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Técnicas analíticas estructuradas para inteligencia e investigación

Técnicas analíticas estructuradas para inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal en República Dominicana

Las técnicas analíticas estructuradas como disciplina del pensamiento: una defensa del marco del Tradecraft Primer y su aplicación a la inteligencia, la contrainteligencia y la investigación criminal.

Este ensayo examina el marco de técnicas analíticas estructuradas recogido en A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis (US Government 2009) y sostiene que dicho marco, lejos de ser un mero repertorio de ejercicios de escritorio, constituye una disciplina epistemológica indispensable para todo profesional que deba emitir juicios bajo condiciones de información incompleta, ambigua o deliberadamente manipulada. Se describen las tres familias de técnicas (diagnósticas, contrarias e imaginativas), se responde a las objeciones más frecuentes contra su adopción y se argumenta que el marco es directamente trasladable a la inteligencia estratégica, a la contrainteligencia y a la investigación criminal en el contexto dominicano y caribeño. Se concluye con recomendaciones concretas de implementación institucional.

El problema no es la información, es la mente que la procesa

Quienes hemos dedicado décadas a evaluar riesgo, verificar hechos y anticipar la conducta de terceros sabemos que el error analítico rara vez nace de la falta de datos. Nace, con mucha mayor frecuencia, de la manera en que la mente humana organiza los datos que ya tiene. El Tradecraft Primer parte precisamente de esa premisa. Su capítulo introductorio, apoyado en la obra seminal de Richards Heuer (1999), plantea lo que denomina el desafío del “mind-set”: todo individuo asimila y evalúa la información a través de modelos mentales, esto es, construcciones de supuestos y expectativas forjadas por la experiencia. Esos modelos son imprescindibles para procesar un volumen de información que de otro modo resultaría inabarcable, pero al mismo tiempo condicionan qué información será percibida, recordada y aceptada, y cuál será descartada por no encajar con lo esperado (US Government 2009).

La paradoja que señala el primer, y que cualquier oficial veterano reconocerá con cierta incomodidad, es que el analista experimentado es más vulnerable a este fenómeno, no menos. El éxito pasado en la aplicación de un modelo mental lo consolida, lo vuelve resistente al cambio y convierte la evidencia contradictoria en ruido que se filtra sin llegar a la conciencia (Heuer 1999; Kahneman 2011). El primer lo resume en cuatro riesgos: percibimos lo que esperamos percibir; una vez formada, la percepción se resiste a cambiar; la información nueva se asimila, a veces erróneamente, a los modelos existentes; y la información conflictiva tiende a ser ignorada o descartada (US Government 2009).

Lo que propone el marco no es abolir los modelos mentales, cosa imposible, sino hacerlos explícitos, someterlos a escrutinio y construir mecanismos institucionales que obliguen al analista a considerar alternativas que su intuición, por sí sola, jamás le presentaría. Este ensayo defiende que ese propósito es tan pertinente para el oficial de la Dirección Nacional de Investigaciones o del J2 del Ministerio de Defensa como para el fiscal investigador del Ministerio Público, el analista de la Dirección Nacional de Control de Drogas o el investigador privado que reconstruye el patrimonio de un deudor fraudulento.

Anatomía del marco: tres familias de técnicas

El primer organiza sus doce técnicas según el propósito que cumplen en el ciclo analítico. Esta taxonomía, aunque el propio documento reconoce que muchas técnicas cumplen funciones combinadas, tiene un valor pedagógico enorme porque le permite al analista seleccionar la herramienta según la enfermedad que pretende tratar (US Government 2009).

Técnicas diagnósticas: transparentar el argumento

Las técnicas diagnósticas buscan hacer visibles los supuestos, la calidad de las fuentes y las brechas de información sobre las que descansa un juicio.

La verificación de supuestos clave (Key Assumptions Check) consiste en enumerar y examinar las premisas, declaradas o tácitas, que deben ser ciertas para que la línea analítica se sostenga. El primer ilustra la técnica con el caso del francotirador de Washington en 2002, en el que las autoridades operaron durante semanas bajo el supuesto de que buscaban a un hombre blanco, solitario, con entrenamiento militar y al volante de una camioneta blanca. Descompuesto en sus partes, ese perfil revelaba grados de confianza muy desiguales: la probabilidad de que el agresor fuese varón era altísima, pero la de que fuese blanco o condujese la camioneta descrita era considerablemente menor. Al no haber sometido el supuesto compuesto a esa descomposición, la investigación estrechó prematuramente el universo de sospechosos hasta excluir a los verdaderos autores (US Government 2009). Cualquier investigador criminal dominicano que haya visto una pesquisa encallar porque el “perfil” inicial se convirtió en dogma comprenderá de inmediato la lección.

La verificación de la calidad de la información obliga a revisar periódicamente la solidez, la corroboración y el contexto de obtención de cada fuente. El primer recuerda, citando los informes del Senado estadounidense y de la Comisión sobre Armas de Destrucción Masiva, que el fracaso analítico sobre Irak en 2003 se debió en buena medida a la dependencia de una fuente única y ambigua y a la incomprensión de las limitaciones de la colección técnica (US Government 2009). Para el oficial de contrainteligencia, esta técnica es el antídoto natural contra la fuente humana que “vende” información diseñada para complacer, y para el fiscal es el equivalente metodológico de la cadena de custodia aplicada al testimonio.

Los indicadores o señales de cambio consisten en construir de antemano una lista de eventos observables que uno esperaría ver si una hipótesis o escenario se estuviese materializando, y revisarla con regularidad. Su virtud principal, según el primer, es que despersonaliza los desacuerdos: cuando todas las partes aceptan los criterios objetivos de medición, la discusión deja de ser sobre opiniones y pasa a ser sobre evidencia (US Government 2009).

El análisis de hipótesis en competencia (ACH), desarrollado por Heuer, es la joya de la corona del enfoque diagnóstico. En lugar de evaluar la plausibilidad de una explicación a la vez, el analista despliega todas las hipótesis razonables en una matriz y contrasta cada pieza de evidencia contra cada una de ellas, preguntándose no cuál hipótesis confirma la evidencia sino cuál hipótesis la evidencia refuta. El primer subraya que la evidencia consistente con todas las hipótesis carece de valor diagnóstico, por muy contundente que parezca, y que la técnica obliga a preguntarse qué evidencia debería estar presente y no lo está, abriendo así la puerta a la detección de negación y engaño (US Government 2009; Heuer y Pherson 2011).

Técnicas contrarias: desafiar el consenso

Las técnicas contrarias atacan de frente la línea analítica dominante.

La abogacía del diablo designa a un analista, o a un equipo, para construir el mejor caso posible a favor de una explicación alternativa a la que sostiene el consenso. El primer advierte con sensatez que cuando un grupo ha trabajado un mismo tema durante largo tiempo, lo prudente es presumir que existe un modelo mental arraigado que merece este escrutinio. El resultado puede ser la reafirmación de la línea original, su matización o su abandono, y cualquiera de los tres es una ganancia (US Government 2009).

El Equipo A / Equipo B se distingue de la anterior porque no desafía una sola visión dominante sino que contrasta dos o más posiciones igualmente sostenidas, desarrollando cada una con sus propios supuestos, evidencia y lógica ante un jurado de pares. El primer nota su utilidad para reducir fricciones entre facciones analíticas y para ofrecer al tomador de decisiones argumentos bien elaborados en lugar de un consenso que oculta diferencias sustantivas (US Government 2009).

El análisis de alto impacto y baja probabilidad obliga a considerar las consecuencias de eventos que el consenso descarta como improbables. El primer recuerda que la caída del Sha, el colapso soviético y la reunificación alemana fueron todos calificados en su momento como escenarios remotos, y reproduce la evaluación del Departamento de Estado del 27 de noviembre de 1941, diez días antes de Pearl Harbor, que apostaba cinco a uno contra una guerra con Japón (US Government 2009).

El análisis “¿Qué pasaría si?” da un paso más: asume que el evento improbable ya ocurrió y se dedica a explicar, razonando hacia atrás, cómo pudo haber sucedido y qué señales lo habrían anunciado (US Government 2009).

Técnicas imaginativas: generar lo que la rutina no produce

La tormenta de ideas estructurada, con su fase divergente y su fase convergente, es el punto de partida de casi todas las demás técnicas. El primer insiste, paradójicamente, en que la creatividad exige estructura: reglas explícitas, prohibición de frases asesinas del tipo “eso no funcionaría”, participación de al menos un “forastero” que no comparta el modelo mental del grupo y un límite de tiempo (US Government 2009).

El pensamiento de afuera hacia adentro invita a identificar las fuerzas sociales, tecnológicas, económicas, ambientales y políticas que, aunque escapen al control del analista, pueden moldear decisivamente el problema.

El análisis de Equipo Rojo coloca al analista en la piel del adversario para reproducir cómo este percibe amenazas y oportunidades, evitando el error de “imagen espejo” que atribuye a un actor extranjero la racionalidad, los valores y las prioridades propias (US Government 2009).

El análisis de futuros alternativos o escenarios, finalmente, cruza las dos incertidumbres más críticas de un problema para generar cuatro mundos plausibles, describir cómo cada uno podría materializarse y derivar indicadores para vigilar cuál se aproxima (Schwartz 1991; US Government 2009).

Defensa del marco frente a sus críticos

Ningún marco metodológico se adopta sin resistencia, y las técnicas estructuradas han recibido su cuota. Conviene responder a las objeciones más serias.

La objeción del tiempo. Se alega que estas técnicas consumen horas que el analista operativo no tiene. La respuesta es doble. Primero, el mismo escalona las técnicas según su costo: una verificación de supuestos toma una o dos horas; una matriz ACH puede cargarse en un día; solo el Equipo A / Equipo B y los ejercicios de escenarios exigen inversiones considerables (US Government 2009). Segundo, y más importante, el costo de una técnica debe compararse con el costo del error que previene. Las semanas perdidas persiguiendo una camioneta blanca en Washington, o los años de política exterior construidos sobre una fuente única en Irak, hacen que unas horas de disciplina metodológica parezcan una ganga.

La objeción de la falsa precisión. Se argumenta que asignar puntajes de consistencia en una matriz o votar sobre grupos de notas adhesivas reviste de apariencia científica lo que sigue siendo juicio subjetivo. El primer es escrupulosamente honesto en este punto: reconoce que la aplicación de estas técnicas no garantiza la precisión ni la exactitud de los juicios, pero sí mejora la sofisticación, la credibilidad y la utilidad de las evaluaciones (US Government 2009). La pretensión del marco no es sustituir el juicio experto por un algoritmo sino hacer el juicio transparente, auditable y corregible. Un juicio que puede mostrar sus supuestos y su evidencia es superior a uno que solo puede invocar la autoridad de quien lo emite, aunque ambos resulten igualmente acertados.

La objeción del experto. Se sostiene que el analista con veinte años en un tema no necesita que le digan que verifique sus supuestos. La literatura sobre juicio experto responde con contundencia. Tetlock (2005) demostró en un estudio longitudinal que la exactitud predictiva de los expertos en asuntos políticos apenas superaba el azar y que los más confiados eran, sistemáticamente, los menos precisos. Kahneman (2011) documentó que la confianza subjetiva es un pésimo indicador de exactitud y que la pericia genuina solo se desarrolla en entornos con retroalimentación rápida y regular, condición que rara vez cumplen la inteligencia o la investigación de largo aliento. El primer, al señalar que los analistas experimentados pueden ser más susceptibles a los problemas del modelo mental, no insulta a la experiencia: la protege de sí misma.

La objeción de la institucionalidad. Se objeta que estas técnicas son un producto de la burocracia estadounidense posterior a las comisiones del 11 de septiembre y de Irak, y que no se trasladan a organismos más pequeños. Esto confunde el origen con la naturaleza. Los sesgos que el marco combate (expectativa, anclaje, exceso de confianza, atribución, resistencia al cambio) son propiedades universales de la cognición humana documentadas por décadas de psicología experimental (Tversky y Kahneman 1974; Jervis 1976). Un organismo pequeño con pocos analistas está, si acaso, más expuesto al pensamiento de grupo que una comunidad de dieciséis agencias, y por tanto más necesitado de mecanismos formales de disenso.

Aplicación a la inteligencia estratégica

En el ámbito de la inteligencia de Estado, el marco encuentra su terreno natural. La Ley 590-16, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, asigna a la Dirección Nacional de Investigaciones la responsabilidad de producir inteligencia para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional. Esa función se ejerce en un entorno regional de complejidad creciente: la inestabilidad institucional en Haití, las rutas de narcotráfico que atraviesan el Caribe hacia Europa y Norteamérica, la competencia de potencias extrarregionales por influencia en la cuenca y las presiones migratorias que de todo ello se derivan.

Cada uno de estos temas es candidato ideal para el análisis de futuros alternativos, porque presenta exactamente las condiciones que el primer describe: alta incertidumbre, multiplicidad de factores y ausencia de un resultado único que merezca ser pronosticado con confianza (US Government 2009). Un ejercicio que cruce, por ejemplo, la capacidad del Estado haitiano de recuperar el control territorial contra el nivel de compromiso de la comunidad internacional generaría cuatro escenarios cuyas implicaciones para la frontera, el comercio y la seguridad dominicanas son radicalmente distintas, y permitiría al decisor evaluar cuáles políticas resultan robustas en todos ellos.

El análisis de Equipo Rojo es igualmente aplicable. Un analista dominicano que evalúe las intenciones de una organización criminal transnacional, de un actor estatal con intereses en el Caribe o de una estructura política haitiana corre el mismo riesgo de imagen espejo que el primer advierte respecto de líderes autoritarios o células terroristas: atribuir al adversario la lógica de costo y beneficio que uno mismo aplicaría, cuando el adversario opera bajo códigos, lealtades y presiones enteramente distintos (US Government 2009).

