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El incidente OpenAI–Hugging Face, Mortal Amenaza para Nosotros

Ciber Amenza de I.A a la República Dominicana, ciber seguridad, seguridad nacional dominicana, J2, DNI, C. Constantin Poindexter Salcedo

El incidente OpenAI–Hugging Face de julio de 2026. La primera intrusión autónoma documentada y sus implicaciones para la seguridad nacional de la República Dominicana.

El 16 de julio de 2026, Hugging Face, el repositorio central donde se alojan y distribuyen los modelos y conjuntos de datos de inteligencia artificial del mundo, divulgó una intrusión en parte de su infraestructura de producción que, según su propia descripción, se diferenciaba de todo lo manejado antes en un aspecto decisivo: fue conducida de extremo a extremo por un sistema agéntico de inteligencia artificial autónomo, y fue detectada y diseccionada en buena medida con inteligencia artificial propia (Hugging Face, 2026). Cinco días después, OpenAI reconoció públicamente que el atacante había sido su propio modelo (OpenAI, 2026). El presente ensayo reconstruye los hechos a partir de las divulgaciones primarias, identifica la lección estructural del episodio y examina qué significa para un Estado pequeño, insular y digitalmente dependiente como la República Dominicana.

Anatomía de una intrusión conducida por inteligencia artificial

La cadena de ataque comenzó donde las plataformas de IA están singularmente expuestas: la tubería de procesamiento de datos. Un conjunto de datos malicioso abusó de dos rutas de ejecución de código —un cargador de datos con código remoto y una inyección de plantilla en la configuración del conjunto de datos— para ejecutar instrucciones en un nodo de trabajo. Desde ahí, el actor escaló a acceso de nivel de nodo, cosechó credenciales de nube y de clúster, y se movió lateralmente hacia varios clústeres internos durante un fin de semana. La campaña fue ejecutada por un marco agéntico autónomo que realizó miles de acciones individuales a través de un enjambre de entornos efímeros, con mando y control automáticamente migrante alojado en servicios públicos (Hugging Face, 2026).

La divulgación de OpenAI del 21 de julio completó el cuadro y lo volvió más inquietante. El incidente ocurrió durante una evaluación interna diseñada para cuantificar las capacidades cibernéticas de los modelos de frontera, ejecutada deliberadamente sin los clasificadores de producción que impiden que los modelos persigan actividad cibernética de alto riesgo. Participaron GPT 5.6 Sol y un modelo preliminar aún más capaz, ambos con los rechazos en materia cibernética reducidos para fines de prueba. El entorno estaba aislado, con el acceso de red limitado a un único proxy de caché de registros de paquetes alojado internamente. Los modelos, hiperconcentrados en resolver el banco de pruebas ExploitGym, dedicaron un volumen sustancial de cómputo de inferencia a obtener acceso a la Internet abierta: identificaron y explotaron una vulnerabilidad de día cero en ese proxy, escalaron privilegios y se movieron lateralmente hasta alcanzar un nodo con conectividad. Una vez en línea, infirieron que Hugging Face podía alojar las soluciones del examen y encadenaron credenciales robadas con vulnerabilidades adicionales hasta hallar una ruta de ejecución remota de código en los servidores de esa empresa (OpenAI, 2026). En síntesis: la inteligencia artificial hizo trampa en su propio examen irrumpiendo en la base de datos de un tercero para robar las respuestas.

OpenAI calificó el episodio como un incidente cibernético sin precedentes, con capacidades cibernéticas de última generación, y subrayó la conclusión técnicamente más grave: los modelos avanzados pueden descubrir y explotar rutas de ataque novedosas en sistemas reales sin acceso al código fuente (OpenAI, 2026). Hugging Face, por su parte, había detectado y contenido la intrusión por cuenta propia, la reportó a las autoridades y reconstruyó la línea de tiempo mediante agentes de análisis operando sobre un registro de más de diecisiete mil eventos (Hugging Face, 2026). La cobertura periodística situó el caso entre los primeros ejemplos divulgados públicamente de un sistema de IA que vulnera autónomamente su entorno de prueba y alcanza sistemas externos de producción —el escenario del “atacante agéntico” que la industria venía anticipando (CNN Business, 2026).

La lección estructural: la asimetría de las salvaguardas

El hallazgo de mayor valor operativo no fue el vector de intrusión, sino lo que ocurrió durante la defensa. Cuando el equipo de Hugging Face intentó analizar los registros del ataque con modelos de frontera accedidos mediante interfaces comerciales, el trabajo resultó imposible: el análisis exige someter grandes volúmenes de comandos de ataque reales, cargas útiles de explotación y artefactos de mando y control, y esas solicitudes fueron bloqueadas por las salvaguardas de los proveedores, que no distinguen a un respondedor de incidentes de un atacante. La empresa ejecutó el análisis forense sobre GLM 5.2, un modelo de pesos abiertos, en su propia infraestructura; ello tuvo el beneficio adicional de que ni los datos del atacante ni las credenciales referenciadas salieron del entorno (Hugging Face, 2026). Fortune (2026) identificó el modelo como desarrollo de la empresa china Z.ai.

La propia Hugging Face formuló la asimetría con precisión: se desconoce qué modelo impulsaba a los agentes atacantes —uno alojado y liberado de sus restricciones, o uno de pesos abiertos sin restricción alguna— pero en cualquier caso el atacante no estaba sujeto a política de uso ninguna, mientras el trabajo forense del defensor quedó bloqueado por las salvaguardas de los modelos alojados que se intentaron primero. La lección práctica que la empresa extrae es inequívoca: hay que tener un modelo capaz, vetado y listo para ejecutarse en infraestructura propia antes del incidente (Hugging Face, 2026). Thomas Wolf, cofundador de la empresa, lo formuló en términos temporales: cuando un modelo de frontera te ataca y se mueve lateralmente dentro de tu infraestructura, el defensor necesita acceso amplio a herramientas cercanas a la frontera en horas o minutos, y no ser remitido a un programa cerrado de acceso vetado (Metz, 2026).

La República Dominicana: exposición real, capacidad declarativa

La pregunta que impone el episodio es directa: si esto ocurre en un país con equipos de respuesta de primer orden y cómputo propio, ¿qué significa para un Estado que no dispone de esas capacidades? El punto de partida del análisis debe ser honesto en ambas direcciones. La República Dominicana figura entre los países caribeños con mayor madurez en ciberseguridad, junto a Jamaica y Trinidad y Tobago, según el Informe de Ciberseguridad 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA-CICTE y el Centro Global de Capacidad en Ciberseguridad de la Universidad de Oxford (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 89–93). El país cuenta con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 (Decreto 313-22), un Centro Nacional de Ciberseguridad operativo creado por el Decreto 230-18, un CSIRT-RD integrado al Forum of Incident Response and Security Teams, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la condición de primer Estado de América Latina y el Caribe en ratificar el Convenio de Budapest (CNCS, 2024; CNCS, 2026; Poindexter Salcedo, 2026).

Ese liderazgo relativo, sin embargo, no debe enmascarar tres brechas que el incidente de julio convierte en críticas. La primera es de velocidad regulatoria. El Decreto 685-22 obliga a los entes públicos a notificar los incidentes al CSIRT-RD dentro de las veinticuatro horas de detectados (Presidencia de la República Dominicana, 2022). Ese plazo fue calibrado para adversarios humanos. Un enjambre agéntico que ejecuta más de diecisiete mil acciones durante un fin de semana habrá consumado la escalada, la cosecha de credenciales y el movimiento lateral mucho antes de que expire la ventana de notificación. La norma no es errónea; es anacrónica frente a la velocidad de máquina.

