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Técnicas analíticas estructuradas para inteligencia e investigación

Técnicas analíticas estructuradas para inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal en República Dominicana

Las técnicas analíticas estructuradas como disciplina del pensamiento: una defensa del marco del Tradecraft Primer y su aplicación a la inteligencia, la contrainteligencia y la investigación criminal.

Este ensayo examina el marco de técnicas analíticas estructuradas recogido en A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis (US Government 2009) y sostiene que dicho marco, lejos de ser un mero repertorio de ejercicios de escritorio, constituye una disciplina epistemológica indispensable para todo profesional que deba emitir juicios bajo condiciones de información incompleta, ambigua o deliberadamente manipulada. Se describen las tres familias de técnicas (diagnósticas, contrarias e imaginativas), se responde a las objeciones más frecuentes contra su adopción y se argumenta que el marco es directamente trasladable a la inteligencia estratégica, a la contrainteligencia y a la investigación criminal en el contexto dominicano y caribeño. Se concluye con recomendaciones concretas de implementación institucional.

El problema no es la información, es la mente que la procesa

Quienes hemos dedicado décadas a evaluar riesgo, verificar hechos y anticipar la conducta de terceros sabemos que el error analítico rara vez nace de la falta de datos. Nace, con mucha mayor frecuencia, de la manera en que la mente humana organiza los datos que ya tiene. El Tradecraft Primer parte precisamente de esa premisa. Su capítulo introductorio, apoyado en la obra seminal de Richards Heuer (1999), plantea lo que denomina el desafío del “mind-set”: todo individuo asimila y evalúa la información a través de modelos mentales, esto es, construcciones de supuestos y expectativas forjadas por la experiencia. Esos modelos son imprescindibles para procesar un volumen de información que de otro modo resultaría inabarcable, pero al mismo tiempo condicionan qué información será percibida, recordada y aceptada, y cuál será descartada por no encajar con lo esperado (US Government 2009).

La paradoja que señala el primer, y que cualquier oficial veterano reconocerá con cierta incomodidad, es que el analista experimentado es más vulnerable a este fenómeno, no menos. El éxito pasado en la aplicación de un modelo mental lo consolida, lo vuelve resistente al cambio y convierte la evidencia contradictoria en ruido que se filtra sin llegar a la conciencia (Heuer 1999; Kahneman 2011). El primer lo resume en cuatro riesgos: percibimos lo que esperamos percibir; una vez formada, la percepción se resiste a cambiar; la información nueva se asimila, a veces erróneamente, a los modelos existentes; y la información conflictiva tiende a ser ignorada o descartada (US Government 2009).

Lo que propone el marco no es abolir los modelos mentales, cosa imposible, sino hacerlos explícitos, someterlos a escrutinio y construir mecanismos institucionales que obliguen al analista a considerar alternativas que su intuición, por sí sola, jamás le presentaría. Este ensayo defiende que ese propósito es tan pertinente para el oficial de la Dirección Nacional de Investigaciones o del J2 del Ministerio de Defensa como para el fiscal investigador del Ministerio Público, el analista de la Dirección Nacional de Control de Drogas o el investigador privado que reconstruye el patrimonio de un deudor fraudulento.

Anatomía del marco: tres familias de técnicas

El primer organiza sus doce técnicas según el propósito que cumplen en el ciclo analítico. Esta taxonomía, aunque el propio documento reconoce que muchas técnicas cumplen funciones combinadas, tiene un valor pedagógico enorme porque le permite al analista seleccionar la herramienta según la enfermedad que pretende tratar (US Government 2009).

Técnicas diagnósticas: transparentar el argumento

Las técnicas diagnósticas buscan hacer visibles los supuestos, la calidad de las fuentes y las brechas de información sobre las que descansa un juicio.

La verificación de supuestos clave (Key Assumptions Check) consiste en enumerar y examinar las premisas, declaradas o tácitas, que deben ser ciertas para que la línea analítica se sostenga. El primer ilustra la técnica con el caso del francotirador de Washington en 2002, en el que las autoridades operaron durante semanas bajo el supuesto de que buscaban a un hombre blanco, solitario, con entrenamiento militar y al volante de una camioneta blanca. Descompuesto en sus partes, ese perfil revelaba grados de confianza muy desiguales: la probabilidad de que el agresor fuese varón era altísima, pero la de que fuese blanco o condujese la camioneta descrita era considerablemente menor. Al no haber sometido el supuesto compuesto a esa descomposición, la investigación estrechó prematuramente el universo de sospechosos hasta excluir a los verdaderos autores (US Government 2009). Cualquier investigador criminal dominicano que haya visto una pesquisa encallar porque el “perfil” inicial se convirtió en dogma comprenderá de inmediato la lección.

La verificación de la calidad de la información obliga a revisar periódicamente la solidez, la corroboración y el contexto de obtención de cada fuente. El primer recuerda, citando los informes del Senado estadounidense y de la Comisión sobre Armas de Destrucción Masiva, que el fracaso analítico sobre Irak en 2003 se debió en buena medida a la dependencia de una fuente única y ambigua y a la incomprensión de las limitaciones de la colección técnica (US Government 2009). Para el oficial de contrainteligencia, esta técnica es el antídoto natural contra la fuente humana que “vende” información diseñada para complacer, y para el fiscal es el equivalente metodológico de la cadena de custodia aplicada al testimonio.

Los indicadores o señales de cambio consisten en construir de antemano una lista de eventos observables que uno esperaría ver si una hipótesis o escenario se estuviese materializando, y revisarla con regularidad. Su virtud principal, según el primer, es que despersonaliza los desacuerdos: cuando todas las partes aceptan los criterios objetivos de medición, la discusión deja de ser sobre opiniones y pasa a ser sobre evidencia (US Government 2009).

El análisis de hipótesis en competencia (ACH), desarrollado por Heuer, es la joya de la corona del enfoque diagnóstico. En lugar de evaluar la plausibilidad de una explicación a la vez, el analista despliega todas las hipótesis razonables en una matriz y contrasta cada pieza de evidencia contra cada una de ellas, preguntándose no cuál hipótesis confirma la evidencia sino cuál hipótesis la evidencia refuta. El primer subraya que la evidencia consistente con todas las hipótesis carece de valor diagnóstico, por muy contundente que parezca, y que la técnica obliga a preguntarse qué evidencia debería estar presente y no lo está, abriendo así la puerta a la detección de negación y engaño (US Government 2009; Heuer y Pherson 2011).

Técnicas contrarias: desafiar el consenso

Las técnicas contrarias atacan de frente la línea analítica dominante.

La abogacía del diablo designa a un analista, o a un equipo, para construir el mejor caso posible a favor de una explicación alternativa a la que sostiene el consenso. El primer advierte con sensatez que cuando un grupo ha trabajado un mismo tema durante largo tiempo, lo prudente es presumir que existe un modelo mental arraigado que merece este escrutinio. El resultado puede ser la reafirmación de la línea original, su matización o su abandono, y cualquiera de los tres es una ganancia (US Government 2009).

El Equipo A / Equipo B se distingue de la anterior porque no desafía una sola visión dominante sino que contrasta dos o más posiciones igualmente sostenidas, desarrollando cada una con sus propios supuestos, evidencia y lógica ante un jurado de pares. El primer nota su utilidad para reducir fricciones entre facciones analíticas y para ofrecer al tomador de decisiones argumentos bien elaborados en lugar de un consenso que oculta diferencias sustantivas (US Government 2009).

El análisis de alto impacto y baja probabilidad obliga a considerar las consecuencias de eventos que el consenso descarta como improbables. El primer recuerda que la caída del Sha, el colapso soviético y la reunificación alemana fueron todos calificados en su momento como escenarios remotos, y reproduce la evaluación del Departamento de Estado del 27 de noviembre de 1941, diez días antes de Pearl Harbor, que apostaba cinco a uno contra una guerra con Japón (US Government 2009).

El análisis “¿Qué pasaría si?” da un paso más: asume que el evento improbable ya ocurrió y se dedica a explicar, razonando hacia atrás, cómo pudo haber sucedido y qué señales lo habrían anunciado (US Government 2009).

Técnicas imaginativas: generar lo que la rutina no produce

La tormenta de ideas estructurada, con su fase divergente y su fase convergente, es el punto de partida de casi todas las demás técnicas. El primer insiste, paradójicamente, en que la creatividad exige estructura: reglas explícitas, prohibición de frases asesinas del tipo “eso no funcionaría”, participación de al menos un “forastero” que no comparta el modelo mental del grupo y un límite de tiempo (US Government 2009).

El pensamiento de afuera hacia adentro invita a identificar las fuerzas sociales, tecnológicas, económicas, ambientales y políticas que, aunque escapen al control del analista, pueden moldear decisivamente el problema.

El análisis de Equipo Rojo coloca al analista en la piel del adversario para reproducir cómo este percibe amenazas y oportunidades, evitando el error de “imagen espejo” que atribuye a un actor extranjero la racionalidad, los valores y las prioridades propias (US Government 2009).

El análisis de futuros alternativos o escenarios, finalmente, cruza las dos incertidumbres más críticas de un problema para generar cuatro mundos plausibles, describir cómo cada uno podría materializarse y derivar indicadores para vigilar cuál se aproxima (Schwartz 1991; US Government 2009).

Defensa del marco frente a sus críticos

Ningún marco metodológico se adopta sin resistencia, y las técnicas estructuradas han recibido su cuota. Conviene responder a las objeciones más serias.

La objeción del tiempo. Se alega que estas técnicas consumen horas que el analista operativo no tiene. La respuesta es doble. Primero, el mismo escalona las técnicas según su costo: una verificación de supuestos toma una o dos horas; una matriz ACH puede cargarse en un día; solo el Equipo A / Equipo B y los ejercicios de escenarios exigen inversiones considerables (US Government 2009). Segundo, y más importante, el costo de una técnica debe compararse con el costo del error que previene. Las semanas perdidas persiguiendo una camioneta blanca en Washington, o los años de política exterior construidos sobre una fuente única en Irak, hacen que unas horas de disciplina metodológica parezcan una ganga.

La objeción de la falsa precisión. Se argumenta que asignar puntajes de consistencia en una matriz o votar sobre grupos de notas adhesivas reviste de apariencia científica lo que sigue siendo juicio subjetivo. El primer es escrupulosamente honesto en este punto: reconoce que la aplicación de estas técnicas no garantiza la precisión ni la exactitud de los juicios, pero sí mejora la sofisticación, la credibilidad y la utilidad de las evaluaciones (US Government 2009). La pretensión del marco no es sustituir el juicio experto por un algoritmo sino hacer el juicio transparente, auditable y corregible. Un juicio que puede mostrar sus supuestos y su evidencia es superior a uno que solo puede invocar la autoridad de quien lo emite, aunque ambos resulten igualmente acertados.

La objeción del experto. Se sostiene que el analista con veinte años en un tema no necesita que le digan que verifique sus supuestos. La literatura sobre juicio experto responde con contundencia. Tetlock (2005) demostró en un estudio longitudinal que la exactitud predictiva de los expertos en asuntos políticos apenas superaba el azar y que los más confiados eran, sistemáticamente, los menos precisos. Kahneman (2011) documentó que la confianza subjetiva es un pésimo indicador de exactitud y que la pericia genuina solo se desarrolla en entornos con retroalimentación rápida y regular, condición que rara vez cumplen la inteligencia o la investigación de largo aliento. El primer, al señalar que los analistas experimentados pueden ser más susceptibles a los problemas del modelo mental, no insulta a la experiencia: la protege de sí misma.

La objeción de la institucionalidad. Se objeta que estas técnicas son un producto de la burocracia estadounidense posterior a las comisiones del 11 de septiembre y de Irak, y que no se trasladan a organismos más pequeños. Esto confunde el origen con la naturaleza. Los sesgos que el marco combate (expectativa, anclaje, exceso de confianza, atribución, resistencia al cambio) son propiedades universales de la cognición humana documentadas por décadas de psicología experimental (Tversky y Kahneman 1974; Jervis 1976). Un organismo pequeño con pocos analistas está, si acaso, más expuesto al pensamiento de grupo que una comunidad de dieciséis agencias, y por tanto más necesitado de mecanismos formales de disenso.

Aplicación a la inteligencia estratégica

En el ámbito de la inteligencia de Estado, el marco encuentra su terreno natural. La Ley 590-16, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, asigna a la Dirección Nacional de Investigaciones la responsabilidad de producir inteligencia para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional. Esa función se ejerce en un entorno regional de complejidad creciente: la inestabilidad institucional en Haití, las rutas de narcotráfico que atraviesan el Caribe hacia Europa y Norteamérica, la competencia de potencias extrarregionales por influencia en la cuenca y las presiones migratorias que de todo ello se derivan.

Cada uno de estos temas es candidato ideal para el análisis de futuros alternativos, porque presenta exactamente las condiciones que el primer describe: alta incertidumbre, multiplicidad de factores y ausencia de un resultado único que merezca ser pronosticado con confianza (US Government 2009). Un ejercicio que cruce, por ejemplo, la capacidad del Estado haitiano de recuperar el control territorial contra el nivel de compromiso de la comunidad internacional generaría cuatro escenarios cuyas implicaciones para la frontera, el comercio y la seguridad dominicanas son radicalmente distintas, y permitiría al decisor evaluar cuáles políticas resultan robustas en todos ellos.

El análisis de Equipo Rojo es igualmente aplicable. Un analista dominicano que evalúe las intenciones de una organización criminal transnacional, de un actor estatal con intereses en el Caribe o de una estructura política haitiana corre el mismo riesgo de imagen espejo que el primer advierte respecto de líderes autoritarios o células terroristas: atribuir al adversario la lógica de costo y beneficio que uno mismo aplicaría, cuando el adversario opera bajo códigos, lealtades y presiones enteramente distintos (US Government 2009).

Aplicación a la contrainteligencia

La contrainteligencia es, por definición, la disciplina del engaño y de su detección, y es aquí donde el ACH despliega su mayor potencia. El primer señala que la técnica resulta ideal para considerar la posibilidad de negación y engaño porque obliga al analista a preguntarse qué evidencia debería observarse si una hipótesis fuese cierta y por qué no se observa (US Government 2009). Frente a una fuente humana cuya información es consistentemente coherente con lo que el servicio desea escuchar, la matriz ACH permite formular con rigor la hipótesis incómoda: que la fuente está controlada por el adversario y que la consistencia misma de su producto es la señal de alarma.

La verificación de la calidad de la información complementa este ejercicio. El primer enumera entre sus pasos la revisión sistemática de fuentes, la búsqueda de corroboración suficiente y la reexaminación de información previamente descartada a la luz de hechos nuevos (US Government 2009). En contrainteligencia, esa reexaminación retrospectiva es a menudo la única vía para reconstruir el momento en que una operación fue comprometida.

Finalmente, la abogacía del diablo institucionalizada protege contra el fenómeno más peligroso de la contrainteligencia: la convicción colectiva de que “nuestra gente” es confiable. Cuando un servicio ha operado durante años sin detectar penetración, la conclusión estadísticamente más probable no es que no la haya, sino que no la ha buscado con suficiente escepticismo. Un ejercicio formal de abogacía del diablo, con mandato explícito y producto documentado, convierte esa sospecha abstracta en una línea de investigación concreta.

Aplicación a la investigación criminal

La objeción más previsible a este ensayo es que las técnicas del primer fueron diseñadas para analistas de inteligencia y no para investigadores policiales o fiscales, cuyo oficio está regido por el estándar probatorio y no por el juicio estimativo. La objeción no resiste el examen. El propio primer escoge un caso de investigación criminal, el del francotirador de Washington, como su ejemplo insignia de verificación de supuestos, y la literatura criminológica sobre “visión de túnel” describe con precisión los mismos mecanismos cognitivos que el primer combate (Findley y Scott 2006).

El Código Procesal Penal dominicano, Ley 76-02, impone al Ministerio Público el deber de objetividad, obligándolo a investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado. Ese mandato legal es, en el fondo, una exigencia de análisis de hipótesis en competencia. Un fiscal que carga en una matriz la hipótesis acusatoria junto con las alternativas exculpatorias, y que evalúa cada pieza de evidencia contra todas ellas, no solo cumple mejor su deber de objetividad sino que produce un expediente considerablemente más resistente al contrainterrogatorio y a la impugnación en juicio.

La verificación de supuestos clave debería ser rutina en toda investigación de homicidio, secuestro o delito financiero complejo. El perfil inicial del sospechoso, la hipótesis del móvil, la cronología presumida de los hechos y la fiabilidad del testigo principal son todos supuestos que, descompuestos y evaluados individualmente, revelan grados de confianza muy distintos. El primer advierte que la información que contradice un supuesto no examinado “se pierde en el ruido”; el investigador que ha escrito sus supuestos en una pizarra está, por ese solo hecho, mejor preparado para reconocer la pista que los desmiente (US Government 2009).