Aplicación a la contrainteligencia

La contrainteligencia es, por definición, la disciplina del engaño y de su detección, y es aquí donde el ACH despliega su mayor potencia. El primer señala que la técnica resulta ideal para considerar la posibilidad de negación y engaño porque obliga al analista a preguntarse qué evidencia debería observarse si una hipótesis fuese cierta y por qué no se observa (US Government 2009). Frente a una fuente humana cuya información es consistentemente coherente con lo que el servicio desea escuchar, la matriz ACH permite formular con rigor la hipótesis incómoda: que la fuente está controlada por el adversario y que la consistencia misma de su producto es la señal de alarma.

La verificación de la calidad de la información complementa este ejercicio. El primer enumera entre sus pasos la revisión sistemática de fuentes, la búsqueda de corroboración suficiente y la reexaminación de información previamente descartada a la luz de hechos nuevos (US Government 2009). En contrainteligencia, esa reexaminación retrospectiva es a menudo la única vía para reconstruir el momento en que una operación fue comprometida.

Finalmente, la abogacía del diablo institucionalizada protege contra el fenómeno más peligroso de la contrainteligencia: la convicción colectiva de que “nuestra gente” es confiable. Cuando un servicio ha operado durante años sin detectar penetración, la conclusión estadísticamente más probable no es que no la haya, sino que no la ha buscado con suficiente escepticismo. Un ejercicio formal de abogacía del diablo, con mandato explícito y producto documentado, convierte esa sospecha abstracta en una línea de investigación concreta.

Aplicación a la investigación criminal

La objeción más previsible a este ensayo es que las técnicas del primer fueron diseñadas para analistas de inteligencia y no para investigadores policiales o fiscales, cuyo oficio está regido por el estándar probatorio y no por el juicio estimativo. La objeción no resiste el examen. El propio primer escoge un caso de investigación criminal, el del francotirador de Washington, como su ejemplo insignia de verificación de supuestos, y la literatura criminológica sobre “visión de túnel” describe con precisión los mismos mecanismos cognitivos que el primer combate (Findley y Scott 2006).

El Código Procesal Penal dominicano, Ley 76-02, impone al Ministerio Público el deber de objetividad, obligándolo a investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado. Ese mandato legal es, en el fondo, una exigencia de análisis de hipótesis en competencia. Un fiscal que carga en una matriz la hipótesis acusatoria junto con las alternativas exculpatorias, y que evalúa cada pieza de evidencia contra todas ellas, no solo cumple mejor su deber de objetividad sino que produce un expediente considerablemente más resistente al contrainterrogatorio y a la impugnación en juicio.

La verificación de supuestos clave debería ser rutina en toda investigación de homicidio, secuestro o delito financiero complejo. El perfil inicial del sospechoso, la hipótesis del móvil, la cronología presumida de los hechos y la fiabilidad del testigo principal son todos supuestos que, descompuestos y evaluados individualmente, revelan grados de confianza muy distintos. El primer advierte que la información que contradice un supuesto no examinado “se pierde en el ruido”; el investigador que ha escrito sus supuestos en una pizarra está, por ese solo hecho, mejor preparado para reconocer la pista que los desmiente (US Government 2009).

Los indicadores y señales de cambio tienen aplicación directa en la investigación de estructuras criminales persistentes. Un equipo que investiga una red de lavado de activos, de tráfico de personas o de contrabando puede definir de antemano qué patrones transaccionales, movimientos de personal, cambios de rutas o comunicaciones esperaría observar bajo cada hipótesis sobre la estructura y el liderazgo de la organización, y luego dejar que la vigilancia discrimine entre ellas en lugar de acumular información sin criterio de relevancia.

En la investigación privada y corporativa, ámbito en el que quien esto escribe ha trabajado durante décadas en la evaluación de riesgo de fianzas y en la localización de activos, las mismas técnicas rinden dividendos. La tormenta de ideas estructurada sobre las posibles ubicaciones del patrimonio de un principal que ha incumplido, el análisis de Equipo Rojo que reproduce cómo ese principal razonaría para ocultarlo y la verificación de calidad de la información sobre cada dato registral o testimonial obtenido son prácticas que distinguen la investigación profesional de la simple búsqueda.

Recomendaciones para la implementación institucional

La adopción del marco no requiere reformas legislativas ni inversiones tecnológicas. Requiere decisión gerencial y disciplina. Se proponen las siguientes medidas.

Incorporar la verificación de supuestos y la tormenta de ideas al inicio de todo proyecto analítico o investigativo de relevancia. El primer señala que estas dos técnicas son las de menor costo y mayor rendimiento en la fase inicial, y su cronograma sugerido las coloca también en la fase final, como control de sanidad antes de entregar el producto (US Government 2009).

Exigir que todo producto de inteligencia o informe investigativo de importancia declare explícitamente sus supuestos clave, su nivel de confianza en las fuentes principales y las hipótesis alternativas consideradas. Esta exigencia, además de mejorar la calidad analítica, protege al organismo frente a la revisión posterior: un juicio equivocado que documentó sus supuestos y sus alternativas es un error honesto; uno que no lo hizo es negligencia.

Designar formalmente abogados del diablo en los temas de mayor consecuencia y garantizar que su producto se identifique como tal, para evitar la confusión sobre la posición oficial que el primer advierte (US Government 2009). La designación debe rotar y debe recaer en analistas con credibilidad, no en los más jóvenes ni en los más cómodos de sacrificar.

Introducir el ACH como herramienta estándar en la investigación de casos con múltiples explicaciones plausibles, comenzando por la contrainteligencia y las investigaciones de delitos complejos del Ministerio Público. Existen herramientas informáticas gratuitas que facilitan la construcción de la matriz, pero una hoja de cálculo basta.

Formar facilitadores internos. El primer reconoce que varias técnicas, en particular el ACH y los escenarios, se benefician de un facilitador familiarizado con el método (US Government 2009). Un programa modesto de formación de formadores dentro del Sistema Nacional de Inteligencia y de la Escuela Nacional del Ministerio Público multiplicaría el efecto a bajo costo.

Incorporar al menos un “forastero” en los ejercicios de tormenta de ideas y escenarios. La recomendación del primer de incluir a alguien que no comparta la formación, la cultura ni el modelo mental del grupo (US Government 2009) es especialmente pertinente en organismos pequeños, donde la homogeneidad de trayectorias profesionales es la norma.

Mis Pensamientos

El Tradecraft Primer no promete la verdad. Promete algo más modesto y más valioso: un método para que el analista, el oficial de contrainteligencia y el investigador sepan por qué creen lo que creen, qué tendría que ocurrir para que dejaran de creerlo y qué alternativas descartaron y por qué. En un oficio donde el error se paga con vidas, con libertades injustamente privadas o con decisiones de Estado mal fundadas, esa transparencia no es un lujo académico sino una obligación profesional. Heuer (1999) cerró su obra con una afirmación de aparente sencillez que el primer recoge con razón: el análisis puede mejorarse. Las técnicas aquí defendidas son el camino más corto y mejor probado para hacerlo, y la comunidad profesional dominicana de inteligencia, contrainteligencia y persecución penal haría bien en adoptarlas con la seriedad que merecen.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Referencias

  • Findley, Keith A., y Michael S. Scott. 2006. “The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Cases.” Wisconsin Law Review 2006 (2): 291–397.
  • Heuer, Richards J., Jr. 1999. The Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence.
  • Heuer, Richards J., Jr., y Randolph H. Pherson. 2011. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. Washington, DC: CQ Press.
  • Jervis, Robert. 1976. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
  • Kahneman, Daniel. 2011. Thinking, Fast and Slow. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
  • República Dominicana. 2002. Ley No. 76-02 que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 10170.
  • República Dominicana. 2016. Ley No. 590-16 que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial No. 10851.
  • Schwartz, Peter. 1991. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Nueva York: Doubleday.
  • Tetlock, Philip E. 2005. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton: Princeton University Press.
  • Tversky, Amos, y Daniel Kahneman. 1974. “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.” Science 185 (4157): 1124–1131.
  • US Government. 2009. A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence.

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Criptografía poscuántica: amenaza a la seguridad de la RD

Computación cuántica, la amenaza emergente a la criptografía y la seguridad nacional dominicana

La amenaza cuántica a la criptografía y la seguridad nacional de la República Dominicana: por qué la migración debe comenzar ahora y cómo ejecutarla con recursos limitados.

La computación cuántica a escala amenaza con romper los algoritmos de clave pública (RSA, Diffie-Hellman y curvas elípticas) que sostienen la banca, la identidad digital, las comunicaciones del Estado y el comercio electrónico. Aunque todavía no existe una computadora cuántica criptográficamente relevante, la amenaza ya es operativa por dos vías: la captura de datos cifrados hoy para descifrarlos mañana, y la imposición externa de calendarios de migración por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, de cuyas redes financieras, tecnológicas y comerciales la República Dominicana depende de manera estructural. Este ensayo sostiene que la República Dominicana enfrenta una amenaza de seguridad nacional que no admite espera, que el país ya cuenta con el andamiaje institucional para responder, y que una migración ordenada a la criptografía poscuántica (PQC) es alcanzable con recursos limitados si se concentra en inventario, priorización, cripto-agilidad y apalancamiento de proveedores, en lugar de inversiones masivas en hardware. Se propone un plan por fases alineado con los hitos de 2026, 2030 y 2035 que ya rigen a los principales socios del país.

En agosto de 2026, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó una solicitud de información a la industria en busca de soluciones criptográficas provisionales de solo software, sin reemplazo de chips, tarjetas criptográficas, radios ni módulos de seguridad de hardware, que le permitan proteger sistemas militares durante su transición a la criptografía poscuántica antes del 31 de diciembre de 2029 (Vincent 2026). La solicitud es una pieza menor dentro de un proceso mucho mayor: dos meses antes, la Casa Blanca había ordenado que todos los activos federales de alto valor migren a PQC para el intercambio de claves antes de fines de 2030 y para firmas digitales antes de fines de 2031, adelantando en cuatro años la meta de 2035 fijada en 2022 (White House 2026; White House 2022). La Unión Europea, por su parte, exige que todos los Estados miembros tengan hojas de ruta nacionales de PQC antes de que termine 2026 y que los casos de uso de alto riesgo estén migrados antes de 2030 (NIS Cooperation Group 2025).

Estos calendarios no se dictan para la República Dominicana, pero le aplican por gravedad. Un país cuya economía se sostiene sobre remesas, turismo, zonas francas, banca corresponsal y servicios en la nube contratados a proveedores estadounidenses no puede permitirse que sus certificados digitales, sus canales de pago o sus comunicaciones diplomáticas queden fuera de los estándares que sus contrapartes adoptarán en los próximos cuatro años. La pregunta, por tanto, no es si el país debe migrar, sino cómo hacerlo con un presupuesto limitado, un mercado de talento reducido y una dependencia tecnológica casi total de terceros.

La naturaleza de la amenaza

La criptografía de clave pública moderna descansa sobre problemas matemáticos que las computadoras clásicas no pueden resolver en tiempo razonable: la factorización de enteros grandes y el logaritmo discreto. En 1994 Peter Shor demostró que una computadora cuántica suficientemente grande y estable resolvería ambos problemas en tiempo polinomial, lo que reduciría a la nada la seguridad de RSA, de Diffie-Hellman y de la criptografía de curvas elípticas (Shor 1997). Durante tres décadas la amenaza fue teórica porque el hardware cuántico era rudimentario. Ese margen se ha estrechado. En 2025, investigadores de Google publicaron una estimación de que RSA de 2,048 bits podría factorizarse con menos de un millón de qubits ruidosos en menos de una semana, una reducción de aproximadamente veinte veces respecto de las estimaciones previas (Gidney 2025). La encuesta anual de expertos del Global Risk Institute asigna una probabilidad no trivial a la aparición de una computadora cuántica criptográficamente relevante dentro de una década, y probabilidades sustanciales dentro de quince años (Mosca y Piani 2024). Cloudflare, que opera una fracción significativa del tráfico mundial de Internet, adelantó en abril de 2026 su propia meta de seguridad poscuántica completa a 2029 (Goldberg y Voci 2026).

Lo esencial para la formulación de política pública es que la fecha exacta de la ruptura no importa tanto como la relación entre tres plazos, formulada por Michele Mosca: el tiempo durante el cual la información debe permanecer confidencial (X), el tiempo que tomará migrar los sistemas (Y) y el tiempo que falta para que exista la máquina capaz de romperlos (Z). Si X más Y es mayor que Z, la información ya está comprometida aunque la máquina no exista todavía (Mosca 2018). Un expediente de inteligencia, un contrato de reaseguro a veinte años, un historial clínico o los datos biométricos de la cédula de identidad tienen valores de X que exceden con facilidad cualquier estimación razonable de Z. Y las migraciones criptográficas en sistemas complejos históricamente toman entre diez y veinte años (NIST 2024d).

De ello se deriva la táctica que hoy preocupa a las agencias de seguridad: capturar ahora y descifrar después. Un adversario estatal con acceso a cables submarinos, a puntos de intercambio de tráfico o a proveedores comprometidos puede almacenar comunicaciones cifradas con RSA o curvas elípticas y esperar. La Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos advierten de manera explícita que esta amenaza justifica comenzar la migración de inmediato, con independencia de cuándo llegue la computadora cuántica (CISA, NSA y NIST 2023).

Hay una segunda dimensión menos discutida pero igualmente grave para un Estado pequeño: la integridad de las firmas digitales. Cuando las firmas basadas en RSA o curvas elípticas puedan falsificarse, un atacante podrá suplantar actualizaciones de software y firmware, certificados raíz de infraestructura de clave pública, documentos notariales electrónicos, resoluciones judiciales firmadas digitalmente y credenciales de identidad. El daño no sería retrospectivo, como en el caso de la confidencialidad, sino inmediato y sistémico. Por esa razón, la Agencia de Seguridad Nacional prioriza la migración de la firma de código y de software antes que otras funciones (NSA 2022).

