El fracaso anunciado de la Fuerza de Supresión de Pandillas y la urgencia de una doctrina dominicana de contención, mi opinión
El 20 de julio de 2026, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará su sesión trimestral sobre Haití y escuchará, una vez más, el catálogo de eufemismos institucionales que la diplomacia multilateral ha perfeccionado durante tres décadas de intervención fallida en la mitad occidental de nuestra isla. Se hablará de “avances graduales”, de “ventanas de oportunidad” y de “momentos decisivos”. Quien escribe estas líneas (dominicano, diplomático de pasión y preparación, exintegrante de la comunidad de inteligencia, y por tanto libre de la mordaza que impone el cargo) sostengo aquí una tesis más sencilla/menos cómoda. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) es la tercera iteración de una fórmula que ha fracasado dos veces, la comunidad internacional lo sabe, y el costo de ese fracaso se está trasladando, silenciosa pero deliberadamente a la República Dominicana.
La resolución 2793 (2025), adoptada el 30 de septiembre de 2025, autorizó la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) hacia la GSF, con un techo de 5.550 efectivos y un mandato inicial de doce meses bajo el Capítulo VII (Consejo de Seguridad 2025). La propia resolución contiene, en su párrafo preambular, la confesión del fracaso anterior: reconoce la carta del Secretario General de febrero de 2025 (S/2025/122) admitiendo que la MSS, pese a sus mejores esfuerzos, “no pudo mantener el ritmo de la dramática expansión de la amenaza de las pandillas” (Consejo de Seguridad 2025). Es decir: el instrumento que hoy se pretende renovar nació de la autopsia de su predecesor. A diez meses de su adopción y a dos de su vencimiento, la GSF exhibe los mismos síntomas terminales: financiamiento voluntario que nadie aporta, generación de fuerzas que nadie completa, y un adversario que consolida territorio mientras el mundo redacta comunicados.
El inventario del fracaso que llamaría tamaño disparate
Conviene despojar el análisis de toda cortesía diplomática y atenerse a los números, que son de las propias Naciones Unidas. Francamente, me importa una m. que ofende porque los hechos son los hechos. Desde enero de 2022, más de 16.000 personas han sido asesinadas en Haití y 1,5 millones han sido desplazadas internamente. Las pandillas controlan la abrumadora mayoría de Puerto Príncipe y porciones crecientes del Artibonito y el Centro (UNODC 2026). Solo en 2024 murieron más de 5,600 personas. Entre julio y septiembre de 2025, la BINUH documentó al menos 1,247 muertos adicionales, y los homicidios intencionales en los departamentos de Artibonito y Centro aumentaron un 210 por ciento interanual (Security Council Report 2026a). El informe más reciente del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados registra 620 menores muertos o mutilados, violencia sexual sistemática y casi un centenar de ataques contra escuelas y hospitales (Security Council Report 2026b). La violencia sexual colectiva (el 77 por ciento de los incidentes documentados) se ha convertido en instrumento ordinario de gobernanza pandillera (Naciones Unidas 2026a).
Frente a esa realidad, ¿qué ofrece la GSF? Un despliegue que constituye, en el mejor de los casos, una fracción testimonial de su mandato. El contingente keniano que sostuvo la MSS fue repatriado en fases entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El Representante Especial Jack Christofides no llegó a Puerto Príncipe sino hasta el 1 de abril de 2026, acompañado de un equipo de avanzada chadiano, y para finales de ese mes apenas unos 400 efectivos de Chad se encontraban en el terreno, de un despliegue proyectado de 1.500 (Haitian Times 2026a; Security Council Report 2026c). En junio de 2026 (nueve meses después de la adopción de la resolución), el Secretario General visitó el Campamento Vertières y encontró oficinas instalándose en contenedores marítimos y una base “en proceso de equiparse” para recibir tropas que aún no existen (UN News 2026). El señor Christofides declaró ante el Consejo que el objetivo es “degradar la capacidad operativa de las pandillas a un nivel que las instituciones haitianas puedan gestionar de manera sostenible” (UN News 2026). Es una formulación impecable. También lo era la de la MINUSTAH en 2004, la del Core Group en 2019 y la de la MSS en 2023.
Mientras tanto, los jefes pandilleros que la resolución 2793 se propuso “neutralizar, aislar y disuadir” permanecen EXACTAMENTE donde estaban. Jimmy Chérizier (el maldito “Barbecue”) sancionado por el Consejo de Seguridad desde 2022 y designado por Washington, sigue al frente de la coalición Viv Ansanm, dictando desde las redes sociales quién puede secuestrar y quién no (la disputa interna de diciembre de 2025 sobre los secuestros se resolvió a tiros en Puerto Príncipe, no ante ningún tribunal (Security Council Report 2026a)). El Estado haitiano, por su parte, ofrece el espectáculo de un Consejo Presidencial de Transición cuyos propios miembros fueron objeto de restricciones de visado estadounidenses en enero de 2026 por presuntos vínculos con operaciones pandilleras (AllAfrica 2026). Las elecciones anunciadas para agosto de 2026 se celebrarán (una GRAN cuestión) en un país donde el Estado no controla ni el acceso a su propio aeropuerto sin escolta extranjera.
Y hay un dato que la diplomacia multilateral prefiere susurrar. La respuesta “haitiana” más letal contra las pandillas no ha sido la GSF sino los operativos con drones de la fuerza de tarea gubernamental, que entre marzo y septiembre de 2025 causaron al menos 547 muertes y que, en palabras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, son “probablemente ilícitos según el derecho internacional de los derechos humanos” (Security Council Report 2026a). El orden internacional que quiere darnos una sermoneada por deportar migrantes en situación irregular guarda un silencio elocuente ante ejecuciones extrajudiciales aéreas ejecutadas por contratistas. Puto pela verbal, dándonos fuetazo de lengua y guiñando el ojo a asesinos.
