  • Bruneau, Thomas C., y Florina Cristiana Matei. 2010. «Intelligence in the Developing Democracies: The Quest for Transparency and Effectiveness». En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 757 a 773. Oxford: Oxford University Press.
  • Cepik, Marco. 2007. «Structural Change and Democratic Control of Intelligence in Brazil». En Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, editado por Thomas C. Bruneau y Steven C. Boraz. Austin: University of Texas Press.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2024. Ley núm. 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial. Santo Domingo.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2026. Ley Orgánica núm. 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial núm. 11227, 13 de enero. Santo Domingo.
  • Ellis, R. Evan. 2022. «Chinese Engagement with the Dominican Republic: An Update». Análisis sobre relaciones China a América Latina. revanellis.com.
  • InSight Crime. 2024. «The Dominican Republic: The Caribbean’s Cocaine Hub». Investigación de InSight Crime.
  • Matei, Florina Cristiana, Carolyn Halladay y Andrés de Castro Estévez, eds. 2022. The Handbook of Latin American and Caribbean Intelligence Cultures. Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Redacción Acento. 2024. «Ejecutivo promulga la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia». Acento, 18 de enero.
  • The White House. 2024. «Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2025» (Presidential Determination núm. 2024-12). Federal Register, 24 de septiembre.
  • U.S. Department of State. 2025. International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Volume I: Drug and Chemical Control. Washington, D. C.: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
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El barril que nos cae encima: qué debe hacer Abinader

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El barril que nos cae encima: lo que el presidente Abinader tiene que hacer ya para salvarnos del despelote petrolero provocado por Washington.

La guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra Irán le va a costar a la República Dominicana unos US$900 millones adicionales en factura petrolera este año 2026, llevando el total a cerca de US$5,400 millones, según un análisis del Banco Central de la República Dominicana (BCRD 2026). Vean, . . . “República Dominicana pagará 900 millones de dólares más en petróleo por la guerra en Irán” (el Día), “Guerra en Irán le costará a RD 900 millones de dólares y una inflación elevada” (TeleNord), “Guerra de Irán golpea a RD: Cobijar la economía ante crisis” (El Nacional), “República Dominicana ante difícil escenario por la guerra en Irán” (el País), y la mala noticia del sacude del bolsillo dominicano no acaba. Otro gran error del sátrapa del país vecino mierda coño, un tamaño dolor impuesto por una guerra ilegal. Mi ensayo aquí plantea una explicación corta y sin paños tibios del enredo en que nos metieron, y dedica el grueso de su extensión a las medidas concretas, ejecutables y verificables que el Poder Ejecutivo debe poner en marcha para amortiguar el daño mientras se estabilizan los mercados internacionales.

Les voy a decir algo claro. La República Dominicana no fabrica un solo barril de petróleo. Compramos prácticamente todo lo que quemamos, desde la gasolina que mueve el carro hasta el GLP con el que la doña en Capotillo cocina el sancocho del domingo. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aduanas recogidas por Diario Libre (2026a), en 2025 el país importó hidrocarburos por US$4,685.63 millones, y aproximadamente el 89 % de las necesidades energéticas nacionales se cubren con combustibles fósiles importados (AlMomento 2026). Esa es una vulnerabilidad estructural de primer orden, la cual ha sido documentada por economistas y consultores energéticos durante décadas sin que se haya hecho lo suficiente al respecto.

Entonces llega el señor de la Casa Blanca, con esa retórica de cowboy soplón que ya cansa al mundo, y decide junto a Israel atacar a Irán. Un berrinche imperial, hablando sin filtros. Irán responde cerrando el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial antes del conflicto (BCRD 2026), y el precio del barril se va a casi US$100, cuando el Presupuesto Nacional 2026 dominicano se elaboró con un barril a US$65 (Presidencia de la República Dominicana 2026). La aritmética es brutal: cada dólar que sube el barril, los dominicanos lo pagamos en la bomba, en la factura de la luz, en el pasaje del público, en el plato de comida. Y todo porque a un señor que ni siquiera sabe ubicar Santo Domingo en un mapa le dio por jugar a Rambo en el Golfo Pérsico. Aquí en la media isla nadie votó por esa guerra, nadie firmó ese cheque, y sin embargo nos están pasando la cuenta como si fuéramos cómplices del despelote.

La inflación interanual dominicana llegó al 5.11 % en abril de 2026, por encima del rango meta de 4 % ± 1 % del Banco Central (BCRD 2026). Diario Libre (2026b) reporta que la institución emisora proyecta que la inflación podría empujar por encima del 5 % entre el segundo y tercer trimestre, alcanzando su pico en este último período. Mientras tanto, las reservas internacionales se mantienen sobre los US$15,800 millones, lo cual da cierto margen de maniobra, pero no es plata infinita.

Habiendo dicho lo anterior, el lloriqueo no resuelve nada. Toca actuar, y toca actuar ya. Luis Abinader tiene sobre el escritorio una agenda de emergencia que debe ejecutar sin titubeos, porque cuando el barril baje y los mercados se normalicen, lo único que va a quedar es lo que hayamos construido en este apretón. Veamos qué debe pasar.
Subsidio focalizado, no regalo populista

El gobierno ha venido subsidiando combustibles a un ritmo significativo. En 2025 se destinaron RD$11,500 millones a subsidios de combustibles y más de RD$105,000 millones al sector eléctrico, mientras que en lo que va de 2026 el subsidio al combustible ya asciende a unos RD$4,000 millones (Presidencia de la República Dominicana 2026). El problema con los subsidios generalizados es que terminan beneficiando proporcionalmente más a quien echa gasolina premium en la Yipeta del año que a la señora que llena un solo galón para la motoconcho.

La medida correcta es lo que Abinader ya empezó a esbozar, pero debe profundizar: mantener congelado el precio del GLP, que es el combustible de los hogares más vulnerables, y aplicar ajustes graduales del 5.2 % al 6.7 % en los demás derivados (Diario Libre 2026c). Sin embargo, eso no basta. Hay que crear un bono de combustible directo, transferido vía la Tarjeta Supérate, para conductores del transporte público y para hogares clasificados en el Índice de Calidad de Vida en los niveles ICV 1 y ICV 2. Esto significa enfocar el subsidio donde duele, no regarlo como agua bendita.

Reasignación presupuestaria sin tocar gasto social

El propio presidente anunció que ya se identificaron cerca de RD$10,000 millones que pueden reasignarse desde partidas menos prioritarias hacia la mitigación del choque petrolero, sin aumentar el gasto total (Presidencia de la República Dominicana 2026). Esto va por buen camino, pero hay que ir más lejos. Toca poner la tijera en la publicidad oficial, los viajes no esenciales del funcionariado, las consultorías recicladas y las nóminas paralelas en las instituciones autónomas. Esa plata existe y todo el mundo sabe dónde está. Si Washington nos puso esta vaina arriba, que al menos el ajuste empiece por la grasa del Estado y no por el bolsillo de la gente.

Acelerar la matriz renovable de una buena vez

El Plan Energético Nacional dominicano tiene como meta alcanzar al menos un 30 % de participación renovable en la matriz (Acento 2026). Llevamos años hablando de eso. Mientras tanto, el sol nos cae todo el día gratis y el viento sopla en Pedernales sin que nadie le cobre IVA. La crisis actual es la excusa perfecta para que el presidente firme un decreto de emergencia que agilice todos los permisos pendientes de parques solares y eólicos, que reduzca a 90 días los plazos de aprobación ambiental sin saltarse la rigurosidad técnica, y que ordene al CDEEE acelerar la incorporación al sistema interconectado de los proyectos ya licitados.

El consultor en energía Marvin Fernández, citado por Acento (2026), ha advertido que los subsidios a combustibles fósiles tienden a perpetuar la dependencia y retrasan el cambio estructural hacia una matriz más sostenible. Por eso cada peso que el Estado dominicano gaste de aquí en adelante subsidiando hidrocarburos debe ir acompañado de un peso equivalente, como mínimo, invertido en infraestructura renovable.