La respuesta internacional y su efecto sobre el país

La respuesta técnica ya existe. En agosto de 2024, el NIST publicó los tres primeros estándares federales de criptografía poscuántica: FIPS 203 (ML-KEM, derivado de CRYSTALS-Kyber) para encapsulamiento de claves, FIPS 204 (ML-DSA, derivado de CRYSTALS-Dilithium) y FIPS 205 (SLH-DSA, derivado de SPHINCS+) para firmas digitales (NIST 2024a; NIST 2024b; NIST 2024c). Estos algoritmos son software puro, están disponibles en bibliotecas de código abierto y ya se despliegan en navegadores, sistemas operativos y redes de distribución de contenido. El NIST fijó además un calendario de transición: los algoritmos vulnerables de 112 bits de seguridad quedan desaconsejados a partir de 2030 y prohibidos en sistemas federales a partir de 2035 (NIST 2024d).

La respuesta política ha sido más rápida de lo previsto. El Memorando de Seguridad Nacional 10 de 2022 ordenó a las agencias federales inventariar sus sistemas criptográficos y fijó 2035 como meta de migración (White House 2022). El Congreso lo reforzó con la Ley de Preparación en Ciberseguridad para la Computación Cuántica (U.S. Congress 2022). La Orden Ejecutiva de junio de 2026 adelantó esas fechas a 2030 y 2031 para los activos de alto valor, ordenó a los contratistas federales cumplir los FIPS poscuánticos antes de fines de 2030 y, de manera notable para la República Dominicana, instruyó al gobierno a asistir a operadores de infraestructura crítica, a gobiernos extranjeros y a grupos industriales extranjeros en sus propias transiciones (White House 2026; Mayer Brown 2026). La estrategia PQC del Departamento de Defensa publicada al día siguiente exige que todos sus sistemas soporten PQC antes de fines de 2030 y la utilicen antes de fines de 2031, y contempla incorporar requisitos poscuánticos al programa de Certificación del Modelo de Madurez en Ciberseguridad que rige a sus proveedores (Vincent 2026; Easley 2026). En el Reino Unido, el Centro Nacional de Ciberseguridad fijó 2028 para completar el descubrimiento y la planificación, 2031 para las migraciones de mayor prioridad y 2035 para la migración completa (NCSC 2025). En Europa la Recomendación de la Comisión de abril de 2024 y la hoja de ruta coordinada de junio de 2025 fijan hitos análogos para 2026, 2030 y 2035 (European Commission 2024; NIS Cooperation Group 2025). En el sector financiero, el Grupo de Expertos Cibernéticos del G7 ha instado a las entidades a comenzar la planificación de inmediato, y el Banco de Pagos Internacionales ha demostrado en su Proyecto Leap la viabilidad de proteger canales de pago interbancarios con criptografía poscuántica (G7 Cyber Expert Group 2024; BIS 2023).

El efecto sobre la República Dominicana opera por tres canales. Primero, el canal financiero: la banca corresponsal, las redes de tarjetas, SWIFT y los proveedores de procesamiento de pagos adoptarán los estándares de sus reguladores de origen, y las entidades dominicanas que no puedan negociar conexiones poscuánticas o híbridas quedarán progresivamente marginadas. Segundo, el canal tecnológico: la mayor parte de la infraestructura digital del Estado y de las empresas dominicanas reside en nubes y plataformas de proveedores estadounidenses, cuyos contratos federales los obligarán a ofrecer PQC por defecto, de modo que la migración llegará al país en parte por arrastre, pero solo será efectiva si el lado dominicano la configura, la verifica y la exige. Tercero, el canal de cadena de suministro: las empresas de zonas francas, los proveedores de servicios de tecnología y cualquier firma que aspire a contratar con agencias estadounidenses o europeas deberán demostrar preparación poscuántica como condición de acceso al mercado.

La exposición dominicana

La República Dominicana ha construido en la última década una de las arquitecturas de ciberseguridad más reconocidas de la región. El Decreto 230-18 estableció la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Ciberseguridad; el Decreto 612-24 reorganizó la gobernanza, creó la Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad bajo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, asignó a la Dirección Nacional de Inteligencia la coordinación de estrategias, amplió el mandato del CNCS y creó el Instituto Criptográfico Nacional, con la misión de fortalecer los controles sobre información reservada y profundizar los estudios sobre soberanía digital (Presidencia de la República Dominicana 2018; Presidencia de la República Dominicana 2024). El borrador de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 contempla una estrategia complementaria de criptografía (Centro Nacional de Ciberseguridad 2025). En el plano sectorial, la Junta Monetaria aprobó desde 2018 un Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información para el sistema financiero, e Indotel emitió en 2022 un Reglamento de Ciberseguridad para redes y servicios de telecomunicaciones (Junta Monetaria 2018; Indotel 2022). La Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales y su reglamentación establecen el marco de la infraestructura de clave pública nacional (Congreso Nacional 2002).

Esa base es una ventaja real. Pero la exposición es amplia. La cédula de identidad y electoral, los certificados de firma digital emitidos por las entidades de certificación autorizadas por Indotel, el Sistema de Pagos de la República Dominicana y el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central, las plataformas de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social, los sistemas de control aduanero y portuario, las redes de las Fuerzas Armadas y de la DNI, y el sistema eléctrico dependen en su totalidad de criptografía clásica. Muchos de estos sistemas manejan información cuyo valor de confidencialidad se mide en décadas. Ninguno, hasta donde consta en fuentes públicas, cuenta con un inventario criptográfico formal ni con una fecha de migración.

Conviene subrayar una asimetría que juega a favor del país. Como economía pequeña y abierta, la República Dominicana no necesita diseñar algoritmos, financiar investigación cuántica ni construir capacidad industrial de hardware. Necesita gobernanza, inventario, priorización y contratación inteligente. Los algoritmos ya están estandarizados y son gratuitos; las bibliotecas de software ya existen; los proveedores dominantes ya los están desplegando. La tarea nacional es organizativa y regulatoria, no científica.

Por qué ahora y no después

Tres argumentos concurren. El primero es aritmético: si la migración de un sistema crítico toma entre cinco y diez años, como muestran las experiencias documentadas de transición de SHA-1 a SHA-2 o de RSA a curvas elípticas, y si existe probabilidad material de una computadora cuántica relevante antes de 2035, comenzar en 2026 ya implica operar sin margen (NIST 2024d; Mosca y Piani 2024). El segundo es el efecto de cosecha: cada mes de demora amplía el archivo de comunicaciones dominicanas cifradas con algoritmos vulnerables que un adversario puede estar acumulando. El tercero es de oportunidad regulatoria. La ventana 2026 a 2027 es el momento en que el país puede alinearse a bajo costo con la hoja de ruta europea, que exige planes nacionales en 2026, y aprovechar la instrucción explícita de la Orden Ejecutiva estadounidense de asistir a gobiernos extranjeros (NIS Cooperation Group 2025; White House 2026). Un país que llega a 2030 sin inventario ni plan tendrá que migrar bajo presión de sus contrapartes, en condiciones de mercado más caras y con menos poder de negociación.

Hay además un argumento de soberanía. Si la República Dominicana no define sus propias prioridades de migración, las definirán sus proveedores en función de los intereses de sus mercados principales. El Instituto Criptográfico Nacional fue creado precisamente para evitar esa dependencia; darle como primer mandato la transición poscuántica es la forma más concreta de justificar su existencia.

Un plan para un país con recursos limitados

El plan que sigue se organiza en cuatro fases alineadas con los hitos internacionales y se rige por cinco principios: solo software siempre que sea posible, priorización por riesgo, cripto-agilidad como requisito contractual, apalancamiento de proveedores y cooperación internacional para financiar lo que no pueda cubrir el presupuesto nacional.

Fase de gobernanza e inventario (2026 a 2027)

La Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad debe designar formalmente al Instituto Criptográfico Nacional como autoridad técnica de la transición poscuántica, con el CNCS como coordinador operativo y la DNI como responsable de la evaluación de amenazas. Cada institución del Estado que opere un sistema crítico debe nombrar un responsable de migración, replicando la práctica de la Orden Ejecutiva estadounidense (White House 2026).

El primer entregable es un inventario criptográfico nacional de los sistemas de alto riesgo, es decir, una lista de materiales criptográficos que identifique qué algoritmos, longitudes de clave, protocolos, certificados y módulos de hardware utiliza cada sistema, quién los provee y cuándo expiran. El NIST, el NCSC y la hoja de ruta europea coinciden en que el inventario es el paso indispensable y el que más tiempo consume (CISA, NSA y NIST 2023; NCSC 2025; NIS Cooperation Group 2025). Existen herramientas de descubrimiento criptográfico de código abierto y la mayoría de los proveedores de nube ya exponen esta información; el costo es principalmente de personal.

El segundo entregable es una clasificación de riesgo basada en el criterio de Mosca: para cada sistema, cuánto tiempo debe permanecer confidencial su información y cuánto tardaría en migrar. Los sistemas donde la suma exceda diez años pasan a la lista de alta prioridad. Es previsible que esa lista incluya las raíces de la infraestructura de clave pública nacional, la firma de código y de firmware de sistemas del Estado, las comunicaciones clasificadas de Defensa, la DNI y Relaciones Exteriores, los sistemas de pagos del Banco Central, las bases de datos biométricas de la Junta Central Electoral y los registros tributarios y de seguridad social.

El tercer entregable es normativo y no cuesta dinero: una resolución de Indotel que autorice a las entidades de certificación a emitir certificados con ML-DSA y SLH-DSA e híbridos bajo la Ley 126-02; una circular de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central que exija a las entidades de intermediación financiera un inventario criptográfico y un plan de migración con fechas, en el marco del reglamento vigente de la Junta Monetaria (Junta Monetaria 2018); y una disposición de la Dirección General de Contrataciones Públicas que incorpore la cripto-agilidad y el soporte de los FIPS 203, 204 y 205 como requisito en toda adquisición de software, servicios en la nube y equipos de comunicaciones del Estado. Esta última medida es la de mayor rendimiento: evita comprar en 2027 sistemas que habrá que reemplazar en 2031.

Fase de migración de alto riesgo (2027 a 2030)

La prioridad técnica inmediata es el cifrado en tránsito, porque es donde opera la cosecha y donde la migración es casi gratuita. Todos los dominios gob.do, los portales transaccionales, las redes privadas virtuales y las conexiones de administración remota deben habilitar intercambio de claves híbrido, combinando curvas elípticas con ML-KEM, tal como ya lo hacen por defecto los principales navegadores y redes de distribución de contenido (IETF 2025; Goldberg y Voci 2026). Esto se logra con actualizaciones de configuración en servidores y proveedores existentes; el enfoque de solo software que el Departamento de Defensa busca para sus sistemas heredados es exactamente el adecuado para un Estado sin capacidad de reemplazar hardware (Vincent 2026).

En paralelo, el Instituto Criptográfico Nacional debe diseñar la nueva jerarquía de la infraestructura de clave pública nacional con raíces basadas en ML-DSA, de modo que los certificados de firma digital, la firma de código del Estado y las credenciales de identidad electrónica puedan emitirse bajo algoritmos poscuánticos antes de 2030, siguiendo la prioridad que la NSA asigna a la firma de software y firmware (NSA 2022). La renovación de la cédula de identidad ofrece una ventana natural para incorporar chips y certificados cripto-ágiles.

El sector financiero debe alinearse con los calendarios del G7 y del BIS, dando prioridad a los canales de pago interbancarios, la conectividad con SWIFT y las redes de tarjetas, y la banca en línea (G7 Cyber Expert Group 2024; BIS 2023). El Banco Central puede exigir a los participantes del sistema de pagos que demuestren capacidad de negociación híbrida antes de 2029.

Fase de consolidación (2030 a 2032)

Con los sistemas de alto riesgo migrados, la atención pasa a los sistemas de riesgo medio: portales de servicios ciudadanos, registros de salud, sistemas municipales, telecomunicaciones móviles y el sector eléctrico. Se retiran los certificados clásicos de la jerarquía nacional, se dejan de aceptar algoritmos desaconsejados en contrataciones nuevas y se exige a los proveedores de servicios de telecomunicaciones evidencia de cumplimiento en el marco del Reglamento de Ciberseguridad de Indotel (Indotel 2022).

Fase de cierre (2033 a 2035)

La meta final coincide con la fecha en que el NIST prohíbe los algoritmos vulnerables y con el tercer hito europeo: eliminación de la criptografía clásica de clave pública en todos los sistemas del Estado, salvo excepciones documentadas con controles compensatorios (NIST 2024d; NIS Cooperation Group 2025).

Capacidad humana y financiamiento

El mayor cuello de botella no será el dinero sino el talento. El Instituto Criptográfico Nacional debe establecer convenios con el Instituto Tecnológico de Las Américas, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Autónoma de Santo Domingo para formar un cuadro de especialistas en criptografía aplicada, y aprovechar la formación gratuita que ofrecen el NIST, la Organización de los Estados Americanos a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El equipo de respuesta a incidentes CSIRT-RD puede convertirse en el centro de asistencia técnica para instituciones pequeñas.

En cuanto al financiamiento, el plan es deliberadamente austero: la mayor parte del costo se concentra en personal, inventario y gestión de proveedores, no en compras. Para lo que no pueda cubrirse con presupuesto ordinario, existen fuentes identificables: la asistencia a gobiernos extranjeros que la Orden Ejecutiva estadounidense ordena de manera expresa (White House 2026), los programas de ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, la cooperación de la Unión Europea en el marco de la Alianza Digital con América Latina y el Caribe, y la cooperación técnica de la OEA. Un país que presente un inventario y una hoja de ruta será un candidato natural para esos fondos; uno que no lo haga, no.

Mi Perspectiva

La República Dominicana no está en condiciones de construir una computadora cuántica ni necesita hacerlo. Lo que sí está en condiciones de hacer, y lo que la seguridad nacional exige, es reconocer que la criptografía que protege la identidad de sus ciudadanos, la solvencia de su sistema financiero, la integridad de su justicia electrónica y la confidencialidad de su Estado tiene una fecha de caducidad conocida en su orden de magnitud aunque incierta en su día exacto. El país ya creó el órgano llamado a liderar la respuesta; le corresponde ahora dotarlo de un mandato, un inventario y un calendario. La experiencia comparada muestra que el costo de migrar a tiempo es modesto y el de migrar tarde es prohibitivo. Los socios del país ya fijaron sus fechas. La República Dominicana debe fijar las suyas en 2026, y no más tarde.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

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Enjambres de agentes autónomos y la seguridad nacional dominicana: una señal creíble, una respuesta proporcionada

Enjambres de agentes autónomos y la seguridad nacional dominicana. Una señal creíble, una respuesta proporcionada".