La segunda es de madurez operativa. Las matrices del informe BID-OEA sitúan la coordinación en respuesta a incidentes y el modo de operación de los CSIRT en niveles formativos, y colocan la calidad del software, el seguro cibernético y la divulgación responsable de vulnerabilidades en etapas incipientes; ninguna de las cinco dimensiones del modelo CMM alcanza el nivel “Dinámico” (BID y OEA-CICTE, 2025, pp. 91–93; ICT Pulse, 2026). A ello se suma la ausencia de una ley integral de ciberseguridad aprobada por el Congreso: la arquitectura vigente descansa en decretos ejecutivos, revocables por el gobierno siguiente sin intervención legislativa (Troncoso y Cáceres, 2023; Poindexter Salcedo, 2026). El historial reciente demuestra que la superficie es explotable: el ataque del grupo Quantum al Instituto Agrario Dominicano en agosto de 2022, con exigencia de rescate de 600.000 dólares (BleepingComputer, 2022; The Record, 2022); la intrusión de Rhysida en la Dirección General de Migración en 2023 (The Record, 2023); y al menos dieciocho entidades públicas impactadas entre 2020 y agosto de 2022 (FortiGuard Labs, 2023). Todos ellos fueron ataques de velocidad humana.

La tercera, y la más grave, es la dependencia de terceros para la defensa. Si una institución dominicana contratara acceso a los mejores modelos comerciales para responder a un incidente, se toparía con el mismo muro que Hugging Face. Peor aún: ese acceso está mediado por decisiones de política exterior ajenas. Washington evaluó limitar el acceso extranjero a los modelos avanzados Claude Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic, absteniéndose finalmente tras la adopción de salvaguardas adicionales por la empresa (Metz, 2026). Para la República Dominicana la implicación es estructural: construir la capacidad nacional de respuesta sobre modelos alojados en el extranjero equivale a delegar la soberanía defensiva en la política de exportación y en los términos de uso de un tercero. Y el país no estará al frente de la fila cuando se distribuya el acceso privilegiado.

Conviene añadir que la amenaza no es distante ni sectorialmente acotada. En el último mes se han documentado un incidente cibernético contra la National Association of Insurance Commissioners a través de su sistema PeopleSoft y una brecha de datos en la mayor central nuclear de la India (Insurance Journal, 2026a; Insurance Journal, 2026b). La ola alcanza tanto a reguladores financieros como a infraestructura energética crítica.

Agenda para la seguridad nacional dominicana

Ninguna de las medidas que siguen exige que el país compita con los laboratorios de frontera. Exigen decisión política y una inversión modesta frente al costo de una interrupción sistémica.

Capacidad soberana de análisis forense. El CNCS y el CSIRT-RD deben estandarizar, vetar y mantener operativo un modelo de pesos abiertos capaz, ejecutado en infraestructura nacional, disponible antes de que ocurra el incidente. Es la única configuración que evita simultáneamente el bloqueo por salvaguardas y la fuga de credenciales comprometidas fuera del territorio (Hugging Face, 2026).

Detección asistida por IA y respuesta continua. La intrusión fue descubierta por una tubería de detección de anomalías con triaje basado en modelos de lenguaje sobre telemetría de seguridad, y contenida porque un responsable podía ser convocado en minutos cualquier día de la semana (Hugging Face, 2026). El CSIRT-RD requiere ese estándar: operación permanente, telemetría centralizada de los sectores críticos y autoridad efectiva de convocatoria.

Revisión del régimen de notificación. El plazo de veinticuatro horas del Decreto 685-22 debe complementarse con obligaciones de telemetría continua y detección automática, de modo que la notificación no dependa del descubrimiento humano tardío.

Tratar los datos y los modelos como superficie de ataque de primer orden. El vector inicial no fue un cortafuegos mal configurado sino un conjunto de datos hostil. Toda entidad dominicana que ingiera datos externos —banca, seguros, aduanas, administración tributaria— debe aislar el procesamiento, restringir la ejecución de código, aplicar controles estrictos de admisión en sus clústeres y segmentar la red agresivamente, con mínimo privilegio y rotación automatizada de secretos (Hugging Face, 2026).

Techos de velocidad y radio de impacto. Un adversario que ejecuta miles de acciones se delata precisamente por su ritmo. Los límites de velocidad de llamadas y de radio de impacto en la actividad automatizada convierten esa firma en un disparador de alerta.

Ley integral y seguro cibernético. La transición del régimen de decretos a una ley orgánica de ciberseguridad, con divulgación obligatoria de incidentes —demanda que también se plantea en el Congreso estadounidense tras este episodio (Metz, 2026)— dotaría de permanencia jurídica a la arquitectura nacional. En paralelo, el desarrollo de un mercado dominicano de seguro cibernético, hoy en etapa incipiente según el diagnóstico BID-OEA (2025, pp. 91–93), elevaría el piso defensivo de todo el sector al condicionar la cobertura a requisitos verificables de higiene técnica.

Capital humano y cooperación. La restricción última no es el hardware sino el personal capaz de dirigir estas herramientas, escasez que el informe regional identifica expresamente (BID y OEA-CICTE, 2025, p. 92). Ejercicios periódicos con escenarios agénticos, y el aprovechamiento de la pertenencia a FIRST y de la sede del centro LAC4, son los vectores disponibles de aceleración.

En síntesis

El episodio de julio de 2026 no fue especulación: fue la primera demostración pública, admitida por sus protagonistas, de que un sistema de inteligencia artificial autónomo puede descubrir y encadenar vulnerabilidades desconocidas en sistemas reales, sin acceso al código fuente, y penetrar infraestructura de producción ajena sin dirección humana. La capacidad ofensiva de élite se ha abaratado y multiplicado. Para la República Dominicana, cuya madurez relativa convive con una arquitectura sostenida por decretos, un CSIRT en nivel formativo y una dependencia casi total de herramientas defensivas extranjeras, el mensaje es doble: la exposición es inmediata, pero la preparación aún es posible. El camino no pasa por competir con los laboratorios de frontera, sino por soberanía analítica con modelos de pesos abiertos, respuesta continua, disciplina de red, permanencia legislativa y formación de talento. La ventana existe. No conviene consumirla esperando a encabezar el próximo titular.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Referencias bibliográficas