Los indicadores y señales de cambio tienen aplicación directa en la investigación de estructuras criminales persistentes. Un equipo que investiga una red de lavado de activos, de tráfico de personas o de contrabando puede definir de antemano qué patrones transaccionales, movimientos de personal, cambios de rutas o comunicaciones esperaría observar bajo cada hipótesis sobre la estructura y el liderazgo de la organización, y luego dejar que la vigilancia discrimine entre ellas en lugar de acumular información sin criterio de relevancia.

En la investigación privada y corporativa, ámbito en el que quien esto escribe ha trabajado durante décadas en la evaluación de riesgo de fianzas y en la localización de activos, las mismas técnicas rinden dividendos. La tormenta de ideas estructurada sobre las posibles ubicaciones del patrimonio de un principal que ha incumplido, el análisis de Equipo Rojo que reproduce cómo ese principal razonaría para ocultarlo y la verificación de calidad de la información sobre cada dato registral o testimonial obtenido son prácticas que distinguen la investigación profesional de la simple búsqueda.

Recomendaciones para la implementación institucional

La adopción del marco no requiere reformas legislativas ni inversiones tecnológicas. Requiere decisión gerencial y disciplina. Se proponen las siguientes medidas.

Incorporar la verificación de supuestos y la tormenta de ideas al inicio de todo proyecto analítico o investigativo de relevancia. El primer señala que estas dos técnicas son las de menor costo y mayor rendimiento en la fase inicial, y su cronograma sugerido las coloca también en la fase final, como control de sanidad antes de entregar el producto (US Government 2009).

Exigir que todo producto de inteligencia o informe investigativo de importancia declare explícitamente sus supuestos clave, su nivel de confianza en las fuentes principales y las hipótesis alternativas consideradas. Esta exigencia, además de mejorar la calidad analítica, protege al organismo frente a la revisión posterior: un juicio equivocado que documentó sus supuestos y sus alternativas es un error honesto; uno que no lo hizo es negligencia.

Designar formalmente abogados del diablo en los temas de mayor consecuencia y garantizar que su producto se identifique como tal, para evitar la confusión sobre la posición oficial que el primer advierte (US Government 2009). La designación debe rotar y debe recaer en analistas con credibilidad, no en los más jóvenes ni en los más cómodos de sacrificar.

Introducir el ACH como herramienta estándar en la investigación de casos con múltiples explicaciones plausibles, comenzando por la contrainteligencia y las investigaciones de delitos complejos del Ministerio Público. Existen herramientas informáticas gratuitas que facilitan la construcción de la matriz, pero una hoja de cálculo basta.

Formar facilitadores internos. El primer reconoce que varias técnicas, en particular el ACH y los escenarios, se benefician de un facilitador familiarizado con el método (US Government 2009). Un programa modesto de formación de formadores dentro del Sistema Nacional de Inteligencia y de la Escuela Nacional del Ministerio Público multiplicaría el efecto a bajo costo.

Incorporar al menos un “forastero” en los ejercicios de tormenta de ideas y escenarios. La recomendación del primer de incluir a alguien que no comparta la formación, la cultura ni el modelo mental del grupo (US Government 2009) es especialmente pertinente en organismos pequeños, donde la homogeneidad de trayectorias profesionales es la norma.

Mis Pensamientos

El Tradecraft Primer no promete la verdad. Promete algo más modesto y más valioso: un método para que el analista, el oficial de contrainteligencia y el investigador sepan por qué creen lo que creen, qué tendría que ocurrir para que dejaran de creerlo y qué alternativas descartaron y por qué. En un oficio donde el error se paga con vidas, con libertades injustamente privadas o con decisiones de Estado mal fundadas, esa transparencia no es un lujo académico sino una obligación profesional. Heuer (1999) cerró su obra con una afirmación de aparente sencillez que el primer recoge con razón: el análisis puede mejorarse. Las técnicas aquí defendidas son el camino más corto y mejor probado para hacerlo, y la comunidad profesional dominicana de inteligencia, contrainteligencia y persecución penal haría bien en adoptarlas con la seriedad que merecen.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Referencias

  • Findley, Keith A., y Michael S. Scott. 2006. “The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Cases.” Wisconsin Law Review 2006 (2): 291–397.
  • Heuer, Richards J., Jr. 1999. The Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence.
  • Heuer, Richards J., Jr., y Randolph H. Pherson. 2011. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. Washington, DC: CQ Press.
  • Jervis, Robert. 1976. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
  • Kahneman, Daniel. 2011. Thinking, Fast and Slow. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
  • República Dominicana. 2002. Ley No. 76-02 que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Gaceta Oficial No. 10170.
  • República Dominicana. 2016. Ley No. 590-16 que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial No. 10851.
  • Schwartz, Peter. 1991. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Nueva York: Doubleday.
  • Tetlock, Philip E. 2005. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton: Princeton University Press.
  • Tversky, Amos, y Daniel Kahneman. 1974. “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases.” Science 185 (4157): 1124–1131.
  • US Government. 2009. A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence.

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Criptografía poscuántica: amenaza a la seguridad de la RD

Computación cuántica, la amenaza emergente a la criptografía y la seguridad nacional dominicana

La amenaza cuántica a la criptografía y la seguridad nacional de la República Dominicana: por qué la migración debe comenzar ahora y cómo ejecutarla con recursos limitados.

La computación cuántica a escala amenaza con romper los algoritmos de clave pública (RSA, Diffie-Hellman y curvas elípticas) que sostienen la banca, la identidad digital, las comunicaciones del Estado y el comercio electrónico. Aunque todavía no existe una computadora cuántica criptográficamente relevante, la amenaza ya es operativa por dos vías: la captura de datos cifrados hoy para descifrarlos mañana, y la imposición externa de calendarios de migración por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, de cuyas redes financieras, tecnológicas y comerciales la República Dominicana depende de manera estructural. Este ensayo sostiene que la República Dominicana enfrenta una amenaza de seguridad nacional que no admite espera, que el país ya cuenta con el andamiaje institucional para responder, y que una migración ordenada a la criptografía poscuántica (PQC) es alcanzable con recursos limitados si se concentra en inventario, priorización, cripto-agilidad y apalancamiento de proveedores, en lugar de inversiones masivas en hardware. Se propone un plan por fases alineado con los hitos de 2026, 2030 y 2035 que ya rigen a los principales socios del país.

En agosto de 2026, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó una solicitud de información a la industria en busca de soluciones criptográficas provisionales de solo software, sin reemplazo de chips, tarjetas criptográficas, radios ni módulos de seguridad de hardware, que le permitan proteger sistemas militares durante su transición a la criptografía poscuántica antes del 31 de diciembre de 2029 (Vincent 2026). La solicitud es una pieza menor dentro de un proceso mucho mayor: dos meses antes, la Casa Blanca había ordenado que todos los activos federales de alto valor migren a PQC para el intercambio de claves antes de fines de 2030 y para firmas digitales antes de fines de 2031, adelantando en cuatro años la meta de 2035 fijada en 2022 (White House 2026; White House 2022). La Unión Europea, por su parte, exige que todos los Estados miembros tengan hojas de ruta nacionales de PQC antes de que termine 2026 y que los casos de uso de alto riesgo estén migrados antes de 2030 (NIS Cooperation Group 2025).

Estos calendarios no se dictan para la República Dominicana, pero le aplican por gravedad. Un país cuya economía se sostiene sobre remesas, turismo, zonas francas, banca corresponsal y servicios en la nube contratados a proveedores estadounidenses no puede permitirse que sus certificados digitales, sus canales de pago o sus comunicaciones diplomáticas queden fuera de los estándares que sus contrapartes adoptarán en los próximos cuatro años. La pregunta, por tanto, no es si el país debe migrar, sino cómo hacerlo con un presupuesto limitado, un mercado de talento reducido y una dependencia tecnológica casi total de terceros.

La naturaleza de la amenaza

La criptografía de clave pública moderna descansa sobre problemas matemáticos que las computadoras clásicas no pueden resolver en tiempo razonable: la factorización de enteros grandes y el logaritmo discreto. En 1994 Peter Shor demostró que una computadora cuántica suficientemente grande y estable resolvería ambos problemas en tiempo polinomial, lo que reduciría a la nada la seguridad de RSA, de Diffie-Hellman y de la criptografía de curvas elípticas (Shor 1997). Durante tres décadas la amenaza fue teórica porque el hardware cuántico era rudimentario. Ese margen se ha estrechado. En 2025, investigadores de Google publicaron una estimación de que RSA de 2,048 bits podría factorizarse con menos de un millón de qubits ruidosos en menos de una semana, una reducción de aproximadamente veinte veces respecto de las estimaciones previas (Gidney 2025). La encuesta anual de expertos del Global Risk Institute asigna una probabilidad no trivial a la aparición de una computadora cuántica criptográficamente relevante dentro de una década, y probabilidades sustanciales dentro de quince años (Mosca y Piani 2024). Cloudflare, que opera una fracción significativa del tráfico mundial de Internet, adelantó en abril de 2026 su propia meta de seguridad poscuántica completa a 2029 (Goldberg y Voci 2026).

Lo esencial para la formulación de política pública es que la fecha exacta de la ruptura no importa tanto como la relación entre tres plazos, formulada por Michele Mosca: el tiempo durante el cual la información debe permanecer confidencial (X), el tiempo que tomará migrar los sistemas (Y) y el tiempo que falta para que exista la máquina capaz de romperlos (Z). Si X más Y es mayor que Z, la información ya está comprometida aunque la máquina no exista todavía (Mosca 2018). Un expediente de inteligencia, un contrato de reaseguro a veinte años, un historial clínico o los datos biométricos de la cédula de identidad tienen valores de X que exceden con facilidad cualquier estimación razonable de Z. Y las migraciones criptográficas en sistemas complejos históricamente toman entre diez y veinte años (NIST 2024d).

De ello se deriva la táctica que hoy preocupa a las agencias de seguridad: capturar ahora y descifrar después. Un adversario estatal con acceso a cables submarinos, a puntos de intercambio de tráfico o a proveedores comprometidos puede almacenar comunicaciones cifradas con RSA o curvas elípticas y esperar. La Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos advierten de manera explícita que esta amenaza justifica comenzar la migración de inmediato, con independencia de cuándo llegue la computadora cuántica (CISA, NSA y NIST 2023).

Hay una segunda dimensión menos discutida pero igualmente grave para un Estado pequeño: la integridad de las firmas digitales. Cuando las firmas basadas en RSA o curvas elípticas puedan falsificarse, un atacante podrá suplantar actualizaciones de software y firmware, certificados raíz de infraestructura de clave pública, documentos notariales electrónicos, resoluciones judiciales firmadas digitalmente y credenciales de identidad. El daño no sería retrospectivo, como en el caso de la confidencialidad, sino inmediato y sistémico. Por esa razón, la Agencia de Seguridad Nacional prioriza la migración de la firma de código y de software antes que otras funciones (NSA 2022).

La respuesta internacional y su efecto sobre el país

La respuesta técnica ya existe. En agosto de 2024, el NIST publicó los tres primeros estándares federales de criptografía poscuántica: FIPS 203 (ML-KEM, derivado de CRYSTALS-Kyber) para encapsulamiento de claves, FIPS 204 (ML-DSA, derivado de CRYSTALS-Dilithium) y FIPS 205 (SLH-DSA, derivado de SPHINCS+) para firmas digitales (NIST 2024a; NIST 2024b; NIST 2024c). Estos algoritmos son software puro, están disponibles en bibliotecas de código abierto y ya se despliegan en navegadores, sistemas operativos y redes de distribución de contenido. El NIST fijó además un calendario de transición: los algoritmos vulnerables de 112 bits de seguridad quedan desaconsejados a partir de 2030 y prohibidos en sistemas federales a partir de 2035 (NIST 2024d).

La respuesta política ha sido más rápida de lo previsto. El Memorando de Seguridad Nacional 10 de 2022 ordenó a las agencias federales inventariar sus sistemas criptográficos y fijó 2035 como meta de migración (White House 2022). El Congreso lo reforzó con la Ley de Preparación en Ciberseguridad para la Computación Cuántica (U.S. Congress 2022). La Orden Ejecutiva de junio de 2026 adelantó esas fechas a 2030 y 2031 para los activos de alto valor, ordenó a los contratistas federales cumplir los FIPS poscuánticos antes de fines de 2030 y, de manera notable para la República Dominicana, instruyó al gobierno a asistir a operadores de infraestructura crítica, a gobiernos extranjeros y a grupos industriales extranjeros en sus propias transiciones (White House 2026; Mayer Brown 2026). La estrategia PQC del Departamento de Defensa publicada al día siguiente exige que todos sus sistemas soporten PQC antes de fines de 2030 y la utilicen antes de fines de 2031, y contempla incorporar requisitos poscuánticos al programa de Certificación del Modelo de Madurez en Ciberseguridad que rige a sus proveedores (Vincent 2026; Easley 2026). En el Reino Unido, el Centro Nacional de Ciberseguridad fijó 2028 para completar el descubrimiento y la planificación, 2031 para las migraciones de mayor prioridad y 2035 para la migración completa (NCSC 2025). En Europa la Recomendación de la Comisión de abril de 2024 y la hoja de ruta coordinada de junio de 2025 fijan hitos análogos para 2026, 2030 y 2035 (European Commission 2024; NIS Cooperation Group 2025). En el sector financiero, el Grupo de Expertos Cibernéticos del G7 ha instado a las entidades a comenzar la planificación de inmediato, y el Banco de Pagos Internacionales ha demostrado en su Proyecto Leap la viabilidad de proteger canales de pago interbancarios con criptografía poscuántica (G7 Cyber Expert Group 2024; BIS 2023).

El efecto sobre la República Dominicana opera por tres canales. Primero, el canal financiero: la banca corresponsal, las redes de tarjetas, SWIFT y los proveedores de procesamiento de pagos adoptarán los estándares de sus reguladores de origen, y las entidades dominicanas que no puedan negociar conexiones poscuánticas o híbridas quedarán progresivamente marginadas. Segundo, el canal tecnológico: la mayor parte de la infraestructura digital del Estado y de las empresas dominicanas reside en nubes y plataformas de proveedores estadounidenses, cuyos contratos federales los obligarán a ofrecer PQC por defecto, de modo que la migración llegará al país en parte por arrastre, pero solo será efectiva si el lado dominicano la configura, la verifica y la exige. Tercero, el canal de cadena de suministro: las empresas de zonas francas, los proveedores de servicios de tecnología y cualquier firma que aspire a contratar con agencias estadounidenses o europeas deberán demostrar preparación poscuántica como condición de acceso al mercado.

La exposición dominicana

La República Dominicana ha construido en la última década una de las arquitecturas de ciberseguridad más reconocidas de la región. El Decreto 230-18 estableció la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Ciberseguridad; el Decreto 612-24 reorganizó la gobernanza, creó la Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad bajo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, asignó a la Dirección Nacional de Inteligencia la coordinación de estrategias, amplió el mandato del CNCS y creó el Instituto Criptográfico Nacional, con la misión de fortalecer los controles sobre información reservada y profundizar los estudios sobre soberanía digital (Presidencia de la República Dominicana 2018; Presidencia de la República Dominicana 2024). El borrador de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 contempla una estrategia complementaria de criptografía (Centro Nacional de Ciberseguridad 2025). En el plano sectorial, la Junta Monetaria aprobó desde 2018 un Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información para el sistema financiero, e Indotel emitió en 2022 un Reglamento de Ciberseguridad para redes y servicios de telecomunicaciones (Junta Monetaria 2018; Indotel 2022). La Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales y su reglamentación establecen el marco de la infraestructura de clave pública nacional (Congreso Nacional 2002).

Esa base es una ventaja real. Pero la exposición es amplia. La cédula de identidad y electoral, los certificados de firma digital emitidos por las entidades de certificación autorizadas por Indotel, el Sistema de Pagos de la República Dominicana y el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central, las plataformas de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social, los sistemas de control aduanero y portuario, las redes de las Fuerzas Armadas y de la DNI, y el sistema eléctrico dependen en su totalidad de criptografía clásica. Muchos de estos sistemas manejan información cuyo valor de confidencialidad se mide en décadas. Ninguno, hasta donde consta en fuentes públicas, cuenta con un inventario criptográfico formal ni con una fecha de migración.