Diversificar suplidores y reducir la dependencia del mercado estadounidense

Del enero a septiembre de 2025, Estados Unidos concentró el 81.8 % de las importaciones dominicanas de combustibles, equivalente a US$2,863.5 millones (Acento 2026). Hay una ironía amarga aquí: el país que nos generó la crisis es a la vez nuestro principal suplidor. El presidente Abinader debe ordenar a la Refinería Dominicana de Petróleo y al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes una hoja de ruta de diversificación que incluya acuerdos de suministro con Brasil, Colombia, Guyana y otros productores regionales del hemisferio. No se trata de pelearse con Estados Unidos, se trata de no tener todos los huevos en una sola canasta que sigue tambaleando. ¡Reitero, DIVERSIFICAMOS! (pero no con China)

Reservas estratégicas de combustible

La República Dominicana carece de reservas estratégicas suficientes de combustibles. Esto es una falla histórica que cada crisis vuelve a exponer. Toca legislar y construir, dentro de los próximos veinticuatro meses, una reserva estratégica equivalente a por lo menos sesenta días de consumo nacional de diésel y gasolina, financiada mediante un fondo especial alimentado por un pequeño gravamen sobre las utilidades extraordinarias de las generadoras eléctricas en años de bonanza. Países más pequeños que el nuestro ya lo tienen.

Medidas monetarias y cambiarias: protegiendo el peso

El BCRD ha mantenido su tasa de política monetaria sin cambios y decidió aplazar hasta enero de 2027 el retorno de RD$46,000 millones en facilidades de liquidez (Hoy 2026). Esta postura prudente debe sostenerse. Sin embargo, el presidente, en coordinación con el gobernador del Banco Central, debe asegurar una comunicación pública clara que evite el pánico cambiario. La apreciación del peso frente al dólar del 6.6 % a mediados de mayo (Infobae 2026) es una buena noticia que la prensa apenas ha destacado, y conviene aprovecharla para anclar expectativas.

Diplomacia firme y digna ante Washington

Aquí viene la parte que muchos políticos dominicanos no se atreven a decir. El presidente Abinader debe convocar al embajador estadounidense para entregarle, en términos cordiales pero absolutamente firmes, una nota de protesta formal por los daños colaterales económicos que esta aventura militar le ha ocasionado a la economía dominicana. Que se sepa públicamente. La República Dominicana es un país soberano y aliado, no un cliente que aguanta callado cualquier capricho geopolítico que se le ocurra a un mandatario gringo con afán de protagonismo. Pedir compensación, o al menos acceso preferencial a líneas de financiamiento blando del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional para países afectados por el choque petrolero, no es mendigar: es exigir lo que corresponde.

Protección del aparato productivo y del empleo

Las pequeñas y medianas empresas dominicanas son las que más sufren cuando suben los costos energéticos. El Banco de Reservas debe abrir, por instrucción presidencial, una ventanilla especial de financiamiento a tasas preferenciales para MiPymes afectadas por el alza de costos energéticos, condicionada a que dichas empresas mantengan su nómina sin reducciones durante el período del préstamo. Esto evita una contracción del empleo formal, que ya creció apenas 4,1 % en el primer trimestre (BCRD 2026), por debajo del potencial dominicano histórico.

Comunicación honesta y permanente con la ciudadanía

El presidente ya hizo un esfuerzo importante al hablarle al país directamente en marzo de 2026 y pedir comprensión ante los ajustes. Eso se aplaude. Pero la comunicación no puede ser un evento aislado. Tiene que haber un informe quincenal del Ministerio de Hacienda y del BCRD, transmitido por todos los canales, explicando en lenguaje sencillo cómo va la factura petrolera, cuánto se ha ahorrado en reasignaciones, qué proyectos renovables han entrado al sistema y qué se espera para el próximo trimestre. La transparencia es el mejor antídoto contra los rumores y la especulación.

La vaina que está realmente en juego

Cuando los mercados petroleros se estabilicen, y se estabilizarán porque los choques de oferta históricamente son transitorios (Listín Diario 2026), la pregunta no será cuánto sufrimos sino qué construimos durante el sufrimiento. La República Dominicana tiene la oportunidad de salir de esta crisis menos dependiente, más diversificada y con una matriz energética más limpia. O tiene la opción de salir igualita, esperando el próximo arrebato imperial para volver a llorar.

Abinader tiene las herramientas, tiene las reservas, tiene el respaldo institucional del Banco Central y tiene un Congreso que, aunque la oposición critique, cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo, sabe que no es momento de improvisaciones. Lo que falta es ejecución sin demora ni pausa, y voluntad política para no patear la lata. Esta crisis, provocada por decisiones tomadas a miles de kilómetros de aquí por personas que jamás van a pagar las consecuencias de sus actos, debería convertirse paradójicamente en el momento bisagra que nuestra República lleva décadas esperando. Si así fuera, hasta le daríamos las gracias al dictador-quiereser por patada, . . . pero solo si actuamos. De lo contrario, dentro de diez años, cuando vuelva a estallar otra guerra del otro lado del mundo, estaremos otra vez aquí, yo escribiendo el mismo ensayo, con los mismos números pero más caros y maldiciendo los que nos meten en otra mierda.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Acento. 2026. “Dependencia energética y presión global: el reto de República Dominicana ante la volatilidad del petróleo”. Acento, 26 de marzo de 2026. https://acento.com.do/economia/dependencia-energetica-y-presion-global-el-reto-de-republica-dominicana-ante-la-volatilidad-del-petroleo-9647645.html.
  • AlMomento. 2026. “Dependencia energética y vulnerabilidad macroeconómica en la República Dominicana”. AlMomento.net, 19 de abril de 2026. https://almomento.net/dependencia-energetica-y-vulnerabilidad-macroeconomica-en-la-republica-dominicana/.
  • Banco Central de la República Dominicana (BCRD). 2026. “Análisis: impacto del choque petrolero en la economía dominicana”. Página Abierta, Asesoría de la Gobernación del BCRD. 24 de mayo de 2026.
  • Diario Libre. 2026a. “RD depende casi totalmente del mercado global e incierto de energía”. Diario Libre, 7 de abril de 2026. https://www.diariolibre.com/economia/energia/2026/04/07/rd-depende-casi-totalmente-del-mercado-global-e-incierto-de-energia/3493384.
  • Diario Libre. 2026b. “BCRD: guerra le costará al país US$900 millones y una elevada inflación”. Diario Libre, 24 de mayo de 2026. https://www.diariolibre.com/economia/macroeconomia/2026/05/24/bcrd-guerra-le-costara-al-pais-us900-millones-y-una-elevada-inflacion/3544267.
  • Diario Libre. 2026c. “Abinader advierte impacto económico por guerra en Irán; anuncia ajustes fiscales y subsidios”. Diario Libre, 22 de marzo de 2026. https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2026/03/22/abinader-advierte-impacto-economico-por-guerra-en-iran/3478076.
  • Hoy. 2026. “Choque petrolero subirá factura energética US$900 millones”. Periódico Hoy, 25 de mayo de 2026. https://hoy.com.do/economia/choque-petrolero-subira-factura-energetica-us-900-millones_1088452.html.
  • Infobae. 2026. “República Dominicana ante la presión del petróleo: impacto del conflicto en Medio Oriente”. Infobae, 25 de mayo de 2026. https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/05/25/republica-dominicana-ante-la-presion-del-petroleo-impacto-del-conflicto-en-medio-oriente/.
  • Listín Diario. 2026. “El drenaje de divisas del choque petrolero al sostener crecimiento del PIB en 4 %”. Listín Diario, 15 de mayo de 2026. https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260515/drenaje-divisas-choque-petrolero-sostener-crecimiento-pib-4_905783.html.
  • Presidencia de la República Dominicana. 2026. “Presidente Abinader afirma que el país está preparado para enfrentar el impacto de la crisis internacional del petróleo”. Presidencia.gob.do, 22 de marzo de 2026. https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-afirma-que-el-pais-esta-preparado-para-enfrentar-el-impacto-de-la.
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La injerencia inaceptable de la Embajadora Leah Campos: una afrenta a la soberanía dominicana