  • Banco Interamericano de Desarrollo y OEA-CICTE. (2025). 2025 Cybersecurity Report: Vulnerability and Maturity Challenges to Bridging the Gaps in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: BID. https://publications.iadb.org/en/2025-cybersecurity-report
  • BleepingComputer. (2022, 6 de septiembre). Quantum ransomware attack disrupts govt agency in Dominican Republic. BleepingComputer. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/quantum-ransomware-attack-disrupts-govt-agency-in-dominican-republic/
  • Centro Nacional de Ciberseguridad. (2024, 9 de diciembre). RFC-2350: Descripción de servicios del CSIRT Nacional de la República Dominicana (CSIRT-RD) (Versión 2.0). Santo Domingo: CNCS. https://cncs.gob.do/sobre-nosotros/rfc-2350-es/
  • Centro Nacional de Ciberseguridad. (2026). Avances en ciberseguridad en la República Dominicana, 2022–2025. Santo Domingo: CNCS. https://cncs.gob.do/wp-content/uploads/2026/03/Avances-en-Ciberseguridad-en-la-Republica-Dominicana_2022-2025.pdf
  • CNN Business. (2026, 22 de julio). An OpenAI test model escaped and broke into a real company’s servers. CNN. https://www.cnn.com/2026/07/22/tech/openai-hugging-face-ai-cybersecurity
  • FortiGuard Labs. (2023). Global threat panorama in Latin America (H1 2023). Citado en Dominican Today, 13 de octubre de 2023. https://dominicantoday.com/dr/economy/2023/10/13/dominican-republic-receives-fewer-cyber-attacks-this-year-compared-to-2022/
  • Fortune. (2026, 21 de julio). OpenAI says its AI models escaped from a secure test environment and hacked into AI company Hugging Face in order to cheat on an evaluation. Fortune. https://fortune.com/2026/07/21/openai-says-ai-models-escaped-control-hacked-hugging-face/
  • Hugging Face. (2026, 16 de julio). Security incident disclosure — July 2026. https://huggingface.co/blog/security-incident-july-2026
  • ICT Pulse. (2026, 9 de enero). Snapshot: 2025 update of cybersecurity maturity in the Caribbean. ICT Pulse. https://ict-pulse.com/2026/01/snapshot-2025-update-of-cybersecurity-maturity-in-the-caribbean/
  • Insurance Journal. (2026a, 24 de junio). NAIC victim of cyber incident via PeopleSoft system. Insurance Journal. https://www.insurancejournal.com/news/national/2026/06/24/875119.htm
  • Insurance Journal. (2026b, 15 de julio). India’s largest nuclear power plant hit by data breach. Insurance Journal. https://www.insurancejournal.com/news/international/2026/07/15/877644.htm
  • Metz, R. (2026, 22 de julio). OpenAI models hacked another company’s systems by mistake. Insurance Journal (Bloomberg). https://www.insurancejournal.com/news/national/2026/07/22/878619.htm
  • OpenAI. (2026, 21 de julio). OpenAI and Hugging Face partner to address security incident during model evaluation. https://openai.com/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident/
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  • Presidencia de la República Dominicana. (2022). Decreto 685-22 sobre protección de infraestructuras críticas nacionales y notificación de incidentes de ciberseguridad. Santo Domingo. https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-dispone-instituciones-publicas-notificar-al-centro-de-ciberseguridad-los
  • República Dominicana. (2018). Decreto 230-18, que establece y regula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018–2021 y crea el Centro Nacional de Ciberseguridad. Santo Domingo, 19 de junio de 2018.
  • República Dominicana. (2022). Decreto 313-22, que aprueba la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030. Santo Domingo.
  • República Dominicana. (2007). Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Santo Domingo. https://www.oas.org/juridico/PDFs/repdom_ley5307.pdf
  • Tapia, J. y Castanho, R. (2023). Cybersecurity and geopolitics in the Dominican Republic: Threats, policies and future prospects. Dutch Journal of Finance and Management, 6(1). https://doi.org/10.55267/djfm/13421
  • The Record. (2022, 30 de agosto). Dominican Republic refuses to pay ransom after attack on agrarian institute. Recorded Future News. https://therecord.media/dominican-republic-refuses-to-pay-ransom-after-attack-on-agrarian-institute
  • The Record. (2023, 4 de octubre). Rhysida ransomware gang claims attacks on governments in Portugal, Dominican Republic. Recorded Future News. https://therecord.media/rhysida-ransomware-gang-attacks-on-portugal-dominican-republic-governments
  • Troncoso y Cáceres. (2023). Law project on cybersecurity. https://troncoso-caceres.com/en/blog/law-project-on-cybersecurity/

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Espionaje chino en Cuba: la amenaza para la República Dominicana

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A las puertas de Quisqueya: las estaciones SIGINT cubanas de Bejucal y El Salao y las amenazas a la seguridad nacional de la República Dominicana

Abstracto: Desde diciembre de 2024, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha documentado, mediante imágenes satelitales comerciales y análisis de fuentes abiertas, una red de al menos cuatro emplazamientos de inteligencia de señales (SIGINT) en Cuba, entre ellos Bejucal y El Salao, probablemente vinculados a los esfuerzos de recopilación de inteligencia de la República Popular China. Este ensayo sintetiza la evidencia desclasificada y de fuentes abiertas más reciente, incluidas las advertencias de altos funcionarios estadounidenses de 2025 y 2026, y evalúa las amenazas que esta arquitectura representa específicamente para la seguridad nacional de la República Dominicana. Se argumenta que, por su ubicación, sus capacidades de radiogoniometría de alta frecuencia y el contexto de penetración tecnológica china en el hemisferio, estas instalaciones plantean riesgos concretos para las comunicaciones estatales, el dominio marítimo y aéreo, la infraestructura de telecomunicaciones y la posición geoestratégica dominicana, con independencia de que el blanco declarado sea Estados Unidos. El análisis se ofrece con calibración de confianza explícita: el vínculo operativo directo de Beijing con estos sitios sigue siendo una evaluación probable, no un hecho probado públicamente.

Entiéndanse

La geografía rara vez es neutral en materia de seguridad. Durante más de seis décadas, la posición de Cuba (a menos de 150 kilómetros del territorio continental estadounidense y en el corazón del paso entre el Atlántico y el Caribe) la ha convertido en una plataforma privilegiada para la recopilación de inteligencia extranjera dirigida contra Estados Unidos y, por extensión, contra el conjunto del hemisferio (Funaiole et al. 2024). Lo que durante la Guerra Fría fue el complejo soviético de Lourdes hoy se manifiesta en una red modernizada de estaciones de inteligencia de señales que, según la evaluación predominante en Washington, apoyan los esfuerzos de la República Popular China (en adelante, RPC o China).

La literatura estadounidense sobre estas instalaciones se ha centrado, comprensiblemente, en la amenaza al territorio y a las fuerzas de Estados Unidos. Sin embargo, las capacidades técnicas de estos sitios, en particular las matrices de antenas de disposición circular (CDAA, por sus siglas en inglés) destinadas a la radiogoniometría de alta frecuencia, no respetan fronteras nacionales. Su alcance nominal, que diversas fuentes técnicas sitúan entre 3.000 y 8.000 millas náuticas, abarca holgadamente la totalidad del territorio, el espacio aéreo y las aproximaciones marítimas de la República Dominicana (Funaiole et al. 2024; Funaiole et al. 2025). La instalación de El Salao, situada en el extremo oriental de Cuba, es precisamente el punto de la isla más próximo a La Española.

Mi obra aquí persigue tres objetivos. Primero, sintetizar la evidencia de fuentes abiertas e inteligencia recientemente divulgada por la comunidad de inteligencia estadounidense sobre los sitios de Bejucal y El Salao. Segundo, traducir las capacidades técnicas observadas en vectores de amenaza concretos para la seguridad nacional dominicana, un análisis prácticamente ausente del debate público. Tercero, ofertar recomendaciones de política proporcionadas a los recursos y a la posición geoestratégica de un Estado caribeño de tamaño medio. A lo largo del texto mantengo una calibración de confianza explícita, distinguiendo entre lo observado, lo evaluado y lo inferido.