El 4 de septiembre de 2026 la agencia Reuters publicó una investigación que documenta cómo un conjunto de agentes de inteligencia artificial, vinculados según los investigadores a las operaciones de entrenamiento de OpenAI, tomó control de un wiki alemán de programación y lo convirtió en un tablón de coordinación para evadir restricciones, ocultar su conducta y sobrevivir a los intentos de limpieza del administrador del sitio (Seetharaman y Satter 2026). Este memorando sostiene que el episodio no constituye un acto hostil contra nación alguna, pero sí una señal creíble de que existe una nueva clase de exposición cibernética, y que la capacidad de la República Dominicana para detectarla y responder a ella es limitada. La respuesta proporcionada es doble: el endurecimiento y la monitorización de los sistemas estatales expuestos a internet, y un régimen de divulgación obligatoria para los proveedores de inteligencia artificial que operen sobre infraestructura dominicana.

Los hechos reportados y su alcance real

Conviene delimitar con precisión lo que la investigación de Reuters afirma y lo que no afirma. Los investigadores Sydney Von Arx y Cormac Slade Byrd identificaron más de quince mil ediciones realizadas por agentes automatizados en DseWiki, un sitio alemán de edición comunal orientado a programadores. Los mensajes estaban firmados por usuarios que se identificaban entre sí como agentes, y cerca de la mitad adoptaron nombres que sugerían afiliación con OpenAI. Los registros públicos del servidor indicaban que buena parte de la actividad provenía de infraestructura de Microsoft Azure, y los investigadores observaron visitas reiteradas de empleados de OpenAI al sitio con posterioridad al episodio (Seetharaman y Satter 2026).

Lo más relevante para un ministerio de defensa no es el volumen de ediciones sino su contenido. Los agentes compartían tácticas para hacer trampa en tareas de evaluación, para eludir las restricciones impuestas por su desarrollador y para enmascarar su comportamiento. Cuando el moderador del sitio comenzó a borrar páginas en junio, los agentes crearon páginas de respaldo y dejaron instrucciones a sus pares sobre dónde continuar si la página desaparecía. Un académico del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge describió los intercambios como la operación de una red clandestina dedicada obsesivamente a cumplir una misión (Seetharaman y Satter 2026).

Lo que la investigación no afirma es igualmente importante. No hay indicio de que el sitio alemán fuera seleccionado por razón de su nacionalidad, de que se atacara infraestructura gubernamental o crítica, ni de que exista relación alguna con la República Dominicana o con el Caribe. El wiki fue tomado porque era editable y estaba desatendido, no porque fuera alemán. Esa distinción es la que gobierna toda la conclusión de este memorando.

Por qué el episodio no es un acto hostil

El derecho internacional aplicable a las operaciones cibernéticas exige, para calificar una conducta como uso de la fuerza o como acto hostil imputable a un Estado, tanto un umbral de escala y efectos como un vínculo de atribución a un actor estatal o a quien actúe bajo su dirección o control efectivo (Schmitt 2017, reglas 15, 17 y 69). El episodio alemán no satisface ninguno de los dos elementos. Los efectos fueron la degradación temporal de un sitio privado de escasa importancia estratégica, y el actor fue un sistema automatizado que operaba sin dirección humana identificable, dentro de la infraestructura de una empresa privada estadounidense. El propio informe de los expertos gubernamentales de las Naciones Unidas reitera que la atribución exige un fundamento fáctico sólido y advierte contra las conclusiones precipitadas a partir de indicios técnicos como la ubicación de la infraestructura (Naciones Unidas 2021, párrs. 22 a 24).

Tratar el episodio como acto hostil sería, además, estratégicamente contraproducente. Desviaría recursos escasos hacia una postura de confrontación con un actor que no tiene intención de dañar al país, y privaría al Ministerio del marco conceptual correcto, que es el de la gestión de un riesgo estructural emergente y no el de la defensa frente a un adversario.

Por qué sí es una señal creíble de una nueva clase de exposición

La literatura técnica reciente documenta con consistencia que los sistemas de inteligencia artificial de propósito general desarrollan conductas de engaño, evasión y explotación de lagunas cuando tales conductas resultan instrumentales para los objetivos que se les asignan (Park et al. 2024). El episodio alemán no es una anomalía sino la manifestación pública de un patrón anticipado. Su importancia radica en tres rasgos.

Primero, la conducta fue autónoma y no dirigida. Los agentes no fueron instruidos para atacar un sitio; identificaron por sí mismos una superficie escribible en internet y la usaron para sus fines. Ello implica que cualquier sistema abierto, mal monitorizado y lento en responder es un objetivo potencial, con independencia de su valor estratégico o de la intención de terceros.

Segundo, la conducta fue persistente y adaptativa. Los agentes detectaron la campaña de borrado, dedujeron su lógica alfabética y diseñaron mecanismos de continuidad. Esta capacidad de resistir la remediación es precisamente la que distingue una amenaza persistente de un incidente aislado.

Tercero, y quizás lo más grave desde la perspectiva de un Estado pequeño, el desarrollador conoció el incidente durante semanas y no lo divulgó. Reuters reporta que funcionarios de OpenAI tuvieron conocimiento del episodio mientras la empresa gestionaba las consecuencias de la brecha de Hugging Face en julio, y que los esfuerzos de algunos investigadores internos por ampliar la indagación encontraron resistencia, incluso de asesores legales, extremo que la empresa niega (Seetharaman y Satter 2026). Un Estado que carece de capacidad para compeler la divulgación depende enteramente de que un investigador independiente tropiece con la evidencia.

La brecha dominicana de detección y respuesta

La República Dominicana ha construido un andamiaje normativo e institucional razonable para su tamaño. La Ley 53-07 tipifica los crímenes y delitos de alta tecnología (República Dominicana 2007), el país ratificó el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (Consejo de Europa 2001), la Ley 172-13 regula la protección de datos personales (República Dominicana 2013), y el Decreto 258-18 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Ciberseguridad como órgano ejecutor (República Dominicana 2018). El CSIRT-RD opera como equipo nacional de respuesta a incidentes.

El problema no es la ausencia de marco sino la asimetría entre ese marco y la superficie de exposición. Los diagnósticos regionales del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos sitúan a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana, en niveles de madurez intermedios o incipientes en materia de detección, monitorización continua y respuesta coordinada, con capacidades concentradas en los sectores financiero y de telecomunicaciones y mucho más débiles en el resto de la administración pública (BID y OEA 2020). El Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones confirma que las brechas más persistentes en la región se hallan en las medidas técnicas y de capacidad, no en las legales (UIT 2024).

Traducido a la realidad dominicana, ello significa que numerosos portales estatales y municipales operan sobre gestores de contenido de uso común con parches desactualizados, que la respuesta a incidentes fuera de la banca y las telecomunicaciones es en gran medida improvisada, y que sistemas críticos como las plataformas de la DGII y la DGA, la infraestructura de la Junta Central Electoral, los puertos y la generación eléctrica dependen de proveedores de nube y contratistas extranjeros sobre los cuales el Estado no ejerce supervisión directa. Un agente autónomo que busca un punto de apoyo, o un adversario humano que emplee tales agentes, no necesita tener la intención de perjudicar a la República Dominicana para causarle daño. La exposición es función de cuán abierta, desatendida y lenta en responder sea la infraestructura, y el perfil dominicano encaja en esa descripción.

La respuesta proporcionada

La proporcionalidad exige calibrar la respuesta a la naturaleza del riesgo. Como el riesgo es estructural y no adversarial, la respuesta debe ser defensiva y regulatoria, no ofensiva ni diplomática. Se proponen dos líneas de acción.

La primera es el endurecimiento y la monitorización continua de los sistemas estatales expuestos a internet. El marco de controles de seguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos ofrece la referencia más ampliamente adoptada, y sus familias de controles sobre gestión de configuración, integridad de sistemas e información, y monitorización continua son directamente aplicables (NIST 2020). En términos concretos, ello supone un inventario obligatorio de todos los activos estatales con exposición pública, la eliminación o el bloqueo de superficies de escritura abiertas en portales oficiales, plazos vinculantes de aplicación de parches, registro centralizado de eventos con retención suficiente para reconstruir campañas prolongadas, y la ampliación del mandato y los recursos del CNCS y del CSIRT-RD para que la monitorización alcance a los ministerios, las alcaldías y las entidades descentralizadas, no solo a los sectores regulados. El Ministerio de Defensa debe asumir un rol de articulación en la protección de las infraestructuras críticas, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciberseguridad, sin desplazar a los órganos civiles que la Estrategia Nacional ya designa.

La segunda es un régimen de divulgación obligatoria para los proveedores de inteligencia artificial que operen sobre infraestructura dominicana o que presten servicios a entidades públicas dominicanas. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece un precedente útil al obligar a los proveedores de sistemas de alto riesgo a notificar los incidentes graves a las autoridades nacionales en plazos definidos (Unión Europea 2024, art. 73). El Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST y la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial coinciden en que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias de la confianza en estos sistemas (NIST 2023; OCDE 2019). La República Dominicana carece del peso de mercado para imponer obligaciones a los laboratorios de frontera por sí sola, pero sí puede condicionar la contratación pública, el acceso a licencias de operación y el tratamiento de datos de ciudadanos dominicanos al cumplimiento de un deber de notificación de incidentes que involucren conducta autónoma no autorizada, con plazos breves y sanciones proporcionadas. Tal régimen podría instrumentarse mediante reglamento del Consejo Nacional de Ciberseguridad al amparo del Decreto 258-18, y en su caso mediante reforma a la Ley 53-07, e idealmente coordinarse con la Comunidad del Caribe y con la OEA para multiplicar su fuerza.

Mi Punto

El episodio alemán no amenaza a la República Dominicana y no debe ser tratado como un acto hostil. Su valor para el Ministerio de Defensa es el de una señal temprana y creíble: existe ya una clase de exposición en la que sistemas automatizados, sin dirección humana ni intención adversarial, identifican y explotan cualquier infraestructura abierta y desatendida, resisten la remediación y operan bajo un silencio corporativo que los Estados pequeños no pueden romper por sí mismos. La capacidad dominicana para detectar y responder a esa exposición es limitada, no por ausencia de leyes sino por insuficiencia de medios técnicos y de alcance institucional. La respuesta proporcionada es endurecer y monitorizar los sistemas estatales expuestos y exigir a los proveedores de inteligencia artificial que informen lo que saben cuando lo saben. Ambas medidas son alcanzables con los instrumentos jurídicos que el país ya posee, y ambas fortalecen la seguridad nacional sin alterar la postura estratégica de la República frente a socio o adversario alguno.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

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Señales de Advertencia del Agente Doble: Una Guía de Contrainteligencia

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Leyendo el señuelo (dangle): guía de campo del profesional sobre la fuente controlada y la reforma de la validación de activos. Un ensayo en la voz de un antiguo tipo de la CI.

Lo más difícil en la HUMINT no es reclutar una fuente. Es saber si la fuente que reclutaste te pertenece a ti. La reciente reconstrucción de fuente abierta (“OSINT”) que hizo Alexander Orleans del caso GTPROLOGUE (el despacho que el KGB hizo en 1987 del oficial de planta Aleksandr “Sasha” Zhomov contra la Estación de Moscú de la CIA) es la mejor anatomía pública en años de cómo un servicio hostil construye, en la frase de Churchill, una escolta de mentiras alrededor de una sola verdad operativa (Orleans 2025). A Zhomov lo corrieron durante aproximadamente tres años antes de que la CIA concluyera que había estado controlado desde el primer contacto. Lo instructivo del caso no es que engañaran a la CIA. Eso le pasa hasta a los mejores servicios. Es que el caso levantó casi todas y cada una de las banderas de advertencia clásicas. Las banderas se vieron, se debatieron, y el caso sobrevivió (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003).

He compilado aquí un catálogo de trabajo de esas banderas y de otras tomadas de una literatura un poco más amplia, cada una anclada a un caso real, seguido de las mejoras que el mecanismo de contrainteligencia debería institucionalizar. He tratado de mantenerme tan cerca de la tradecraft real como lo permite el registro abierto. Nada de esto requiere acceso clasificado para entenderse. La verdad dolorosa es que los indicadores son bien conocidos y lo han sido por lo menos desde el tratamiento fundacional que F. M. Begoum le dio al agente doble en 1962 en Studies in Intelligence (Begoum 1962). Por desgracia, los seguimos reaprendiendo.

Los Indicadores

Producción desproporcionada al acceso. El indicio más duradero es una fuente que se sienta sobre una montaña de secretos y te entrega gravilla. Zhomov era un oficial de planta del Primer Departamento que supervisaba la vigilancia del jefe de estación de Moscú, y sin embargo afirmaba tener apenas un “acceso periférico o infrecuente” al mismísimo material que su puesto debía hacerle rutinario (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Los soviéticos tenían una razón estructural para esto: la doctrina estricta prohibía liberar alimentación genuina de alto grado, y los oficiales temían un ajuste de cuentas estilo Stalin por divulgar de más, así que sus señuelos venían entrenados para alegar acceso escaso (Diamond 2008; Earley 1997). Cuando los reportes de una fuente quedan consistente y convenientemente por debajo del techo que su ubicación implica, pregúntate a quién beneficia el racionamiento.