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Escribo esto con la indignación encendida y con la firme convicción de que ciertas fronteras jurídicas, morales y protocolares no pueden ser cruzadas sin consecuencias. Las recientes declaraciones de la Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, cuestionando (“condenando” más bien) públicamente, por medio de sus redes sociales personales, la asistencia de representantes del nuestro Estado a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona bajo los auspicios del gobierno del presidente Pedro Sánchez, constituyen una violación flagrante del derecho internacional público, de los principios elementales del sistema interamericano y de la ética diplomática más básica. No se trata de una opinión marginal ni de un exabrupto privado ni simplemente de su patanería. Se trata de una funcionaria acreditada que utiliza el peso simbólico de su investidura para descalificar una decisión soberana de política exterior dominicana. Permitir que esto pase sin un rechazo argumentado sería, en sí mismo, una claudicación. Déjeme aclarar o ampliar sobre estos tamaños disparates de Campos, porque los hechos están bien documentados.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo y ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, asistió en calidad de invitado a la cumbre de Barcelona y pronunció unas palabras sobre la lucha contra la desinformación digital, aclarando expresamente que la República Dominicana no suscribió declaración alguna ni le fue solicitado hacerlo (Listín Diario 2026). En respuesta, la Embajadora Campos publicó en sus historias de Instagram una fotografía del ministro estrechando la mano de Pedro Sánchez, acompañada de un pasaje del Apocalipsis 3:16 sobre los tibios a quienes Dios vomitaría de su boca, y añadió que cuando la izquierda global habla de desinformación está abogando por la censura (Ensegundos 2026; El Nuevo Diario 2026). Voy a detenerme aquí, con alguna severidad, en la forma que asumió ese mensaje porque no es un detalle menor. La Embajadora no emitió un comunicado razonado. No convocó una rueda de prensa. No articuló un argumento jurídico ni político. Recurrió, en cambio, a un meme bíblico, es decir, a un formato típico de la cultura digital adolescente (o en el caso extante “Trumpista”), en el que una imagen cargada de connotación amenazante (un versículo apocalíptico sobre vómito divino) se superpone burlonamente a la fotografía de un funcionario extranjero. Ese registro, propio de las peleas de redes sociales entre escuincles y de los cristofascistas americanos que parecen de moda allá, resulta MEGA-indigno del rango de jefa de misión. Una embajadora no insinúa que Dios vomitará a un ministro del Estado receptor por haberle estrechado la mano a un anfitrión que a ella le disgusta o que haya ofendido en alguna forma al jefe del Estado de ella. Ese tipo de burla pública, que prescinde del argumento y se refugia en la mofa emoji-bíblica, no solo envilece su propio cargo, sino que trivializa la seriedad con que deben tratarse las relaciones entre Estados soberanos. La Cancillería dominicana no fue consultada. No hubo nota verbal. No hubo comunicación privada. Hubo, en cambio, un ejercicio de presión pública, ejecutado con el tono de quien chotea a un compañero de curso, desde la cuenta oficial de una diplomática acreditada. Y es precisamente allí donde reside el corazón del problema.

Primera violación: el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, instrumento al que tanto los Estados Unidos como la República Dominicana son Estados parte, establece en el párrafo primero de su artículo 41 que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades diplomáticas están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor (Naciones Unidas 1961). Esta obligación no es decorativa ni aspiracional. Como ha señalado la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986), el principio de no intervención posee carácter consuetudinario y forma parte del núcleo duro del derecho internacional general (Petrova Georgieva 2026). Cuando la Embajadora Campos objeta públicamente a qué cumbre internacional puede o no puede asistir un representante del gobierno dominicano, se inmiscuye de manera directa, flagrante y documentable en un ámbito que es competencia exclusiva del Estado acreditante ante el cual ella está acreditada. La definición de la política exterior dominicana corresponde al presidente de la República y a su canciller, no a la embajadora de una potencia extranjera operando desde Instagram.

Segunda violación: el artículo 41.2 y el principio del canal oficial

Aun si se aceptara, por pura hipótesis, que los Estados Unidos tuvieran alguna observación legítima que formular sobre la participación dominicana en un foro internacional, el párrafo segundo del mismo artículo 41 de la Convención de Viena es igualmente claro: todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido (Naciones Unidas 1961; OEA s.f.). Esta disposición codifica lo que la práctica diplomática centenaria ha consagrado como el canal oficial. La existencia misma de este canal presupone que la diferencia de opinión entre gobiernos se airea mediante notas verbales, comunicaciones reservadas, démarches o, en casos graves, el llamado a consultas. Jamás mediante publicaciones en redes sociales que, por su propia naturaleza, están diseñadas para inflamar la opinión pública del país receptor y presionar políticamente a su gobierno. La Embajadora Campos no desconoce este canal, lo despreció deliberadamente.

Tercera violación: el artículo 19 de la Carta de la OEA

La República Dominicana y los Estados Unidos son Estados miembros fundadores de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 19 de la Carta de esa organización, suscrita en Bogotá en 1948, establece de manera categórica que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro, y precisa que el principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Organización de los Estados Americanos 1948; Vargas Carreño 2003). La decisión sobre a qué cumbres internacionales asistirá la República Dominicana pertenece, de manera inequívoca, a los asuntos externos del Estado. Cualquier intento de presionar esa decisión, incluso por medios no coercitivos pero sí públicamente humillantes, constituye una injerencia prohibida en términos que la propia diplomacia hemisférica ha refinado durante casi un siglo, desde la Conferencia de Montevideo de 1933 hasta el Protocolo de Buenos Aires de 1936 (Pinho De Oliveira 2020).

Cuarta violación: el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas

A nivel universal, el párrafo séptimo del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas consagra el principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados (Vargas Carreño 2003). La Asamblea General, mediante sus resoluciones 2131 (XX) de 1965 y 2625 (XXV) de 1970, ha reiterado una y otra vez que ningún Estado puede aplicar o fomentar medidas de cualquier índole para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos (Pinho De Oliveira 2020). Publicar en redes sociales, desde la cuenta institucional de una embajadora, mensajes que buscan avergonzar públicamente al gobierno receptor por ejercer su derecho soberano a participar en un foro multilateral es, precisamente, una forma sutil pero inequívoca de esa coacción que el derecho internacional proscribe.

Quinta violación: la ética diplomática y el uso instrumental de las redes sociales

Más allá de las normas positivas, existe un cuerpo de costumbres, usos y expectativas que constituye la ética diplomática. Esa ética supone discreción, tacto, respeto por el gobierno receptor y, sobre todo, comprensión de que la investidura diplomática no es una plataforma personal de activismo ideológico. La Embajadora Campos ha convertido su cuenta de Instagram en un púlpito desde el cual dicta lecciones sobre lo que, según ella, debe o no debe hacer la política exterior dominicana. Esto no solo viola el espíritu del artículo 3 de la Convención de Viena, que enumera taxativamente las funciones de una misión diplomática sin incluir en ningún lugar la crítica pública al Estado receptor, sino que además instrumentaliza el prestigio institucional del cargo para fines que parecen más propios de un activista político que de una representante de Estado.

El contexto que ilumina el motivo y la hipocresía de fondo

No se me escapa, y quiero consignarlo con total franqueza, que estas declaraciones ocurren en un momento internacional muy específico. El gobierno español de Pedro Sánchez, anfitrión de la cumbre, se ha negado recientemente a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón, así como del espacio aéreo español, para las operaciones militares estadounidenses contra Irán, calificando esa intervención como injustificada y fuera de la legalidad internacional (CNN en Español 2026; La Nación 2026). Es imposible no ver en la publicación de la Embajadora Campos un elemento de represalia política dirigido contra cualquier gobierno que haya osado compartir mesa con Sánchez. Pero ese contexto, lejos de atenuar la gravedad de su conducta, la agrava. Convierte una injerencia en un instrumento de presión de terceros, coñazo y utiliza a la República Dominicana como ficha en un tablero que no es el nuestro.

¡No he terminado! Hay otra mierda, una dimensión aún más incómoda que hay que señalarla con nombre y apellido. La materia misma que convocaba la cumbre de Barcelona, a saber, la defensa de la democracia y la lucha contra la desinformación digital, constituye en sí una afrenta simbólica directa al mandatario al que la embajadora representa. El presidente Donald Trump es, para ser preciso, el jefe de Estado contemporáneo que más daño ha infligido a la democracia de su propio país mediante la práctica sistemática de aquello que la cumbre precisamente denunciaba. Los ejemplos son abundantes, públicos y documentados por fuentes autoritativas. El Centro Brennan para la Justicia de la Escuela de Derecho de Nueva York ha documentado que el presidente indultó el mismo día de su investidura a aproximadamente 1,600 personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluyendo a condenados por conspiración sediciosa como Enrique Tarrio, cuya sentencia de veintidós años fue conmutada (Brennan Center for Justice 2025; CNN en Español 2025). Ese asalto tenía por objetivo, de manera expresa y comprobada, impedir la certificación congresional de un resultado electoral legítimo: la definición misma de desinformación convertida en violencia política.