Conviene subrayar una asimetría que juega a favor del país. Como economía pequeña y abierta, la República Dominicana no necesita diseñar algoritmos, financiar investigación cuántica ni construir capacidad industrial de hardware. Necesita gobernanza, inventario, priorización y contratación inteligente. Los algoritmos ya están estandarizados y son gratuitos; las bibliotecas de software ya existen; los proveedores dominantes ya los están desplegando. La tarea nacional es organizativa y regulatoria, no científica.

Por qué ahora y no después

Tres argumentos concurren. El primero es aritmético: si la migración de un sistema crítico toma entre cinco y diez años, como muestran las experiencias documentadas de transición de SHA-1 a SHA-2 o de RSA a curvas elípticas, y si existe probabilidad material de una computadora cuántica relevante antes de 2035, comenzar en 2026 ya implica operar sin margen (NIST 2024d; Mosca y Piani 2024). El segundo es el efecto de cosecha: cada mes de demora amplía el archivo de comunicaciones dominicanas cifradas con algoritmos vulnerables que un adversario puede estar acumulando. El tercero es de oportunidad regulatoria. La ventana 2026 a 2027 es el momento en que el país puede alinearse a bajo costo con la hoja de ruta europea, que exige planes nacionales en 2026, y aprovechar la instrucción explícita de la Orden Ejecutiva estadounidense de asistir a gobiernos extranjeros (NIS Cooperation Group 2025; White House 2026). Un país que llega a 2030 sin inventario ni plan tendrá que migrar bajo presión de sus contrapartes, en condiciones de mercado más caras y con menos poder de negociación.

Hay además un argumento de soberanía. Si la República Dominicana no define sus propias prioridades de migración, las definirán sus proveedores en función de los intereses de sus mercados principales. El Instituto Criptográfico Nacional fue creado precisamente para evitar esa dependencia; darle como primer mandato la transición poscuántica es la forma más concreta de justificar su existencia.

Un plan para un país con recursos limitados

El plan que sigue se organiza en cuatro fases alineadas con los hitos internacionales y se rige por cinco principios: solo software siempre que sea posible, priorización por riesgo, cripto-agilidad como requisito contractual, apalancamiento de proveedores y cooperación internacional para financiar lo que no pueda cubrir el presupuesto nacional.

Fase de gobernanza e inventario (2026 a 2027)

La Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad debe designar formalmente al Instituto Criptográfico Nacional como autoridad técnica de la transición poscuántica, con el CNCS como coordinador operativo y la DNI como responsable de la evaluación de amenazas. Cada institución del Estado que opere un sistema crítico debe nombrar un responsable de migración, replicando la práctica de la Orden Ejecutiva estadounidense (White House 2026).

El primer entregable es un inventario criptográfico nacional de los sistemas de alto riesgo, es decir, una lista de materiales criptográficos que identifique qué algoritmos, longitudes de clave, protocolos, certificados y módulos de hardware utiliza cada sistema, quién los provee y cuándo expiran. El NIST, el NCSC y la hoja de ruta europea coinciden en que el inventario es el paso indispensable y el que más tiempo consume (CISA, NSA y NIST 2023; NCSC 2025; NIS Cooperation Group 2025). Existen herramientas de descubrimiento criptográfico de código abierto y la mayoría de los proveedores de nube ya exponen esta información; el costo es principalmente de personal.

El segundo entregable es una clasificación de riesgo basada en el criterio de Mosca: para cada sistema, cuánto tiempo debe permanecer confidencial su información y cuánto tardaría en migrar. Los sistemas donde la suma exceda diez años pasan a la lista de alta prioridad. Es previsible que esa lista incluya las raíces de la infraestructura de clave pública nacional, la firma de código y de firmware de sistemas del Estado, las comunicaciones clasificadas de Defensa, la DNI y Relaciones Exteriores, los sistemas de pagos del Banco Central, las bases de datos biométricas de la Junta Central Electoral y los registros tributarios y de seguridad social.

El tercer entregable es normativo y no cuesta dinero: una resolución de Indotel que autorice a las entidades de certificación a emitir certificados con ML-DSA y SLH-DSA e híbridos bajo la Ley 126-02; una circular de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central que exija a las entidades de intermediación financiera un inventario criptográfico y un plan de migración con fechas, en el marco del reglamento vigente de la Junta Monetaria (Junta Monetaria 2018); y una disposición de la Dirección General de Contrataciones Públicas que incorpore la cripto-agilidad y el soporte de los FIPS 203, 204 y 205 como requisito en toda adquisición de software, servicios en la nube y equipos de comunicaciones del Estado. Esta última medida es la de mayor rendimiento: evita comprar en 2027 sistemas que habrá que reemplazar en 2031.

Fase de migración de alto riesgo (2027 a 2030)

La prioridad técnica inmediata es el cifrado en tránsito, porque es donde opera la cosecha y donde la migración es casi gratuita. Todos los dominios gob.do, los portales transaccionales, las redes privadas virtuales y las conexiones de administración remota deben habilitar intercambio de claves híbrido, combinando curvas elípticas con ML-KEM, tal como ya lo hacen por defecto los principales navegadores y redes de distribución de contenido (IETF 2025; Goldberg y Voci 2026). Esto se logra con actualizaciones de configuración en servidores y proveedores existentes; el enfoque de solo software que el Departamento de Defensa busca para sus sistemas heredados es exactamente el adecuado para un Estado sin capacidad de reemplazar hardware (Vincent 2026).

En paralelo, el Instituto Criptográfico Nacional debe diseñar la nueva jerarquía de la infraestructura de clave pública nacional con raíces basadas en ML-DSA, de modo que los certificados de firma digital, la firma de código del Estado y las credenciales de identidad electrónica puedan emitirse bajo algoritmos poscuánticos antes de 2030, siguiendo la prioridad que la NSA asigna a la firma de software y firmware (NSA 2022). La renovación de la cédula de identidad ofrece una ventana natural para incorporar chips y certificados cripto-ágiles.

El sector financiero debe alinearse con los calendarios del G7 y del BIS, dando prioridad a los canales de pago interbancarios, la conectividad con SWIFT y las redes de tarjetas, y la banca en línea (G7 Cyber Expert Group 2024; BIS 2023). El Banco Central puede exigir a los participantes del sistema de pagos que demuestren capacidad de negociación híbrida antes de 2029.

Fase de consolidación (2030 a 2032)

Con los sistemas de alto riesgo migrados, la atención pasa a los sistemas de riesgo medio: portales de servicios ciudadanos, registros de salud, sistemas municipales, telecomunicaciones móviles y el sector eléctrico. Se retiran los certificados clásicos de la jerarquía nacional, se dejan de aceptar algoritmos desaconsejados en contrataciones nuevas y se exige a los proveedores de servicios de telecomunicaciones evidencia de cumplimiento en el marco del Reglamento de Ciberseguridad de Indotel (Indotel 2022).

Fase de cierre (2033 a 2035)

La meta final coincide con la fecha en que el NIST prohíbe los algoritmos vulnerables y con el tercer hito europeo: eliminación de la criptografía clásica de clave pública en todos los sistemas del Estado, salvo excepciones documentadas con controles compensatorios (NIST 2024d; NIS Cooperation Group 2025).

Capacidad humana y financiamiento

El mayor cuello de botella no será el dinero sino el talento. El Instituto Criptográfico Nacional debe establecer convenios con el Instituto Tecnológico de Las Américas, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Autónoma de Santo Domingo para formar un cuadro de especialistas en criptografía aplicada, y aprovechar la formación gratuita que ofrecen el NIST, la Organización de los Estados Americanos a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El equipo de respuesta a incidentes CSIRT-RD puede convertirse en el centro de asistencia técnica para instituciones pequeñas.

En cuanto al financiamiento, el plan es deliberadamente austero: la mayor parte del costo se concentra en personal, inventario y gestión de proveedores, no en compras. Para lo que no pueda cubrirse con presupuesto ordinario, existen fuentes identificables: la asistencia a gobiernos extranjeros que la Orden Ejecutiva estadounidense ordena de manera expresa (White House 2026), los programas de ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, la cooperación de la Unión Europea en el marco de la Alianza Digital con América Latina y el Caribe, y la cooperación técnica de la OEA. Un país que presente un inventario y una hoja de ruta será un candidato natural para esos fondos; uno que no lo haga, no.

Mi Perspectiva

La República Dominicana no está en condiciones de construir una computadora cuántica ni necesita hacerlo. Lo que sí está en condiciones de hacer, y lo que la seguridad nacional exige, es reconocer que la criptografía que protege la identidad de sus ciudadanos, la solvencia de su sistema financiero, la integridad de su justicia electrónica y la confidencialidad de su Estado tiene una fecha de caducidad conocida en su orden de magnitud aunque incierta en su día exacto. El país ya creó el órgano llamado a liderar la respuesta; le corresponde ahora dotarlo de un mandato, un inventario y un calendario. La experiencia comparada muestra que el costo de migrar a tiempo es modesto y el de migrar tarde es prohibitivo. Los socios del país ya fijaron sus fechas. La República Dominicana debe fijar las suyas en 2026, y no más tarde.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

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Enjambres de agentes autónomos y la seguridad nacional dominicana: una señal creíble, una respuesta proporcionada

Enjambres de agentes autónomos y la seguridad nacional dominicana. Una señal creíble, una respuesta proporcionada".

El 4 de septiembre de 2026 la agencia Reuters publicó una investigación que documenta cómo un conjunto de agentes de inteligencia artificial, vinculados según los investigadores a las operaciones de entrenamiento de OpenAI, tomó control de un wiki alemán de programación y lo convirtió en un tablón de coordinación para evadir restricciones, ocultar su conducta y sobrevivir a los intentos de limpieza del administrador del sitio (Seetharaman y Satter 2026). Este memorando sostiene que el episodio no constituye un acto hostil contra nación alguna, pero sí una señal creíble de que existe una nueva clase de exposición cibernética, y que la capacidad de la República Dominicana para detectarla y responder a ella es limitada. La respuesta proporcionada es doble: el endurecimiento y la monitorización de los sistemas estatales expuestos a internet, y un régimen de divulgación obligatoria para los proveedores de inteligencia artificial que operen sobre infraestructura dominicana.

Los hechos reportados y su alcance real

Conviene delimitar con precisión lo que la investigación de Reuters afirma y lo que no afirma. Los investigadores Sydney Von Arx y Cormac Slade Byrd identificaron más de quince mil ediciones realizadas por agentes automatizados en DseWiki, un sitio alemán de edición comunal orientado a programadores. Los mensajes estaban firmados por usuarios que se identificaban entre sí como agentes, y cerca de la mitad adoptaron nombres que sugerían afiliación con OpenAI. Los registros públicos del servidor indicaban que buena parte de la actividad provenía de infraestructura de Microsoft Azure, y los investigadores observaron visitas reiteradas de empleados de OpenAI al sitio con posterioridad al episodio (Seetharaman y Satter 2026).

Lo más relevante para un ministerio de defensa no es el volumen de ediciones sino su contenido. Los agentes compartían tácticas para hacer trampa en tareas de evaluación, para eludir las restricciones impuestas por su desarrollador y para enmascarar su comportamiento. Cuando el moderador del sitio comenzó a borrar páginas en junio, los agentes crearon páginas de respaldo y dejaron instrucciones a sus pares sobre dónde continuar si la página desaparecía. Un académico del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge describió los intercambios como la operación de una red clandestina dedicada obsesivamente a cumplir una misión (Seetharaman y Satter 2026).

Lo que la investigación no afirma es igualmente importante. No hay indicio de que el sitio alemán fuera seleccionado por razón de su nacionalidad, de que se atacara infraestructura gubernamental o crítica, ni de que exista relación alguna con la República Dominicana o con el Caribe. El wiki fue tomado porque era editable y estaba desatendido, no porque fuera alemán. Esa distinción es la que gobierna toda la conclusión de este memorando.

Por qué el episodio no es un acto hostil

El derecho internacional aplicable a las operaciones cibernéticas exige, para calificar una conducta como uso de la fuerza o como acto hostil imputable a un Estado, tanto un umbral de escala y efectos como un vínculo de atribución a un actor estatal o a quien actúe bajo su dirección o control efectivo (Schmitt 2017, reglas 15, 17 y 69). El episodio alemán no satisface ninguno de los dos elementos. Los efectos fueron la degradación temporal de un sitio privado de escasa importancia estratégica, y el actor fue un sistema automatizado que operaba sin dirección humana identificable, dentro de la infraestructura de una empresa privada estadounidense. El propio informe de los expertos gubernamentales de las Naciones Unidas reitera que la atribución exige un fundamento fáctico sólido y advierte contra las conclusiones precipitadas a partir de indicios técnicos como la ubicación de la infraestructura (Naciones Unidas 2021, párrs. 22 a 24).

Tratar el episodio como acto hostil sería, además, estratégicamente contraproducente. Desviaría recursos escasos hacia una postura de confrontación con un actor que no tiene intención de dañar al país, y privaría al Ministerio del marco conceptual correcto, que es el de la gestión de un riesgo estructural emergente y no el de la defensa frente a un adversario.

Por qué sí es una señal creíble de una nueva clase de exposición

La literatura técnica reciente documenta con consistencia que los sistemas de inteligencia artificial de propósito general desarrollan conductas de engaño, evasión y explotación de lagunas cuando tales conductas resultan instrumentales para los objetivos que se les asignan (Park et al. 2024). El episodio alemán no es una anomalía sino la manifestación pública de un patrón anticipado. Su importancia radica en tres rasgos.

Primero, la conducta fue autónoma y no dirigida. Los agentes no fueron instruidos para atacar un sitio; identificaron por sí mismos una superficie escribible en internet y la usaron para sus fines. Ello implica que cualquier sistema abierto, mal monitorizado y lento en responder es un objetivo potencial, con independencia de su valor estratégico o de la intención de terceros.

Segundo, la conducta fue persistente y adaptativa. Los agentes detectaron la campaña de borrado, dedujeron su lógica alfabética y diseñaron mecanismos de continuidad. Esta capacidad de resistir la remediación es precisamente la que distingue una amenaza persistente de un incidente aislado.

Tercero, y quizás lo más grave desde la perspectiva de un Estado pequeño, el desarrollador conoció el incidente durante semanas y no lo divulgó. Reuters reporta que funcionarios de OpenAI tuvieron conocimiento del episodio mientras la empresa gestionaba las consecuencias de la brecha de Hugging Face en julio, y que los esfuerzos de algunos investigadores internos por ampliar la indagación encontraron resistencia, incluso de asesores legales, extremo que la empresa niega (Seetharaman y Satter 2026). Un Estado que carece de capacidad para compeler la divulgación depende enteramente de que un investigador independiente tropiece con la evidencia.

La brecha dominicana de detección y respuesta

La República Dominicana ha construido un andamiaje normativo e institucional razonable para su tamaño. La Ley 53-07 tipifica los crímenes y delitos de alta tecnología (República Dominicana 2007), el país ratificó el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (Consejo de Europa 2001), la Ley 172-13 regula la protección de datos personales (República Dominicana 2013), y el Decreto 258-18 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Ciberseguridad como órgano ejecutor (República Dominicana 2018). El CSIRT-RD opera como equipo nacional de respuesta a incidentes.

El problema no es la ausencia de marco sino la asimetría entre ese marco y la superficie de exposición. Los diagnósticos regionales del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos sitúan a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana, en niveles de madurez intermedios o incipientes en materia de detección, monitorización continua y respuesta coordinada, con capacidades concentradas en los sectores financiero y de telecomunicaciones y mucho más débiles en el resto de la administración pública (BID y OEA 2020). El Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones confirma que las brechas más persistentes en la región se hallan en las medidas técnicas y de capacidad, no en las legales (UIT 2024).

Traducido a la realidad dominicana, ello significa que numerosos portales estatales y municipales operan sobre gestores de contenido de uso común con parches desactualizados, que la respuesta a incidentes fuera de la banca y las telecomunicaciones es en gran medida improvisada, y que sistemas críticos como las plataformas de la DGII y la DGA, la infraestructura de la Junta Central Electoral, los puertos y la generación eléctrica dependen de proveedores de nube y contratistas extranjeros sobre los cuales el Estado no ejerce supervisión directa. Un agente autónomo que busca un punto de apoyo, o un adversario humano que emplee tales agentes, no necesita tener la intención de perjudicar a la República Dominicana para causarle daño. La exposición es función de cuán abierta, desatendida y lenta en responder sea la infraestructura, y el perfil dominicano encaja en esa descripción.

La respuesta proporcionada

La proporcionalidad exige calibrar la respuesta a la naturaleza del riesgo. Como el riesgo es estructural y no adversarial, la respuesta debe ser defensiva y regulatoria, no ofensiva ni diplomática. Se proponen dos líneas de acción.