La arquitectura SIGINT cubana y la huella china

En junio de 2023, funcionarios de la administración Biden confirmaron informes de prensa según los cuales China tenía acceso a instalaciones de espionaje en Cuba, y filtraciones posteriores al Wall Street Journal elevaron a cuatro el número de instalaciones de interés, varias de ellas visitadas por técnicos chinos (Funaiole et al. 2024). En diciembre de 2024, el CSIS publicó la evaluación de fuentes abiertas más completa hasta la fecha: de cerca de una docena de emplazamientos cubanos examinados, cuatro presentaban instrumentación SIGINT observable, infraestructura de seguridad física y otras características indicativas de recopilación de inteligencia: Bejucal, El Salao, Wajay y Calabazar (Funaiole et al. 2024).

Bejucal

Situada en las colinas que dominan La Habana, Bejucal es la mayor estación SIGINT activa de Cuba examinada por el CSIS. El sitio adquirió notoriedad durante la Crisis de los Misiles de 1962, cuando albergó armas nucleares soviéticas, y durante décadas ha sido objeto de sospechas de vínculos con la inteligencia china, mencionadas en testimonios ante el Congreso estadounidense, documentos gubernamentales desclasificados y prensa en inglés y español (Funaiole et al. 2024). Las imágenes de marzo de 2024 revelaron entradas a instalaciones subterráneas construidas entre 2010 y 2019 (que fuentes de desertores cubanos asocian al cuartel de la brigada radioelectrónica de la inteligencia militar cubana) así como antenas parabólicas capaces de interceptar comunicaciones satelitales y, potencialmente, de recopilar datos sobre los lanzamientos espaciales estadounidenses desde Florida (Funaiole et al. 2024).

La evolución del sitio ha sido continua. En mayo de 2025, el CSIS documentó la construcción de una nueva CDAA que reemplazaba a una matriz anterior más pequeña (Funaiole et al. 2025). Para junio de 2026, esa matriz aparecía terminada y probablemente operativa: 32 antenas dispuestas en un anillo exterior de 19 y uno interior de 13, la mayor y más capaz observada por el CSIS en Cuba (Powers-Riggs et al. 2026). Según el propio CSIS, Bejucal es probablemente una de las tres instalaciones en Cuba que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente como operadas por China (Powers-Riggs et al. 2026; Diario Las Américas 2026).

El Salao

En el extremo opuesto de la isla, justo al este de Santiago de Cuba y a unos 110 kilómetros (cerca de 70 millas) de la Base Naval estadounidense de Guantánamo, se levanta El Salao, una CDAA cuya existencia no se había reportado hasta que el CSIS la reveló en 2024 (Funaiole et al. 2024; ICBrief 2026). Las obras comenzaron en 2021 y, para 2024, se habían completado el edificio de control central, los cimientos de un anillo interior de 16 antenas y las canalizaciones de servicios. Con un diámetro proyectado de entre 130 y 200 metros, la instalación, una vez operativa, sería capaz de vigilar a la Armada estadounidense y a sus socios en el Caribe e incluso en el Atlántico Sur (Funaiole et al. 2024).

No obstante, el ritmo de El Salao contrasta con el de Bejucal. En 2025 la construcción se había detenido casi por completo, con la vegetación reclamando el terreno nivelado, y las imágenes de mayo de 2026 mostraban pocos cambios sustantivos: sin antenas erigidas y sin indicios claros de operatividad (Funaiole et al. 2025; Powers-Riggs et al. 2026). Aun así, la reciente repavimentación de un camino de acceso reorientado hacia el centro de la matriz sugiere que el sitio no ha sido abandonado. El CSIS evalúa que, de completarse, El Salao complementaría a Bejucal extendiendo la cobertura sobre el sureste del Caribe y permitiendo a ambas instalaciones triangular señales provenientes de toda Centroamérica y la región del Atlántico occidental (Powers-Riggs et al. 2026).

Del legado soviético al abrazo chino

La presencia actual debe leerse a la luz de una continuidad histórica. Tras el cierre del complejo soviético de Lourdes en 2002, hoy reconvertido en la Universidad de Ciencias Informáticas, el vacío fue ocupado progresivamente por China (Funaiole et al. 2024). Desde 2000, según datos de AidData citados por el CSIS, China ha proporcionado a Cuba alrededor de 7.800 millones de dólares en financiamiento para el desarrollo, incluida la modernización del puerto de Santiago de Cuba, y los gigantes tecnológicos Huawei y ZTE —ambos vetados por Washington por riesgos de espionaje— constituyen hoy la columna vertebral de las telecomunicaciones cubanas (Funaiole et al. 2024). La profunda crisis económica cubana, la peor desde la caída de la Unión Soviética, ha estrechado aún más esta dependencia y ha abierto la puerta a la cooperación militar y de inteligencia.

La evidencia más reciente refuerza esta trayectoria. En mayo de 2026, el Wall Street Journal informó, citando a funcionarios familiarizados con evaluaciones de la inteligencia estadounidense, que China y Rusia habían ampliado sus operaciones en Cuba y triplicado aproximadamente el número de personal de inteligencia desde 2023 (Wall Street Journal 2026, según se reporta en Politicalwire 2026 y Cubaheadlines 2026). El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó pública y repetidamente a Cuba en abril y junio de 2026 de albergar instalaciones de inteligencia chinas y rusas, advirtiendo que Washington no permitiría que ningún aparato militar o de inteligencia extranjero operara con impunidad a 90 millas de sus costas (Cibercuba 2026a; Cibercuba 2026b). En el mismo periodo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, y la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de diciembre de 2025 ordenó al Pentágono presentar al Congreso, antes de junio de 2026, un informe detallado sobre las capacidades de inteligencia china y rusa en Cuba (ICBrief 2026). Ya en 2024, la Evaluación Anual de Amenazas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) había incluido a Cuba entre los países donde China busca establecer instalaciones militares (ODNI 2024, citado en Funaiole et al. 2024).

Conviene, sin embargo, una nota de cautela analítica que el propio CSIS subraya: en el espacio no clasificado no existe una prueba irrefutable que demuestre el control operativo directo de China sobre estos sitios, y Beijing lo ha negado de manera categórica (Funaiole et al. 2025). La atribución china debe entenderse, por tanto, como una evaluación probable sostenida por la convergencia de testimonios, documentos, declaraciones oficiales y el patrón de inversión, no como un hecho confirmado.

Capacidades técnicas y geometría de la amenaza

Comprender la amenaza para la República Dominicana exige precisar qué hace (y qué no hace) una CDAA. Una matriz de disposición circular se emplea principalmente para la radiogoniometría de alta frecuencia (HFDF): la interceptación y geolocalización del origen de transmisiones de radio entrantes a lo largo de un amplio rango de frecuencias (Funaiole et al. 2024). A diferencia de las antenas parabólicas de Bejucal, orientadas a comunicaciones satelitales, una CDAA determina la dirección y el origen de emisiones en el espectro de alta frecuencia, una técnica que fue pilar del SIGINT durante la Guerra Fría y que, pese a la migración de las comunicaciones militares sensibles hacia la fibra óptica y el satélite, China ha considerado lo bastante valiosa como para replicarla en sus puestos militarizados de los arrecifes Mischief y Subi, en el mar de China Meridional (Funaiole et al. 2024; Fox News 2026).

El punto crítico para el análisis dominicano es distinto. La HFDF no necesita descifrar el contenido de una comunicación para extraer inteligencia de valor. Mediante el análisis de tráfico, es decir, de los metadatos externos de las emisiones: frecuencia, dirección, momento, duración y volumen, una CDAA puede revelar la ubicación y los movimientos de fuerzas militares, navales y aéreas, así como los patrones de actividad de una nación entera (Funaiole et al. 2024). Aunque las comunicaciones modernas estén cifradas, la mera geometría de quién transmite, desde dónde, hacia dónde y con qué cadencia compone un retrato detallado de la actividad operativa. Esta es la razón por la cual una instalación de bajo costo y baja tecnología relativa puede seguir siendo estratégicamente relevante.