A ese precedente se suma una política ejecutiva sostenida de ataque contra las instituciones intermedias que sostienen toda democracia funcional. En marzo de 2025 el presidente emitió una orden ejecutiva que pretende dictar reglas federales a los estados sobre cómo administrar sus propias elecciones, en contradicción con el diseño federal consagrado por la Constitución (Brennan Center for Justice 2025). Amnistía Internacional, en su informe Ringing the Alarm Bells de enero de 2026, documenta la revocación de más de seis mil visas de estudiantes extranjeros por su activismo político identificado mediante vigilancia en redes sociales, la detención con fines de deportación de manifestantes pacíficos como Mahmoud Khalil y Leqaa Kordia tras sus protestas en la Universidad de Columbia, y el condicionamiento de fondos federales a universidades a cambio de limitar su autonomía académica y sus programas de diversidad (Amnistía Internacional 2026). El Real Instituto Elcano ha calificado este patrón como una guerra contra las universidades sin precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos (Aldecoa 2025). Añádase a esto la presión política directa sobre medios de comunicación como ABC y Paramount, la negativa del país a participar en su propio Examen Periódico Universal ante las Naciones Unidas en noviembre de 2025, y el despliegue militarizado de agentes federales contra civiles estadounidenses en ciudades como Mineápolis (Amnistía Internacional 2026).

El resultado es una paradoja que raya en lo grotesco. La embajadora de un gobierno que indulta a asaltantes del Capitolio, que persigue a estudiantes por opinar, que condiciona el financiamiento académico a la renuncia de la autonomía universitaria, que presiona a cadenas de televisión y que se niega a someterse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, se permite reconvenir públicamente al Estado dominicano por haber asistido a una cumbre cuya materia era, exactamente, resistir esas mierdas. La lección moral que la Embajadora Campos pretende impartir, en el registro infantil de su meme apocalíptico, resulta invertida: quien debe temer el vómito divino sobre los tibios, según la propia lógica del texto bíblico que ella invocó, no es quien acude a defender la democracia, sino quien silenciosamente consiente el desmantelamiento interno de la suya. Más, si uno no adhiere que su nefasta forma de pensar, está “con el enemigo”. Maldito disparate es.

Les voy a decir una cosa

La República Dominicana es un Estado libre, soberano e independiente. Esta afirmación, que hoy reiteran con justicia senadores y analistas del país (El Periódico 2026), no es retórica patriótica vacía. Es el fundamento mismo de nuestra personalidad jurídica internacional. Ninguna potencia extranjera, por poderosa que sea y por importante que resulte como socio comercial, tiene el derecho de dictarnos a qué cumbres podemos asistir, con qué gobiernos podemos dialogar o qué discursos podemos pronunciar sobre desinformación digital. La Embajadora Campos ha violado, a mi juicio con claridad meridiana, el artículo 41 de la Convención de Viena, el artículo 19 de la Carta de la OEA, el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas y las normas más elementales de protocolo y ética diplomática. Lo mínimo que corresponde, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, es una protesta formal, una nota verbal enérgica y, si la conducta se reitera, la consideración seria de medidas diplomáticas de mayor entidad. Callar sería enseñar que la soberanía dominicana se negocia en redes sociales. Y eso, mientras yo tenga voz, me niego a aceptarlo. Eso, y ni he tocado el tema de instalar soldados americanos en San Isidro, . . . pero esa vaina para otro día.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Aldecoa, Francisco. 2025. “La guerra de Trump contra las universidades en EEUU: ¿cómo debemos responder?” Real Instituto Elcano, 3 de junio. https://www.realinstitutoelcano.org/.
  • Amnistía Internacional. 2026. Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States. Londres: Amnesty International, enero. https://www.es.amnesty.org/.
  • Brennan Center for Justice. 2025. “The Trump Administration’s Campaign to Undermine the Next Election.” New York University School of Law, 3 de agosto. https://www.brennancenter.org/.
  • CNN en Español. 2025. “Lo que hay que saber sobre los indultos masivos de Trump a los agitadores del 6 de enero.” 21 de enero. https://cnnespanol.cnn.com/.
  • CNN en Español. 2026. “Resumen de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán y ataques en Medio Oriente del 09 de abril de 2026.” 9 de abril. https://cnnespanol.cnn.com/.
  • El Nuevo Diario. 2026. “Embajadora de EE.UU. cuestiona narrativa sobre desinformación tras aclaración de RD sobre cumbre en Barcelona.” 19 de abril. https://elnuevodiario.com.do/.
  • El Periódico. 2026. “Senador responde a embajadora Leah Campos y defiende soberanía RD.” 22 de abril. https://elperiodico.com.do/.
  • Ensegundos. 2026. “Leah Campos cuestiona postura dominicana en Cumbre de Barcelona: Es censura, simple y llanamente.” 19 de abril. https://ensegundos.do/.
  • La Nación. 2026. “Pedro Sánchez le negó a EE.UU. el uso de bases aéreas conjuntas en España para operaciones contra Irán.” 2 de marzo. https://www.lanacion.com.ar/.
  • Listín Diario. 2026. “Embajadora de EEUU cuestiona participación de RD en cumbre progresista en España.” 19 de abril. https://listindiario.com/.
  • Naciones Unidas. 1961. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Viena, 18 de abril. Entrada en vigor: 24 de abril de 1964.
  • Organización de los Estados Americanos. 1948. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Bogotá, 30 de abril.
  • Organización de los Estados Americanos (OEA). s.f. “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.” https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm.
  • Petrova Georgieva, Virdzhiniya. 2026. “Constitucionalización del Principio de no Intervención en Asuntos Internos, con EU como Destinatario.” Universidad Iberoamericana, 19 de enero. https://ibero.mx/.
  • Pinho De Oliveira, Maria Fatima. 2020. “Breves aspectos conceptuales sobre el Principio de No Intervención.” REDEA. Derechos en Acción 5 (17). https://revistas.unlp.edu.ar/.
  • Vargas Carreño, Edmundo. 2003. “El principio de no intervención.” XXX Curso de Derecho Internacional, Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/.
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Cambio climático: amenaza a la seguridad dominicana 2026

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El cambio climático como amenaza a la seguridad nacional de la República Dominicana: un multiplicador de riesgos en el Caribe insular

Paisanos, la República Dominicana enfrenta una convergencia de vulnerabilidades climáticas que trascienden la esfera medioambiental para constituir una amenaza directa a su seguridad nacional. Mi ensayo aquí examina cómo el cambio climático opera como un multiplicador de amenazas en el contexto dominicano, amplificando riesgos preexistentes, desde la fragilidad fronteriza con Haití hasta la dependencia económica del turismo y la vulnerabilidad de infraestructura crítica, a través de una evaluación que integra fuentes del Banco Mundial, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y organismos internacionales. Argumento que sin una reorientación estratégica de la política de seguridad nacional hacia la resiliencia climática, la República Dominicana enfrenta un deterioro acumulativo de su capacidad estatal.

En el léxico de la comunidad de inteligencia estadounidense, el cambio climático ha sido catalogado sistemáticamente como un “multiplicador de amenazas”, un concepto acuñado en el informe seminal del CNA Military Advisory Board de 2007 que describe cómo los efectos climáticos agravan tensiones preexistentes, incluyendo la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad política y las fracturas sociales (CNA Corporation, 2007). La Evaluación Nacional de Inteligencia de 2021 reafirmó que el cambio climático exacerbará crecientemente los riesgos a la seguridad nacional conforme se intensifiquen sus impactos físicos y se agudicen las tensiones geopolíticas sobre cómo responder al desafío (Office of the Director of National Intelligence, 2021).

Para la República Dominicana, esta construcción analítica no es abstracción académica sino realidad operativa. Según el Índice Global de Riesgo Climático, el país fue clasificado entre las diez naciones más afectadas por eventos climáticos extremos entre 1997 y 2016 (Germanwatch, 2017). El Índice de Riesgo Mundial 2023 lo sitúa entre los 41 países con mayor riesgo a nivel global (Bündnis Entwicklung Hilft, 2023). Estas clasificaciones no son meras estadísticas: reflejan una vulnerabilidad estructural que, desde la perspectiva de inteligencia, debe analizarse como un vector de desestabilización progresiva que interactúa con cada dimensión de la seguridad del Estado dominicano.