La primera es el endurecimiento y la monitorización continua de los sistemas estatales expuestos a internet. El marco de controles de seguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos ofrece la referencia más ampliamente adoptada, y sus familias de controles sobre gestión de configuración, integridad de sistemas e información, y monitorización continua son directamente aplicables (NIST 2020). En términos concretos, ello supone un inventario obligatorio de todos los activos estatales con exposición pública, la eliminación o el bloqueo de superficies de escritura abiertas en portales oficiales, plazos vinculantes de aplicación de parches, registro centralizado de eventos con retención suficiente para reconstruir campañas prolongadas, y la ampliación del mandato y los recursos del CNCS y del CSIRT-RD para que la monitorización alcance a los ministerios, las alcaldías y las entidades descentralizadas, no solo a los sectores regulados. El Ministerio de Defensa debe asumir un rol de articulación en la protección de las infraestructuras críticas, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciberseguridad, sin desplazar a los órganos civiles que la Estrategia Nacional ya designa.

La segunda es un régimen de divulgación obligatoria para los proveedores de inteligencia artificial que operen sobre infraestructura dominicana o que presten servicios a entidades públicas dominicanas. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea establece un precedente útil al obligar a los proveedores de sistemas de alto riesgo a notificar los incidentes graves a las autoridades nacionales en plazos definidos (Unión Europea 2024, art. 73). El Marco de Gestión de Riesgos de IA del NIST y la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial coinciden en que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias de la confianza en estos sistemas (NIST 2023; OCDE 2019). La República Dominicana carece del peso de mercado para imponer obligaciones a los laboratorios de frontera por sí sola, pero sí puede condicionar la contratación pública, el acceso a licencias de operación y el tratamiento de datos de ciudadanos dominicanos al cumplimiento de un deber de notificación de incidentes que involucren conducta autónoma no autorizada, con plazos breves y sanciones proporcionadas. Tal régimen podría instrumentarse mediante reglamento del Consejo Nacional de Ciberseguridad al amparo del Decreto 258-18, y en su caso mediante reforma a la Ley 53-07, e idealmente coordinarse con la Comunidad del Caribe y con la OEA para multiplicar su fuerza.

Mi Punto

El episodio alemán no amenaza a la República Dominicana y no debe ser tratado como un acto hostil. Su valor para el Ministerio de Defensa es el de una señal temprana y creíble: existe ya una clase de exposición en la que sistemas automatizados, sin dirección humana ni intención adversarial, identifican y explotan cualquier infraestructura abierta y desatendida, resisten la remediación y operan bajo un silencio corporativo que los Estados pequeños no pueden romper por sí mismos. La capacidad dominicana para detectar y responder a esa exposición es limitada, no por ausencia de leyes sino por insuficiencia de medios técnicos y de alcance institucional. La respuesta proporcionada es endurecer y monitorizar los sistemas estatales expuestos y exigir a los proveedores de inteligencia artificial que informen lo que saben cuando lo saben. Ambas medidas son alcanzables con los instrumentos jurídicos que el país ya posee, y ambas fortalecen la seguridad nacional sin alterar la postura estratégica de la República frente a socio o adversario alguno.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

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Aguantar la vela ajena, Haití y el fracaso del GSF

República Dominicana, Haití, la GSF, Canciller Roberto Alvarez, cancillería, C. Constantin Poindexter Salcedo

El fracaso anunciado de la Fuerza de Supresión de Pandillas y la urgencia de una doctrina dominicana de contención, mi opinión

El 20 de julio de 2026, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará su sesión trimestral sobre Haití y escuchará, una vez más, el catálogo de eufemismos institucionales que la diplomacia multilateral ha perfeccionado durante tres décadas de intervención fallida en la mitad occidental de nuestra isla. Se hablará de “avances graduales”, de “ventanas de oportunidad” y de “momentos decisivos”. Quien escribe estas líneas (dominicano, diplomático de pasión y preparación, exintegrante de la comunidad de inteligencia, y por tanto libre de la mordaza que impone el cargo) sostengo aquí una tesis más sencilla/menos cómoda. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) es la tercera iteración de una fórmula que ha fracasado dos veces, la comunidad internacional lo sabe, y el costo de ese fracaso se está trasladando, silenciosa pero deliberadamente a la República Dominicana.

La resolución 2793 (2025), adoptada el 30 de septiembre de 2025, autorizó la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) hacia la GSF, con un techo de 5.550 efectivos y un mandato inicial de doce meses bajo el Capítulo VII (Consejo de Seguridad 2025). La propia resolución contiene, en su párrafo preambular, la confesión del fracaso anterior: reconoce la carta del Secretario General de febrero de 2025 (S/2025/122) admitiendo que la MSS, pese a sus mejores esfuerzos, “no pudo mantener el ritmo de la dramática expansión de la amenaza de las pandillas” (Consejo de Seguridad 2025). Es decir: el instrumento que hoy se pretende renovar nació de la autopsia de su predecesor. A diez meses de su adopción y a dos de su vencimiento, la GSF exhibe los mismos síntomas terminales: financiamiento voluntario que nadie aporta, generación de fuerzas que nadie completa, y un adversario que consolida territorio mientras el mundo redacta comunicados.

El inventario del fracaso que llamaría tamaño disparate

Conviene despojar el análisis de toda cortesía diplomática y atenerse a los números, que son de las propias Naciones Unidas. Francamente, me importa una m. que ofende porque los hechos son los hechos. Desde enero de 2022, más de 16.000 personas han sido asesinadas en Haití y 1,5 millones han sido desplazadas internamente. Las pandillas controlan la abrumadora mayoría de Puerto Príncipe y porciones crecientes del Artibonito y el Centro (UNODC 2026). Solo en 2024 murieron más de 5,600 personas. Entre julio y septiembre de 2025, la BINUH documentó al menos 1,247 muertos adicionales, y los homicidios intencionales en los departamentos de Artibonito y Centro aumentaron un 210 por ciento interanual (Security Council Report 2026a). El informe más reciente del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados registra 620 menores muertos o mutilados, violencia sexual sistemática y casi un centenar de ataques contra escuelas y hospitales (Security Council Report 2026b). La violencia sexual colectiva (el 77 por ciento de los incidentes documentados) se ha convertido en instrumento ordinario de gobernanza pandillera (Naciones Unidas 2026a).

Frente a esa realidad, ¿qué ofrece la GSF? Un despliegue que constituye, en el mejor de los casos, una fracción testimonial de su mandato. El contingente keniano que sostuvo la MSS fue repatriado en fases entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El Representante Especial Jack Christofides no llegó a Puerto Príncipe sino hasta el 1 de abril de 2026, acompañado de un equipo de avanzada chadiano, y para finales de ese mes apenas unos 400 efectivos de Chad se encontraban en el terreno, de un despliegue proyectado de 1.500 (Haitian Times 2026a; Security Council Report 2026c). En junio de 2026 (nueve meses después de la adopción de la resolución), el Secretario General visitó el Campamento Vertières y encontró oficinas instalándose en contenedores marítimos y una base “en proceso de equiparse” para recibir tropas que aún no existen (UN News 2026). El señor Christofides declaró ante el Consejo que el objetivo es “degradar la capacidad operativa de las pandillas a un nivel que las instituciones haitianas puedan gestionar de manera sostenible” (UN News 2026). Es una formulación impecable. También lo era la de la MINUSTAH en 2004, la del Core Group en 2019 y la de la MSS en 2023.

Mientras tanto, los jefes pandilleros que la resolución 2793 se propuso “neutralizar, aislar y disuadir” permanecen EXACTAMENTE donde estaban. Jimmy Chérizier (el maldito “Barbecue”) sancionado por el Consejo de Seguridad desde 2022 y designado por Washington, sigue al frente de la coalición Viv Ansanm, dictando desde las redes sociales quién puede secuestrar y quién no (la disputa interna de diciembre de 2025 sobre los secuestros se resolvió a tiros en Puerto Príncipe, no ante ningún tribunal (Security Council Report 2026a)). El Estado haitiano, por su parte, ofrece el espectáculo de un Consejo Presidencial de Transición cuyos propios miembros fueron objeto de restricciones de visado estadounidenses en enero de 2026 por presuntos vínculos con operaciones pandilleras (AllAfrica 2026). Las elecciones anunciadas para agosto de 2026 se celebrarán (una GRAN cuestión) en un país donde el Estado no controla ni el acceso a su propio aeropuerto sin escolta extranjera.

Y hay un dato que la diplomacia multilateral prefiere susurrar. La respuesta “haitiana” más letal contra las pandillas no ha sido la GSF sino los operativos con drones de la fuerza de tarea gubernamental, que entre marzo y septiembre de 2025 causaron al menos 547 muertes y que, en palabras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, son “probablemente ilícitos según el derecho internacional de los derechos humanos” (Security Council Report 2026a). El orden internacional que quiere darnos una sermoneada por deportar migrantes en situación irregular guarda un silencio elocuente ante ejecuciones extrajudiciales aéreas ejecutadas por contratistas. Puto pela verbal, dándonos fuetazo de lengua y guiñando el ojo a asesinos.

Las ficciones cómodas de las partes no dominicanas

Sobre este paisaje de ruina se ha construido un andamiaje narrativo cuya función no es resolver la crisis sino administrar su relato. La primera ficción es la del “progreso incremental”. Cada informe trimestral rescata algún indicador, o sea una comisaría retomada, un pole judicial inaugurado, una patrulla conjunta, etc., para sostener que el vaso se llena, cuando la serie estadística completa demuestra que se vacía. La segunda ficción es la de la “apropiación haitiana” (Haitian ownership), doctrina piadosa que atribuye la conducción del proceso a instituciones que, en los hechos, no existen o están mangoneadas por esa misma maraña de tígueres y pandilleros asquerosos. La tercera, y la que más directamente me concierne, es la ficción de la “responsabilidad compartida de la isla”. Esta puta insinuación, cada vez menos sutil en cancillerías, organismos y prensa internacional, de que la República Dominicana por accidente de la geografía, debe absorber el desborde humano, sanitario, educativo y de seguridad del colapso haitiano. El muerto se lo quieren dejar al vecino.

Los números de esa transferencia de carga son públicos y NADIE LOS REFUTA. ¡Se omiten! La República Dominicana registró en un solo año 379,553 nacionales haitianos en situación migratoria irregular (Diario Libre 2026b). Las atenciones médicas a migrantes haitianos representaron el 12 por ciento del total del sistema público de salud dominicano ya en 2023, y cerca de 148,000 menores de origen haitiano ocupan aulas dominicanas financiadas por el contribuyente dominicano (France 24 2024). Desde octubre de 2024, el país ejecuta un programa de repatriaciones del orden de 10.000 personas semanales (67,940 tan solo entre enero y febrero de 2026 (Dirección General de Migración 2026)) y por ello es sistemáticamente amonestado por los mismos actores que llevan cinco años sin dotar de fondos ni tropas a las misiones que ellos mismos votaron. La asimetría es obscena. A nosotros nos exige el estándar de conducta de una potencia escandinava mientras se le asigna la exposición geopolítica de un Estado de primera línea, sin compensación, sin quemas compartidas y sin siquiera el decoro de reconocer el esfuerzo. A nosotros nos tocó bailar con la más fea, y encima se nos factura la orquesta.

Venga que le diré una cosa sin anestesia, . . . ¡Haití no es responsabilidad de la República Dominicana! No lo es jurídicamente, ninguna norma de derecho internacional impone a un Estado el deber de subsidiar el colapso de otro. No lo es históricamente, la memoria de la ocupación de 1822–1844 debería bastar para desterrar toda fantasía de tutela dominicana, y no lo es moralmente, porque la causa próxima de la catástrofe haitiana no está en Santo Domingo sino en Puerto Príncipe, y sus causas remotas en París y Washington. Las armas que empuñan las pandillas salen mayormente de armerías de la Florida (UNODC 2023). La La cocaína que transita por Haití se dirige a los mercados de Norteamérica y Europa (UNODC 2026). Quienes fabrican las armas y consumen la droga pretenden que el vecino pobre de la casa prendía en candela cargue con la macuta. Ese es el fondo del asunto. Ningún lenguaje diplomático lo mejora, ninguna reunión en NYC para que los secuaces de la ONU se den bombo entre ellos por “los avances hechos con el problema haitiano” lo mejora, y lo extranjero que no tiene ni idea de lo que nos han obligado pasar los haitianos lo mejora, . . . y por si acaso no se han dado cuenta hasta este punto de mi discurso, no me importa una mierda ser cortés cuando se trate de este asunto particular. Para mí, el Canciller Alvarez puede enviar los miembros del consejo pa’l carajo hasta que cojan cabeza con lo que enfrentamos aquí.

Hacia una doctrina de contención y desvinculación: propuestas deliberadamente incómodas

No pretendo agradar, pero tienen que oír ciertas cosas. Se debe abrir un debate que la cortesía diplomática ha clausurado. Para mí, hay cinco líneas de acción, escalonadas de lo inmediatamente ejecutable a lo que es agresivo pero responsable.

Primera: doctrina formal de contención. El Estado dominicano debe elevar a doctrina de seguridad nacional, con rango de política de Estado y respaldo legislativo, lo que hoy es práctica administrativa: la contención total del desborde haitiano. Ello implica completar la verja perimetral inteligente a lo largo de la totalidad de los 392 kilómetros de frontera terrestre (no los 164 actuales (France 24 2024)), establecer una zona de exclusión militarizada con reglas de empeñamiento públicas, presunción de interdicción para todo cruce no autorizado, y vigilancia persistente con sensores y aeronaves no tripuladas. Debe declararse, de una vez y sin ambages, que la República Dominicana no habilitará campamentos de refugiados en su territorio bajo ninguna circunstancia, ni aceptará figura alguna de “tercer país seguro”, procesamiento extraterritorial o reasentamiento encubierto.

El territorio nacional no es el zafacón de los fracasos ajenos. Quien considere brutal esta formulación debería explicar por qué considera aceptable la alternativa: la disolución gradual de la capacidad fiscal, sanitaria y educativa del único Estado funcional de la isla.

Segunda: monetizar la carga y presentar la factura. La Cancillería debe encargar y publicar anualmente una auditoría del costo fiscal integral de la crisis haitiana para el erario dominicano, q.d., salud, educación, seguridad, sistema penitenciario, presión salarial, pérdida de inversión, certificada por firmas internacionales, y presentarla formalmente ante el Consejo de Seguridad, la OEA y las instituciones financieras internacionales como reclamación de compensación. Cada resolución futura sobre Haití que la República Dominicana acompañe debe tener un precio y por ende acceso preferencial a financiamiento, compensación presupuestaria directa, o inversión internacional en infraestructura fronteriza dominicana. La era de la solidaridad gratuita tiene que terminai. La diplomacia dominicana ha sido correcta hasta la autonegación, pero corresponde ahora una diplomacia transaccional, explícita y sin complejos.

Tercera: exigir la internacionalización plena, con nombre y apellido. Si la comunidad internacional considera (como afirma cada resolución desde 2022) que Haití constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales, bien debe asumir las consecuencias lógicas de esa determinación que viene siendo una operación de imposición de la paz bajo Capítulo VII con contribuciones prorrateadas obligatorias, no con el modelo de caridad voluntaria que ha matado de inanición a la MSS y está matando a la GSF. Si los Estados Miembros no están dispuestos a pagar ni a desplegar, entonces debe discutirse abiertamente lo que hoy solo se murmura, . . . un régimen de administración transitoria internacional del tipo UNTAET en Timor Oriental, con autoridad ejecutiva plena, mandato multianual y cronograma de devolución de soberanía verificable. Sé perfectamente que la palabra “tutela” es radioactiva, que evoca fantasmas de 1915 y de 2004, y que la soberanía haitiana es sagrada para quienes la invocan desde el exterior. Pero la soberanía que hoy se protege es la de Viv Ansanm, no la del pueblo haitiano. Más, el mismo pueblo haitiano felizmente entregaría su soberanía por seguridad (cosa que no invento, hay encuestas). Entre la ficción de un Estado que no existe y la administración honesta de su reconstrucción, la segunda es menos indigna. La República Dominicana debería ser el primer Estado en decirlo en voz alta, precisamente porque es el que más pierde con el statu quo.