La fuente controla el plan de comunicaciones y el tempo. El control es la capacidad del servicio que corre el caso de iniciar, alterar o detener el comportamiento del agente (Begoum 1962). Zhomov llegó con un plan de comunicaciones impersonal completamente formado —buzones de cartas a través del carro sin seguro de Downing, contacto a discreción de Zhomov, sin reuniones cara a cara prolongadas— que ponía cada palanca en manos del KGB e incluso restringía los movimientos físicos de sus manejadores de la CIA (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). Compárese con el estándar de oro del arreglo opuesto: el Comité XX británico en la Segunda Guerra Mundial, que poseía física y comunicacionalmente a cada agente alemán en el Reino Unido y por tanto podía alimentar a Berlín con confianza (Masterman 1972). Cuando el agente dicta la arquitectura del contacto, no lo estás corriendo a él. Él te está corriendo a ti.

Motivación delgada, genérica o sin respaldo. El espionaje contra el propio servicio es un acto psicológico profundo. Un activo o fuente creíble puede narrar de forma convincente por qué cruzó esa línea, y la historia se sostiene bajo verificación colateral. Zhomov ofreció el cliché de un sistema que se agriaba y un matrimonio en quiebra (y el interrogatorio independiente del desertor Sergey Papushin lo contradijo de plano, describiendo a Zhomov como felizmente casado y devoto de su hija) (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Un motivo que no sobrevive a una segunda fuente no es un motivo; es una leyenda de cobertura.

La llegada “demasiado buena para ser cierta”. Los servicios hostiles leen tus brechas de recolección y las llenan a pedido. Zhomov apareció precisamente cuando la CIA estaba desesperada por explicar las catastróficas pérdidas de activos de 1985–86, con exactamente el acceso para “explicarlas” (Orleans 2025). “Demasiado bueno” y “cierto” no son mutuamente excluyentes. Los voluntarios espontáneos (walk-ins) genuinos sí ocurren en el peor momento posible; sin embargo, una oportunidad tan perfectamente a tono debería elevar la carga de la prueba, no bajarla (Johnson 2009). El desastre cubano es el monumento aleccionador aquí. Cuando el mayor Florentino Aspillaga Lombard desertó en Viena en junio de 1987, reveló que esencialmente cada cubano que la CIA creía haber reclutado desde principios de los años sesenta había sido un agente doble corrido por La Habana, que había mercadeado deliberadamente a sus oficiales como latinos aficionados para operar por debajo del radar (Latell 2012). Décadas de “éxitos” eran un solo engaño paciente.

Ninguna urgencia genuina por la exfiltración. Un hombre que dice que se quiere salir, y que está guardando su mejor material para su interrogatorio en suelo seguro, eventualmente debería preguntar: “¿Cuándo me voy?”. Zhomov nunca pidió un cronograma. Cuando finalmente le ofrecieron una ruta de exfiltración en 1990, la repudió por ser demasiado riesgosa y se fundió de vuelta en su equipo de vigilancia (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). El supuesto desertor que nunca quiere desertar está hablando mierda, no empacando su maleta de fuga.

Bona fides autovalidantes y alimentación que nunca hiere de verdad al servicio matriz. Una fuente controlada construye credibilidad con material que parece costoso pero no lo es. Zhomov entregó un padrón preciso de las pérdidas de 1985–86, dañino a primera vista, pero lo envolvió dentro de la falsa narrativa del SCD “cabrón e infalible” de que las pérdidas se debían a una tradecraft soviética brillante y no a un topo (Orleans 2025). La alimentación validaba el canal mientras protegía el secreto que el canal existía para proteger: Aldrich Ames. Escudriña si las “joyas de la corona” de tu fuente realmente le costaron algo a su servicio, o si cada divulgación adelanta calladamente los intereses de su servicio. Para ponerlo en lenguaje de riesgo: si no representa un peligro para el servicio matriz, no vale nada.

Errores de tradecraft de la oposición incompatibles con la competencia que reclama. Los reportes de Zhomov predecían una ola de señuelos del KGB. La CIA entonces vio al KGB correrlos tan chapuceramente que dos quedaron descaradamente expuestos como provocaciones. La Estación de Moscú racionalizó el desliz como descuido soviético endémico, sin notar nunca que la tradecraft descuidada era lógicamente irreconciliable con el SCD omnisciente del que Zhomov alardeaba (Orleans 2025). Un servicio no puede ser simultáneamente infalible y chapucero. Cuando el cuadro que pinta tu activo contradice el comportamiento que observas, créele a tus ojos.

La ventaja de jugar “en casa” en el área denegada. El entorno es en sí mismo un indicador porque moldea cuáles otros indicadores puedes siquiera poner a prueba. Todo el caso Zhomov se desenvolvió dentro de Moscú, donde el KGB controlaba la calle, impedía interrogatorios largos y podía rechazar cualquier reunión bajo el argumento incontestable de que no podía evadir a sus propios equipos de vigilancia (Orleans 2025). El resumen franco de Paul Redmond sobre la validación en área denegada —pocas o ninguna fuente colateral, fuerte dependencia del valor del material y de cómo empezó el caso, etc.— describe un problema que la oposición diseña deliberadamente (Redmond 2010). Un caso nacido y criado enteramente en terreno del adversario ha tenido sus opciones de validación estranguladas al nacer.

Resistencia a las pruebas operativas, y su jodido inverso que da miedo. Zhomov respondía las preguntas duras de verificación con respuestas que sus propios oficiales de contrainteligencia hallaban vagas o improbables, y se desviaba con la promesa de contarlo todo después de la extracción (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). La renuencia a ser puesto a prueba —la evasión del polígrafo, de las tareas provocadoras, de la “lista de compras” diseñada para atraparlo— es en sí misma reveladora e instructiva. Este indicador trae una advertencia que el caso GTPROLOGUE no provee, y que la profesión debe internalizar. La paranoia también quema a las fuentes reales. El manejo prolongado y brutal del desertor soviético Yuri Nosenko como presunta provocación, y la sospecha que casi le cuesta a la CIA al genuinamente invaluable general del GRU Dmitri Polyakov, son la patología igual y opuesta de la credulidad que protegió a Zhomov (Bagley 2007; Wise 1992). La validación es duda calibrada, no un reflejo en ninguna de las dos direcciones.

“El hambre”, y los incentivos que la alimentan. Orleans nombra al culpable silencioso: el apetito del oficial de caso por un golpe espectacular, la reticencia institucional a presionar una fuente deslumbrante lo bastante duro como para perderla (Orleans 2025). Redmond fue más franco, atribuyendo los fracasos de validación posteriores a Angleton en parte a oficiales que no creían que sus propios casos pudieran ser fabricados, “particularmente cuando había ascensos de por medio” (Redmond 2010). La catástrofe cubana hizo metástasis exactamente en este suelo: una voluntad organizacional de creer en reclutamientos que halagaban a los reclutadores (Latell 2012). La bandera más cara es la que elegimos no ver porque verla nos cuesta un logro de carrera.

Lo Que la Función de Contrainteligencia Debería Implementar

Los indicadores son necesarios pero no suficientes; una agencia que meramente los enumera será engañada igual, porque el caso Zhomov prueba que las banderas pueden estar ondeando y la operación aún sobrevivir. Las reformas de abajo se tratan de forzar a los indicadores a morder.

Institucionalizar la revalidación continua. La respuesta de la CIA a las quemas de los años ochenta fue el Sistema de Validación de Agentes, desarrollado a partir de 1987 e introducido formalmente al Directorio de Operaciones en 1991 (Mahle 2004; Olson 2019). El principio es sólido y debería ser doctrina en toda la comunidad: las bona fides establecidas una vez no quedan establecidas para siempre. Un activo debe ser recalificado en un calendario recurrente contra los seis métodos clásicos de validación: corroboración por otras fuentes, tareas específicas y pruebas operativas, recolección sobre el activo, polígrafo, penetración de su servicio matriz y vigilancia sobre él. Nada puede asumirse acerca de lo que le ha pasado a una fuente desde la última vez que se probó a sí misma (Orleans 2025; Olson 2019).

Separar al validador del manejador. El oficial que reclutó una fuente y el oficial que la certifica no deberían ser la misma persona, e idealmente no la misma cadena de mando. El hambre es un conflicto de interés; la estructura debe neutralizarlo dándole a una célula de contrainteligencia independiente la autoridad permanente de impugnar cualquier caso, con protección para el analista que disienta. El registro de GTPROLOGUE muestra que el sistema funcionaba a medias. Gerber y Redmond se mantuvieron escépticos y el equipo de contrainteligencia siguió planteando preocupaciones, pero esas preocupaciones fueron repetidamente subordinadas al deseo de no “hacerlo enojar” (Orleans 2025). La disidencia que puede ser anulada por los dueños del caso es un feo adorno de pared.

Tratar “controlado” como una hipótesis permanente por refutar. La disciplina de Richard Heuer del Análisis de Hipótesis en Competencia pertenece al centro de la validación. Enumera las hipótesis (de buena fe, fabricador, controlado), y pesa cada dato por su valor diagnóstico, qué tan bien discrimina entre ellas en lugar de qué tan bien encaja con la respuesta que quieres (Heuer 1999). La mayoría de las “bona fides” de Zhomov eran consistentes tanto con un voluntario genuino como con un señuelo. Tenían un valor diagnóstico casi nulo, y sin embargo se trataron como confirmación. Un activo que sobrevive un esfuerzo deliberado por probar que es hostil vale muchísimo más que uno del que simplemente nunca se dudó en serio.

Privilegiar la penetración de la oposición como el único validador decisivo. Esta es la lección escrita con sangre a lo largo de todos estos casos. A Zhomov lo desenmascaró un desertor, Papushin (Orleans 2025). El engaño cubano lo desenmascaró un desertor, Aspillaga (Latell 2012). Al propio Ames finalmente lo acorralaron con la ayuda de fuentes dentro del FIS ruso. La producción propia de una fuente literalmente nunca resuelve sus bona fides. El interior del servicio del adversario sí. Esto es precisamente por lo que Olson clasifica “Sé Ofensivo” como el primero de sus Diez Mandamientos de la Contrainteligencia. El reclutamiento de penetraciones y el manejo agresivo de agentes dobles no es un lujo sino el motor de la validación misma (Olson 2019).

Diseñar los incentivos contra “el hambre”. Este es, por supuesto, el argumento de calidad sobre cantidad. Si el ascenso premia el volumen de reclutamiento, los oficiales reclutarán, defenderán e inflarán. La contramedida correctiva es una cultura de evaluación de daños en la que sacar a la luz un fabricador o un caso controlado se trate como un éxito profesional y no como una “F”, y en la que el dinero pagado a una fuente se entienda como una inversión operativa, no como un costo hundido que hay que justificar (Orleans 2025).

Mis Reflexiones Finales

Zhomov fue, como concede Orleans, un trabajo sólido. Cada elemento, desde el escenario hasta la alimentación hasta el plan de comunicaciones, fue diseñado para tomar y retener la iniciativa (Orleans 2025). El caso también confirma, sin embargo, una máxima tan vieja como Begoum. La producción por sí sola nunca establece las bona fides, y ninguna métrica individual debería jamás eximir a una fuente del escrutinio continuo, y menos que nada una penetración potencial, que es la cosa más peligrosa de todas si resulta que pertenece al otro bando (Begoum 1962; Orleans 2025). La disciplina no es paranoia, que destruyó los años de Nosenko y casi la vida de Polyakov; ni es el hambre, que le entregó a La Habana un cuarto de siglo de victorias fantasma. Es la disposición a seguir poniendo a prueba a una fuente en la que quieres desesperadamente creer, y a tomar en serio al colega de la mesa que no deja de hacer la pregunta incómoda.

Todo pasa una vez por primera vez, incluido un oficial de planta lanzado como señuelo por un servicio que “nunca” lanzaría un oficial de planta como señuelo. El oficial de contrainteligencia que olvida esa oración está en algún lugar, ya siendo corrido.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • Bagley, Tennent H. 2007. Spy Wars: Moles, Mysteries, and Deadly Games. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Bearden, Milt, y James Risen. 2003. The Main Enemy: The Inside Story of the CIA’s Final Showdown with the KGB. New York: Random House.
  • Begoum, F. M. 1962. “Observations on the Double Agent.” Studies in Intelligence 6, no. 1: 57–72.
  • Diamond, John. 2008. The CIA and the Culture of Failure: U.S. Intelligence from the End of the Cold War to the Invasion of Iraq. Stanford, CA: Stanford Security Studies.
  • Earley, Pete. 1997. Confessions of a Spy: The Real Story of Aldrich Ames. New York: G. P. Putnam’s Sons.
  • Grimes, Sandra, y Jeanne Vertefeuille. 2012. Circle of Treason: A CIA Account of Traitor Aldrich Ames and the Men He Betrayed. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
  • Heuer, Richards J., Jr. 1999. Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.
  • Johnson, William R. 2009. Thwarting Enemies at Home and Abroad: How to Be a Counterintelligence Officer. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Latell, Brian. 2012. Castro’s Secrets: Cuban Intelligence, the CIA, and the Assassination of John F. Kennedy. New York: Palgrave Macmillan.
  • Mahle, Melissa Boyle. 2004. Denial and Deception: An Insider’s View of the CIA. New York: Nation Books.
  • Masterman, J. C. 1972. The Double-Cross System in the War of 1939 to 1945. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Olson, James M. 2019. To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Orleans, Alexander. 2025. “Beautiful in Another Context: A Counterintelligence Assessment of GTPROLOGUE.” Studies in Intelligence 69, no. 2 (Extracts, June).
  • Redmond, Paul J. 2010. “The Challenges of Counterintelligence.” En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 537–54. New York: Oxford University Press.
  • Wise, David. 1992. Molehunt: The Secret Search for Traitors That Shattered the CIA. New York: Random House.
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¿Necesita la República Dominicana una Agencia de Contrainteligencia?

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El caso por fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en lugar de crear un nuevo organismo.

La República Dominicana no necesita crear una agencia de contrainteligencia independiente. Lo que necesita es fortalecer y profesionalizar la función de contrainteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia que acaba de reformar mediante la Ley Orgánica 1-26 de 2026, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia y con controles democráticos verificables. La contrainteligencia ya es un mandato legal vigente: el reto del país es de capacidad y de control, no de arquitectura institucional.