La Amenaza Macroeconómica: Erosión de la Base Nacional

El Informe de Clima y Desarrollo del Grupo Banco Mundial para la República Dominicana (2023) constituye la evaluación más exhaustiva del nexo clima-desarrollo del país. Sus conclusiones son inequívocas: sin medidas de adaptación, las desviaciones del PIB inducidas por el clima podrían alcanzar hasta el 16.7 por ciento para 2050, con más del 80 por ciento de esa pérdida atribuible a tres canales: reducción de la productividad laboral por estrés térmico, disminución de la demanda turística, y daños por tormentas tropicales e inundaciones (World Bank Group, 2023). Las pérdidas en ingresos fiscales podrían alcanzar el 19.7 por ciento del total de recaudación gubernamental para esa misma fecha.

Desde una óptica de inteligencia, estas cifras deben leerse como indicadores de capacidad estatal. Un Estado que pierde progresivamente casi una quinta parte de sus ingresos fiscales ve comprometida su capacidad de sostener fuerzas armadas, mantener operaciones de vigilancia fronteriza, financiar interdicción antinarcótica y proveer servicios básicos cuya ausencia alimenta inestabilidad social. El Fondo Monetario Internacional ha documentado que un solo desastre climático reduce la actividad económica mensual entre 0.5 y 1 punto porcentual, con efectos persistentes sobre el nivel del PIB (Cantelmo et al., 2022). En un país que ya enfrenta una baja relación impuesto-PIB y donde el FMI ha señalado la urgencia de fortalecer el sector eléctrico, cada shock climático erosiona el margen fiscal disponible para inversión en seguridad.

El sector agrícola ilustra esta vulnerabilidad con particular claridad. Los rendimientos de cultivos podrían disminuir hasta un 30 por ciento, afectando productos críticos como el banano, la yuca, el camote y el café (World Bank Group, 2023; BTI, 2024). Sin intervención, 110,000 personas adicionales podrían caer en la pobreza para 2050, amplificando las condiciones socioeconómicas que históricamente han alimentado el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales y redes de narcotráfico en zonas urbanas dominicanas.

El Nexo Climático-Fronterizo: Haití como Caso de Fragilidad en Cascada

Ningún análisis de seguridad nacional dominicana puede omitir la dimensión haitiana, y el cambio climático la agudiza exponencialmente. Haití, con más del 90 por ciento de Port-au-Prince bajo control de pandillas armadas a mediados de 2025, una economía contraída durante seis años consecutivos, y una inflación del 28.4 por ciento, representa el paradigma de lo que la literatura de seguridad denomina un “Estado frágil” en colapso activo (IOM, 2026; World Bank, 2025). El cambio climático actúa como un acelerador de esta fragmentación: la isla de La Española comparte sistemas meteorológicos, cuencas hidrográficas y patrones de degradación forestal que no respetan la frontera política de 391 kilómetros.

El ciclo es predecible desde la perspectiva de inteligencia: los desastres climáticos devastan la producción agrícola haitiana; la inseguridad alimentaria se intensifica en un país donde 5.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda y 600,000 experimentan hambruna (Human Rights Watch, 2026); la presión migratoria sobre la frontera dominicana se incrementa. La República Dominicana ya ha desplegado más de 11,000 efectivos militares en la zona fronteriza, construido un muro de seguridad de 100 millas con tecnología de vigilancia avanzada, y ejecutado el 98 por ciento de más de 251,000 repatriaciones forzosas de haitianos en 2024 (Human Rights Watch, 2026; Al Jazeera, 2025). El gobierno Abinader ha designado a las pandillas haitianas como organizaciones terroristas y autorizado operaciones militares estadounidenses en áreas restringidas del territorio nacional para combatir el narcotráfico (Americas Quarterly, 2026).

Este despliegue de recursos representa un costo de oportunidad significativo. Cada huracán o sequía prolongada que golpea ambos lados de la isla genera una doble demanda sobre las fuerzas de seguridad dominicanas: respuesta humanitaria interna y contención fronteriza simultánea. Un escenario de huracán de categoría mayor durante la temporada ciclónica, evento cuya frecuencia e intensidad están proyectadas a incrementarse—podría sobrepasar la capacidad operativa de las fuerzas armadas dominicanas, creando ventanas de vulnerabilidad tanto en la seguridad fronteriza como en las operaciones de interdicción marítima antinarcóticas.

Infraestructura Crítica y Vulnerabilidad Energética

La Estrategia Integrada de País del Departamento de Estado estadounidense para la República Dominicana (2022) identifica explícitamente la protección de infraestructura crítica como un eje de cooperación bilateral, advirtiendo que activos modernos como escáneres portuarios, hardware de ciberseguridad y equipos de monitoreo deben ser desarrollados por soluciones basadas en principios de mercado—idealmente estadounidenses—y que proyectos liderados por actores antidemocráticos, como los ofrecidos por empresas vinculadas a la República Popular China, socavarían la seguridad de estas operaciones (U.S. Department of State, 2022).

El cambio climático interactúa con esta vulnerabilidad de infraestructura de manera directa. La red eléctrica dominicana, históricamente frágil y dependiente de combustibles fósiles importados, es particularmente susceptible a disrupciones por eventos climáticos extremos. Una red eléctrica inestable compromete los sistemas de vigilancia fronteriza, incluyendo la tecnología de drones, cámaras de 360 grados y visión nocturna del muro inteligente, los sistemas de escaneo de contenedores en puertos críticos como Caucedo (segundo puerto más grande del Caribe y punto de tránsito principal del narcotráfico), y la capacidad de respuesta ante desastres. El Pacto Nacional para Reformar el Sector Eléctrico de 2021 prometió una transición hacia la generación renovable con créditos fiscales, pero el progreso ha sido lento (BTI, 2024).

Además, la erosión costera amenaza directamente la infraestructura turística que genera la mayor proporción de divisas del país. Las proyecciones indican que más de 12 millones de dominicanos vivirán en zonas urbanas para 2050, con un porcentaje significativo de viviendas consideradas vulnerables a eventos relacionados con el clima (World Bank Group, 2023). La degradación de manglares, playas y arrecifes de coral, junto con la contaminación plástica, amenazan el sector turístico que constituye el pilar económico del país (BTI, 2024).

El Nexo Clima-Narcotráfico: Convergencia de Amenazas

La designación presidencial estadounidense de la República Dominicana como país de tránsito principal de drogas ilícitas para el año fiscal 2026 (White House, 2025) subraya una realidad que el cambio climático complica significativamente. El país interceptó más de 48.3 toneladas de drogas en 2025, con 31.3 toneladas confiscadas dentro del territorio dominicano en coordinación con la JIATF-S (Diálogo Américas, 2026; Dominican Today, 2026). Sin embargo, las organizaciones de tráfico dominicanas han evolucionado hasta controlar múltiples eslabones de la cadena del narcotráfico, desde la compra de cocaína en Venezuela hasta la distribución al detalle en la costa este de los Estados Unidos (InSight Crime, 2025).
El cambio climático interactúa con esta amenaza de múltiples maneras. Los desastres naturales desvían recursos de patrullaje marítimo e interdicción hacia la respuesta humanitaria. Las comunidades costeras empobrecidas por la pérdida de medios de subsistencia pesqueros y agrícolas se vuelven más susceptibles al reclutamiento por redes criminales. La degradación de ecosistemas costeros facilita el uso de playas deshabitadas para desembarcos de estupefacientes. La corrupción portuaria—donde, según la UNODC, funcionarios pueden ser sobornados para ausentarse de su puesto en el momento preciso—se agrava cuando la austeridad fiscal inducida por desastres deprime los salarios del sector público.

Seguridad Sanitaria y Estabilidad Social

La dimensión epidemiológica del cambio climático añade otra capa de riesgo a la seguridad nacional. Los cambios en temperatura y precipitación facilitan la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y por agua, incluyendo zika, chikungunya, dengue, cólera y otras enfermedades diarreicas (UNEP-GRID, s.f.). Las olas de calor afectan directamente la productividad laboral—el CCDR proyecta una reducción del 50 por ciento en la pérdida de productividad laboral en el sector servicios solo si se implementan medidas como la modificación de horarios para trabajo al aire libre y la expansión de sistemas de refrigeración (World Bank Group, 2023). Sin estas inversiones, el estrés térmico degrada la capacidad productiva de la fuerza laboral y, por extensión, la base impositiva del Estado.