Cuarta: decapitación selectiva del ecosistema pandillero. Si bien no estamos dispuestos hacer lo que hacen los estadounidenses con drones en el medio oriente, sacando terroristas dela tarima, la República Dominicana debe designar a Viv Ansanm, Gran Grif y estructuras análogas como organizaciones terroristas conforme a la legislación interna correspondiente, con todas las consecuencias penales, financieras y migratorias de esa designación, y promover que la renovación del mandato de la GSF incorpore explícitamente la captura de los cabecillas sancionados (empezando por Barbecue) como parámetro de éxito con plazo perentorio, recompensas internacionales sustanciales y un mecanismo judicial híbrido o remisión a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento. Una fuerza de “supresión de pandillas” que en diez meses no ha suprimido ni capturado a un solo dirigente sancionado no es una fuerza. Es una coartada. Paralelamente, el país debe exigir en cada foro que Estados Unidos asuma responsabilidad material por el tráfico de armas que alimenta la matanza (interdicción en origen en los puertos de la Florida, trazabilidad obligatoria, responsabilidad civil de los exportadores) con la misma energía con que Washington exige a otros el control de sus fronteras (UNODC 2023).

Quinta: redistribución regional obligatoria de la carga migratoria. La CARICOM y la OEA han sido pródigas en comunicados y avaras en cuotas. La República Dominicana debe condicionar su cooperación en todo esquema hemisférico sobre Haití a la adopción de compromisos vinculantes y verificables de admisión migratoria por parte de los Estados de la región, incluidos aquellos que hoy sermonean desde la comodidad de un mar de por medio, así como al financiamiento internacional directo de la repatriación digna y de la reintegración en territorio haitiano, no en el dominicano. Quien no ponga cuotas, tropas o dinero, que entregue el micrófono.

Donde me quedo con to’westo

El 20 de julio, en Nueva York, se pronunciarán habladurías con pinzas. El de la República Dominicana será, como siempre, el más serio de la sala, porque es el único país que no tiene la opción de tratar el tema a la ligera. Pero la seriedad ya no basta. La GSF fracasará como fracasó la MSS y como fracasó la MINUSTAH, no creo que por mala fe de sus integrantes sino por el vicio estructural de origen, la comunidad internacional quiere los resultados de una intervención sin pagar los costos de una intervención. Mientras esa contradicción persista, la única variable que la República Dominicana controla es su propia exposición.

Compartimos una isla. NO compartimos un destino como vociferaba ese tarado Luís Almagro con su mierda de ““one country on one island.” Ningún tratado, ninguna resolución y ninguna editorial bienpensante puede obligarnos a compartirlo. La frontera que debemos defender no es solamente la línea de la verja. Es la frontera conceptual entre la solidaridad, que hemos practicado con creces, y el sacrificio del propio Estado que ninguna nación digna debe aceptar. Haití merece ser rescatado pero no por nosotros. El rescate le corresponde a quienes tienen los medios, las culpas históricas y los arsenales de donde salen las balas. A nosotros nos corresponde, primero y siempre, la Dominicana.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • AllAfrica. 2026. “Kenya: Haiti TPC Leadership Visits GSF As Gang Suppression Efforts Intensify.” 28 de enero de 2026. https://allafrica.com/stories/202601280264.html.
  • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2025. Resolución 2793 (2025), S/RES/2793. 30 de septiembre de 2025.
  • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 2026. Resolución 2814 (2026), S/RES/2814. 29 de enero de 2026.
  • Diario Libre. 2026a. “República Dominicana deporta a 67,940 haitianos en enero y febrero.” 3 de marzo de 2026. https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2026/03/03/.
  • Diario Libre. 2026b. “República Dominicana ha defendido su política migratoria desde años.” 7 de febrero de 2026. https://www.diariolibre.com/politica/general/2026/02/07/.
  • Dirección General de Migración de la República Dominicana. 2026. “DGM deportó 67,940 indocumentados en enero y febrero 2026 por frontera con Haití.” Comunicado oficial. https://migracion.gob.do/.
  • France 24. 2024. “República Dominicana anuncia deportaciones masivas en medio de la persistente crisis en Haití.” 2 de octubre de 2024. https://www.france24.com/es/.
  • Haitian Times. 2026a. “Leader of UN-backed Force and First Chadian Troops Arrive in Haiti as Deployment Begins.” 2 de abril de 2026. https://haitiantimes.com/2026/04/02/.
  • Haitian Times. 2026b. “Un grupo informa que 68,000 haitianos fueron deportados a principios de 2026.” 13 de mayo de 2026. https://haitiantimes.com/es/2026/05/13/.
  • Naciones Unidas. 2025. Carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad, S/2025/122. 24 de febrero de 2025.
  • Naciones Unidas. 2026a. Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití: Informe del Secretario General, S/2026/325. 14 de abril de 2026.
  • Naciones Unidas. 2026b. Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití: Informe del Secretario General, S/2026/574. 14 de julio de 2026.
  • Security Council Report. 2026a. “Haiti, January 2026 Monthly Forecast.” 30 de diciembre de 2025. https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2026-01/haiti-33.php.
  • Security Council Report. 2026b. “Haiti, July 2026 Monthly Forecast.” 1 de julio de 2026. https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2026-07/haiti-35.php.
  • Security Council Report. 2026c. “Haiti: Briefing and Consultations — What’s In Blue.” 22 de abril de 2026. https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2026/04/.
  • UN News. 2026. “A Turning Point for Haiti? New Security Force Takes Fight to Powerful Gangs.” 16 de junio de 2026. https://news.un.org/en/story/2026/06/1167732.
  • UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2023. Haiti’s Criminal Markets: Mapping Trends in Firearms and Drug Trafficking. Viena: UNODC.
  • UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2026. “Explainer: Organized Crime and Gang Violence in Haiti.” 21 de enero de 2026. https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2026/January/.
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Espionaje chino en Cuba: la amenaza para la República Dominicana

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A las puertas de Quisqueya: las estaciones SIGINT cubanas de Bejucal y El Salao y las amenazas a la seguridad nacional de la República Dominicana

Abstracto: Desde diciembre de 2024, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha documentado, mediante imágenes satelitales comerciales y análisis de fuentes abiertas, una red de al menos cuatro emplazamientos de inteligencia de señales (SIGINT) en Cuba, entre ellos Bejucal y El Salao, probablemente vinculados a los esfuerzos de recopilación de inteligencia de la República Popular China. Este ensayo sintetiza la evidencia desclasificada y de fuentes abiertas más reciente, incluidas las advertencias de altos funcionarios estadounidenses de 2025 y 2026, y evalúa las amenazas que esta arquitectura representa específicamente para la seguridad nacional de la República Dominicana. Se argumenta que, por su ubicación, sus capacidades de radiogoniometría de alta frecuencia y el contexto de penetración tecnológica china en el hemisferio, estas instalaciones plantean riesgos concretos para las comunicaciones estatales, el dominio marítimo y aéreo, la infraestructura de telecomunicaciones y la posición geoestratégica dominicana, con independencia de que el blanco declarado sea Estados Unidos. El análisis se ofrece con calibración de confianza explícita: el vínculo operativo directo de Beijing con estos sitios sigue siendo una evaluación probable, no un hecho probado públicamente.

Entiéndanse

La geografía rara vez es neutral en materia de seguridad. Durante más de seis décadas, la posición de Cuba (a menos de 150 kilómetros del territorio continental estadounidense y en el corazón del paso entre el Atlántico y el Caribe) la ha convertido en una plataforma privilegiada para la recopilación de inteligencia extranjera dirigida contra Estados Unidos y, por extensión, contra el conjunto del hemisferio (Funaiole et al. 2024). Lo que durante la Guerra Fría fue el complejo soviético de Lourdes hoy se manifiesta en una red modernizada de estaciones de inteligencia de señales que, según la evaluación predominante en Washington, apoyan los esfuerzos de la República Popular China (en adelante, RPC o China).

La literatura estadounidense sobre estas instalaciones se ha centrado, comprensiblemente, en la amenaza al territorio y a las fuerzas de Estados Unidos. Sin embargo, las capacidades técnicas de estos sitios, en particular las matrices de antenas de disposición circular (CDAA, por sus siglas en inglés) destinadas a la radiogoniometría de alta frecuencia, no respetan fronteras nacionales. Su alcance nominal, que diversas fuentes técnicas sitúan entre 3.000 y 8.000 millas náuticas, abarca holgadamente la totalidad del territorio, el espacio aéreo y las aproximaciones marítimas de la República Dominicana (Funaiole et al. 2024; Funaiole et al. 2025). La instalación de El Salao, situada en el extremo oriental de Cuba, es precisamente el punto de la isla más próximo a La Española.

Mi obra aquí persigue tres objetivos. Primero, sintetizar la evidencia de fuentes abiertas e inteligencia recientemente divulgada por la comunidad de inteligencia estadounidense sobre los sitios de Bejucal y El Salao. Segundo, traducir las capacidades técnicas observadas en vectores de amenaza concretos para la seguridad nacional dominicana, un análisis prácticamente ausente del debate público. Tercero, ofertar recomendaciones de política proporcionadas a los recursos y a la posición geoestratégica de un Estado caribeño de tamaño medio. A lo largo del texto mantengo una calibración de confianza explícita, distinguiendo entre lo observado, lo evaluado y lo inferido.

La arquitectura SIGINT cubana y la huella china

En junio de 2023, funcionarios de la administración Biden confirmaron informes de prensa según los cuales China tenía acceso a instalaciones de espionaje en Cuba, y filtraciones posteriores al Wall Street Journal elevaron a cuatro el número de instalaciones de interés, varias de ellas visitadas por técnicos chinos (Funaiole et al. 2024). En diciembre de 2024, el CSIS publicó la evaluación de fuentes abiertas más completa hasta la fecha: de cerca de una docena de emplazamientos cubanos examinados, cuatro presentaban instrumentación SIGINT observable, infraestructura de seguridad física y otras características indicativas de recopilación de inteligencia: Bejucal, El Salao, Wajay y Calabazar (Funaiole et al. 2024).

Bejucal

Situada en las colinas que dominan La Habana, Bejucal es la mayor estación SIGINT activa de Cuba examinada por el CSIS. El sitio adquirió notoriedad durante la Crisis de los Misiles de 1962, cuando albergó armas nucleares soviéticas, y durante décadas ha sido objeto de sospechas de vínculos con la inteligencia china, mencionadas en testimonios ante el Congreso estadounidense, documentos gubernamentales desclasificados y prensa en inglés y español (Funaiole et al. 2024). Las imágenes de marzo de 2024 revelaron entradas a instalaciones subterráneas construidas entre 2010 y 2019 (que fuentes de desertores cubanos asocian al cuartel de la brigada radioelectrónica de la inteligencia militar cubana) así como antenas parabólicas capaces de interceptar comunicaciones satelitales y, potencialmente, de recopilar datos sobre los lanzamientos espaciales estadounidenses desde Florida (Funaiole et al. 2024).

La evolución del sitio ha sido continua. En mayo de 2025, el CSIS documentó la construcción de una nueva CDAA que reemplazaba a una matriz anterior más pequeña (Funaiole et al. 2025). Para junio de 2026, esa matriz aparecía terminada y probablemente operativa: 32 antenas dispuestas en un anillo exterior de 19 y uno interior de 13, la mayor y más capaz observada por el CSIS en Cuba (Powers-Riggs et al. 2026). Según el propio CSIS, Bejucal es probablemente una de las tres instalaciones en Cuba que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente como operadas por China (Powers-Riggs et al. 2026; Diario Las Américas 2026).

El Salao

En el extremo opuesto de la isla, justo al este de Santiago de Cuba y a unos 110 kilómetros (cerca de 70 millas) de la Base Naval estadounidense de Guantánamo, se levanta El Salao, una CDAA cuya existencia no se había reportado hasta que el CSIS la reveló en 2024 (Funaiole et al. 2024; ICBrief 2026). Las obras comenzaron en 2021 y, para 2024, se habían completado el edificio de control central, los cimientos de un anillo interior de 16 antenas y las canalizaciones de servicios. Con un diámetro proyectado de entre 130 y 200 metros, la instalación, una vez operativa, sería capaz de vigilar a la Armada estadounidense y a sus socios en el Caribe e incluso en el Atlántico Sur (Funaiole et al. 2024).

No obstante, el ritmo de El Salao contrasta con el de Bejucal. En 2025 la construcción se había detenido casi por completo, con la vegetación reclamando el terreno nivelado, y las imágenes de mayo de 2026 mostraban pocos cambios sustantivos: sin antenas erigidas y sin indicios claros de operatividad (Funaiole et al. 2025; Powers-Riggs et al. 2026). Aun así, la reciente repavimentación de un camino de acceso reorientado hacia el centro de la matriz sugiere que el sitio no ha sido abandonado. El CSIS evalúa que, de completarse, El Salao complementaría a Bejucal extendiendo la cobertura sobre el sureste del Caribe y permitiendo a ambas instalaciones triangular señales provenientes de toda Centroamérica y la región del Atlántico occidental (Powers-Riggs et al. 2026).

Del legado soviético al abrazo chino

La presencia actual debe leerse a la luz de una continuidad histórica. Tras el cierre del complejo soviético de Lourdes en 2002, hoy reconvertido en la Universidad de Ciencias Informáticas, el vacío fue ocupado progresivamente por China (Funaiole et al. 2024). Desde 2000, según datos de AidData citados por el CSIS, China ha proporcionado a Cuba alrededor de 7.800 millones de dólares en financiamiento para el desarrollo, incluida la modernización del puerto de Santiago de Cuba, y los gigantes tecnológicos Huawei y ZTE —ambos vetados por Washington por riesgos de espionaje— constituyen hoy la columna vertebral de las telecomunicaciones cubanas (Funaiole et al. 2024). La profunda crisis económica cubana, la peor desde la caída de la Unión Soviética, ha estrechado aún más esta dependencia y ha abierto la puerta a la cooperación militar y de inteligencia.

La evidencia más reciente refuerza esta trayectoria. En mayo de 2026, el Wall Street Journal informó, citando a funcionarios familiarizados con evaluaciones de la inteligencia estadounidense, que China y Rusia habían ampliado sus operaciones en Cuba y triplicado aproximadamente el número de personal de inteligencia desde 2023 (Wall Street Journal 2026, según se reporta en Politicalwire 2026 y Cubaheadlines 2026). El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó pública y repetidamente a Cuba en abril y junio de 2026 de albergar instalaciones de inteligencia chinas y rusas, advirtiendo que Washington no permitiría que ningún aparato militar o de inteligencia extranjero operara con impunidad a 90 millas de sus costas (Cibercuba 2026a; Cibercuba 2026b). En el mismo periodo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana, y la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de diciembre de 2025 ordenó al Pentágono presentar al Congreso, antes de junio de 2026, un informe detallado sobre las capacidades de inteligencia china y rusa en Cuba (ICBrief 2026). Ya en 2024, la Evaluación Anual de Amenazas de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) había incluido a Cuba entre los países donde China busca establecer instalaciones militares (ODNI 2024, citado en Funaiole et al. 2024).

Conviene, sin embargo, una nota de cautela analítica que el propio CSIS subraya: en el espacio no clasificado no existe una prueba irrefutable que demuestre el control operativo directo de China sobre estos sitios, y Beijing lo ha negado de manera categórica (Funaiole et al. 2025). La atribución china debe entenderse, por tanto, como una evaluación probable sostenida por la convergencia de testimonios, documentos, declaraciones oficiales y el patrón de inversión, no como un hecho confirmado.

Capacidades técnicas y geometría de la amenaza

Comprender la amenaza para la República Dominicana exige precisar qué hace (y qué no hace) una CDAA. Una matriz de disposición circular se emplea principalmente para la radiogoniometría de alta frecuencia (HFDF): la interceptación y geolocalización del origen de transmisiones de radio entrantes a lo largo de un amplio rango de frecuencias (Funaiole et al. 2024). A diferencia de las antenas parabólicas de Bejucal, orientadas a comunicaciones satelitales, una CDAA determina la dirección y el origen de emisiones en el espectro de alta frecuencia, una técnica que fue pilar del SIGINT durante la Guerra Fría y que, pese a la migración de las comunicaciones militares sensibles hacia la fibra óptica y el satélite, China ha considerado lo bastante valiosa como para replicarla en sus puestos militarizados de los arrecifes Mischief y Subi, en el mar de China Meridional (Funaiole et al. 2024; Fox News 2026).

El punto crítico para el análisis dominicano es distinto. La HFDF no necesita descifrar el contenido de una comunicación para extraer inteligencia de valor. Mediante el análisis de tráfico, es decir, de los metadatos externos de las emisiones: frecuencia, dirección, momento, duración y volumen, una CDAA puede revelar la ubicación y los movimientos de fuerzas militares, navales y aéreas, así como los patrones de actividad de una nación entera (Funaiole et al. 2024). Aunque las comunicaciones modernas estén cifradas, la mera geometría de quién transmite, desde dónde, hacia dónde y con qué cadencia compone un retrato detallado de la actividad operativa. Esta es la razón por la cual una instalación de bajo costo y baja tecnología relativa puede seguir siendo estratégicamente relevante.

