Mi obra aqu\u00ed sostiene que, bajo el C\u00f3digo Penal dominicano aplicable a los hechos del 8 de abril de 2025, no existe v\u00eda dogm\u00e1tica, textual ni probatoria que permita recalificar el colapso de la discoteca Jet Set de homicidio involuntario (art\u00edculo 319) a homicidio voluntario a t\u00edtulo de dolo eventual (art\u00edculos 295 y 304). Se desarrollan ocho obst\u00e1culos independientes, cualquiera de los cuales bastar\u00eda por s\u00ed solo: el principio de legalidad, la sem\u00e1ntica propia del art\u00edculo 319, la atipicidad del homicidio doloso por omisi\u00f3n, lo que aqu\u00ed se denomina la prueba de la autoexposici\u00f3n, la racionalidad del propietario, el sesgo retrospectivo, la inaplicabilidad del precedente espa\u00f1ol de la colza y, finalmente, los l\u00edmites procesales de la correlaci\u00f3n acusatoria y la competencia.<\/p>\n\n\n\n
Nota preliminar<\/strong><\/p>\n\n\n\n Escribo con plena conciencia de que doscientas treinta y seis familias dominicanas enterraron a los suyos. Su dolor no es un dato procesal. Es una herida nacional, y la comparto como dominicano. Precisamente por eso el debate exige rigor y no teatro. La indignaci\u00f3n leg\u00edtima de las v\u00edctimas no puede convertirse en fuente de tipicidad, y el proceso penal no es el escenario donde se compensa con a\u00f1os de c\u00e1rcel lo que el legislador no previ\u00f3. Por m\u00e1s dram\u00e1tica que sea la escenificaci\u00f3n en audiencia p\u00fablica, por m\u00e1s telenovela que se monte ante las c\u00e1maras, los querellantes no pueden llegar all\u00ed. El derecho penal de un Estado constitucional no lo permite, y sostener lo contrario es prometerles a las familias una justicia que el ordenamiento no puede entregar.<\/p>\n\n\n\n I. El planteamiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico acus\u00f3 a Antonio y Maribel Espaillat por homicidio involuntario conforme al art\u00edculo 319 del C\u00f3digo Penal, que sanciona con prisi\u00f3n correccional de tres meses a dos a\u00f1os a quien, por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cause involuntariamente la muerte de otro. Un grupo de querellantes pretende que la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional var\u00ede esa calificaci\u00f3n a homicidio voluntario con dolo eventual, lo que elevar\u00eda la exposici\u00f3n penal a un m\u00e1ximo de treinta a\u00f1os. El juez de la instrucci\u00f3n, Raymundo Mej\u00eda, ya rechaz\u00f3 esa misma pretensi\u00f3n en la fase preliminar. El Ministerio P\u00fablico, titular de la acci\u00f3n p\u00fablica, mantiene su calificaci\u00f3n. El razonamiento confunde dos categor\u00edas que la dogm\u00e1tica penal ha distinguido con cuidado durante m\u00e1s de un siglo: el conocimiento de un riesgo y la aceptaci\u00f3n de un resultado. Todo lo que los querellantes prueban, si lo prueban, pertenece a la primera categor\u00eda. Nada de lo que aportan alcanza la segunda.<\/p>\n\n\n\n II. Legalidad: un C\u00f3digo binario que no conoce el dolo eventual<\/strong><\/p>\n\n\n\n El primer obst\u00e1culo es constitucional. El art\u00edculo 40.13 de la Constituci\u00f3n proh\u00edbe condenar por acciones u omisiones que no constituyan infracci\u00f3n penal al momento de producirse, y el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo Penal exige que la pena est\u00e9 pronunciada por la ley con anterioridad al hecho. El principio de legalidad no se agota en la existencia de un tipo; exige tambi\u00e9n que el tipo se interprete de forma estricta y nunca anal\u00f3gicamente en perjuicio del imputado.