Desde la perspectiva de seguridad, las epidemias desestabilizan el orden público, sobrecargan sistemas de salud ya frágiles, y pueden exacerbar tensiones sociales—particularmente en un contexto donde la población migrante haitiana es especialmente vulnerable al VIH y a enfermedades infecciosas, añadiendo complejidad a una relación bilateral ya tensa.

Conclusión: Hacia una Doctrina de Seguridad Climática

El análisis precedente demuestra que el cambio climático no es una amenaza futura ni periférica para la República Dominicana: es un multiplicador activo y presente de cada vulnerabilidad de seguridad nacional que enfrenta el país. Opera en la intersección de la economía, la frontera, la infraestructura crítica, el narcotráfico y la salud pública, amplificando cada una de estas amenazas de manera simultánea y compuesta.

El gobierno Abinader ha logrado avances significativos en seguridad ciudadana. La tasa de homicidios de 8.15 por cada 100,000 habitantes en 2025 es la más baja en la historia del país (Dominican Today, 2026), y en cooperación antinarcótica con los Estados Unidos son ejemplar. Sin embargo, estos logros se construyen sobre una base que el cambio climático erosiona sistemáticamente. La adopción oportuna de medidas de adaptación podría reducir los impactos macroeconómicos hasta en un 60 por ciento para 2050, y las inversiones en resiliencia de cultivos podrían ameliorar casi totalmente las pérdidas agrícolas, con una reducción del 97 por ciento en pérdidas de rendimiento (World Bank Group, 2023).

Lo que se requiere es una reorientación doctrinaria. Nos hace falta una integración explícita del riesgo climático en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, en la planificación operativa de las fuerzas armadas, y en la cooperación bilateral con los Estados Unidos, cuyo Comando Sur (SOUTHCOM) ya ha identificado el cambio climático como factor determinante en la planificación de seguridad regional. La Cumbre de las Américas que la República Dominicana se prepara para albergar en 2026 ofrece una plataforma estratégica para posicionar al país como líder regional en el nexo clima-seguridad. Sin esta reorientación, la nación corre el riesgo de ganar batallas tácticas contra amenazas convencionales mientras pierde la guerra estratégica contra el adversario más implacable y predecible de todos, . . . mi humilde opinión.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR
 
Bibliografía

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Trump nos ha jodido; Ormuz en Llamas y R.D. perjudicada

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La Guerra contra Irán y sus Efectos Devastadores sobre la Economía de la República Dominicana

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que transformó de manera abrupta el panorama energético mundial. La decisión del presidente Donald Trump de iniciar esta campaña bélica, tomada sin agotar las vías diplomáticas disponibles, ha provocado la mayor disrupción del suministro petrolero global desde la crisis de Suez de 1956 (Al Jazeera, 2026). El cierre prácticamente total del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha generado un shock de precios que amenaza con sumir a las economías importadoras de crudo en una espiral inflacionaria severa. Para la República Dominicana, un país que no produce petróleo y que depende completamente de las importaciones de hidrocarburos para mover su economía, las consecuencias de este conflicto son potencialmente catastróficas.

Aquí reviso las múltiples dimensiones del impacto económico que la guerra con Irán tiene sobre el pueblo dominicano, desde el encarecimiento inmediato de los combustibles hasta las amenazas estructurales al turismo, la seguridad alimentaria y la estabilidad fiscal del Estado. Mi argumento central es que la República Dominicana, por su condición de importador neto de energía y su limitada capacidad de almacenamiento estratégico, se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema que podría traducirse en un deterioro significativo de la calidad de vida de millones de dominicanos.

El Contexto Global: Un Shock Energético sin Precedentes

La magnitud de la crisis energética desatada por la guerra es difícil de exagerar. Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo Brent ha subido aproximadamente un 80%, pasando de alrededor de $70 por barril a niveles cercanos a los $110, con picos que han tocado los $120 (Fortune, 2026; CNBC, 2026a). Esta volatilidad extrema se explica por la paralización casi total del tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circulan diariamente más de 20 millones de barriles de petróleo, equivalentes a una quinta parte del consumo global (Al Jazeera, 2026). Los ataques iraníes contra buques, la colocación de minas navales y las interferencias con equipos de navegación han forzado a la mayoría de los operadores a anclar sus embarcaciones en los extremos del estrecho en lugar de arriesgarse a cruzarlo.

La respuesta internacional no ha logrado contener el daño. La Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en su historia, y Estados Unidos se comprometió a liberar 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo (CNBC, 2026b). Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto limitado sobre los precios. Analistas de firmas como Onyx Capital Group y UBS advierten que si el conflicto se prolonga, los precios podrían escalar hasta los $200 por barril, un escenario que transformaría esta crisis energética en una recesión global (CNBC, 2026c).

La Vulnerabilidad Estructural de la República Dominicana

La República Dominicana no produce petróleo, gas natural ni carbón, lo que la obliga a acudir a los mercados internacionales para satisfacer la totalidad de su demanda energética (Comisión Nacional de Energía, 2022). En 2024, las importaciones petroleras del país ascendieron a más de $5,100 millones de dólares, según datos de la Dirección General de Aduanas (El Dinero, 2025). El economista Andy Dauhajre ha señalado que el país importó alrededor de $4,700 millones en combustibles, y que un aumento del 40% en el precio del crudo representaría un impacto negativo de aproximadamente $2,000 millones para la economía nacional (Proceso, 2026). Esta cifra es particularmente alarmante si se considera que desde la desaparición del acuerdo Petrocaribe en 2017, el país debe pagar el 100% de sus importaciones de combustibles sin ningún tipo de financiamiento preferencial.

A esta dependencia se suma la escasez de reservas estratégicas. Según datos citados por Diario Libre, las reservas de combustibles de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) cubrirían apenas 30 días de consumo interno si se produjera una interrupción súbita en las importaciones (7Días, 2026). Treinta días es un margen peligrosamente estrecho en un contexto donde el transporte marítimo internacional está severamente comprometido y donde no existe certeza alguna sobre cuándo se normalizarán las rutas de suministro.

Inflación, Costo de Vida y el Golpe a los Más Vulnerables

El petróleo caro no se queda en la bomba de gasolina. Como ha señalado un análisis publicado por Pipex Radio Noticias (2026), en una economía abierta e importadora como la dominicana, el encarecimiento del crudo se transmite a través de múltiples canales: el transporte marítimo, la logística interna, las materias primas industriales, la generación eléctrica y los insumos agrícolas. El economista Henry Hebrard ha advertido que el incremento en el precio de las materias primas derivadas del petróleo termina encareciendo indirectamente los costos de prácticamente toda la actividad productiva del país (N Digital, 2026a).

El Gobierno dominicano ya tomó medidas parciales: la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 se dispuso un aumento de RD$5.00 por galón en las gasolinas y el gasoil, mientras se mantiene congelado el precio del GLP mediante un subsidio semanal de RD$1,189.8 millones (N Digital, 2026b). Pero estos subsidios tienen un límite. El presupuesto de 2026 contempla apenas 8 mil millones de pesos para subsidiar combustibles, una cifra que se está agotando a un ritmo acelerado. Si la crisis se extiende, el Estado enfrentará el dilema de aumentar la deuda pública para financiar subsidios o trasladar el costo directamente al consumidor, con consecuencias inflacionarias devastadoras.

El impacto de esta dinámica es profundamente desigual. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, ha explicado que el aumento en los precios de la gasolina funciona como un impuesto regresivo, porque los hogares de menores ingresos dedican una proporción mucho mayor de su presupuesto a la energía (CNBC, 2026d). En un país como la República Dominicana, donde amplios segmentos de la población viven con ingresos limitados y donde el transporte público depende casi exclusivamente del gasoil, el encarecimiento de los combustibles golpea con particular dureza a quienes menos herramientas tienen para absorber el shock. Francisco Monaldi, del Baker Institute de la Universidad de Rice, ha señalado que países como República Dominicana simplemente no tienen la capacidad fiscal para sostener subsidios prolongados, por lo que inevitablemente deben trasladar el impacto a los consumidores (CNN en Español, 2026).

Amenazas al Turismo y la Generación Eléctrica

El turismo, pilar fundamental de la economía dominicana y fuente principal de divisas, enfrenta una amenaza directa. El cierre del espacio aéreo sobre gran parte de Medio Oriente, combinado con el aumento vertiginoso del precio del combustible para aviación, ha provocado que numerosas aerolíneas incrementen los precios de sus boletos o cancelen rutas (Wikipedia, 2026). Si el costo de volar al Caribe aumenta significativamente, la demanda turística podría contraerse justo cuando el país más necesita los dólares que genera el sector.