A esta lógica técnica se superpone la geografía. El Salao se ubica aproximadamente a 20°00′ N, 75°44′ O, en el extremo oriental de Cuba, separado de La Española únicamente por el Paso de los Vientos y por el territorio de Haití. El territorio dominicano se encuentra a unos pocos cientos de kilómetros al este (del orden de 500 a 650 kilómetros desde Santiago de Cuba hasta Santo Domingo, y menos aún hasta la frontera occidental dominicana), una distancia trivial frente al alcance nominal multimilenario de una matriz HFDF. En términos prácticos, la totalidad de la República Dominicana se sitúa cómodamente dentro de la envolvente de detección de El Salao y, en menor grado por su orientación, de Bejucal (evaluación del autor a partir de Funaiole et al. 2024 y Powers-Riggs et al. 2026). El propio CSIS identifica explícitamente el «Atlántico occidental» y el «sureste del Caribe» —espacios en los que se inscribe el dominio marítimo dominicano— como las zonas que la actuación conjunta de ambas estaciones permitiría triangular (Powers-Riggs et al. 2026).

Vectores de amenaza para la seguridad nacional dominicana

De lo anterior se desprende que, aunque el blanco declarado de estas instalaciones sea Estados Unidos, la República Dominicana queda comprendida en su radio de acción de forma estructural, no incidental. Se identifican seis vectores de amenaza diferenciados, ordenados de lo más directo a lo más sistémico.

Interceptación de comunicaciones estatales y militares

El vector más inmediato es la captación de las emisiones radioeléctricas de las instituciones dominicanas. Las Fuerzas Armadas dominicanas, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y la Dirección Nacional de Control de Drogas operan, como cualquier Estado, comunicaciones en HF y VHF, especialmente en los dominios marítimo y aeronáutico, donde la alta frecuencia sigue siendo de uso corriente. Una CDAA en El Salao podría geolocalizar y caracterizar estas emisiones, permitiendo el mapeo de los patrones de despliegue, los ciclos de patrullaje y las rutinas de mando dominicanos sin necesidad de comprometer el cifrado. Para un Estado que no dispone de una arquitectura nacional robusta de seguridad de las comunicaciones (COMSEC), esta vulnerabilidad es significativa y persistente.

Vigilancia del dominio marítimo y aéreo

La República Dominicana es un nodo central de las operaciones de interdicción del narcotráfico en el Caribe y coopera estrechamente con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South) y con agencias estadounidenses. La capacidad de una estación adversaria para detectar y geolocalizar el tráfico de comunicaciones asociado a operaciones de interdicción introduce un riesgo de contrainteligencia tangible: la posibilidad de que los patrones operativos sean inferidos y, eventualmente, filtrados a organizaciones criminales transnacionales que mantienen vínculos con regímenes de la región. Más allá del narcotráfico, la vigilancia sistemática del tráfico aéreo y marítimo dominicano (comercial, oficial y militar) erosiona la soberanía informativa del Estado sobre su propio espacio, un perjuicio que existe con independencia de los intereses estadounidenses.

Infraestructura de telecomunicaciones y cables submarinos

La República Dominicana es uno de los principales puntos de amarre de cables submarinos del Caribe. Su territorio acoge sistemas como ARCOS-1, AMX-1 y SAm-1 (seis cables, la mayoría con más de una década de servicio) que enlazan al país con Estados Unidos y Suramérica, y en 2026 se anunció una inversión de unos 500 millones de dólares para triplicar las conexiones directas con territorio estadounidense (Submarine Networks s.f.; DatacenterDynamics 2026). Significativamente, el anillo ARCOS-1 llegó a contemplar un amarre en Cuba, lo que ilustra la interconexión física de la región (Submarine Networks s.f.). Esta centralidad convierte a la República Dominicana en un activo de tránsito de datos cuya integridad interesa a las grandes potencias.

El riesgo se agrava por la penetración de proveedores tecnológicos chinos en la región. Si bien el gobierno de Luis Abinader, tras la visita del secretario Pompeo, declaró que las empresas chinas no operarían en sectores estratégicos como los grandes proyectos portuarios o la futura infraestructura 5G (Ellis 2024), la presencia de equipamiento de origen chino en las redes de telecomunicaciones del país —un patrón común en toda la región— plantea riesgos de cadena de suministro y de interceptación que se entrelazan con la capacidad SIGINT cubana. La combinación de hardware potencialmente comprometido en tierra y de recopilación de señales desde Cuba conforma una amenaza compuesta, no dos amenazas separadas.

El nexo HUMINT–contrainteligencia cubano

La cooperación entre Cuba y China en materia de SIGINT podría no ser sino la punta del iceberg. Los servicios cubanos han construido una de las redes de inteligencia humana (HUMINT) más sofisticadas del hemisferio, históricamente orientada contra Estados Unidos, como ilustran los casos de Ana Montes y del exembajador Manuel Rocha (Funaiole et al. 2024). Cuba ha sido un exportador de capacidades de inteligencia y contrainteligencia a otros regímenes de la región, como demuestra su papel en la edificación del aparato de contrainteligencia militar venezolano (Funaiole et al. 2024). Para la República Dominicana, cuya proximidad geográfica y cultural con Cuba se traduce en densos flujos de personas, esta tradición HUMINT, combinada con una eventual compartición de inteligencia con Beijing, plantea un riesgo de penetración de sus instituciones y de exposición de sus funcionarios que trasciende lo puramente técnico.

Espionaje económico e industrial

La economía dominicana descansa en sectores, q.d., turismo, zonas francas, minería, banca y remesas, altamente sensibles a la interceptación de comunicaciones comerciales. El CSIS ha señalado que, frente a unas comunicaciones militares estadounidenses generalmente cifradas, son las empresas civiles las que resultan más vulnerables al SIGINT (Funaiole et al. 2024). Una economía de servicios y exportación como la dominicana, con actores corporativos de relevancia internacional, ofrece a un adversario un abundante objetivo de inteligencia económica: posiciones negociadoras, datos financieros, propiedad intelectual y planes de inversión. La asimetría comercial con China, cuyas importaciones a la República Dominicana se han multiplicado tras el reconocimiento diplomático de 2018, añade un incentivo estructural para esta forma de recopilación (Ellis 2024).

La República Dominicana como terreno de competencia entre grandes potencias

El vector más sistémico es geopolítico. La intensificación de la presión estadounidense sobre Cuba y Venezuela en 2026 (sanciones, operaciones navales ampliadas en el Caribe e iniciativas como la denominada Operación Southern Spear) ha reconfigurado el Caribe en un teatro de competencia entre grandes potencias (Powers-Riggs et al. 2026; Cibercuba 2026a). La República Dominicana, por su posición, queda en el centro geográfico de esa rivalidad. La continua expansión de las estaciones cubanas, advierte el CSIS, podría convertirse en un punto de fricción a medida que Washington intensifica su campaña de presión, y su estatus podría ser un elemento clave en cualquier negociación futura entre Washington y La Habana (Powers-Riggs et al. 2026). En tal escenario, el territorio, el espacio aéreo y las aguas dominicanas podrían ser objeto de vigilancia incrementada y, en un supuesto de escalada, el país correría el riesgo de verse arrastrado a una dinámica que no ha elegido.

La encrucijada estratégica dominicana

La República Dominicana afronta estas amenazas desde una posición de equilibrio delicado. En mayo de 2018, el gobierno de Danilo Medina rompió relaciones con Taiwán y las estableció con la República Popular China, firmando dieciocho memorandos de entendimiento y acogiendo promesas de inversión en infraestructura, energía y un nuevo puerto en Manzanillo (Ellis 2024; Myers y Barrios 2019). Muchas de aquellas promesas se han materializado solo parcialmente, y el gobierno de Abinader ha adoptado una actitud más cautelosa, vedando a las empresas chinas los sectores estratégicos (Ellis 2024). Aun así, China ha seguido avanzando de forma discreta en cooperación en seguridad y en los sectores digital y eléctrico, y persisten voces que promueven un tratado de libre comercio con Beijing (Ellis 2024).

La tensión es evidente: la República Dominicana mantiene con Estados Unidos su relación de seguridad y comercio más importante, anclada en el DR-CAFTA y en la cooperación antinarcóticos, al tiempo que cultiva vínculos económicos con la potencia cuya arquitectura de inteligencia, asentada en la vecina Cuba, la vigila. Esta dualidad no es sostenible indefinidamente sin una estrategia deliberada. La amenaza SIGINT cubano-china debería incentivar a Santo Domingo a tratar la seguridad de sus comunicaciones y la integridad de su infraestructura crítica no como un favor a Washington, sino como un imperativo de soberanía nacional.

Recomendaciones de política

Las siguientes líneas de acción se proponen proporcionadas a los recursos de un Estado caribeño de tamaño medio y orientadas a reducir la vulnerabilidad sin exigir capacidades de gran potencia.

  • Endurecer la seguridad de las comunicaciones (COMSEC). Priorizar el cifrado de extremo a extremo y la migración de las comunicaciones gubernamentales y militares sensibles desde la radio en HF/VHF hacia canales protegidos por fibra y satélite cifrado, reduciendo la huella radioeléctrica explotable por radiogoniometría.
  • Auditar la cadena de suministro de telecomunicaciones. Realizar un inventario nacional del equipamiento de red de origen chino (Huawei, ZTE y afines) en operadores y en infraestructura crítica, y establecer criterios de seguridad para las adquisiciones futuras, en particular de cara al despliegue de 5G y a la ampliación de los amarres de cable submarino.
  • Proteger los puntos de amarre de cables submarinos. Tratar las estaciones de amarre como infraestructura crítica nacional, con seguridad física y lógica reforzada, dado su valor como nodo de tránsito de datos hacia Estados Unidos y Suramérica.
  • Reforzar la contrainteligencia. Fortalecer las capacidades de contrainteligencia frente a la HUMINT cubana y sus posibles derivaciones hacia terceros, con énfasis en la protección de funcionarios con acceso a información sensible y en la concienciación institucional.
  • Profundizar la cooperación regional en el dominio del espectro y marítimo. Coordinar con Estados Unidos y con socios del Caribe el intercambio de alertas sobre actividad SIGINT adversaria y la conciencia situacional marítima, aprovechando los marcos existentes de cooperación antinarco.
  • Desarrollar conciencia situacional propia mediante fuentes abiertas. Institucionalizar el seguimiento de imágenes satelitales comerciales y análisis de fuentes abiertas, el mismo método empleado por el CSIS, para monitorear de forma autónoma la evolución de El Salao y otras instalaciones de interés, sin dependencia exclusiva de evaluaciones ajenas.
  • Diversificar prudentemente la dependencia tecnológica. Equilibrar los beneficios económicos de la relación con China frente a los riesgos de seguridad, evitando que sectores críticos queden cautivos de proveedores que plantean riesgos de inteligencia.

Reflexión mía

La narrativa pública sobre Bejucal y El Salao ha estado dominada por la relación cubano-estadounidense, y con razón: estas instalaciones miran, en primer término, hacia Florida y hacia los mandos militares del sureste de Estados Unidos. Pero la lente estadounidense oculta una realidad incómoda para Santo Domingo: por su física y su geografía, la radiogoniometría de alta frecuencia desplegada en la Cuba oriental abarca de manera estructural el territorio, el espacio aéreo y las aproximaciones marítimas dominicanas. La amenaza para la República Dominicana no es hipotética ni derivada. Es una consecuencia directa de la ubicación de El Salao, un punto de Cuba peligrosamente cercano a La Española, y de la naturaleza no direccional de las capacidades que allí se han construido.

Mi análisis debe sostenerse, no obstante, sobre una epistemología honesta. El vínculo operativo directo de China con estos sitios sigue siendo una evaluación probable, respaldada por la convergencia de evidencias y por las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses en 2025 y 2026, pero no un hecho probado en el espacio no clasificado. La recopilación efectiva de inteligencia contra blancos dominicanos es, asimismo, mi inferencia analítica derivada de la capacidad y la geografía, mi perspectiva como exintegrante de la Comunidad de Inteligencia y una comprensión amplia de la naturaleza de la amenaza china moderna, no una colección documentada. Esta cautela no disminuye la pertinencia de la amenaza. En materia de seguridad nacional, la prudencia exige planificar frente a capacidades demostradas, no solo frente a casos de espionaje confirmados. Tengan clara una cosa. China busca o cooptarnos por su iniciativa Franja y Ruta, o doblegarnos con las maniobras nefastas de la inteligencia china, . . . política del garrote y la zanahoria en plena vista. Para la República Dominicana, la lección es clara. La seguridad de nuestras comunicaciones y la integridad de la infraestructura crítica son, antes que un alineamiento geopolítico, una cuestión de soberanía que el país haría bien en asumir como propia. NO podemos permitir que nos ninguneen del ‘gran juego’ geopolítico internacional. Ya no somos una república bananera.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • Cibercuba. 2026a. «Marco Rubio acusa a Cuba de albergar inteligencia china y rusa y lanza una advertencia desde Washington». 28 de abril. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-04-28-u1-e129488-s27061-nid327480.
  • Cibercuba. 2026b. «Marco Rubio: Cuba sigue albergando instalaciones de inteligencia de China y Rusia». 2 de junio. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-06-02-u1-e207888-s27061-nid330997.
  • Cubaheadlines. 2026. «U.S. Sounds Alarm: Rising Russian and Chinese Espionage in Cuba». 22 de mayo. https://www.cubaheadlines.com/articles/330073.
  • DatacenterDynamics. 2026. «Google invests $500 million in Dominican Republic connectivity hub». https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-invests-500-million-in-its-digital-port-in-the-dominican-republic/.
  • Diario Las Américas. 2026. «Detectan nueva actividad en posibles instalaciones de inteligencia de China en Cuba». 20 de junio. https://www.diariolasamericas.com/eeuu/detectan-nueva-actividad-posibles-instalaciones-inteligencia-china-cuba-n5397507.
  • Ellis, R. Evan. 2024. «The Evolution of Chinese Engagement with the Dominican Republic». Center for Strategic and International Studies, 25 de septiembre. https://www.csis.org/analysis/evolution-chinese-engagement-dominican-republic.
  • Fox News. 2026. «China-linked spy site expansion in Cuba raises alarms near key US military bases». https://www.foxnews.com/politics/china-linked-spy-site-expansion-cuba-raises-alarms-near-key-us-military-bases.
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  • Politicalwire. 2026. «U.S. Warns of Russian and Chinese Spying in Cuba». 22 de mayo. https://politicalwire.com/2026/05/22/u-s-warns-of-russian-and-chinese-spying-in-cuba/.
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¿Necesita la República Dominicana una Agencia de Contrainteligencia?

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El caso por fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en lugar de crear un nuevo organismo.

La República Dominicana no necesita crear una agencia de contrainteligencia independiente. Lo que necesita es fortalecer y profesionalizar la función de contrainteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia que acaba de reformar mediante la Ley Orgánica 1-26 de 2026, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia y con controles democráticos verificables. La contrainteligencia ya es un mandato legal vigente: el reto del país es de capacidad y de control, no de arquitectura institucional.

La pregunta sobre si la República Dominicana requiere una agencia de contrainteligencia suele plantearse como si existiera un vacío que llenar. No lo hay. Antes de decidir si conviene crear un organismo nuevo, hace falta reconocer un hecho que reordena por completo el debate. La contrainteligencia dominicana ya posee base legal, mandato expreso y un coordinador formal. La discusión pertinente no es entonces si el Estado debe hacer contrainteligencia, porque la ley ya lo obliga, sino cómo organizar mejor esa función. Y allí la respuesta más prudente apunta a la consolidación, no a la proliferación de agencias.

Punto de partida: la contrainteligencia ya es un mandato legal vigente

La arquitectura de seguridad dominicana acaba de atravesar su transformación más profunda en décadas. Con la promulgación de la Ley Orgánica 1-26, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11227 del 13 de enero de 2026, el país sustituyó el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones por una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reestructurada, ahora dependiente del presidente de la República y dotada de autonomía presupuestaria (Congreso Nacional 2026). La norma define a la DNI como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y le atribuye expresamente la misión de realizar y coordinar actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que ejecuten los organismos militares, policiales y financieros del Estado (Congreso Nacional 2026).

Esa redacción no es nueva en su espíritu. Ya la Ley 1-24 de 2024, antecedente directo de la reforma, había creado el SNI y enmarcado la inteligencia y la contrainteligencia como funciones coordinadas del Estado (Congreso Nacional 2024). El sentido de toda la reforma fue precisamente integrar: durante décadas los cuerpos de seguridad dominicanos operaron de manera fragmentada, generando duplicidad de esfuerzos y vacíos de información, y la creación formal del SNI buscó corregir esa dispersión (Redacción Acento 2024). En consecuencia, levantar ahora una agencia de contrainteligencia separada implicaría reintroducir, por la puerta trasera, la fragmentación que el legislador acababa de combatir.