A esta lógica técnica se superpone la geografía. El Salao se ubica aproximadamente a 20°00′ N, 75°44′ O, en el extremo oriental de Cuba, separado de La Española únicamente por el Paso de los Vientos y por el territorio de Haití. El territorio dominicano se encuentra a unos pocos cientos de kilómetros al este (del orden de 500 a 650 kilómetros desde Santiago de Cuba hasta Santo Domingo, y menos aún hasta la frontera occidental dominicana), una distancia trivial frente al alcance nominal multimilenario de una matriz HFDF. En términos prácticos, la totalidad de la República Dominicana se sitúa cómodamente dentro de la envolvente de detección de El Salao y, en menor grado por su orientación, de Bejucal (evaluación del autor a partir de Funaiole et al. 2024 y Powers-Riggs et al. 2026). El propio CSIS identifica explícitamente el «Atlántico occidental» y el «sureste del Caribe» —espacios en los que se inscribe el dominio marítimo dominicano— como las zonas que la actuación conjunta de ambas estaciones permitiría triangular (Powers-Riggs et al. 2026).

Vectores de amenaza para la seguridad nacional dominicana

De lo anterior se desprende que, aunque el blanco declarado de estas instalaciones sea Estados Unidos, la República Dominicana queda comprendida en su radio de acción de forma estructural, no incidental. Se identifican seis vectores de amenaza diferenciados, ordenados de lo más directo a lo más sistémico.

Interceptación de comunicaciones estatales y militares

El vector más inmediato es la captación de las emisiones radioeléctricas de las instituciones dominicanas. Las Fuerzas Armadas dominicanas, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y la Dirección Nacional de Control de Drogas operan, como cualquier Estado, comunicaciones en HF y VHF, especialmente en los dominios marítimo y aeronáutico, donde la alta frecuencia sigue siendo de uso corriente. Una CDAA en El Salao podría geolocalizar y caracterizar estas emisiones, permitiendo el mapeo de los patrones de despliegue, los ciclos de patrullaje y las rutinas de mando dominicanos sin necesidad de comprometer el cifrado. Para un Estado que no dispone de una arquitectura nacional robusta de seguridad de las comunicaciones (COMSEC), esta vulnerabilidad es significativa y persistente.

Vigilancia del dominio marítimo y aéreo

La República Dominicana es un nodo central de las operaciones de interdicción del narcotráfico en el Caribe y coopera estrechamente con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South) y con agencias estadounidenses. La capacidad de una estación adversaria para detectar y geolocalizar el tráfico de comunicaciones asociado a operaciones de interdicción introduce un riesgo de contrainteligencia tangible: la posibilidad de que los patrones operativos sean inferidos y, eventualmente, filtrados a organizaciones criminales transnacionales que mantienen vínculos con regímenes de la región. Más allá del narcotráfico, la vigilancia sistemática del tráfico aéreo y marítimo dominicano (comercial, oficial y militar) erosiona la soberanía informativa del Estado sobre su propio espacio, un perjuicio que existe con independencia de los intereses estadounidenses.

Infraestructura de telecomunicaciones y cables submarinos

La República Dominicana es uno de los principales puntos de amarre de cables submarinos del Caribe. Su territorio acoge sistemas como ARCOS-1, AMX-1 y SAm-1 (seis cables, la mayoría con más de una década de servicio) que enlazan al país con Estados Unidos y Suramérica, y en 2026 se anunció una inversión de unos 500 millones de dólares para triplicar las conexiones directas con territorio estadounidense (Submarine Networks s.f.; DatacenterDynamics 2026). Significativamente, el anillo ARCOS-1 llegó a contemplar un amarre en Cuba, lo que ilustra la interconexión física de la región (Submarine Networks s.f.). Esta centralidad convierte a la República Dominicana en un activo de tránsito de datos cuya integridad interesa a las grandes potencias.

El riesgo se agrava por la penetración de proveedores tecnológicos chinos en la región. Si bien el gobierno de Luis Abinader, tras la visita del secretario Pompeo, declaró que las empresas chinas no operarían en sectores estratégicos como los grandes proyectos portuarios o la futura infraestructura 5G (Ellis 2024), la presencia de equipamiento de origen chino en las redes de telecomunicaciones del país —un patrón común en toda la región— plantea riesgos de cadena de suministro y de interceptación que se entrelazan con la capacidad SIGINT cubana. La combinación de hardware potencialmente comprometido en tierra y de recopilación de señales desde Cuba conforma una amenaza compuesta, no dos amenazas separadas.

El nexo HUMINT–contrainteligencia cubano

La cooperación entre Cuba y China en materia de SIGINT podría no ser sino la punta del iceberg. Los servicios cubanos han construido una de las redes de inteligencia humana (HUMINT) más sofisticadas del hemisferio, históricamente orientada contra Estados Unidos, como ilustran los casos de Ana Montes y del exembajador Manuel Rocha (Funaiole et al. 2024). Cuba ha sido un exportador de capacidades de inteligencia y contrainteligencia a otros regímenes de la región, como demuestra su papel en la edificación del aparato de contrainteligencia militar venezolano (Funaiole et al. 2024). Para la República Dominicana, cuya proximidad geográfica y cultural con Cuba se traduce en densos flujos de personas, esta tradición HUMINT, combinada con una eventual compartición de inteligencia con Beijing, plantea un riesgo de penetración de sus instituciones y de exposición de sus funcionarios que trasciende lo puramente técnico.

Espionaje económico e industrial

La economía dominicana descansa en sectores, q.d., turismo, zonas francas, minería, banca y remesas, altamente sensibles a la interceptación de comunicaciones comerciales. El CSIS ha señalado que, frente a unas comunicaciones militares estadounidenses generalmente cifradas, son las empresas civiles las que resultan más vulnerables al SIGINT (Funaiole et al. 2024). Una economía de servicios y exportación como la dominicana, con actores corporativos de relevancia internacional, ofrece a un adversario un abundante objetivo de inteligencia económica: posiciones negociadoras, datos financieros, propiedad intelectual y planes de inversión. La asimetría comercial con China, cuyas importaciones a la República Dominicana se han multiplicado tras el reconocimiento diplomático de 2018, añade un incentivo estructural para esta forma de recopilación (Ellis 2024).

La República Dominicana como terreno de competencia entre grandes potencias

El vector más sistémico es geopolítico. La intensificación de la presión estadounidense sobre Cuba y Venezuela en 2026 (sanciones, operaciones navales ampliadas en el Caribe e iniciativas como la denominada Operación Southern Spear) ha reconfigurado el Caribe en un teatro de competencia entre grandes potencias (Powers-Riggs et al. 2026; Cibercuba 2026a). La República Dominicana, por su posición, queda en el centro geográfico de esa rivalidad. La continua expansión de las estaciones cubanas, advierte el CSIS, podría convertirse en un punto de fricción a medida que Washington intensifica su campaña de presión, y su estatus podría ser un elemento clave en cualquier negociación futura entre Washington y La Habana (Powers-Riggs et al. 2026). En tal escenario, el territorio, el espacio aéreo y las aguas dominicanas podrían ser objeto de vigilancia incrementada y, en un supuesto de escalada, el país correría el riesgo de verse arrastrado a una dinámica que no ha elegido.