Por otro lado, la generación eléctrica dominicana mantiene una dependencia considerable de los combustibles fósiles. Aunque la matriz energética se ha diversificado en años recientes, con el gas natural licuado pasando de suplir el 24% de la generación en 2019 al 41% en 2024 (AES, 2025), y las renovables alcanzando el 23% de la capacidad instalada (Ministerio de Energía y Minas, 2025), el sistema sigue expuesto al costo de los hidrocarburos importados. Un encarecimiento sostenido del crudo y del GNL se traduciría en mayores transferencias estatales al sector eléctrico o en aumentos de tarifa que agravarían la presión sobre los hogares y las empresas.

La Respuesta del Gobierno y sus Límites

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha asegurado que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para proteger la economía, citando el financiamiento anticipado del presupuesto, la posibilidad de redistribuir partidas y la buena credibilidad crediticia del país en los mercados internacionales (Hoy, 2026). Sin embargo, estas garantías oficiales contrastan con las advertencias de economistas independientes. Hebrard ha dejado claramente establecido que la economía dominicana no resistiría un escenario prolongado del conflicto, y que el margen fiscal para absorber el impacto a través de subsidios es limitado (N Digital, 2026a). Dauhajre, por su parte, ha insistido en que la presión inflacionaria podría escalar y forzar aumentos en las tasas de interés, lo que desaceleraría aún más la actividad económica (Proceso, 2026).

El problema de fondo es que la República Dominicana llegó a esta crisis sin las reservas estratégicas de combustibles ni los mecanismos de cobertura de riesgo que podrían haber amortiguado el golpe. A diferencia de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, que cuentan con reservas de emergencia equivalentes a meses de consumo, Refidomsa apenas almacena para un mes. Esta realidad desnuda una debilidad estratégica que trasciende la crisis actual y que plantea preguntas serias sobre la planificación energética de largo plazo del país.


La guerra contra Irán iniciada por la administración Trump constituye un GRAN error geopolítico cuyas consecuencias se extienden mucho más allá del campo de batalla. Para la República Dominicana, el conflicto representa una tormenta perfecta, . . . un país sin producción petrolera, con reservas de apenas treinta días, una factura de importación de miles de millones de dólares, un sector eléctrico dependiente de combustibles fósiles y un turismo vulnerable al encarecimiento de los vuelos internacionales. El costo lo pagarán, como siempre, los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana: los hogares de bajos ingresos que destinan la mayor proporción de su presupuesto a la energía y al transporte.

La crisis actual debe servir como llamada de atención. República Dominicana necesita con urgencia ampliar sus reservas estratégicas de combustibles, acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables, diversificar las rutas de aprovisionamiento y diseñar mecanismos financieros de cobertura contra shocks petroleros. La dependencia total de un mercado internacional sujeto a las decisiones imprudentes de actores externos no es sostenible. Como bien dijo nuestro tamaño figura Juan Bosch, y como recuerda el economista Domingo Núñez Polanco, “Las guerras son fáciles de comenzar, pero muy difíciles de terminar” (Domingo La Revista, 2026). Digo yo, no sin un chin de cólera, el pueblo dominicano no inició esta idiotez, pero estaremos pagando sus consecuencias.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

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República Dominicana ante el Colapso Cubano, Jugadas Estratégicas

Republica Dominicana ante el Colapso Cubano, republica dominicana, cuba, estrategia, dimplomacia, comercio, caribe, C. Constantin Poindexter Salcedo

El Ocaso del Régimen Cubano y la Oportunidad Estratégica de la República Dominicana. Mi análisis prospectivo sobre el posicionamiento dominicano ante la inminente transformación de Cuba.

El experimento comunista cubano, que alguna vez se presentó como faro ideológico para América Latina, se encuentra hoy en su fase terminal. No se trata de una opinión aventurada ni de un deseo ideológico, sino de una conclusión que se desprende con claridad meridiana de los indicadores económicos, las dinámicas geopolíticas y la presión social que convergen sobre La Habana en este momento histórico. La Economist Intelligence Unit pronostica una contracción del 7.2% del PIB cubano para 2026, lo que representaría un desplome acumulado del 23% desde 2019 (CiberCuba, 2026). El corte del suministro petrolero venezolano tras la intervención estadounidense en Venezuela, el bloqueo efectivo de tanqueros por parte de la Marina de Estados Unidos y la declaración explícita de Washington de que el cambio de régimen es un objetivo para finales de año configuran un escenario que no admite ambigüedades (Wikipedia, 2026a).

Para la República Dominicana, esta coyuntura no constituye un mero espectáculo geopolítico que observar desde la distancia. Constituye, sin exageración, una oportunidad económica y estratégica más significativa y única que se le ha presentado a nuestro país en décadas. La proximidad geográfica, la afinidad cultural, la solidez institucional relativa y el dinamismo económico dominicano colocan a la República en una posición superlativamente ventajosa para jugar un papel protagónico en la transformación cubana, y para beneficiarse enormemente de ella. Este ensayo argumenta que el gobierno dominicano debe iniciar preparativos inmediatos y concretos para aprovechar la apertura de Cuba, delineando ocho ejes estratégicos de acción.

La crisis cubana: anatomía de un colapso anunciado

Cuba no ha recibido petróleo en lo que va de 2026. Díaz-Canel lo confirmó públicamente sin poder ofrecer una fecha de llegada de algún buque (CNN en Español, 2026). Los apagones alcanzan entre 20 y 25 horas diarias en las provincias orientales. Solo 44 de los 106 camiones de basura de La Habana funcionan, y la basura se acumula en las esquinas de la capital como testimonio visible del deterioro (Wikipedia, 2026b). El turismo, que llegó a 4.7 millones de visitantes en 2018, se desplomó a 1.8 millones en 2025, y las principales aerolíneas han suspendido vuelos por falta de combustible de aviación (Al Jazeera, 2026). La industria azucarera, otrora símbolo de la economía cubana, produjo en la zafra 2024–2025 menos azúcar que en 1899 (CiberCuba, 2026).

La crisis actual supera en gravedad al llamado “Período Especial” de los años noventa. Como señala el profesor Javier Corrales, Cuba se encuentra en su peor crisis desde que se independizó de España en 1898 (Universidad de Navarra, 2026). La diferencia fundamental es que entonces existía la posibilidad de encontrar un nuevo padrino económico: primero fue la Unión Soviética, luego Venezuela. Hoy no hay rescatista a la vista. China ha expresado apoyo retórico, pero no ha comprometido el suministro petrolero que Cuba necesita desesperadamente. Rusia, empantanada en sus propios conflictos, carece de la capacidad logística para sostener a La Habana. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha afirmado que 2026 podría ser un año decisivo y no ha descartado la posibilidad de un cambio de régimen (El Litoral, 2026).

¿Por qué la República Dominicana?

La economía dominicana arrancó 2026 con un crecimiento del 3.5% en enero, el ritmo más alto en diez meses, y el Banco Central proyecta cerrar el año cerca del 4%, mientras que organismos como el FMI y el Banco Mundial anticipan un 4.5% (Revista Mercado, 2026). El banco suizo UBS sitúa el crecimiento entre 3,5% y 4,5%, destacando la disciplina fiscal que ha diferenciado al país dentro de los mercados emergentes (Infobae, 2026a). El turismo, principal sector productivo, representa el 11.6% del PIB y el país superó los 11.6 millones de visitantes en 2025, consolidándose como el destino líder del Caribe (Infobae, 2026b). Banreservas ha aprobado más de 4,200 millones de dólares en iniciativas de inversión para unos 30 nuevos proyectos turísticos (7 días, 2026).

Este contraste entre una Cuba en caída libre y una República Dominicana en ascenso no es casual. Es el resultado de décadas de decisiones económicas divergentes: mientras Cuba se aferró a un modelo centralizado que, como reconoce el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, impuso controles de precios que generaron “escasez, contrabando y mercado informal” (Universidad de Navarra, 2026), la República Dominicana construyó un ecosistema de inversión extranjera, zonas francas, seguridad jurídica y apertura comercial que hoy la posiciona como referente regional. Las relaciones bilaterales entre ambos países son, según la propia Cancillería dominicana, “históricas, sólidas y excelentes” y nunca se han interrumpido (14ymedio, 2025). Esta combinación de fortaleza económica, cercanía geográfica y relaciones diplomáticas intactas es la base sobre la cual debe construirse una estrategia proactiva.