El entorno de amenazas: por qué la contrainteligencia importa, y mucho

Sostener que no conviene una agencia nueva no equivale a minimizar la amenaza. Al contrario: el perfil de riesgo dominicano es exigente y justifica una capacidad de contrainteligencia robusta. El primer vector es el narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica a la República Dominicana como país de tránsito primario de la cocaína que cruza el Caribe rumbo a Norteamérica y Europa, y la Determinación Presidencial estadounidense para el año fiscal 2025 la mantiene en la lista de principales países de tránsito de drogas (U.S. Department of State 2025) (The White House 2024).

Lo relevante para la contrainteligencia no es el volumen del flujo, sino el mecanismo que lo sostiene. Las investigaciones de campo muestran que el contrabando por contenedores en puertos como Caucedo depende casi siempre de la complicidad de empleados portuarios: clonar los sellos de seguridad de un contenedor exige acceso a documentación de embarque y a la carga misma, algo imposible sin un infiltrado interno (InSight Crime 2024). El mismo Departamento de Estado vincula las limitaciones del país a la corrupción endémica y a las restricciones de capacidad institucional (U.S. Department of State 2025). La penetración y la corrupción de funcionarios de seguridad por parte de organizaciones criminales transnacionales es, por definición, el terreno propio de la contrainteligencia: proteger las instituciones del Estado frente a su captura desde dentro.

El segundo vector es el espionaje, estatal y económico. Tras el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a la República Popular China en 2018, la República Dominicana quedó expuesta a una relación asimétrica con una potencia que despliega capacidades de influencia e inteligencia. La ambigüedad del gobierno dominicano respecto del papel de Huawei en su red 5G ilustra esa vulnerabilidad, sobre todo en infraestructura crítica de telecomunicaciones (Ellis 2022). A ello se suman la frontera con Haití, foco de inestabilidad y de actores que operan a través de ese flanco, y la dimensión cibernética, que la propia Ley 1-26 incorpora al asignar a la DNI tareas de seguridad de las infraestructuras críticas (Congreso Nacional 2026). La conclusión provisional es clara: el país necesita contrainteligencia de verdad. La discusión es sobre el envase, no sobre el contenido.

El argumento contrario: la tentación de una agencia especializada

Existe un razonamiento serio a favor de crear un organismo dedicado, y conviene exponerlo con honestidad. La contrainteligencia es una disciplina distinta de la inteligencia positiva. Mientras esta recolecta y analiza información sobre amenazas externas, aquella se ocupa del contraespionaje, de la amenaza interna, de la protección de secretos de Estado y de la depuración de personal. Cuando ambas conviven bajo el mismo techo, la experiencia comparada sugiere que la contrainteligencia suele quedar subordinada a las prioridades de recolección y se atrofia. Una entidad con mandato propio acumularía experticia especializada y reduciría el conflicto de interés que surge cuando quien recolecta es también quien se vigila a sí mismo. En la literatura clásica de reforma de inteligencia este principio de separación entre el cazador y el guardabosque es un argumento recurrente a favor de la diferenciación funcional (Bruneau y Boraz 2007).

El argumento tiene mérito. Pero confunde dos cosas distintas: la necesidad de especialización con la necesidad de un organismo separado. Se puede lograr lo primero sin incurrir en los costos de lo segundo. Y para un Estado de los recursos y la trayectoria institucional de la República Dominicana, los costos de lo segundo son considerables.

Capacidad y diseño: por qué la consolidación supera la creación de un nuevo organismo

El primer costo es presupuestario y de talento humano. Construir una agencia desde cero exige una nómina propia, una cadena de mando autónoma, instalaciones, sistemas y, sobre todo, personal formado en una disciplina escasa en el mercado regional. Para un país de capacidad institucional limitada, el retorno de invertir en una nueva burocracia es previsiblemente inferior al de reforzar la capacidad de contrainteligencia dentro del sistema que acaba de crearse, dotándolo de cuadros, tecnología y procedimientos. Somos un país pequeño con presupuesto limitado. Aunque un mecanismo de contrainteligencia independiente sería la utopía, vivimos en un mundo real.

El segundo costo es de coherencia. La experiencia latinoamericana de reforma de inteligencia ofrece un punto de comparación útil. Brasil, al reconstruir su sistema tras el régimen militar, optó por priorizar el análisis y la contrainteligencia de alcance doméstico privilegiando instituciones civiles, con una estructura distribuida entre múltiples organismos coordinados centralmente por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) (Bruneau y Matei 2010). El rasgo dominante de esa reforma fue estructural y de coordinación, no la multiplicación de agencias autónomas (Cepik 2007). La lección para Santo Domingo es directa. La coordinación de una estructura distribuida, que es exactamente lo que el SNI dominicano pretende ser, resuelve mejor el problema de la dispersión que la creación de un nuevo actor que reclame su propia parcela de poder.

El riesgo decisivo: control democrático y el legado autoritario

El argumento más fuerte contra una agencia de contrainteligencia independiente no es presupuestario ni organizativo, sino político. De todas las funciones de inteligencia, la contrainteligencia es la más propensa a desbordarse hacia la vigilancia interna de la prensa, la oposición y la sociedad civil. Quien tiene el mandato de detectar la penetración del Estado posee también, casi por la misma vía, las herramientas para espiar a los ciudadanos. Concentrar ese poder en un organismo secreto, separado y con cadena de mando propia es precisamente la receta que la historia dominicana enseña a temer.

La memoria institucional pesa. El aparato de inteligencia dominicano nació como instrumento de represión durante la dictadura de Trujillo y se prolongó en las redes de vigilancia de las décadas posteriores, una herencia que la literatura sobre culturas de inteligencia en América Latina y el Caribe documenta como un lastre que las reformas democráticas aún no terminan de superar (Matei, Halladay y Estévez 2022). Esa preocupación no es solo histórica. Durante el trámite legislativo de la reforma, la Sociedad Dominicana de Diarios advirtió que ciertos artículos de ambigua redacción, en particular la obligación de toda persona e institución de entregar información a la DNI, podían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad (Redacción Acento 2024).

La literatura comparada confirma el peligro. En las democracias nuevas, los organismos de inteligencia tienden a resistir el control externo, amparados en el secreto de su oficio y en la falta de expertise de los supervisores políticos, y esa resistencia puede obedecer al deseo de perpetuar prácticas abusivas en nombre de la eficacia (Bruneau y Matei 2010). El propio caso brasileño, pese a su reforma modélica, mostró señales de que su agencia coordinadora reincidía en la lógica de policía política (Cepik 2007). Si un sistema reformado y centralizado ya enfrenta esa tentación, una agencia de contrainteligencia autónoma, con menos contrapesos y mayor opacidad, la multiplicaría.

El verdadero riesgo no es que la República Dominicana carezca de contrainteligencia, sino que construya un instrumento que termine protegiendo al gobierno de turno más que al Estado.

Recomendaciones: especializar dentro del sistema, no fuera de él

De lo anterior se desprende una vía intermedia que captura los beneficios de la especialización sin asumir los riesgos de la fragmentación y la concentración de poder. En primer lugar, la contrainteligencia debe alojarse como una dirección o subdirección especializada dentro de la DNI, con mandato, doctrina y personal propios, pero subordinada a la coordinación única del Sistema Nacional de Inteligencia. La especialización se logra por diseño funcional, no por separación institucional.

En segundo lugar, esa unidad debe concentrarse en tres prioridades verificables: el blindaje de las instituciones del Estado frente a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado; el contraespionaje frente a actores estatales con presencia creciente en el país; y la protección de la infraestructura crítica y de los secretos del Estado, incluida la dimensión cibernética. La seguridad del personal y la verificación de antecedentes, que el reglamento de la Ley 1-26 ya contempla, son piezas centrales de esa función.

En tercer lugar, y de manera no negociable, la capacidad de contrainteligencia debe quedar enmarcada en controles democráticos reales: supervisión judicial de las medidas intrusivas, control parlamentario efectivo, un inspector general con dientes, límites explícitos a la vigilancia doméstica y plazos razonables de reserva de la información. La eficacia y el control democrático no son objetivos en tensión, sino las dos caras de un servicio de inteligencia maduro (Bruneau y Boraz 2007). Un servicio sin control pierde legitimidad y, con ella, la cooperación ciudadana de la que depende su eficacia.

Mis pensamientos finales

La República Dominicana enfrenta amenazas que hacen de la contrainteligencia una necesidad estratégica, no un lujo. Pero la respuesta institucionalmente (y presupuestaria) correcta a esa necesidad no es un nuevo organismo con letrero propio, sino una capacidad de contrainteligencia seria, profesionalizada y bien acotada, alojada dentro de la arquitectura que la Ley 1-26 acaba de levantar. Opino que crear una agencia separada deshacería el esfuerzo de consolidación que inspiró la reforma, gravaría a un Estado de recursos limitados con una burocracia adicional y, sobre todo, concentraría en un cuerpo opaco el tipo de poder que la propia historia dominicana enseña a vigilar. Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia, y dentro de él la función de contrainteligencia, es la opción que mejor sirve a la vez a la seguridad nacional y a la democracia que esa seguridad debe proteger.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, Maestría en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

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La Complicidad de la República Dominicana en Crímenes Altamar

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Los ataques letales ejecutados por fuerzas armadas fuera de un conflicto armado claramente delimitado, dirigidos contra tripulaciones de buques que no participan directamente en hostilidades y sin un proceso previo de identificación, evaluación de amenaza y “rendición de cuentas”, constituyen, en términos de derecho internacional, asesinatos extrajudiciales. Tales operaciones vulneran la prohibición del uso de la fuerza contenida en la Carta de las Naciones Unidas, las garantías del derecho a la vida y al debido proceso reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y, cuando existe un conflicto armado, las normas del derecho internacional humanitario que protegen a las personas que no son objetivos militares legítimos (Naciones Unidas 1945). En ausencia de la legítima defensa estrictamente necesaria y proporcionada, o de una autorización específica del Consejo de Seguridad, estos homicidios no se justifican jurídicamente y se configuran como hechos internacionalmente ilícitos e incluso, según su contexto y escala, como crímenes internacionales graves.

Sobre esa base normativa, mi cuestión central aquí es si la República Dominicana, al autorizar el uso de instalaciones civiles y militares por tropas y medios de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (“Acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos será hasta abril, según Abinader”, Listín 01 dic 2025) para operaciones que resultan en dichos asesinatos extrajudiciales en el Caribe, puede ser considerada cómplice tanto moral como jurídicamente. La respuesta exige articular el derecho de la responsabilidad internacional del Estado, los regímenes de protección de derechos humanos y el sistema de justicia penal internacional. Hablo en particular de las obligaciones enumeradas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al que la República Dominicana se encuentra vinculada como Estado parte (Corte Penal Internacional 1998).

El derecho internacional general reconoce de manera expresa que un Estado puede incurrir en responsabilidad no solo por sus propios actos directos, sino también por la ayuda o asistencia prestada a otro Estado en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional, disponen en su artículo dieciséis que un Estado incurre en responsabilidad cuando presta ayuda o asistencia a otro Estado para la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, siempre que actúe con conocimiento de las circunstancias del hecho y que este sería ilícito también si lo cometiera él mismo (Comisión de Derecho Internacional 2001). Esta formulación codifica una regla consuetudinaria y refleja la intuición moral básica de que quien contribuye conscientemente a un daño ilícito comparte la responsabilidad por dicho daño.

Los comentarios oficiales a dicho artículo precisan que la ayuda o asistencia debe ser suficientemente significativa, de modo que no se reduzca a una contribución trivial o marginal, y que el órgano estatal que la presta debe actuar con conocimiento de la ilicitud del comportamiento principal, aunque no necesariamente con la misma intención específica que el autor directo (Comisión de Derecho Internacional 2001). Desde el planteamiento que aquí se adopta, el suministro de bases aéreas o navales, infraestructura de mando y control, capacidades de reabastecimiento y facilidades de comunicación desde territorio dominicano para operaciones que sistemáticamente resultan en asesinatos extrajudiciales de tripulaciones en el Caribe satisface con claridad el requisito de una contribución significativa. Si las autoridades dominicanas tienen conocimiento razonable de que esas instalaciones se utilizan para operaciones de carácter ilícito, el umbral de conocimiento exigido por el artículo dieciséis se vería cumplido.

En el plano del ius ad bellum, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia refuerza el punto. En el caso que trató de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua ((Nicaragua c. Estados Unidos de América), fallo de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986 (CIJ, Recueil 1986, p. 14)), la Corte declaró que las acciones de apoyo militar y logístico de los Estados Unidos a grupos armados que operaban contra el gobierno nicaragüense vulneraban la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención (Corte Internacional de Justicia 1986). Aunque el supuesto fáctico es distinto, la lógica jurídica que subyace a ese fallo resulta relevante: un Estado no puede escudarse en la mediación de terceros para eludir su responsabilidad por operaciones que implican violaciones graves del derecho internacional. Por analogía, la República Dominicana que presta su territorio e infraestructura a una potencia militar para realizar ataques letales ilegales participa en un esquema de ayuda y asistencia que la compromete jurídicamente.

La responsabilidad dominicana no se agota en el plano de la responsabilidad interestatal. La condición de Estado parte del Estatuto de Roma introduce una dimensión adicional al problema. El Estatuto regula la responsabilidad penal individual y establece que la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre personas que cometen, ordenan, facilitan o prestan ayuda y asistencia para la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio (Corte Penal Internacional 1998). El artículo veinticinco del Estatuto define diversas formas de participación en el crimen, incluyendo la contribución con el propósito de facilitar la comisión del delito o con conocimiento de que tal contribución se hará en el curso de una actividad criminal o de la comisión de uno o varios crímenes (Corte Penal Internacional 1998).

En consecuencia, altos funcionarios civiles o militares dominicanos que autoricen de forma consciente el uso de bases e infraestructura para operaciones de asesinato extrajudicial podrían, en principio, quedar expuestos a responsabilidad penal internacional por complicidad o ayuda y asistencia en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, dependiendo de la calificación jurídica que merezcan los hechos. La doctrina sobre responsabilidad de partícipes en el sistema de la Corte Penal Internacional admite que la aportación logística, de inteligencia o de infraestructura puede constituir un modo relevante de responsabilidad si contribuye sustancialmente al resultado ilícito y si el partícipe conoce la naturaleza criminal del comportamiento principal (Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional 2013). La República Dominicana, al haber aceptado el Estatuto de Roma, se obliga no solo a abstenerse de cometer esos crímenes, sino también a no facilitar su comisión por actores extranjeros y a ajustar su práctica interna para prevenir tal participación.

El compromiso dominicano con regímenes internacionales de protección de los derechos humanos, en particular el sistema interamericano, refuerza la apreciación de complicidad. En el emblemático caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la responsabilidad de un Estado por desapariciones forzadas no se limita a los actos materiales de los agentes estatales, sino que incluye la tolerancia sistemática de prácticas violatorias, la falta de prevención razonable y la ausencia de investigación diligente y sanción efectiva (Corte Interamericana de Derechos Humanos 1988). La Corte desarrolló la idea de que el Estado viola sus obligaciones convencionales cuando crea una situación de impunidad que posibilita la repetición de graves violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal.

Si se traslada ese razonamiento al caso planteado, la República Dominicana podría incurrir en responsabilidad internacional por permitir de forma consciente que su territorio y su infraestructura se utilicen como plataforma para operaciones letales extrajudiciales, sin establecer controles, salvaguardias ni mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. El deber de garantizar el derecho a la vida que se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica para los Estados una obligación negativa de no privar arbitrariamente de la vida y también una obligación positiva de prevenir, en la medida de lo razonable, que terceros cometan violaciones graves utilizando medios o espacios puestos a su disposición por el propio Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos 1988). El otorgamiento incondicional de bases e infraestructura a una potencia extranjera para operaciones ilícitas se antagoniza con ese deber de garantía.

Los efectos jurídicos posibles de esta situación son múltiples. En el plano interestatal, un Estado afectado por los ataques, por ejemplo el Estado de bandera de los buques o el Estado de nacionalidad de las víctimas, podría entablar una demanda contra la República Dominicana ante la Corte Internacional de Justicia, alegando responsabilidad por ayuda o asistencia en la violación de la prohibición del uso de la fuerza, del derecho a la vida y de otras normas de ius cogens. La Corte podría declarar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito y ordenar medidas de reparación que incluyan la cesación de la conducta, garantías de no repetición y, eventualmente, compensación a las víctimas o a sus Estados de origen (Corte Internacional de Justicia 1986; Comisión de Derecho Internacional 2001). Aunque la viabilidad política de un litigio de este tipo siempre es incierta, su posibilidad jurídica subraya el grado de exposición internacional de la República Dominicana.