<\/p>\n\n\n\n El C\u00f3digo de 1884, traducci\u00f3n y adaptaci\u00f3n del C\u00f3digo napole\u00f3nico de 1810, construye el homicidio sobre un esquema estrictamente binario. El art\u00edculo 295 castiga a quien voluntariamente mata a otro; el art\u00edculo 319 castiga a quien causa la muerte involuntariamente. No hay tercera categor\u00eda escrita. El dolo eventual es una construcci\u00f3n doctrinal de origen germ\u00e1nico, desarrollada por la ciencia penal alemana y recibida por la espa\u00f1ola, pero el legislador dominicano nunca la incorpor\u00f3 al texto aplicable a estos hechos. Importarla para trasladar una conducta del art\u00edculo 319 al 295 no es interpretar la ley: es crear, por v\u00eda judicial, un tipo intermedio con la pena del m\u00e1s grave.<\/p>\n\n\n\n El argumento comparado refuerza esta lectura de manera decisiva. Francia, el sistema matriz de nuestro C\u00f3digo, enfrent\u00f3 exactamente este problema y lo resolvi\u00f3 por v\u00eda legislativa, no jurisprudencial. La tradici\u00f3n francesa exige para el homicidio voluntario la intenci\u00f3n de dar muerte y no acept\u00f3 el dolo eventual como sustituto. Cuando quiso castigar con mayor severidad a quien infringe deliberadamente una obligaci\u00f3n de seguridad, cre\u00f3 en el C\u00f3digo de 1994 una forma agravada de homicidio involuntario (art\u00edculo 221-6, p\u00e1rrafo segundo) y un delito aut\u00f3nomo de puesta en peligro (art\u00edculo 223-1). Es decir: el propio legislador del sistema de origen clasific\u00f3 la violaci\u00f3n consciente de normas de seguridad como imprudencia agravada, no como homicidio intencional. Si el sistema que nos dio el art\u00edculo 319 entiende que esta conducta pertenece al \u00e1mbito involuntario, un tribunal dominicano no puede, sin ley que lo autorice, situarla en el \u00e1mbito voluntario.<\/p>\n\n\n\n A ello se suma el nuevo C\u00f3digo Penal (Ley 74-25). Cualquiera que sea la respuesta m\u00e1s severa que contemple para estos supuestos, el art\u00edculo 110 de la Constituci\u00f3n impide su aplicaci\u00f3n retroactiva en perjuicio de los imputados. Que el Estado haya sentido la necesidad de reformar es, por s\u00ed mismo, el reconocimiento m\u00e1s elocuente de que el r\u00e9gimen anterior no ofrec\u00eda la herramienta que hoy se reclama.<\/p>\n\n\n\n III. El art\u00edculo 319 ya nombra esta conducta<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los querellantes leen el art\u00edculo 319 como si describiera solo el descuido inadvertido: el conductor distra\u00eddo, el obrero que no ve. Esa lectura es demasiado estrecha. El texto enumera cinco formas de culpa, y dos de ellas presuponen precisamente el conocimiento del peligro.<\/p>\n\n\n\n La imprudencia, en la tradici\u00f3n francesa y en la doctrina hispana que la recibi\u00f3, no es ignorancia del riesgo; es actuar a pesar de \u00e9l, confiando en que no se materializar\u00e1. Es la forma cl\u00e1sica de lo que la dogm\u00e1tica posterior llam\u00f3 culpa consciente. La inobservancia de los reglamentos, por su parte, castiga el incumplimiento de normas de seguridad, de construcci\u00f3n o de habilitaci\u00f3n, con independencia de que el agente las conociera; y en la mayor\u00eda de los casos las conoce.<\/p>\n\n\n\n De ah\u00ed se sigue un argumento textual de especial fuerza. El legislador de 1884 previ\u00f3 en el propio art\u00edculo 319 el supuesto de quien sabe que existe un riesgo, conoce o deber\u00eda conocer la norma que le obliga a conjurarlo, y no lo hace. Las filtraciones conocidas, la carga a\u00f1adida al techo y los fragmentos ca\u00eddos son, en el mejor escenario para los querellantes, los hechos que integran la imprudencia y la inobservancia reglamentaria. No son un plus que desborde el tipo; son su contenido t\u00edpico. Lo que se presenta en audiencia como prueba de dolo es, bien mirado, la prueba de cargo del delito por el cual ya se acusa.