La pregunta sobre si la República Dominicana requiere una agencia de contrainteligencia suele plantearse como si existiera un vacío que llenar. No lo hay. Antes de decidir si conviene crear un organismo nuevo, hace falta reconocer un hecho que reordena por completo el debate. La contrainteligencia dominicana ya posee base legal, mandato expreso y un coordinador formal. La discusión pertinente no es entonces si el Estado debe hacer contrainteligencia, porque la ley ya lo obliga, sino cómo organizar mejor esa función. Y allí la respuesta más prudente apunta a la consolidación, no a la proliferación de agencias.

Punto de partida: la contrainteligencia ya es un mandato legal vigente

La arquitectura de seguridad dominicana acaba de atravesar su transformación más profunda en décadas. Con la promulgación de la Ley Orgánica 1-26, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11227 del 13 de enero de 2026, el país sustituyó el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones por una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reestructurada, ahora dependiente del presidente de la República y dotada de autonomía presupuestaria (Congreso Nacional 2026). La norma define a la DNI como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y le atribuye expresamente la misión de realizar y coordinar actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que ejecuten los organismos militares, policiales y financieros del Estado (Congreso Nacional 2026).

Esa redacción no es nueva en su espíritu. Ya la Ley 1-24 de 2024, antecedente directo de la reforma, había creado el SNI y enmarcado la inteligencia y la contrainteligencia como funciones coordinadas del Estado (Congreso Nacional 2024). El sentido de toda la reforma fue precisamente integrar: durante décadas los cuerpos de seguridad dominicanos operaron de manera fragmentada, generando duplicidad de esfuerzos y vacíos de información, y la creación formal del SNI buscó corregir esa dispersión (Redacción Acento 2024). En consecuencia, levantar ahora una agencia de contrainteligencia separada implicaría reintroducir, por la puerta trasera, la fragmentación que el legislador acababa de combatir.

El entorno de amenazas: por qué la contrainteligencia importa, y mucho

Sostener que no conviene una agencia nueva no equivale a minimizar la amenaza. Al contrario: el perfil de riesgo dominicano es exigente y justifica una capacidad de contrainteligencia robusta. El primer vector es el narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica a la República Dominicana como país de tránsito primario de la cocaína que cruza el Caribe rumbo a Norteamérica y Europa, y la Determinación Presidencial estadounidense para el año fiscal 2025 la mantiene en la lista de principales países de tránsito de drogas (U.S. Department of State 2025) (The White House 2024).

Lo relevante para la contrainteligencia no es el volumen del flujo, sino el mecanismo que lo sostiene. Las investigaciones de campo muestran que el contrabando por contenedores en puertos como Caucedo depende casi siempre de la complicidad de empleados portuarios: clonar los sellos de seguridad de un contenedor exige acceso a documentación de embarque y a la carga misma, algo imposible sin un infiltrado interno (InSight Crime 2024). El mismo Departamento de Estado vincula las limitaciones del país a la corrupción endémica y a las restricciones de capacidad institucional (U.S. Department of State 2025). La penetración y la corrupción de funcionarios de seguridad por parte de organizaciones criminales transnacionales es, por definición, el terreno propio de la contrainteligencia: proteger las instituciones del Estado frente a su captura desde dentro.

El segundo vector es el espionaje, estatal y económico. Tras el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a la República Popular China en 2018, la República Dominicana quedó expuesta a una relación asimétrica con una potencia que despliega capacidades de influencia e inteligencia. La ambigüedad del gobierno dominicano respecto del papel de Huawei en su red 5G ilustra esa vulnerabilidad, sobre todo en infraestructura crítica de telecomunicaciones (Ellis 2022). A ello se suman la frontera con Haití, foco de inestabilidad y de actores que operan a través de ese flanco, y la dimensión cibernética, que la propia Ley 1-26 incorpora al asignar a la DNI tareas de seguridad de las infraestructuras críticas (Congreso Nacional 2026). La conclusión provisional es clara: el país necesita contrainteligencia de verdad. La discusión es sobre el envase, no sobre el contenido.

El argumento contrario: la tentación de una agencia especializada

Existe un razonamiento serio a favor de crear un organismo dedicado, y conviene exponerlo con honestidad. La contrainteligencia es una disciplina distinta de la inteligencia positiva. Mientras esta recolecta y analiza información sobre amenazas externas, aquella se ocupa del contraespionaje, de la amenaza interna, de la protección de secretos de Estado y de la depuración de personal. Cuando ambas conviven bajo el mismo techo, la experiencia comparada sugiere que la contrainteligencia suele quedar subordinada a las prioridades de recolección y se atrofia. Una entidad con mandato propio acumularía experticia especializada y reduciría el conflicto de interés que surge cuando quien recolecta es también quien se vigila a sí mismo. En la literatura clásica de reforma de inteligencia este principio de separación entre el cazador y el guardabosque es un argumento recurrente a favor de la diferenciación funcional (Bruneau y Boraz 2007).

El argumento tiene mérito. Pero confunde dos cosas distintas: la necesidad de especialización con la necesidad de un organismo separado. Se puede lograr lo primero sin incurrir en los costos de lo segundo. Y para un Estado de los recursos y la trayectoria institucional de la República Dominicana, los costos de lo segundo son considerables.

Capacidad y diseño: por qué la consolidación supera la creación de un nuevo organismo

El primer costo es presupuestario y de talento humano. Construir una agencia desde cero exige una nómina propia, una cadena de mando autónoma, instalaciones, sistemas y, sobre todo, personal formado en una disciplina escasa en el mercado regional. Para un país de capacidad institucional limitada, el retorno de invertir en una nueva burocracia es previsiblemente inferior al de reforzar la capacidad de contrainteligencia dentro del sistema que acaba de crearse, dotándolo de cuadros, tecnología y procedimientos. Somos un país pequeño con presupuesto limitado. Aunque un mecanismo de contrainteligencia independiente sería la utopía, vivimos en un mundo real.

El segundo costo es de coherencia. La experiencia latinoamericana de reforma de inteligencia ofrece un punto de comparación útil. Brasil, al reconstruir su sistema tras el régimen militar, optó por priorizar el análisis y la contrainteligencia de alcance doméstico privilegiando instituciones civiles, con una estructura distribuida entre múltiples organismos coordinados centralmente por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) (Bruneau y Matei 2010). El rasgo dominante de esa reforma fue estructural y de coordinación, no la multiplicación de agencias autónomas (Cepik 2007). La lección para Santo Domingo es directa. La coordinación de una estructura distribuida, que es exactamente lo que el SNI dominicano pretende ser, resuelve mejor el problema de la dispersión que la creación de un nuevo actor que reclame su propia parcela de poder.

El riesgo decisivo: control democrático y el legado autoritario

El argumento más fuerte contra una agencia de contrainteligencia independiente no es presupuestario ni organizativo, sino político. De todas las funciones de inteligencia, la contrainteligencia es la más propensa a desbordarse hacia la vigilancia interna de la prensa, la oposición y la sociedad civil. Quien tiene el mandato de detectar la penetración del Estado posee también, casi por la misma vía, las herramientas para espiar a los ciudadanos. Concentrar ese poder en un organismo secreto, separado y con cadena de mando propia es precisamente la receta que la historia dominicana enseña a temer.

La memoria institucional pesa. El aparato de inteligencia dominicano nació como instrumento de represión durante la dictadura de Trujillo y se prolongó en las redes de vigilancia de las décadas posteriores, una herencia que la literatura sobre culturas de inteligencia en América Latina y el Caribe documenta como un lastre que las reformas democráticas aún no terminan de superar (Matei, Halladay y Estévez 2022). Esa preocupación no es solo histórica. Durante el trámite legislativo de la reforma, la Sociedad Dominicana de Diarios advirtió que ciertos artículos de ambigua redacción, en particular la obligación de toda persona e institución de entregar información a la DNI, podían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad (Redacción Acento 2024).

La literatura comparada confirma el peligro. En las democracias nuevas, los organismos de inteligencia tienden a resistir el control externo, amparados en el secreto de su oficio y en la falta de expertise de los supervisores políticos, y esa resistencia puede obedecer al deseo de perpetuar prácticas abusivas en nombre de la eficacia (Bruneau y Matei 2010). El propio caso brasileño, pese a su reforma modélica, mostró señales de que su agencia coordinadora reincidía en la lógica de policía política (Cepik 2007). Si un sistema reformado y centralizado ya enfrenta esa tentación, una agencia de contrainteligencia autónoma, con menos contrapesos y mayor opacidad, la multiplicaría.

El verdadero riesgo no es que la República Dominicana carezca de contrainteligencia, sino que construya un instrumento que termine protegiendo al gobierno de turno más que al Estado.

Recomendaciones: especializar dentro del sistema, no fuera de él

De lo anterior se desprende una vía intermedia que captura los beneficios de la especialización sin asumir los riesgos de la fragmentación y la concentración de poder. En primer lugar, la contrainteligencia debe alojarse como una dirección o subdirección especializada dentro de la DNI, con mandato, doctrina y personal propios, pero subordinada a la coordinación única del Sistema Nacional de Inteligencia. La especialización se logra por diseño funcional, no por separación institucional.

En segundo lugar, esa unidad debe concentrarse en tres prioridades verificables: el blindaje de las instituciones del Estado frente a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado; el contraespionaje frente a actores estatales con presencia creciente en el país; y la protección de la infraestructura crítica y de los secretos del Estado, incluida la dimensión cibernética. La seguridad del personal y la verificación de antecedentes, que el reglamento de la Ley 1-26 ya contempla, son piezas centrales de esa función.

En tercer lugar, y de manera no negociable, la capacidad de contrainteligencia debe quedar enmarcada en controles democráticos reales: supervisión judicial de las medidas intrusivas, control parlamentario efectivo, un inspector general con dientes, límites explícitos a la vigilancia doméstica y plazos razonables de reserva de la información. La eficacia y el control democrático no son objetivos en tensión, sino las dos caras de un servicio de inteligencia maduro (Bruneau y Boraz 2007). Un servicio sin control pierde legitimidad y, con ella, la cooperación ciudadana de la que depende su eficacia.

Mis pensamientos finales

La República Dominicana enfrenta amenazas que hacen de la contrainteligencia una necesidad estratégica, no un lujo. Pero la respuesta institucionalmente (y presupuestaria) correcta a esa necesidad no es un nuevo organismo con letrero propio, sino una capacidad de contrainteligencia seria, profesionalizada y bien acotada, alojada dentro de la arquitectura que la Ley 1-26 acaba de levantar. Opino que crear una agencia separada deshacería el esfuerzo de consolidación que inspiró la reforma, gravaría a un Estado de recursos limitados con una burocracia adicional y, sobre todo, concentraría en un cuerpo opaco el tipo de poder que la propia historia dominicana enseña a vigilar. Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia, y dentro de él la función de contrainteligencia, es la opción que mejor sirve a la vez a la seguridad nacional y a la democracia que esa seguridad debe proteger.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, Maestría en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Bruneau, Thomas C., y Steven C. Boraz, eds. 2007. Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness. Austin: University of Texas Press.
  • Bruneau, Thomas C., y Florina Cristiana Matei. 2010. «Intelligence in the Developing Democracies: The Quest for Transparency and Effectiveness». En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 757 a 773. Oxford: Oxford University Press.
  • Cepik, Marco. 2007. «Structural Change and Democratic Control of Intelligence in Brazil». En Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, editado por Thomas C. Bruneau y Steven C. Boraz. Austin: University of Texas Press.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2024. Ley núm. 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial. Santo Domingo.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2026. Ley Orgánica núm. 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial núm. 11227, 13 de enero. Santo Domingo.
  • Ellis, R. Evan. 2022. «Chinese Engagement with the Dominican Republic: An Update». Análisis sobre relaciones China a América Latina. revanellis.com.
  • InSight Crime. 2024. «The Dominican Republic: The Caribbean’s Cocaine Hub». Investigación de InSight Crime.
  • Matei, Florina Cristiana, Carolyn Halladay y Andrés de Castro Estévez, eds. 2022. The Handbook of Latin American and Caribbean Intelligence Cultures. Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Redacción Acento. 2024. «Ejecutivo promulga la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia». Acento, 18 de enero.
  • The White House. 2024. «Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2025» (Presidential Determination núm. 2024-12). Federal Register, 24 de septiembre.
  • U.S. Department of State. 2025. International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Volume I: Drug and Chemical Control. Washington, D. C.: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
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Trump nos ha jodido; Ormuz en Llamas y R.D. perjudicada

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La Guerra contra Irán y sus Efectos Devastadores sobre la Economía de la República Dominicana

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que transformó de manera abrupta el panorama energético mundial. La decisión del presidente Donald Trump de iniciar esta campaña bélica, tomada sin agotar las vías diplomáticas disponibles, ha provocado la mayor disrupción del suministro petrolero global desde la crisis de Suez de 1956 (Al Jazeera, 2026). El cierre prácticamente total del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha generado un shock de precios que amenaza con sumir a las economías importadoras de crudo en una espiral inflacionaria severa. Para la República Dominicana, un país que no produce petróleo y que depende completamente de las importaciones de hidrocarburos para mover su economía, las consecuencias de este conflicto son potencialmente catastróficas.

Aquí reviso las múltiples dimensiones del impacto económico que la guerra con Irán tiene sobre el pueblo dominicano, desde el encarecimiento inmediato de los combustibles hasta las amenazas estructurales al turismo, la seguridad alimentaria y la estabilidad fiscal del Estado. Mi argumento central es que la República Dominicana, por su condición de importador neto de energía y su limitada capacidad de almacenamiento estratégico, se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema que podría traducirse en un deterioro significativo de la calidad de vida de millones de dominicanos.