En el plano del sistema interamericano, las víctimas o sus familiares podrían presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la República Dominicana violó el derecho a la vida, el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial al permitir que su territorio sirviera de base para operaciones de asesinato, sin investigar ni sancionar a los responsables. Si la Comisión elevara el caso a la Corte Interamericana, esta podría reconocer la responsabilidad dominicana por acción y por omisión, ordenar medidas de reparación integral y establecer estándares específicos sobre la obligación de los Estados de no facilitar violaciones graves por medio de acuerdos de cooperación militar o de seguridad que carecen de salvaguardias efectivas (Corte Interamericana de Derechos Humanos 1988).

El propio Estatuto de Roma, unido a la práctica de la Oficina del Fiscal, introduce asimismo un riesgo reputacional y jurídico adicional. Si existieran indicios razonables de que funcionarios dominicanos han participado conscientemente en un esquema de operaciones letales ilegales mediante la prestación de bases e infraestructura, y si las autoridades nacionales no emprendieran investigaciones genuinas y creíbles, la Fiscalía podría considerar la apertura de un examen preliminar de la situación dominicana. Aunque la Corte Penal Internacional actúa con criterios de selectividad y prioriza situaciones de violencia masiva, la posibilidad de escrutinio internacional subraya el deber del Estado de evitar cualquier forma de colaboración que pueda ser interpretada como participación en crímenes internacionales (Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional 2013).

Desde una perspectiva normativa y ética, el planteamiento de que la República Dominicana se convierte en cómplice moral y jurídica de los asesinatos extrajudiciales cuando presta bases e infraestructura civil a los Estados Unidos se alinea con las tendencias contemporáneas del derecho internacional. El derecho de la responsabilidad del Estado, el sistema de justicia penal internacional y los regímenes de derechos humanos convergen en una idea común. Los Estados no pueden ser facilitadores neutrales de violencia prohibida. Quien, con conocimiento, presta medios esenciales para la comisión de actos ilícitos asume una cuota de responsabilidad por esos actos. La República Dominicana, que ha ratificado la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma no puede legítimamente sostener que la cooperación militar autoriza a sacrificar esos compromisos fundacionales. Si transforma su territorio y sus aeropuertos y puertos civiles en vectores de operaciones de asesinato extrajudicial, abandona la posición de simple aliado político y adopta la posición de partícipe en crímenes que el propio orden internacional ha declarado intolerables.

En síntesis, el razonamiento jurídico que se deriva del marco normativo vigente confirma el tenor crítico que sostiene mi ensayo. Si la República Dominicana presta bases o infraestructura civil y militar a los Estados Unidos para operaciones de asesinato, la República Dominicana es cómplice moral. Renuncia a la protección de la vida y del debido proceso que formalmente proclama, y es cómplice jurídica porque vulnera las normas sobre responsabilidad por ayuda o asistencia, incumple su deber de garantizar los derechos humanos y expone a sus funcionarios a la eventualidad de responsabilidad penal internacional. En un orden internacional que pretende limitar la violencia estatal, el deber del Estado dominicano es claro. Debe abstenerse de poner su territorio al servicio de operaciones de asesinato, y si ya lo ha hecho, debe cesar esa conducta, investigar sus implicaciones y asumir las consecuencias que el derecho internacional le impone. Aparte de los riesgos inherentes, la complicidad pone nuestra República en la mira de Maduro como “enemigo bélico”. Dado que tenemos una larga relación con Venezuela, ese asunto mejor se trata en un blog futuro.

~ C. Constantin Poindexter, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación DoD/DoS BFFOC

Bibliografía

  • Comisión de Derecho Internacional. 2001. Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, con comentarios. Naciones Unidas.
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1988. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, núm. 4.
  • Corte Internacional de Justicia. 1986. Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América). Sentencia de 27 de junio de 1986.
  • Corte Penal Internacional. 1998. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Documento A or CONF 183 or 9.
  • Naciones Unidas. 1945. Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. San Francisco.
  • Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. 2013. Policy Paper on Preliminary Examinations. La Haya, Corte Penal Internacional.
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Cibermilicias y la Lucha por la Primacía en el Espacio de Batalla Informativa

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Llegué a la madurez profesional en una comunidad de inteligencia que todavía concebía la línea de frente (“teatro principal de operaciones”) como un lugar al que uno podía acceder, cartografiar y asegurar. Ese mundo ha desaparecido. Hoy, adversarios no militares, organizados de manera laxa en cibermilicias de propagandistas, piratas informáticos patrióticos, emprendedores de la influencia y amplificadores remunerados o voluntarios disputan la iniciativa no con blindados ni artillería, sino colonizando la atención, deformando la percepción y acelerando la división social a gran escala. Nuestra doctrina ha comenzado a reconocer este cambio. En 2017, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos elevó la información a función conjunta, formalizando lo que los operadores llevaban años observando. Reconocemos que las campañas modernas dependen de crear y explotar la ventaja informativa. La Estrategia de 2023 para Operaciones en el Entorno Informativo del Departamento de Defensa EEUU lo expone de manera explícita: la Fuerza Conjunta debe estar organizada, adiestrada y dotada de recursos para integrar efectos informativos junto con fuegos y maniobra (DoD, 2023).

Por cibermilicias entiendo a actores no uniformados, a veces dirigidos por el Estado, a menudo tolerados por él o subcontratados a la multitud, que combinan acciones cibernéticas con guerra narrativa en plataformas sociales. Reclutan y radicalizan, acosan en enjambres, hostigan y exponen datos personales, siembran falsificaciones digitales y teorías conspirativas, e inundan el espacio con memes emocionalmente persuasivos. Su mando y control suele ser plano e improvisado, su logística se basa en la nube y su ritmo operacional lo marcan los algoritmos de las plataformas y los ciclos informativos. Hemos visto efectos militares de tales formaciones en teatros diversos. La llamada Internet Research Agency (IRA) ejemplificó una milicia de influencia vinculada al Estado que escaló intentos de persuasión y movilización fuera de línea a través de plataformas sociales estadounidenses. Investigaciones rigurosas han matizado posteriormente las afirmaciones maximalistas sobre cambios medibles en actitudes, pero el hecho operacional permanece: los adversarios pueden alcanzar a millones de objetivos, a un coste marginal casi nulo, con narrativas adaptadas y sincronizadas con objetivos geopolíticos (Eady et al., 2023).

En el extremo opuesto, el IT Army of Ukraine constituye un caso de movilización cibernética defensiva: una formación voluntaria que ejecuta ataques DDoS, búsqueda de vulnerabilidades y operaciones psicológicas en paralelo con esfuerzos estatales. Esto ilustra tanto la potencia como las ambigüedades jurídicas y éticas que surgen cuando civiles se convierten en combatientes en el dominio informativo (Munk, 2025).

Las organizaciones terroristas comprendieron hace tiempo el poder de las redes sociales. El ISIS combinó la brutalidad en el campo de batalla con una maquinaria propagandística meticulosamente diseñada en línea, optimizada para reclutamiento, intimidación y fijación de agenda en múltiples lenguas y plataformas. Análisis revisados por pares detallan cómo ISIS explotó las funcionalidades de las plataformas para mantener su alcance incluso cuando se eliminaban cuentas (Done, 2022). El actual aluvión de proclamaciones de victorias en el teatro de guerra palestinas es igualmente ilustrativo.

Por qué las Redes Sociales Pueden Rivalizar con la Fuerza Física

La respuesta sencilla es la escala y la velocidad. La propaganda computacional aprovecha la automatización, la amplificación y la microsegmentación para saturar los canales informativos más rápido de lo que la verificación de hechos o el debate pueden alcanzar. Revisión sistemática tras revisión sistemática enmarcan esto como un ecosistema sociotécnico en evolución más que como una táctica puntual (Bradshaw y Howard, 2019).

La asimetría es un segundo factor crucial. Los bots y las conductas inauténticas coordinadas otorgan a pequeños operadores una influencia desproporcionada, especialmente en los primeros minutos del ciclo de vida de una narrativa, cuando las señales de interacción iniciales pueden inclinar los sistemas de clasificación de las plataformas. Estudios demuestran que las cuentas automatizadas amplifican de forma desproporcionada contenido de baja credibilidad en esas fases críticas (Shao et al., 2018).

Los efectos sobre el terreno humano deben contemplarse. Incluso cuando la persuasión directa es modesta, los daños en zonas de conflicto son muy reales. Doxing, estigmatización, desplazamiento y profanación cultural se han vinculado a la incitación en línea durante conflictos armados. No se trata únicamente de charlas en Internet, es preparación operacional del entorno con consecuencias humanas (Ulbricht, 2024).

La integración con operaciones cinéticas constituye además un ingrediente imperativo. En Ucrania, las fuerzas rusas combinaron sistemas físicos, como el Orlan-10/Leer-3, con campañas masivas de mensajes de texto y redes sociales para inducir pánico y erosionar la cohesión. Esto recuerda que los fuegos informativos pueden acotar el espacio de batalla tan eficazmente como la artillería (GAO, 2022).

La maniobra memética es la última consideración. En los conflictos contemporáneos, las narrativas basadas en memes no son meras efímeras: constituyen maniobra en el dominio cognitivo. Estudios recientes sobre la guerra memética en el contexto Rusia-Ucrania sostienen que estos artefactos estructuran la atención, codifican marcos complejos y aceleran el reclutamiento hacia la propaganda participativa a gran escala (Prier, 2017).

Una Nota sobre la Evidencia y la Prudencia

La honestidad intelectual más rigurosa debe estar en primer plano. Un estudio en Nature Communications que vinculó datos de Twitter en Estados Unidos con encuestas no halló cambios estadísticamente significativos en actitudes o elección de voto atribuibles a la exposición a la IRA en 2016. Sin embargo, no debemos ignorar esto ni sobregeneralizar. El estudio no absuelve a las campañas adversarias, refina nuestra teoría del efecto. Muchas operaciones buscan el control de la agenda, la polarización, la intimidación y la distracción en tiempo objetivo más que el mero cambio de voto. En la guerra, incluso variaciones pequeñas en la participación, la percepción del riesgo o la moral de la unidad pueden ser decisivas (Eady et al., 2023).

El Imperativo: Tratar la Propaganda Adversaria como un Objetivo de Campaña

La OTAN enmarca ahora la guerra cognitiva como un desafío interdominios. La mente humana es terreno disputado donde los actores buscan modificar percepciones y conductas (Claverie du Cluzel et al., 2021). No es retórica inflamatoria, es realidad operacional en todo teatro que he observado. Nuestra respuesta debe abandonar la era de refutaciones improvisadas y avanzar hacia operaciones integradas en el entorno informativo con objetivos, autoridades y métricas explícitas de desempeño y efecto.

Qué Deben Hacer la Inteligencia y los Combatientes

  1. Construir un panorama de inteligencia fusionada del campo de batalla narrativo.
  2. Normalizar el entorno informativo junto con fuegos y maniobra.
  3. Disputar la iniciativa mediante prebunking y resiliencia, no solo eliminando contenidos.
  4. Imponer fricción a las cibermilicias hostiles.
  5. Clarificar autoridades y alinear con el derecho de los conflictos armados.
  6. Entrenar para el dominio cognitivo.
  7. Medir lo que importa, evitando indicadores de pura vanidad.

Conclusión Estratégica

En la guerra convencional, la ventaja es acumulativa. En la guerra informativa, es compuesta. El bando que penetra el ciclo de decisión del adversario establece el marco para todo lo que sigue. Nuestros adversarios ya juegan ese juego. Despliegan cibermilicias que operan a velocidad de máquina pero hablan en idioma humano, explotando incentivos de plataforma y sesgos cognitivos tan antiguos como la persuasión y tan novedosos como la inteligencia artificial generativa.

Como profesionales de inteligencia y combatientes, nuestra misión no es simplemente refutar mentiras una vez consumado el daño, sino negar la iniciativa adversaria en el entorno informativo, mapear y anticipar sus campañas, fortalecer nuestras poblaciones e integrar los efectos narrativos con la maniobra. Hacerlo bajo el imperio de la ley y con responsabilidad democrática será un reto. La Comunidad de Inteligencia y las fuerzas armadas no ignoran esta realidad: la Fuerza Conjunta ya reconoce la información como función central. Pero la doctrina sin recursos ni práctica es solo papel. Debemos construir los equipos, autoridades y hábitos para luchar y prevalecer allí donde ahora habita la gente, en sus feeds y chats, tanto como en el espacio físico. Si fracasamos, cederemos el terreno decisivo del conflicto moderno a adversarios no militares que comprenden que la primacía ya no se mide únicamente en metros conquistados, sino en mentes retenidas.

Una recomendación crucial es que la contrainteligencia está particularmente bien adaptada a esta misión. El oficio de la contrainteligencia, históricamente dedicado a identificar, engañar y neutralizar operaciones de influencia hostil, se traduce directamente a la lucha contra las cibermilicias. Los operadores de contrainteligencia aportan pericia en atribución adversaria, operaciones de doble agente, detección de desinformación y manipulación de redes clandestinas. Estas son exactamente las habilidades necesarias para desenmascarar conductas inauténticas coordinadas en línea. Estoy convencido de que integrar la contrainteligencia en la guerra informativa ofrece ventajas singulares, al combinar análisis técnico de señales con validación de fuentes humanas y la capacidad de explotar, interrumpir o cooptar operaciones adversarias de influencia de un modo que supera la mera moderación de contenidos (Hunker, 2010; Rid, 2020). Dejar las cibermilicias únicamente en manos de la diplomacia pública o de la autorregulación de plataformas equivale a luchar con un brazo atado. Incorporar la contrainteligencia en el núcleo de nuestras campañas informativas asegura que Estados Unidos no solo pueda defenderse de la propaganda adversaria, sino también disputar y desmantelar activamente las redes que la impulsan.

~ C. Constantin Poindexter, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación DoD/DoS BFFOC

Referencias

Bradshaw, S., y Howard, P. N. (2019). El orden global de la desinformación: Inventario mundial 2019 de la manipulación organizada en redes sociales. Oxford: Oxford Internet Institute. [en inglés]

Claverie du Cluzel, F., et al. (2021). Guerra cognitiva. Comando Aliado de Transformación de la OTAN, Innovation Hub. Norfolk, VA. [en inglés]

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. (2023). Estrategia para las operaciones en el entorno informativo. Washington, DC. [en inglés]

Done, A. (2022). La propaganda del ISIS y la radicalización en línea. Journal of Strategic Security, 15(3), 27–49. [en inglés]

Eady, G., Nagler, J., Guess, A., Zilinsky, J., y Tucker, J. (2023). Exposición a la campaña de influencia extranjera de la Agencia de Investigación de Internet rusa en Twitter durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos y su relación con actitudes y comportamiento de voto. Nature Communications, 14(1), 367. [en inglés]

Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO). (2022). Entorno informativo: El Departamento de Defensa debería tomar medidas para ampliar sus evaluaciones de las operaciones de información. Washington, DC. [en inglés]

Hunker, J. (2010). Guerra cibernética y poder cibernético: cuestiones para la doctrina de la OTAN. Documento de investigación del Colegio de Defensa de la OTAN, núm. 62. Roma: Colegio de Defensa de la OTAN. [en inglés]

Maertens, R., Roozenbeek, M., van der Linden, S., y Lewandowsky, S. (2021). Eficacia a largo plazo de la inoculación contra la desinformación: tres experimentos longitudinales. Journal of Experimental Psychology: Applied, 27(1), 1–16. [en inglés]

Munk, T. (2025). El Ejército Informático de Ucrania: resistencia civil digital y derecho internacional. Crime, Law and Social Change, 83(1), 55–74. [en inglés]

Prier, J. (2017). Comandando la tendencia: las redes sociales como guerra de información. Strategic Studies Quarterly, 11(4), 50–85. [en inglés]

Rid, T. (2020). Medidas activas: la historia secreta de la desinformación y la guerra política. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux. [en inglés]

Roozenbeek, J., van der Linden, S., et al. (2020). El juego de las noticias falsas confiere resistencia psicológica contra la desinformación en línea. Palgrave Communications, 6(1), 65. [en inglés]

Shao, C., Ciampaglia, G. L., Varol, O., Flammini, A., y Menczer, F. (2018). La difusión de contenido de baja credibilidad por parte de bots sociales. Nature Communications, 9(1), 4787. [en inglés]

Ulbricht, M. (2024). Propaganda en línea y daño civil en conflictos armados. International Review of the Red Cross, 106(1), 67–94. [en inglés]

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