<\/p>\n\n\n\n IV. La omisi\u00f3n: el obst\u00e1culo que nadie ha planteado<\/strong><\/p>\n\n\n\n Hay un argumento que no ha ocupado el centro del debate p\u00fablico y que considero el m\u00e1s s\u00f3lido de todos. Despojada de ret\u00f3rica, la conducta que los querellantes reprochan es una omisi\u00f3n. No se imputa a los hermanos Espaillat haber hecho caer el techo. Se les imputa no haberlo reparado, no haber cerrado el establecimiento y no haber desalojado al p\u00fablico. Esto es lo que la doctrina llama comisi\u00f3n por omisi\u00f3n u omisi\u00f3n impropia: atribuir un resultado activo, la muerte, a quien no lo impidi\u00f3 pudiendo y debiendo hacerlo.<\/p>\n\n\n\n Los ordenamientos que admiten el homicidio doloso por omisi\u00f3n lo hacen mediante una cl\u00e1usula general expresa. El C\u00f3digo Penal alem\u00e1n la contiene en su par\u00e1grafo 13; el espa\u00f1ol de 1995, en su art\u00edculo 11, que exige una posici\u00f3n de garante y una equivalencia entre la omisi\u00f3n y la acci\u00f3n seg\u00fan el sentido del texto legal. Esas cl\u00e1usulas existen porque, sin ellas, equiparar el no hacer al matar vulnerar\u00eda la legalidad. El C\u00f3digo dominicano de 1884 carece de cualquier cl\u00e1usula equivalente.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 295 describe una acci\u00f3n: matar voluntariamente. El art\u00edculo 319, en cambio, incluye de forma expresa la inobservancia de los reglamentos, es decir, una modalidad omisiva. El legislador dominicano, por tanto, s\u00ed previ\u00f3 la causaci\u00f3n de la muerte por omisi\u00f3n, pero \u00fanicamente en su forma involuntaria. La recalificaci\u00f3n pedida exigir\u00eda dos saltos sin red legal: primero, construir un dolo eventual que el C\u00f3digo no conoce; segundo, aplicarlo a una omisi\u00f3n impropia que el C\u00f3digo no tipifica en su forma dolosa. Uno solo de esos saltos ya vulnera el art\u00edculo 40.13 de la Constituci\u00f3n. Los dos juntos no tienen defensa posible.<\/p>\n\n\n\n V. La prueba de la autoexposici\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Todas las teor\u00edas del dolo eventual, por distintas que sean, comparten un n\u00facleo: el agente no solo se representa el resultado como posible, sino que adopta frente a \u00e9l una actitud de aceptaci\u00f3n, conformidad o indiferencia. La teor\u00eda del consentimiento exige que el autor apruebe el resultado. La segunda f\u00f3rmula de Frank lo reduce a la disposici\u00f3n de actuar ocurra lo que ocurra. La teor\u00eda de la indiferencia, asociada a Engisch, pide que el resultado le sea indiferente. Roxin habla de una decisi\u00f3n del autor en contra del bien jur\u00eddico. Ninguna se conforma con la mera conciencia del peligro, porque esa conciencia es com\u00fan al dolo eventual y a la culpa consciente. Lo que separa a uno de otra es la actitud frente al resultado.