El Contexto Global: Un Shock Energético sin Precedentes

La magnitud de la crisis energética desatada por la guerra es difícil de exagerar. Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo Brent ha subido aproximadamente un 80%, pasando de alrededor de $70 por barril a niveles cercanos a los $110, con picos que han tocado los $120 (Fortune, 2026; CNBC, 2026a). Esta volatilidad extrema se explica por la paralización casi total del tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circulan diariamente más de 20 millones de barriles de petróleo, equivalentes a una quinta parte del consumo global (Al Jazeera, 2026). Los ataques iraníes contra buques, la colocación de minas navales y las interferencias con equipos de navegación han forzado a la mayoría de los operadores a anclar sus embarcaciones en los extremos del estrecho en lugar de arriesgarse a cruzarlo.

La respuesta internacional no ha logrado contener el daño. La Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo en su historia, y Estados Unidos se comprometió a liberar 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo (CNBC, 2026b). Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto limitado sobre los precios. Analistas de firmas como Onyx Capital Group y UBS advierten que si el conflicto se prolonga, los precios podrían escalar hasta los $200 por barril, un escenario que transformaría esta crisis energética en una recesión global (CNBC, 2026c).

La Vulnerabilidad Estructural de la República Dominicana

La República Dominicana no produce petróleo, gas natural ni carbón, lo que la obliga a acudir a los mercados internacionales para satisfacer la totalidad de su demanda energética (Comisión Nacional de Energía, 2022). En 2024, las importaciones petroleras del país ascendieron a más de $5,100 millones de dólares, según datos de la Dirección General de Aduanas (El Dinero, 2025). El economista Andy Dauhajre ha señalado que el país importó alrededor de $4,700 millones en combustibles, y que un aumento del 40% en el precio del crudo representaría un impacto negativo de aproximadamente $2,000 millones para la economía nacional (Proceso, 2026). Esta cifra es particularmente alarmante si se considera que desde la desaparición del acuerdo Petrocaribe en 2017, el país debe pagar el 100% de sus importaciones de combustibles sin ningún tipo de financiamiento preferencial.

A esta dependencia se suma la escasez de reservas estratégicas. Según datos citados por Diario Libre, las reservas de combustibles de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) cubrirían apenas 30 días de consumo interno si se produjera una interrupción súbita en las importaciones (7Días, 2026). Treinta días es un margen peligrosamente estrecho en un contexto donde el transporte marítimo internacional está severamente comprometido y donde no existe certeza alguna sobre cuándo se normalizarán las rutas de suministro.

Inflación, Costo de Vida y el Golpe a los Más Vulnerables

El petróleo caro no se queda en la bomba de gasolina. Como ha señalado un análisis publicado por Pipex Radio Noticias (2026), en una economía abierta e importadora como la dominicana, el encarecimiento del crudo se transmite a través de múltiples canales: el transporte marítimo, la logística interna, las materias primas industriales, la generación eléctrica y los insumos agrícolas. El economista Henry Hebrard ha advertido que el incremento en el precio de las materias primas derivadas del petróleo termina encareciendo indirectamente los costos de prácticamente toda la actividad productiva del país (N Digital, 2026a).

El Gobierno dominicano ya tomó medidas parciales: la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 se dispuso un aumento de RD$5.00 por galón en las gasolinas y el gasoil, mientras se mantiene congelado el precio del GLP mediante un subsidio semanal de RD$1,189.8 millones (N Digital, 2026b). Pero estos subsidios tienen un límite. El presupuesto de 2026 contempla apenas 8 mil millones de pesos para subsidiar combustibles, una cifra que se está agotando a un ritmo acelerado. Si la crisis se extiende, el Estado enfrentará el dilema de aumentar la deuda pública para financiar subsidios o trasladar el costo directamente al consumidor, con consecuencias inflacionarias devastadoras.

El impacto de esta dinámica es profundamente desigual. Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, ha explicado que el aumento en los precios de la gasolina funciona como un impuesto regresivo, porque los hogares de menores ingresos dedican una proporción mucho mayor de su presupuesto a la energía (CNBC, 2026d). En un país como la República Dominicana, donde amplios segmentos de la población viven con ingresos limitados y donde el transporte público depende casi exclusivamente del gasoil, el encarecimiento de los combustibles golpea con particular dureza a quienes menos herramientas tienen para absorber el shock. Francisco Monaldi, del Baker Institute de la Universidad de Rice, ha señalado que países como República Dominicana simplemente no tienen la capacidad fiscal para sostener subsidios prolongados, por lo que inevitablemente deben trasladar el impacto a los consumidores (CNN en Español, 2026).

Amenazas al Turismo y la Generación Eléctrica

El turismo, pilar fundamental de la economía dominicana y fuente principal de divisas, enfrenta una amenaza directa. El cierre del espacio aéreo sobre gran parte de Medio Oriente, combinado con el aumento vertiginoso del precio del combustible para aviación, ha provocado que numerosas aerolíneas incrementen los precios de sus boletos o cancelen rutas (Wikipedia, 2026). Si el costo de volar al Caribe aumenta significativamente, la demanda turística podría contraerse justo cuando el país más necesita los dólares que genera el sector.

Por otro lado, la generación eléctrica dominicana mantiene una dependencia considerable de los combustibles fósiles. Aunque la matriz energética se ha diversificado en años recientes, con el gas natural licuado pasando de suplir el 24% de la generación en 2019 al 41% en 2024 (AES, 2025), y las renovables alcanzando el 23% de la capacidad instalada (Ministerio de Energía y Minas, 2025), el sistema sigue expuesto al costo de los hidrocarburos importados. Un encarecimiento sostenido del crudo y del GNL se traduciría en mayores transferencias estatales al sector eléctrico o en aumentos de tarifa que agravarían la presión sobre los hogares y las empresas.

La Respuesta del Gobierno y sus Límites

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha asegurado que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para proteger la economía, citando el financiamiento anticipado del presupuesto, la posibilidad de redistribuir partidas y la buena credibilidad crediticia del país en los mercados internacionales (Hoy, 2026). Sin embargo, estas garantías oficiales contrastan con las advertencias de economistas independientes. Hebrard ha dejado claramente establecido que la economía dominicana no resistiría un escenario prolongado del conflicto, y que el margen fiscal para absorber el impacto a través de subsidios es limitado (N Digital, 2026a). Dauhajre, por su parte, ha insistido en que la presión inflacionaria podría escalar y forzar aumentos en las tasas de interés, lo que desaceleraría aún más la actividad económica (Proceso, 2026).

El problema de fondo es que la República Dominicana llegó a esta crisis sin las reservas estratégicas de combustibles ni los mecanismos de cobertura de riesgo que podrían haber amortiguado el golpe. A diferencia de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, que cuentan con reservas de emergencia equivalentes a meses de consumo, Refidomsa apenas almacena para un mes. Esta realidad desnuda una debilidad estratégica que trasciende la crisis actual y que plantea preguntas serias sobre la planificación energética de largo plazo del país.


La guerra contra Irán iniciada por la administración Trump constituye un GRAN error geopolítico cuyas consecuencias se extienden mucho más allá del campo de batalla. Para la República Dominicana, el conflicto representa una tormenta perfecta, . . . un país sin producción petrolera, con reservas de apenas treinta días, una factura de importación de miles de millones de dólares, un sector eléctrico dependiente de combustibles fósiles y un turismo vulnerable al encarecimiento de los vuelos internacionales. El costo lo pagarán, como siempre, los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana: los hogares de bajos ingresos que destinan la mayor proporción de su presupuesto a la energía y al transporte.

La crisis actual debe servir como llamada de atención. República Dominicana necesita con urgencia ampliar sus reservas estratégicas de combustibles, acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables, diversificar las rutas de aprovisionamiento y diseñar mecanismos financieros de cobertura contra shocks petroleros. La dependencia total de un mercado internacional sujeto a las decisiones imprudentes de actores externos no es sostenible. Como bien dijo nuestro tamaño figura Juan Bosch, y como recuerda el economista Domingo Núñez Polanco, “Las guerras son fáciles de comenzar, pero muy difíciles de terminar” (Domingo La Revista, 2026). Digo yo, no sin un chin de cólera, el pueblo dominicano no inició esta idiotez, pero estaremos pagando sus consecuencias.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

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  • CNN en Español. (2026, 5 de marzo). El ataque a Irán sacudió el mercado del petróleo. Así se afectan o benefician los países de América Latina. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/05/economia/iran-precios-petroleo-america-latina-orix
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  • El Dinero. (2025, 30 de enero). ¿Cuáles son los combustibles con mayor demanda en República Dominicana? El Dinero. https://eldinero.com.do/312199/cuales-son-los-combustibles-con-mayor-demanda-en-republica-dominicana/
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  • Hoy. (2026, 16 de marzo). ¿Cómo afectará el aumento del petróleo a la economía dominicana en 2026? Hoy Digital. https://hoy.com.do/economia/afectara-aumento-petroleo-economia-dominicana-2026_1079938.html
  • N Digital. (2026a, 13 de marzo). Hebrard advierte economía de RD no resistiría se prolongue conflicto EE.UU.–Israel–Irán. N Digital. https://n.com.do/2026/03/13/hebrard-advierte-economia-de-rd-no-resistiria-se-prolongue-conflicto-eeuu-israel-iran/
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  • NPR. (2026, 16 de marzo). Gasoline prices are still rising as the Iran war stretches into its third week. NPR. https://www.npr.org/2026/03/16/nx-s1-5749333/iran-war-gasoline-prices-day-17
  • Pipex Radio Noticias. (2026, 17 de marzo). El petróleo caro no se queda en la bomba (Opinión). https://radio.interx.top/
  • Proceso. (2026, 12 de marzo). Economista Andy Dauhajre advierte precios del petróleo podrían presionar la inflación en RD. Proceso. https://proceso.com.do/2026/03/12/economista-andy-dauhare-advierte-precios-del-petroleo-podrian-presionar-la-inflacion-en-rd/
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  • Wikipedia. (2026). Economic impact of the 2026 Iran war. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_impact_of_the_2026_Iran_war
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Tierras raras en la República Dominicana: de entusiasmo político a la viabilidad industrial

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Tierras raras en Pedernales y la Sierra de Bahoruco, evidencia geológica, confiabilidad de laboratorios internacionales, factibilidad de extracción y procesamiento, y por qué la República Dominicana debe acelerar su ruta hacia una explotación responsable y estratégica.

La afirmación de que la República Dominicana posee un potencial amplio de tierras raras, en poco tiempo ha pasado de ser un tema técnico de geología económica a convertirse en un asunto de soberanía productiva, estrategia industrial y posicionamiento internacional. El presidente Luis Abinader ha sostenido públicamente que estudios preliminares apuntan a depósitos brutos superiores a ciento cincuenta millones de toneladas en la provincia Pedernales, con la promesa de completar evaluaciones y certificar reservas en el corto plazo (Reuters, 2026). Mi posición es coincidente con el sentido de urgencia de esa postura. La ventana geopolítica y económica para integrarnos a una cadena de suministro crítica no permanecerá abierta indefinidamente. Sin embargo, moverse rápido no significa improvisar. Significa acelerar con método, transparencia y disciplina de ingeniería, para convertir un indicio geológico en una oportunidad industrial real y no en un titular pasajero.

Conviene empezar por precisar el lenguaje. En minería, no es lo mismo hablar de “depósito bruto” o “material mineralizado” que hablar de “reserva” económicamente explotable. Un volumen total de material puede ser enorme, pero si las concentraciones recuperables son bajas, si la mineralogía dificulta la separación, o si los costos ambientales y energéticos crecen más rápido que los ingresos, el proyecto se estanca. Por eso, incluso en el mismo reporte sobre la declaración presidencial, se subraya que aún no está claro qué parte del volumen anunciado sería viable para comercialización (Reuters, 2026). Esta distinción no reduce el valor estratégico del anuncio, más bien lo ubica en la fase correcta del ciclo minero: exploración avanzada, caracterización, pruebas metalúrgicas y luego una secuencia de estudios económicos y ambientales que permitan convertir recursos en reservas bajo estándares internacionales.

Dicho lo anterior, la idea de que Pedernales y, en particular, la Sierra de Bahoruco, puedan hospedar concentraciones significativas de elementos de tierras raras no surge de la nada. Existe literatura científica revisada por pares que describe bauxitas kársticas en esa región con contenidos elevados de tierras raras y de itrio, con rangos que llegan, en algunas muestras, a valores notablemente altos para este tipo de depósito, además de una mineralogía portadora relevante para el procesamiento, como monacita y fases tipo bastnasita, entre otras (Villanova de Benavent et al., 2023). También hay investigación más reciente que examina características geoquímicas de depósitos de bauxita kárstica de la Sierra de Bahoruco y los discute explícitamente como un recurso potencial para el país (Chappell et al., 2025). En otras palabras, el fundamento técnico existe. Lo que falta es completar el camino industrial y regulatorio que separa un hallazgo científico de una operación sustentable.

En este contexto aparece el debate sobre la confiabilidad de los “laboratorios internacionales” a los que suelen referirse comunicados y notas periodísticas. En minería moderna, la credibilidad no depende de la nacionalidad del laboratorio, sino de su trazabilidad metrológica. Un resultado es confiable cuando se puede auditar: acreditación del laboratorio, métodos analíticos adecuados, límites de detección, controles de calidad con estándares certificados, duplicados, blancos y cadena de custodia de muestras. Sin esa información, la frase “laboratorios internacionales” es un argumento de autoridad incompleto. No es que sea falso, es que no es suficiente para sostener decisiones de cientos de millones de dólares. Por eso, si queremos movernos rápido con legitimidad, el Estado y los actores técnicos deben publicar, en la medida permitida por la estrategia de negociación, resultados estructurados con protocolos QA y QC y un resumen claro de incertidumbres. La velocidad verdadera no proviene de ocultar datos, sino de estandarizarlos y validarlos desde el empiezo.