Los ocho ejes estratégicos

1. Captura de la demanda turística desplazada

Con Cuba prácticamente fuera del mapa turístico, millones de visitantes canadienses, europeos y latinoamericanos que tradicionalmente elegían La Habana necesitan un destino alternativo. La República Dominicana, que ya lidera el Caribe en llegadas turísticas, debe reposicionarse agresivamente para captar esa demanda. Las campañas de mercadeo deben enfatizar la autenticidad cultural caribeña, la música, la gastronomía y la historia compartida con Cuba, ofreciendo una experiencia análoga en un entorno estable y con infraestructura moderna.

2. Hub logístico y comercial para la reconstrucción

Una Cuba en transición necesitará absolutamente todo: materiales de construcción, alimentos, medicamentos, tecnología y bienes de consumo. Santo Domingo está a menos de una hora de vuelo de La Habana, y el Puerto Multimodal Caucedo es uno de los más modernos del Caribe. La creación de una zona franca especial orientada al comercio con Cuba permitiría a la República Dominicana convertirse en el centro de distribución natural para la reconstrucción cubana, capturando márgenes comerciales significativos y generando empleos en logística, almacenamiento y transporte.

3. Exportación de expertise institucional y regulatoria

Cuba carecerá de los marcos legales e institucionales necesarios para una economía de mercado. La República Dominicana ha construido a lo largo de décadas un sistema de regulación de inversión extranjera, leyes de propiedad, regulación turística sofisticada y experiencia en zonas francas que puede exportar como asesoría técnica. Posicionarse como el “modelo caribeño” de transición al capitalismo no solo generaría influencia política, sino contratos de consultoría y cooperación técnica de alto valor.

4. Telecomunicaciones y servicios financieros

La infraestructura de telecomunicaciones cubana es primitiva y su sistema bancario prácticamente inexistente en términos modernos. Operadores con presencia en la República Dominicana podrían expandirse a Cuba, y los bancos dominicanos, con la solidez que les reconocen las calificadoras internacionales, podrían abrir sucursales o crear vehículos financieros para canalizar inversión. La República Dominicana tiene la oportunidad de convertirse en la plaza financiera desde donde se administren los fondos de reconstrucción cubana.

5. Energía renovable

La dependencia cubana del petróleo importado ha sido su talón de Aquiles. Dentro de Cuba, como reporta Al Jazeera (2026), los negocios que venden paneles solares son prácticamente los únicos que prosperan durante la crisis. La República Dominicana puede exportar su experiencia creciente en energía solar y eólica, y empresas dominicanas podrían participar en la construcción de la nueva infraestructura energética cubana, un sector que requerirá inversiones multimillonarias.

6. Agricultura y seguridad alimentaria

La destrucción de la industria azucarera cubana, que el economista Mauricio de Miranda atribuye en primer lugar a las decisiones de Fidel Castro, incluyendo el desmantelamiento de 120 ingenios azucareros en 2002 (CiberCuba, 2026), ha dejado un vacío productivo enorme. La República Dominicana, con su agroindustria funcional, puede convertirse en proveedor inmediato de alimentos y, simultáneamente, en asesora para la reconstrucción agrícola cubana, una ironía histórica dado que ambas islas compartieron la industria azucarera durante siglos.

7. Posicionamiento diplomático estratégico

La República Dominicana no carga con el bagaje geopolítico de Estados Unidos ni con la ideología de los aliados tradicionales de Cuba. Esta neutralidad amistosa es una carta extraordinaria. Santo Domingo debe ofrecerse como sede de negociaciones, como mediador regional y como el primer país en firmar acuerdos comerciales preferenciales con una Cuba post‐transición. La experiencia reciente de la República Dominicana como anfitriona de la Cumbre de las Américas demuestra su capacidad para facilitar el diálogo hemisférico (14ymedio, 2025).

8. Capital humano y redes diaspóricas

Existe una diáspora cubana significativa en la República Dominicana y una comunidad dominicana en Miami cercana a los cubanoamericanos influyentes. Estas redes pueden facilitar inversión, contactos comerciales y transferencia de conocimiento. El gobierno dominicano debería crear un programa especial de visas para profesionales cubanos que deseen capacitarse en empresas dominicanas antes de regresar a contribuir a la reconstrucción de su país, generando lazos de gratitud y dependencia profesional que redunden en beneficio mutuo a largo plazo.

Actuamos ya, la Urgencia

Hay quienes podrían objetar que planificar para el colapso de un vecino tiene un tinte maquiavélico. Y quizás lo tiene. Pero la geopolítica no se rige por sentimentalismos, y un país que no planifica para las oportunidades que se avecinan simplemente las cede a competidores más astutos. Estados Unidos ya tiene su estrategia definida. España, con sus lazos históricos y empresariales, no se quedará de brazos cruzados. Brasil, México y Colombia buscarán su parte. La pregunta para la República Dominicana no es si debe actuar, sino cuándo y cómo.

Lo más inteligente sería crear de inmediato una comisión interinstitucional que integre la Cancillería, el Banco Central, el Ministerio de Turismo y el Centro de Exportación e Inversión (CEI‐RD), dedicada exclusivamente a planificar escenarios de apertura cubana. Establecer fondos de inversión público‐privados listos para desplegarse. Fortalecer las rutas aéreas y marítimas. Preparar los marcos legales para facilitar el comercio bilateral. El que llega primero a la mesa con un plan concreto gana una ventaja difícil de superar. Los días del régimen cubano, tal como lo conocemos, están contados. Las presiones son demasiado intensas, los recursos demasiado escasos y los aliados demasiado débiles para sostener un sistema que lleva décadas funcionando mal. Para mi, la República Dominicana tiene ante sí una ventana de oportunidad que no se repetirá. La historia juzgará si fuimos lo suficientemente audaces para aprovecharla.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

  • 14ymedio. (2025, 30 de septiembre). OEA: Dominicana excluye a Cuba de la Cumbre de las Américas. 14ymedio. https://www.14ymedio.com/internacional/dominicana-excluye-cuba-cumbre-americas
  • Al Jazeera. (2026, 5 de marzo). Cuba’s economy on edge: Fuel shortages and rising hardship. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2026/3/5/cubas-economy-on-edge-fuel-shortages-and-rising-hardship
  • CiberCuba. (2026, 14 de marzo). Cuba could see its economy contract by 7.2% in 2026, according to The Economist Intelligence Unit. CiberCuba. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-03-14-cuba-podria-contraer-economia
  • CNN en Español. (2026, 27 de febrero). La madre de todas las crisis: por qué Cuba está tan cerca de un punto de no retorno. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/27/latinoamerica/razones-crisis-cuba-economia-orix
  • El Litoral. (2026, febrero). Estados Unidos ve posible un cambio de régimen en Cuba en 2026. El Litoral. https://www.ellitoral.com/internacionales/estadosunidos-cambio-cuba-regimen
  • Infobae. (2026a, 5 de marzo). República Dominicana proyecta crecimiento económico de hasta 4.5% en 2026, según banco suizo. Infobae. https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/03/05/republica-dominicana-proyecta-crecimiento-economico
  • Infobae. (2026b, 19 de febrero). El gobierno dominicano proyecta crecimiento turístico y consolida vínculos con líderes financieros internacionales. Infobae. https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/02/19/el-gobierno-dominicano-proyecta-crecimiento-turistico
  • Revista Mercado. (2026, marzo). Economía dominicana inicia 2026 con crecimiento de 3.5% en enero. Revista Mercado. https://revistamercado.do/money-invest/economia-dominicana-inicia-2026
  • 7días. (2026, 25 de febrero). Inversiones en Turismo: Oportunidades en la RD 2026. 7días. https://7dias.com.do/2026/02/25/banreservas-anuncia-comodas-condiciones
  • Universidad de Navarra. (2026). Cuba, en la mayor crisis económica desde su independencia: Una espiral sin salida. Global Affairs and Strategic Studies. https://www.unav.edu/web/global-affairs/cuba-en-su-mayor-crisis-desde-1898
  • Wikipedia. (2026a). 2026 Cuban crisis. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Cuban_crisis
  • Wikipedia. (2026b). Crisis de Cuba de 2026. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Cuba_de_2026
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