La encrucijada estratégica dominicana

La República Dominicana afronta estas amenazas desde una posición de equilibrio delicado. En mayo de 2018, el gobierno de Danilo Medina rompió relaciones con Taiwán y las estableció con la República Popular China, firmando dieciocho memorandos de entendimiento y acogiendo promesas de inversión en infraestructura, energía y un nuevo puerto en Manzanillo (Ellis 2024; Myers y Barrios 2019). Muchas de aquellas promesas se han materializado solo parcialmente, y el gobierno de Abinader ha adoptado una actitud más cautelosa, vedando a las empresas chinas los sectores estratégicos (Ellis 2024). Aun así, China ha seguido avanzando de forma discreta en cooperación en seguridad y en los sectores digital y eléctrico, y persisten voces que promueven un tratado de libre comercio con Beijing (Ellis 2024).

La tensión es evidente: la República Dominicana mantiene con Estados Unidos su relación de seguridad y comercio más importante, anclada en el DR-CAFTA y en la cooperación antinarcóticos, al tiempo que cultiva vínculos económicos con la potencia cuya arquitectura de inteligencia, asentada en la vecina Cuba, la vigila. Esta dualidad no es sostenible indefinidamente sin una estrategia deliberada. La amenaza SIGINT cubano-china debería incentivar a Santo Domingo a tratar la seguridad de sus comunicaciones y la integridad de su infraestructura crítica no como un favor a Washington, sino como un imperativo de soberanía nacional.

Recomendaciones de política

Las siguientes líneas de acción se proponen proporcionadas a los recursos de un Estado caribeño de tamaño medio y orientadas a reducir la vulnerabilidad sin exigir capacidades de gran potencia.

  • Endurecer la seguridad de las comunicaciones (COMSEC). Priorizar el cifrado de extremo a extremo y la migración de las comunicaciones gubernamentales y militares sensibles desde la radio en HF/VHF hacia canales protegidos por fibra y satélite cifrado, reduciendo la huella radioeléctrica explotable por radiogoniometría.
  • Auditar la cadena de suministro de telecomunicaciones. Realizar un inventario nacional del equipamiento de red de origen chino (Huawei, ZTE y afines) en operadores y en infraestructura crítica, y establecer criterios de seguridad para las adquisiciones futuras, en particular de cara al despliegue de 5G y a la ampliación de los amarres de cable submarino.
  • Proteger los puntos de amarre de cables submarinos. Tratar las estaciones de amarre como infraestructura crítica nacional, con seguridad física y lógica reforzada, dado su valor como nodo de tránsito de datos hacia Estados Unidos y Suramérica.
  • Reforzar la contrainteligencia. Fortalecer las capacidades de contrainteligencia frente a la HUMINT cubana y sus posibles derivaciones hacia terceros, con énfasis en la protección de funcionarios con acceso a información sensible y en la concienciación institucional.
  • Profundizar la cooperación regional en el dominio del espectro y marítimo. Coordinar con Estados Unidos y con socios del Caribe el intercambio de alertas sobre actividad SIGINT adversaria y la conciencia situacional marítima, aprovechando los marcos existentes de cooperación antinarco.
  • Desarrollar conciencia situacional propia mediante fuentes abiertas. Institucionalizar el seguimiento de imágenes satelitales comerciales y análisis de fuentes abiertas, el mismo método empleado por el CSIS, para monitorear de forma autónoma la evolución de El Salao y otras instalaciones de interés, sin dependencia exclusiva de evaluaciones ajenas.
  • Diversificar prudentemente la dependencia tecnológica. Equilibrar los beneficios económicos de la relación con China frente a los riesgos de seguridad, evitando que sectores críticos queden cautivos de proveedores que plantean riesgos de inteligencia.

Reflexión mía

La narrativa pública sobre Bejucal y El Salao ha estado dominada por la relación cubano-estadounidense, y con razón: estas instalaciones miran, en primer término, hacia Florida y hacia los mandos militares del sureste de Estados Unidos. Pero la lente estadounidense oculta una realidad incómoda para Santo Domingo: por su física y su geografía, la radiogoniometría de alta frecuencia desplegada en la Cuba oriental abarca de manera estructural el territorio, el espacio aéreo y las aproximaciones marítimas dominicanas. La amenaza para la República Dominicana no es hipotética ni derivada. Es una consecuencia directa de la ubicación de El Salao, un punto de Cuba peligrosamente cercano a La Española, y de la naturaleza no direccional de las capacidades que allí se han construido.

Mi análisis debe sostenerse, no obstante, sobre una epistemología honesta. El vínculo operativo directo de China con estos sitios sigue siendo una evaluación probable, respaldada por la convergencia de evidencias y por las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses en 2025 y 2026, pero no un hecho probado en el espacio no clasificado. La recopilación efectiva de inteligencia contra blancos dominicanos es, asimismo, mi inferencia analítica derivada de la capacidad y la geografía, mi perspectiva como exintegrante de la Comunidad de Inteligencia y una comprensión amplia de la naturaleza de la amenaza china moderna, no una colección documentada. Esta cautela no disminuye la pertinencia de la amenaza. En materia de seguridad nacional, la prudencia exige planificar frente a capacidades demostradas, no solo frente a casos de espionaje confirmados. Tengan clara una cosa. China busca o cooptarnos por su iniciativa Franja y Ruta, o doblegarnos con las maniobras nefastas de la inteligencia china, . . . política del garrote y la zanahoria en plena vista. Para la República Dominicana, la lección es clara. La seguridad de nuestras comunicaciones y la integridad de la infraestructura crítica son, antes que un alineamiento geopolítico, una cuestión de soberanía que el país haría bien en asumir como propia. NO podemos permitir que nos ninguneen del ‘gran juego’ geopolítico internacional. Ya no somos una república bananera.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • Cibercuba. 2026a. «Marco Rubio acusa a Cuba de albergar inteligencia china y rusa y lanza una advertencia desde Washington». 28 de abril. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-04-28-u1-e129488-s27061-nid327480.
  • Cibercuba. 2026b. «Marco Rubio: Cuba sigue albergando instalaciones de inteligencia de China y Rusia». 2 de junio. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-06-02-u1-e207888-s27061-nid330997.
  • Cubaheadlines. 2026. «U.S. Sounds Alarm: Rising Russian and Chinese Espionage in Cuba». 22 de mayo. https://www.cubaheadlines.com/articles/330073.
  • DatacenterDynamics. 2026. «Google invests $500 million in Dominican Republic connectivity hub». https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-invests-500-million-in-its-digital-port-in-the-dominican-republic/.
  • Diario Las Américas. 2026. «Detectan nueva actividad en posibles instalaciones de inteligencia de China en Cuba». 20 de junio. https://www.diariolasamericas.com/eeuu/detectan-nueva-actividad-posibles-instalaciones-inteligencia-china-cuba-n5397507.
  • Ellis, R. Evan. 2024. «The Evolution of Chinese Engagement with the Dominican Republic». Center for Strategic and International Studies, 25 de septiembre. https://www.csis.org/analysis/evolution-chinese-engagement-dominican-republic.
  • Fox News. 2026. «China-linked spy site expansion in Cuba raises alarms near key US military bases». https://www.foxnews.com/politics/china-linked-spy-site-expansion-cuba-raises-alarms-near-key-us-military-bases.
  • Funaiole, Matthew P., Aidan Powers-Riggs, Brian Hart, Henry Ziemer, Joseph S. Bermudez Jr., Ryan C. Berg y Christopher Hernandez-Roy. 2024. China’s Intelligence Footprint in Cuba: New Evidence and Implications for U.S. Security. Center for Strategic and International Studies, 6 de diciembre. https://www.csis.org/analysis/chinas-intelligence-footprint-cuba-new-evidence-and-implications-us-security.
  • Funaiole, Matthew P., Brian Hart, Aidan Powers-Riggs y Joseph S. Bermudez Jr. 2025. «At the Doorstep: A Snapshot of New Activity at Cuban Spy Sites». Hidden Reach, Center for Strategic and International Studies, 6 de mayo. https://features.csis.org/hiddenreach/snapshots/cuba-china-cdaa-base/.
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  • Politicalwire. 2026. «U.S. Warns of Russian and Chinese Spying in Cuba». 22 de mayo. https://politicalwire.com/2026/05/22/u-s-warns-of-russian-and-chinese-spying-in-cuba/.
  • Powers-Riggs, Aidan, Matthew P. Funaiole, Brian Hart y Joseph S. Bermudez Jr. 2026. «New Activity at Possible Chinese Intelligence Facilities in Cuba». Center for Strategic and International Studies, 18 de junio. https://www.csis.org/analysis/new-activity-possible-chinese-intelligence-facilities-cuba.
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  • Wall Street Journal. 2026. «U.S. Warns of Growing Russian and Chinese Spying in Cuba». Mayo. (Citado a través de Politicalwire 2026 y Cubaheadlines 2026.)
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Reforma Minera y la Seguridad Nacional Dominicana