<\/p>\n\n\n\n Propongo aqu\u00ed un criterio que llamo la prueba de la autoexposici\u00f3n. Cuando el agente coloca su propio cuerpo dentro del radio del peligro que supuestamente acept\u00f3, la aceptaci\u00f3n queda refutada por su conducta. Nadie se conforma con su propia muerte por raz\u00f3n de un negocio nocturno. Quien entra al edificio est\u00e1 apostando, err\u00f3neamente y quiz\u00e1 con grave negligencia, a que el techo resistir\u00e1. Esa apuesta es la definici\u00f3n misma de la culpa consciente: confiar en que el resultado no se producir\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Maribel Espaillat estaba dentro de Jet Set la noche del colapso y result\u00f3 lesionada. El juez Mej\u00eda capt\u00f3 intuitivamente este punto al distinguir el derrumbe del caso de quien dispara contra una multitud. El ejemplo es exacto, y conviene explicar por qu\u00e9. Quien dispara contra la multitud est\u00e1 fuera del peligro que crea; el riesgo es enteramente ajeno a \u00e9l. Esa asimetr\u00eda de exposici\u00f3n es la que hace cre\u00edble la indiferencia. En Jet Set, la asimetr\u00eda no existe: la imputada compart\u00eda el techo con sus v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Se objetar\u00e1 que el argumento solo cubre a Maribel. No es as\u00ed. El dolo debe probarse respecto de cada imputado, y los querellantes sostienen que Antonio conoc\u00eda el estado del techo, en parte, por los audios que le envi\u00f3 su hermana. Pero la fuente de ese conocimiento entr\u00f3 ella misma al edificio. La valoraci\u00f3n del riesgo que circulaba dentro de la empresa familiar, a juzgar por la conducta de quien lo report\u00f3, era la de un problema de mantenimiento, no la de una amenaza de muerte. No se puede atribuir a quien recibe la informaci\u00f3n una representaci\u00f3n del peligro m\u00e1s grave que la de quien la origina y la vive.<\/p>\n\n\n\n VI. La racionalidad del propietario<\/strong><\/p>\n\n\n\n Un segundo indicador objetivo, complentario del anterior, se extrae del an\u00e1lisis econ\u00f3mico del comportamiento. La doctrina moderna admite que el dolo, como estado mental, solo puede probarse mediante indicadores externos. Entre ellos, el inter\u00e9s del agente en que el resultado no se produzca es uno de los m\u00e1s fiables.<\/p>\n\n\n\n Jet Set era, durante d\u00e9cadas, el patrimonio, la marca y la identidad p\u00fablica de la familia Espaillat. El colapso destruy\u00f3 el inmueble, extingui\u00f3 el negocio, comprometi\u00f3 la responsabilidad civil de sus due\u00f1os por cifras que exceden con creces su valor, y los expuso a un descr\u00e9dito social irreparable. Aceptar el colapso habr\u00eda significado aceptar la ruina propia, la de la empresa y la integridad f\u00edsica de una hermana. Ning\u00fan agente racional se conforma con ese resultado; lo que s\u00ed hace un agente racional, aunque imprudente, es subestimar su probabilidad porque le resulta inconcebible. Esa subestimaci\u00f3n es el sello psicol\u00f3gico de la culpa consciente.<\/p>\n\n\n\n No se trata de absolver a los propietarios por su inter\u00e9s econ\u00f3mico. Se trata de reconocer que el mismo inter\u00e9s que explica por qu\u00e9 siguieron abriendo explica tambi\u00e9n por qu\u00e9 no cre\u00edan que el techo caer\u00eda. Quien siguiera abriendo convencido del colapso inminente estar\u00eda actuando contra s\u00ed mismo. Esa hip\u00f3tesis exige una prueba extraordinaria que el expediente no contiene.<\/p>\n\n\n\n VII. El sesgo retrospectivo y el juicio ex ante<\/strong><\/p>\n\n\n\n La psicolog\u00eda cognitiva ha documentado con solidez el llamado sesgo retrospectivo: una vez conocido el desenlace, los observadores sobrestiman sistem\u00e1ticamente cu\u00e1n previsible era. Las se\u00f1ales que antes del 8 de abril de 2025 eran ruido (una filtraci\u00f3n, un desprendimiento de yeso, una queja sobre el techo) se leen despu\u00e9s como presagios inequ\u00edvocos. El derecho penal conoce este riesgo y lo neutraliza exigiendo que el juicio sobre el peligro se haga ex ante, desde la posici\u00f3n del agente en el momento de actuar, con los datos que entonces ten\u00eda.