Ahora bien, incluso si las concentraciones son prometedoras, la pregunta decisiva es si es factible extraer y, sobre todo, procesar. Las tierras raras se distinguen por un problema central: su química es parecida entre elementos, lo que hace la separación compleja. El verdadero cuello de botella global no suele ser la roca, sino la capacidad de beneficio, refinación y separación en productos comercializables. Este punto es crítico para la República Dominicana porque define dónde quedará el valor agregado. Exportar concentrado y comprar óxidos separados o imanes terminados es la fórmula clásica de pérdida de soberanía económica. Las tendencias internacionales, documentadas por organismos especializados, apuntan a que la demanda de minerales clave, incluyendo tierras raras, sigue creciendo impulsada por la transición energética, vehículos eléctricos, redes eléctricas y otras aplicaciones industriales, lo que incrementa el premio estratégico de participar en la cadena de valor y no solo en la extracción (IEA, 2025). Por la misma razón, los países y empresas fuera de China están invirtiendo con intensidad para reducir vulnerabilidades, porque el control sobre el procesamiento y la refinación sigue muy concentrado (Reuters, 2025).

En el plano de la factibilidad técnica, la Sierra de Bahoruco ofrece una oportunidad pero también una responsabilidad. Si parte de las fases minerales portadoras incluye monacita u otras que pueden asociarse con torio y uranio, entonces la minería y el procesamiento generan residuos con TENORM, es decir, material radiactivo de origen natural tecnológicamente mejorado, lo cual eleva exigencias de manejo, disposición y comunicación pública (EPA, 2025). Este no es un detalle menor. En jurisdicciones con experiencia en refinación, la gestión de residuos y la licencia social han sido determinantes. Un ejemplo contemporáneo es el caso de operaciones de procesamiento de tierras raras donde las autoridades han impuesto condiciones explícitas ligadas a residuos y riesgos radiológicos, reflejando la sensibilidad regulatoria y comunitaria de estos proyectos (AP News, 2026). La conclusión práctica para la República Dominicana es simple: el proyecto debe nacer con ingeniería de residuos y estrategia ambiental desde su fase inicial, no como un apéndice para el final.

La factibilidad económica exige, además, comprender qué “mezcla” de tierras raras contiene el depósito. No todos los elementos tienen el mismo valor. Neodimio y praseodimio suelen sostener la economía de imanes permanentes, mientras disprosio y terbio, considerados más escasos, son críticos para el desempeño térmico de esos imanes y hoy están sujetos a tensiones de suministro. Precisamente por ello, diversos análisis han subrayado la dificultad occidental para cubrir la demanda de tierras raras pesadas y la persistencia de cuellos de botella fuera de China, aun con nuevas inversiones y políticas industriales (Reuters, 2025). Para Pedernales, esto implica que la caracterización debe ser fina, no basta con un total de óxidos de tierras raras. Debe informarse la distribución por elemento, asociaciones minerales, recuperaciones metalúrgicas y costos de separación por producto.

Debemos hablar de soberanía industrial . Los datos de comercio y suministro muestran que, al menos para Estados Unidos, una parte dominante de importaciones de compuestos y metales de tierras raras proviene de China. Esto ilustra la fragilidad de cadenas de suministro concentradas (USGS, 2025). Ese mismo diagnóstico es el que crea una oportunidad para proveedores emergentes en el hemisferio occidental. Si la República Dominicana confirma recursos, define reservas y establece un marco de extracción responsable, su posicionamiento puede ser estratégico para acuerdos de offtake, inversión y transferencia tecnológica. Pero esa ventaja se captura solo si el país ofrece previsibilidad institucional: reglas de concesión claras, estándares ambientales exigentes, mecanismos de transparencia y un plan para que el valor se quede, al menos parcialmente, en territorio dominicano.

“Moverse rápido” (cosa nos incumbe ya) significa diseñar una hoja de ruta con etapas paralelas. Primero, un programa acelerado de exploración y definición de recursos con muestreo representativo, control de calidad robusto y auditoría independiente. Segundo, un paquete de mineralogía y metalurgia con pruebas de laboratorio y planta piloto, orientado no solo a extraer un concentrado, sino a evaluar rutas de separación hasta óxidos individuales o productos intermedios con mercado. Tercero, una arquitectura ambiental desde el inicio: balance hídrico, manejo de relaves, evaluación de TENORM si aplica y trazabilidad de impactos en ecosistemas sensibles. Cuarto, el componente social: consulta temprana, acuerdos de beneficio compartido, empleo local calificado y mecanismos de queja y reparación. Quinto, una estrategia industrial, porque sin política industrial el país corre el riesgo de convertirse en proveedor de bajo margen. El Estado bien puede estructurar incentivos para instalar etapas de valor, por ejemplo, separación o producción de sales u óxidos, en esquemas de asociación público privada con estándares internacionales.

Para ser claro, la prudencia no debe confundirse con lentitud. Los costos de oportunidad de posponer decisiones son reales. El mercado y la geopolítica de minerales críticos se están reconfigurando a velocidad, y los proyectos se alinean hoy con quienes pueden ofrecer certidumbre y cronogramas plausibles. Además, si la República Dominicana espera a que otros definan estándares y rutas de suministro, entrará tarde y negociará desde la debilidad. El anuncio presidencial de acelerar la evaluación y certificación de reservas, aunque todavía condicionado por lo preliminar, apunta en la dirección correcta porque reconoce que el siguiente paso es la certificación técnica, no la retórica (Reuters, 2026). Aun así, lo más inteligente es que el país traduzca esa voluntad en entregables verificables que sostengan confianza, e.d., resultados analíticos auditables, reportes técnicos, estudios económicos preliminares y un marco de gobernanza minera compatible con mejores prácticas.

Ahora bien, que me he desahogado sin pedir permiso, estoy de acuerdo con Abinader en el imperativo de actuar con rapidez hacia la explotación de estos recursos naturales, pero insisto en una precisión. Debemos movernos rápido hacia la explotación responsable y hacia la industrialización, no solo hacia la extracción. La riqueza real de las tierras raras está en la cadena de transformación, y la legitimidad de esa cadena se gana con ciencia reproducible, ingeniería rigurosa y gobernanza transparente. Pedernales puede ser un hito de desarrollo regional y un activo estratégico del Estado dominicano, siempre que la premisa sea clara desde el inicio. La República Dominicana no solo debe tener tierras raras, debe saber convertirlas en valor económico, tecnológico y social sin hipotecar su patrimonio ambiental.

~ C. Constantin Poindexter, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

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  • Reuters. (2025). West scrambles to fill heavy rare earth gap as China rivalry deepens.
  • Reuters. (2026). Dominican Republic has over 150 million tons of rare earth deposits, president says.
  • USGS. (2025). Mineral Commodity Summaries 2025, Rare Earths. United States Geological Survey.
  • Villanova de Benavent, C., et al. (2023). REE ultra rich karst bauxite deposits in the Pedernales region, Dominican Republic. Ore Geology Reviews.
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Evaluación de Amenazas de la Agencia de Inteligencia de Defensa 2025, una Revisión Breve

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La Evaluación de Amenazas Mundiales 2025 de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) ofrece una visión razonablemente completa de los desafíos globales a la seguridad. Sin embargo, existen ciertas amenazas emergentes que se encuentran subrepresentadas o completamente omitidas. Permítame compartir algunas de mis inquietudes y reflexiones sobre las implicaciones de las mismas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No se trata de una evaluación clasificada, sino de un análisis y opinión fundamentados en inteligencia de fuentes abiertas y criterios expertos.

Amenazas Internas y Vulnerabilidades en Inteligencia Humana

El informe de la DIA pone el énfasis en los adversarios externos. Notablemente, subestima los riesgos que representan las amenazas internas. Un incidente reciente ocurrido dentro de la misma agencia que elaboró el informe 2025 pone de manifiesto esta vulnerabilidad. Nathan Vilas Laatsch, un especialista en tecnología de la información de 28 años, anteriormente empleado por la DIA, fue arrestado el 29 de mayo de 2025 por intentar transmitir información de defensa nacional a un representante del gobierno alemán. Laatsch trabajaba en la División de Amenazas Internas de la DIA y contaba con una autorización de seguridad de nivel ultrasecreto. El arresto fue consecuencia de una investigación del FBI iniciada tras una denuncia en marzo de 2025, que condujo a una operación encubierta en la que un agente del FBI se hizo pasar por funcionario extranjero. Esta violación pone de relieve deficiencias en la contrainteligencia, los protocolos de seguridad interna y los desafíos que implica detectar infiltrados o agentes maliciosos. Herramientas avanzadas como la analítica de comportamiento y los modelos de aprendizaje automático, tales como el deep evidential clustering, muestran potencial para identificar actividades anómalas indicativas de amenazas internas. Desafortunadamente, la integración de estas tecnologías en las agencias que conforman la comunidad de inteligencia sigue siendo peligrosamente inconsistente. Abordar esta deficiencia requiere no solo adoptar tecnología, sino también un cambio cultural hacia una detección interna más robusta y proactiva.

Inteligencia Artificial (IA) y Sistemas Autónomos como Amenazas Emergentes

El rápido desarrollo de la IA y los sistemas autónomos presenta tanto oportunidades como peligros. El informe de la DIA reconoce la proliferación tecnológica; sin embargo, carece de un análisis específico sobre el uso indebido de la IA en la guerra cibernética, el armamento autónomo y la manipulación informativa. Investigaciones académicas recientes proponen establecer un régimen de incidentes relacionados con la IA para monitorear y contrarrestar amenazas derivadas de sistemas de IA avanzados. Entre los trabajos revisados por pares destaca el del Dr. Alejandro Ortega: «Proponemos un régimen de incidentes de IA que ayude a contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional derivadas de sistemas de inteligencia artificial… Nuestra ambición es permitir que una agencia gubernamental mantenga una conciencia integral de las amenazas derivadas de la IA y contrarreste rápidamente los riesgos que se generen para la seguridad nacional.» (Ortega, 2025) Marcos como el propuesto por Ortega buscan garantizar que los despliegues de IA no comprometan inadvertidamente la seguridad nacional y sugieren contramedidas eficaces para mitigar riesgos identificados. Dada la naturaleza de doble uso de estas tecnologías, urge establecer políticas integrales que regulen tanto su desarrollo como su posible militarización.

Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y Seguridad Aeroespacial

Los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) han recibido creciente atención debido a sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. El informe de la DIA no aborda este tema en absoluto. Una evaluación de 2021 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) documentó 144 incidentes UAP, de los cuales 143 quedaron sin explicación. Estas apariciones, frecuentemente cerca de instalaciones militares sensibles, generan preocupación respecto a la soberanía del espacio aéreo y vulnerabilidades en la vigilancia. La falta de comprensión clara sobre los UAP dificulta el desarrollo de contramedidas eficaces. Integrar el análisis de estos fenómenos en las evaluaciones generales de amenazas es esencial para garantizar la seguridad aeroespacial integral. No estoy sugiriendo que la comunidad de inteligencia deba embarcarse en la caza de objetos voladores no identificados (OVNIs), ya que es más probable que estos UAP sean mecanismos de recolección desplegados por servicios de inteligencia extranjeros adversarios. No obstante, dejar el asunto completamente sin tratar resulta cuestionable.

Amenazas Espaciales y Capacidades Antiespacio

El informe de la DIA aborda las capacidades espaciales y antiespacio. No obstante, no ofrece la amplitud ni la profundidad de análisis e interpretación especializada sobre las amenazas en evolución en este ámbito que cabría esperar. Esta omisión resulta sorprendente, dada su relevancia directa para los principales clientes de la DIA. La Evaluación de Amenazas Espaciales 2025 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) detalla el crecimiento de las capacidades antiespacio de naciones como China y Rusia, incluidas armas antisatélite y tácticas de guerra electrónica. La militarización del espacio representa riesgos GRAVES para las comunicaciones satelitales, los sistemas de navegación y las operaciones de vigilancia. También pone en peligro la anticuada arquitectura del GPS, en la que se apoyan el comercio global y los organismos de seguridad nacional. Asegurar la resiliencia de los activos basados en el espacio requiere no solo avances tecnológicos, sino también normas y acuerdos internacionales que prevengan escaladas en esta nueva frontera.

La Evaluación de Amenazas Mundiales 2025 de la DIA proporciona conocimientos valiosos sobre los desafíos actuales a la seguridad global; sin embargo, la omisión o subrepresentación de amenazas internas, sistemas autónomos y de inteligencia artificial, fenómenos aéreos no identificados y amenazas espaciales integrales indica áreas que requieren atención exhaustiva. Atender estas brechas es crucial para una comprensión holística del panorama de amenazas en evolución y para formular contramedidas eficaces que salvaguarden la seguridad nacional.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, Certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Referencias

Departamento de Justicia. “Empleado del Gobierno de los EE.UU. arrestado por intentar proporcionar información clasificada a gobierno extranjero.” Departamento de Justicia de los EE.UU., 29 de mayo de 2025.
https://www.justice.gov/opa/pr/us-government-employee-arrested-attempting-provide-classified-information-foreign-government.

Nakashima, Ellen, y Devlin Barrett. “Empleado del Pentágono acusado de filtrar secretos a una nación extranjera.” The Washington Post, 30 de mayo de 2025.
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2025/05/30/dod-classified-document-leak/.

Tucker, Eric. “Departamento de Justicia afirma que empleado del Pentágono intentó entregar información clasificada a gobierno extranjero.” Associated Press, 30 de mayo de 2025.
https://apnews.com/article/e60388df7f4e07a8d8d942d86513b27c.

Ortega, Alejandro. “Propuesta de un régimen de incidentes para rastrear y contrarrestar amenazas a la seguridad nacional planteadas por sistemas de IA.” arXiv preprint, 29 de marzo de 2025.
https://arxiv.org/abs/2503.19887.

Agencia de Inteligencia de Defensa. Declaración para el Acta: Evaluación Mundial de Amenazas. Presentada ante el Comité de Servicios Armados del Senado, marzo de 2025.
https://armedservices.house.gov/uploadedfiles/2025_dia_statement_for_the_record.pdf.

Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Evaluación de Amenazas Espaciales 2025. Washington, DC: CSIS, 2025.
https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2025.

Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI). Evaluación Preliminar: Fenómenos Aéreos No Identificados. Washington, DC: ODNI, 25 de junio de 2021.
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Preliminary-Assessment-UAP-20210625.pdf.

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