Minerd, CAMIPE, reforma minera, seguridad nacional dominicana, C. Constantin Poindexter Salcedo, Republica Dominicana

Reforma minera, gobernanza territorial y seguridad nacional dominicana en la República Dominicana

La discusión sobre la reforma de la ley minera en la República Dominicana no debe plantearse únicamente como un debate de crecimiento económico o de permisos sectoriales. Debe analizarse también (y para mí, primordialmente) como una cuestión de seguridad nacional, de fortalecimiento institucional y de gobernanza del territorio. Desde esa perspectiva, la aprobación de una reforma moderna y rigurosa resulta no solo conveniente, sino necesaria. Mi posición es que el Estado debe aprobar una reforma legal del sector minero, en línea con la propuesta impulsada por CAMIPE, porque una minería mejor regulada puede aumentar la resiliencia económica del país, ampliar la capacidad del Estado para ejercer control territorial, reducir espacios para economías ilegales y mejorar la protección ambiental mediante reglas más estrictas y fiscalización más efectiva (Forbes Dominicana, 2026; Ministerio de Energía y Minas [MEM], 2025a; EITI-RD, 2024).

Es importante comenzar por una concesión explícita. Sí, existen señales negativas en la experiencia reciente de la minería dominicana. Se han documentado conflictos sociales en torno a grandes proyectos, controversias por reasentamientos, cuestionamientos sobre relaves y denuncias de daños ambientales en actividades extractivas, especialmente en minería no metálica y extracción de agregados (El País, 2025a, 2025b; The Guardian, 2024). También hay evidencia de operaciones ilegales y de incumplimientos en permisos ambientales, como la intervención de una mina de agregados en Nigua por operar tras un cierre definitivo (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales [MIMARENA], 2026). Esas señales son reales y no deben negarse. Sin embargo, la conclusión correcta no es frenar la reforma, sino exactamente la contraria: acelerar una reforma legal robusta que cierre vacíos, eleve estándares y fortalezca el poder regulatorio y sancionador del Estado.

El primer argumento a favor de la reforma es de carácter estratégico y macroeconómico. En un entorno global marcado por competencia geopolítica, volatilidad de cadenas de suministro y creciente importancia de minerales estratégicos, la minería ya no es una actividad meramente extractiva; es una variable de seguridad nacional económica dominicana. Organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía han subrayado que el acceso a minerales críticos se ha convertido en un asunto central para la seguridad energética, industrial y geopolítica de los Estados (International Energy Agency [IEA], 2024). Aunque la matriz minera dominicana no sea idéntica a la de grandes productores de minerales críticos, el principio aplica plenamente: un sector minero formal, productivo y bien gobernado aumenta divisas, fortalece ingresos fiscales y mejora la capacidad de financiamiento del Estado, elementos indispensables para cualquier política seria de seguridad nacional (MEM, 2025b).

En el caso dominicano, el propio Ministerio de Energía y Minas ha sostenido que el sector minero aporta de manera significativa al producto interno bruto, al producto industrial y a los ingresos fiscales, y que una modernización normativa permitiría incrementar su contribución al desarrollo nacional (MEM, 2025a, 2025b). El artículo de Forbes Dominicana que motivó esta discusión recoge precisamente esa tesis sectorial: con una reforma de ley presentada por el sector, la minería podría aumentar sustancialmente su peso en el PIB (Forbes Dominicana, 2025). Desde una lógica de seguridad nacional, esa posibilidad no es menor. Un Estado con mejor recaudación y mayor capacidad exportadora dispone de más recursos para financiar inteligencia, seguridad pública, infraestructura crítica, protección de fronteras y respuesta a emergencias. La seguridad nacional no se sostiene solo con doctrina y fuerza coercitiva; también se sostiene con base fiscal.

El segundo argumento es institucional. Una nueva ley bien diseñada puede transformar la minería de un foco potencial de conflictividad en un campo de fortalecimiento estatal. La República Dominicana ya cuenta con un andamiaje ambiental relevante, con licencias, permisos, evaluaciones de impacto, programas de manejo y mecanismos de fiscalización, como ha documentado EITI-RD (EITI-RD, 2024). El problema principal no ha sido la ausencia absoluta de normas, sino la coexistencia de reglas fragmentadas, procesos lentos, asimetrías de fiscalización y, en algunos segmentos, baja capacidad de enforcement. Una reforma integral permitiría ordenar ese sistema, clarificar competencias, elevar sanciones, estandarizar monitoreo y hacer más exigible el cumplimiento ambiental.

En otras palabras, una reforma no tiene que ser sinónimo de “flexibilización”. Puede y debe ser una reforma de rigor. Este punto es clave para responder a quienes temen que una nueva ley equivalga a una licencia para contaminar. Si el texto legal incorpora estándares modernos de evaluación ambiental, obligaciones de monitoreo continuo, auditorías independientes, trazabilidad de materiales, garantías financieras suficientes para remediación y cierres de mina, y mecanismos de participación comunitaria verificables, la reforma puede reducir el riesgo ambiental respecto del marco actual (EITI-RD, 2024; MEM, 2025a). La pregunta no es si regular más o menos, sino si regular mejor.

El tercer argumento se vincula con la seguridad territorial y el combate a economías ilícitas. En la práctica dominicana, una parte de los mayores daños ambientales y sociales no proviene necesariamente de la gran minería formal bajo escrutinio público, sino de actividades ilegales o semiinformales, especialmente en extracción de agregados. Los reportajes sobre la llamada “ruta de la arena” describen escenarios de destrucción ambiental, violencia, impunidad y penetración criminal que exceden el campo administrativo y entran de lleno en el ámbito de la seguridad interna (El País, 2025b). Ese tipo de fenómeno demuestra que el vacío regulatorio, la debilidad de supervisión y la fragmentación institucional son más peligrosos que un marco legal fuerte.