<\/p>\n\n\n\n La pregunta correcta no es si, sabiendo lo que hoy sabemos, aquellas se\u00f1ales anunciaban una cat\u00e1strofe. La pregunta es si, la noche del 7 al 8 de abril, los imputados se representaban la muerte de cientos de personas como consecuencia probable de abrir el local, y la aceptaron. En un pa\u00eds donde las filtraciones en losas de hormig\u00f3n son endemia constructiva, y donde un establecimiento llevaba d\u00e9cadas operando con aforo pleno sin incidentes de esa magnitud, la lectura ex ante m\u00e1s veros\u00edmil es la de un problema de mantenimiento subestimado.<\/p>\n\n\n\n Esto tiene una consecuencia procesal directa. El dolo eventual es un elemento subjetivo del tipo y debe probarse m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. Frente a la conducta de autoexposici\u00f3n y al inter\u00e9s objetivo en la conservaci\u00f3n del inmueble, la hip\u00f3tesis de la aceptaci\u00f3n del resultado no es la \u00fanica explicaci\u00f3n razonable de la prueba; es, en el mejor de los casos, una entre varias, y no la m\u00e1s plausible. El principio in dubio pro reo, que el C\u00f3digo Procesal Penal consagra, cierra la discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n VIII. Los precedentes extranjeros que se invocar\u00e1n, y por qu\u00e9 no sirven La discoteca Kiss (Santa Maria, Brasil, 2013). El incendio caus\u00f3 242 muertes, y un jurado conden\u00f3 en 2021 a los socios del local y a miembros de la banda por homicidio con dolo eventual. Es el precedente m\u00e1s cercano en lo f\u00e1ctico, y su validez procesal ha atravesado largas vicisitudes recursivas. Pero la diferencia decisiva es normativa. El art\u00edculo 18, inciso I, del C\u00f3digo Penal brasile\u00f1o define expresamente como doloso el delito en que el agente asume el riesgo de producir el resultado. Brasil codific\u00f3 el dolo eventual; la Rep\u00fablica Dominicana, en el C\u00f3digo aplicable, no. Adem\u00e1s, en Kiss la conducta nuclear fue activa: encender artefactos pirot\u00e9cnicos en un recinto cerrado con revestimiento inflamable. Aqu\u00ed, como se demostr\u00f3, se reprocha una omisi\u00f3n. Kiss no es un argumento a favor de la recalificaci\u00f3n; es la prueba de que, para llegar all\u00ed, hace falta una ley que nuestro C\u00f3digo no tiene.<\/p>\n\n\n\n El caso de la colza (Espa\u00f1a, sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1992). El Supremo espa\u00f1ol aplic\u00f3 el dolo eventual a quienes distribuyeron para consumo humano aceite industrial desnaturalizado. Tres diferencias lo hacen inaplicable. Primera: el C\u00f3digo espa\u00f1ol de entonces conten\u00eda un delito espec\u00edfico contra la salud p\u00fablica con resultado de muerte, un tipo que daba soporte legal al reproche. Segunda: el peligro era intr\u00ednseco al producto que los acusados pusieron activamente en el mercado, no el deterioro progresivo de un inmueble. Tercera, y fundamental: los distribuidores no consum\u00edan el aceite. Exist\u00eda la asimetr\u00eda de exposici\u00f3n que en Jet Set falta por completo.<\/p>\n\n\n\n Por contraste, cuando Espa\u00f1a juzg\u00f3 la tragedia del Madrid Arena (2012), con varias j\u00f3venes muertas por una avalancha en un recinto sobreaforado, la condena del organizador fue por homicidio imprudente. Es decir: incluso un sistema que conoce y aplica el dolo eventual reserv\u00f3 la calificaci\u00f3n culposa para la explotaci\u00f3n negligente de un local de ocio.<\/p>\n\n\n\n IX. El art\u00edculo 304, la correlaci\u00f3n acusatoria y la competencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aun si se superaran los obst\u00e1culos sustantivos, la cifra de treinta a\u00f1os que se ha difundido p\u00fablicamente no resiste el an\u00e1lisis del art\u00edculo 304. Esa pena se reserva al homicidio que precede, acompa\u00f1a o sigue a otro crimen, o que tiene por objeto preparar, facilitar o encubrir un delito. En cualquier otro caso, el homicidio voluntario se sanciona con la pena ordinaria de reclusi\u00f3n mayor. Los querellantes no han identificado un crimen distinto de las propias muertes. Y no pueden usar cada muerte como el \u201cotro crimen\u201d que agrava las dem\u00e1s: ese razonamiento circular convertir\u00eda autom\u00e1ticamente todo homicidio m\u00faltiple en homicidio agravado, vaciando de sentido la distinci\u00f3n que el propio art\u00edculo establece.<\/p>\n\n\n\n En el plano procesal, el juez de la instrucci\u00f3n ya rechaz\u00f3 la misma pretensi\u00f3n, y el auto de apertura a juicio fij\u00f3 el objeto del proceso. La variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n en el juicio es posible, pero no ilimitada: el principio de correlaci\u00f3n entre acusaci\u00f3n y sentencia impide que el fallo exceda los hechos acusados, y una recalificaci\u00f3n que transforma la imprudencia en voluntad no cambia el nombre de los hechos, sino su sustancia subjetiva. En la medida en que los peritajes, los mensajes y los audios ya formaban parte del acervo probatorio cuando se dict\u00f3 el auto de apertura, lo que se presenta como novedad del juicio es, en realidad, una segunda oportunidad para una pretensi\u00f3n ya juzgada en la etapa intermedia.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, el juez Franny Gonz\u00e1lez ha advertido que la calificaci\u00f3n propuesta desborda la competencia material de su sala unipersonal, limitada a infracciones de hasta diez a\u00f1os. Acoger el incidente implicar\u00eda remitir el caso a un tribunal colegiado, con el consiguiente retraso para las propias v\u00edctimas. La estrategia de recalificaci\u00f3n, adem\u00e1s de jur\u00eddicamente inviable, posterga la sentencia que las familias esperan.<\/p>\n\n\n\n X. La v\u00eda que s\u00ed existe<\/strong><\/p>\n\n\n\n Negar la recalificaci\u00f3n no equivale a negar la justicia. Equivale a dirigir la b\u00fasqueda de justicia hacia el cauce que el ordenamiento s\u00ed ofrece. Y aquel cauce existe, con nombre propio.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 1386 del C\u00f3digo Civil dispone que el propietario de un edificio responde del da\u00f1o causado por su ruina cuando esta se debe a falta de reparaci\u00f3n o a vicio de construcci\u00f3n. Es una norma pensada, casi literalmente, para este caso. A ella se suman la responsabilidad del guardi\u00e1n de la cosa del art\u00edculo 1384 y la responsabilidad general por culpa de los art\u00edculos 1382 y 1383. La acci\u00f3n civil accesoria en el proceso penal, o la acci\u00f3n aut\u00f3noma, permite a las familias obtener una reparaci\u00f3n patrimonial que ninguna pena de prisi\u00f3n les proporcionar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n El verdadero esc\u00e1ndalo jur\u00eddico de Jet Set no es la calificaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico. Es que bajo el sistema de no acumulaci\u00f3n de penas del C\u00f3digo de 1884, doscientas treinta y seis muertes por imprudencia tengan el mismo techo punitivo que una sola. Esa desproporci\u00f3n es real, pero es un defecto de la ley y los defectos de la ley se corrigen legislando, no deformando los tipos penales en un caso particular. El legislador ya ha dado pasos con el nuevo C\u00f3digo Penal. Exigir a un juez que supla retroactivamente esa omisi\u00f3n legislativa es pedirle que sacrifique la legalidad, la garant\u00eda que protege a todos los dominicanos, incluidos los que hoy claman por una condena ejemplar.