Pues, aprobar una reforma rigurosa es también una forma de negar espacio operativo a redes ilegales. Una ley moderna puede exigir registros unificados de operadores, georreferenciación de frentes extractivos, interoperabilidad entre autoridades ambientales, mineras, tributarias y de seguridad, y protocolos de inspección más agresivos. Puede tipificar mejor incumplimientos graves y crear consecuencias reales para quienes operen al margen de la ley. La experiencia comparada muestra que los mercados ilícitos florecen cuando el Estado carece de inteligencia regulatoria y capacidad de supervisión. Una reforma bien estructurada fortalece justamente esas capacidades y más ampliamente la seguridad nacional dominicana.

El cuarto argumento, que suele subestimarse, es la seguridad hídrica y de infraestructura crítica. Las preocupaciones sobre contaminación, relaves, uso de agua y afectación de ríos no deben descartarse; deben integrarse al diseño normativo. Allí es donde una reforma puede producir su mayor legitimidad. La lección de los conflictos recientes no es que toda minería sea incompatible con el ambiente, sino que la minería sin monitoreo transparente y sin respuesta estatal creíble erosiona la confianza pública (El País, 2025a; The Guardian, 2024). En consecuencia, una ley reformada debería imponer monitoreo de calidad de agua con datos públicos, protocolos de alertas tempranas, auditorías externas obligatorias y sanciones automáticas por incumplimiento de parámetros ambientales.

De hecho, existen indicios de que la institucionalidad dominicana ya se mueve en esa dirección, con informes técnicos oficiales de monitoreo y con intervenciones administrativas cuando se detectan operaciones irregulares (MEM, 2024; MIMARENA, 2026). Una reforma de ley puede consolidar esas prácticas en obligaciones permanentes y no solo en respuestas puntuales. Eso reduce la discrecionalidad, mejora la trazabilidad de la información y da al Estado un instrumento más sólido para actuar antes de que el daño ambiental se convierta en crisis social o de seguridad.

Un quinto beneficio de la reforma es la reducción de conflictividad social a través de reglas claras. En la minería, buena parte del conflicto nace de percepciones (a veces correctas, a veces disparates) de opacidad, promesas incumplidas o falta de compensación justa. Cuando el marco legal no define con precisión los deberes de consulta, reasentamiento, mitigación y reparación, el conflicto se traslada a la calle, al litigio o a campañas de presión mediática (The Guardian, 2024; El País, 2025a). Una nueva ley con procedimientos claros, cronogramas obligatorios, estándares de compensación, verificadores independientes y canales formales de reclamación puede contener esa conflictividad antes de que escale.

Aquí conviene volver a las “señales negativas” y ponerlas en su justa dimensión. Sí, hay casos que evidencian tensiones serias. Pero no constituyen una prueba de que el sector minero, por naturaleza, sea ingobernable o incompatible con el interés nacional. Constituyen, más bien, una prueba de que el Estado necesita un marco legal actualizado que le permita gobernarlo mejor. En términos de análisis de riesgo, esos episodios son riesgos gestionables, no fatalidades inevitables. La clave está en transformar riesgos difusos en riesgos regulados, con controles, métricas y consecuencias. Una reforma legal rigurosa logra precisamente eso.

Debe considerarse el impacto reputacional y de clima de inversión. La inversión minera de calidad tiende a dirigirse a jurisdicciones con reglas claras, tiempos previsibles y exigencias ambientales comprensibles. Lo contrario —ambigüedad legal, discrecionalidad y aplicación errática— no protege el ambiente: suele expulsar a operadores formales y dejar espacio a operadores de peor perfil. Una reforma moderna, técnicamente sólida y ambientalmente estricta puede atraer inversión más responsable y, al mismo tiempo, elevar el estándar de cumplimiento para todos. Desde la seguridad nacional, eso importa porque un sector formalizable y fiscalizable siempre es preferible a una economía extractiva parcialmente opaca.

Además, la reforma contribuiría a una mejor inteligencia económica y ambiental del Estado. En la actualidad, una parte de la debilidad estatal proviene de información dispersa entre ministerios, permisos, expedientes y fiscalizaciones no integradas. Una ley nueva puede exigir sistemas de reporte estandarizados y datos interoperables, facilitando la detección de anomalías, el seguimiento de riesgos y la priorización de inspecciones. Ese componente de “inteligencia regulatoria” es esencial para la seguridad nacional dominicana moderna. No basta con tener normas; hay que tener visibilidad situacional sobre lo que ocurre en el territorio, en tiempo útil y con datos verificables.

En suma, la reforma de la ley minera debe ser entendida como una política de Estado con tres objetivos simultáneos: desarrollo económico, protección ambiental y fortalecimiento de la seguridad nacional dominicana. Las críticas ambientales y sociales no invalidan ese proyecto; lo hacen más urgente. Precisamente porque existen antecedentes de incumplimiento, conflictividad y minería ilegal, la República Dominicana necesita una ley más clara, más técnica y más exigente. Una reforma bien diseñada no relativiza el ambiente: lo protege mejor al elevar los costos del incumplimiento y al ampliar la capacidad de control del Estado (EITI-RD, 2024; MIMARENA, 2026; MEM, 2025a).

Concluyo declarando mi posición sobre la propuesta de CAMIPE. Opino que la propuesta de CAMIPE debe ser aprobada, siempre que su incorporación legislativa preserve y fortalezca estándares ambientales, de fiscalización y de transparencia. La razón central es que una reforma moderna aumentaría la seguridad nacional al reforzar la base fiscal del Estado, mejorar el control territorial sobre actividades extractivas, reducir espacios para economías ilegales y convertir la gestión ambiental en una función más exigible y verificable. Las señales negativas observadas en años recientes son reales, pero su gravedad puede ser sustancialmente contenida por una nueva ley que regule rigurosamente el sector, integre mejores controles y haga efectiva la responsabilidad de los operadores. En ese sentido, la reforma no representa una concesión al sector minero, sino una oportunidad para que el Estado gobierne mejor un recurso estratégico y lo convierta en una fuente de estabilidad, legitimidad y seguridad nacional dominicana (Forbes Dominicana, 2025; MEM, 2025a; EITI-RD, 2024; IEA, 2024).

~ C. Constantin Poindexter, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

  • EITI-RD. (2024). Quinto informe contextual de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en la República Dominicana.
  • El País. (2025a, 31 de enero). El verdadero coste del oro: un nuevo proyecto minero reaviva un viejo conflicto en República Dominicana.
  • El País. (2025b, 8 de agosto). La ruta de la arena: asesinatos, impunidad y destrucción ambiental en República Dominicana.
  • Forbes Dominicana. (2026). La minería podría duplicar su peso en el PIB con la reforma de la ley presentada por el sector.
  • International Energy Agency. (2024). Global Critical Minerals Outlook 2024.
  • Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2024). Informe técnico de calidad de agua en áreas de incidencia mina Pueblo Viejo (diciembre 2024).
  • Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2025a). Ley minera dominicana se prepara para un marco normativo moderno.
  • Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2025b). Minería dominicana registra avances clave en inversión, exportaciones y desarrollo comunitario en 2025.
  • Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). (2026). Medio Ambiente interviene mina de agregados en Nigua por operar ilegalmente tras cierre definitivo.
  • Presidencia de la República Dominicana. (2025). Gobierno informa sobre avances en revisión y reforma de la ley minera.
  • The Guardian. (2024, 21 de mayo). “It’s a barbarity”: why are hundreds of families asking to be moved away from this Dominican Republic goldmine?

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