<\/p>\n\n\n\n Mi Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los hermanos Espaillat no se levantaron una ma\u00f1ana decididos a matar a sus compatriotas. Tampoco aceptaron, con fr\u00eda indiferencia, que el techo cayera sobre ellos y sobre su clientela. Lo que el expediente describe, en su versi\u00f3n m\u00e1s severa, es la conducta de propietarios que conoc\u00edan un deterioro, subestimaron su gravedad e incumplieron su deber de conjurarlo. Esa conducta tiene nombre en el C\u00f3digo Penal dominicano: imprudencia e inobservancia de los reglamentos, art\u00edculo 319.<\/p>\n\n\n\n La recalificaci\u00f3n tropieza con ocho barreras independientes: la legalidad, el texto del propio art\u00edculo 319, la atipicidad del homicidio doloso por omisi\u00f3n, la autoexposici\u00f3n de una de las imputadas, la racionalidad del propietario, la exigencia de un juicio ex ante, la inaplicabilidad de los precedentes extranjeros y los l\u00edmites del art\u00edculo 304 y de la correlaci\u00f3n acusatoria. Bastar\u00eda una sola de ellas. Juntas, cierran todo camino<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n A las familias de las v\u00edctimas les debemos la verdad, y la verdad jur\u00eddica es \u00e9sta. Por grande que sea el dolor, por intensa que sea la telenovela que levantan los abo en sala, no pueden llegar all\u00ed. Les queda la condena penal que la ley permite, la reparaci\u00f3n civil que la ley garantiza y la reforma legislativa que la tragedia ha impulsado. Ofertarles otra cosa ser\u00eda, a mi parecer, mal derecho y una forma cruel de esperanza. M\u00e1s temas de este \u00edndole en y otros en el blog de mi bufete a VSP.com.do<\/a>.<\/p>\n\n\n\n ~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA, JD, CPCU<\/a><\/p>\n\n\n\n Referencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Normativa dominicana<\/strong><\/p>\n\n\n\n Derecho comparado<\/strong><\/p>\n\n\n\n Doctrina<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fuentes period\u00edsticas<\/strong><\/p>\n\n\n\n Cuevas, M. \u00bfCu\u00e1les son los argumentos de las defensas para que se cambie calificaci\u00f3n jur\u00eddica en caso Jet Set? List\u00edn Diario, 11 de octubre de 2026. https:\/\/listindiario.com\/la-republica\/20261011\/cuales-son-argumentos-defensas-cambie-calificacion-juridica-caso-jet-set_925634.html<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mi obra aqu\u00ed sostiene que, bajo el C\u00f3digo Penal dominicano aplicable a los hechos del 8 de abril de 2025, no existe v\u00eda dogm\u00e1tica, textual ni probatoria que permita recalificar el colapso de la discoteca Jet Set de homicidio involuntario (art\u00edculo 319) a homicidio voluntario a t\u00edtulo de dolo eventual (art\u00edculos 295 y 304). Se … <\/p>\n
La tesis querellante descansa sobre tres pilares: los peritajes que describen filtraciones y sobrecarga del techo, la ca\u00edda de fragmentos el mismo d\u00eda del colapso, y los audios intercambiados entre los imputados sobre el estado de la estructura. De ah\u00ed infieren que los imputados se representaron el resultado letal y, aun as\u00ed, continuaron explotando el establecimiento.<\/p>\n\n\n\n
Un ensayo honesto debe enfrentar los mejores argumentos contrarios. Hay dos precedentes extranjeros que los querellantes podr\u00edan invocar con apariencia de solidez. Ambos, examinados con cuidado, confirman la tesis aqu\u00ed defendida.<\/p>\n\n\n\n\n
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