Las ficciones cómodas de las partes no dominicanas
Sobre este paisaje de ruina se ha construido un andamiaje narrativo cuya función no es resolver la crisis sino administrar su relato. La primera ficción es la del “progreso incremental”. Cada informe trimestral rescata algún indicador, o sea una comisaría retomada, un pole judicial inaugurado, una patrulla conjunta, etc., para sostener que el vaso se llena, cuando la serie estadística completa demuestra que se vacía. La segunda ficción es la de la “apropiación haitiana” (Haitian ownership), doctrina piadosa que atribuye la conducción del proceso a instituciones que, en los hechos, no existen o están mangoneadas por esa misma maraña de tígueres y pandilleros asquerosos. La tercera, y la que más directamente me concierne, es la ficción de la “responsabilidad compartida de la isla”. Esta puta insinuación, cada vez menos sutil en cancillerías, organismos y prensa internacional, de que la República Dominicana por accidente de la geografía, debe absorber el desborde humano, sanitario, educativo y de seguridad del colapso haitiano. El muerto se lo quieren dejar al vecino.
Los números de esa transferencia de carga son públicos y NADIE LOS REFUTA. ¡Se omiten! La República Dominicana registró en un solo año 379,553 nacionales haitianos en situación migratoria irregular (Diario Libre 2026b). Las atenciones médicas a migrantes haitianos representaron el 12 por ciento del total del sistema público de salud dominicano ya en 2023, y cerca de 148,000 menores de origen haitiano ocupan aulas dominicanas financiadas por el contribuyente dominicano (France 24 2024). Desde octubre de 2024, el país ejecuta un programa de repatriaciones del orden de 10.000 personas semanales (67,940 tan solo entre enero y febrero de 2026 (Dirección General de Migración 2026)) y por ello es sistemáticamente amonestado por los mismos actores que llevan cinco años sin dotar de fondos ni tropas a las misiones que ellos mismos votaron. La asimetría es obscena. A nosotros nos exige el estándar de conducta de una potencia escandinava mientras se le asigna la exposición geopolítica de un Estado de primera línea, sin compensación, sin quemas compartidas y sin siquiera el decoro de reconocer el esfuerzo. A nosotros nos tocó bailar con la más fea, y encima se nos factura la orquesta.
Venga que le diré una cosa sin anestesia, . . . ¡Haití no es responsabilidad de la República Dominicana! No lo es jurídicamente, ninguna norma de derecho internacional impone a un Estado el deber de subsidiar el colapso de otro. No lo es históricamente, la memoria de la ocupación de 1822–1844 debería bastar para desterrar toda fantasía de tutela dominicana, y no lo es moralmente, porque la causa próxima de la catástrofe haitiana no está en Santo Domingo sino en Puerto Príncipe, y sus causas remotas en París y Washington. Las armas que empuñan las pandillas salen mayormente de armerías de la Florida (UNODC 2023). La La cocaína que transita por Haití se dirige a los mercados de Norteamérica y Europa (UNODC 2026). Quienes fabrican las armas y consumen la droga pretenden que el vecino pobre de la casa prendía en candela cargue con la macuta. Ese es el fondo del asunto. Ningún lenguaje diplomático lo mejora, ninguna reunión en NYC para que los secuaces de la ONU se den bombo entre ellos por “los avances hechos con el problema haitiano” lo mejora, y lo extranjero que no tiene ni idea de lo que nos han obligado pasar los haitianos lo mejora, . . . y por si acaso no se han dado cuenta hasta este punto de mi discurso, no me importa una mierda ser cortés cuando se trate de este asunto particular. Para mí, el Canciller Alvarez puede enviar los miembros del consejo pa’l carajo hasta que cojan cabeza con lo que enfrentamos aquí.
Hacia una doctrina de contención y desvinculación: propuestas deliberadamente incómodas
No pretendo agradar, pero tienen que oír ciertas cosas. Se debe abrir un debate que la cortesía diplomática ha clausurado. Para mí, hay cinco líneas de acción, escalonadas de lo inmediatamente ejecutable a lo que es agresivo pero responsable.
Primera: doctrina formal de contención. El Estado dominicano debe elevar a doctrina de seguridad nacional, con rango de política de Estado y respaldo legislativo, lo que hoy es práctica administrativa: la contención total del desborde haitiano. Ello implica completar la verja perimetral inteligente a lo largo de la totalidad de los 392 kilómetros de frontera terrestre (no los 164 actuales (France 24 2024)), establecer una zona de exclusión militarizada con reglas de empeñamiento públicas, presunción de interdicción para todo cruce no autorizado, y vigilancia persistente con sensores y aeronaves no tripuladas. Debe declararse, de una vez y sin ambages, que la República Dominicana no habilitará campamentos de refugiados en su territorio bajo ninguna circunstancia, ni aceptará figura alguna de “tercer país seguro”, procesamiento extraterritorial o reasentamiento encubierto.
El territorio nacional no es el zafacón de los fracasos ajenos. Quien considere brutal esta formulación debería explicar por qué considera aceptable la alternativa: la disolución gradual de la capacidad fiscal, sanitaria y educativa del único Estado funcional de la isla.
Segunda: monetizar la carga y presentar la factura. La Cancillería debe encargar y publicar anualmente una auditoría del costo fiscal integral de la crisis haitiana para el erario dominicano, q.d., salud, educación, seguridad, sistema penitenciario, presión salarial, pérdida de inversión, certificada por firmas internacionales, y presentarla formalmente ante el Consejo de Seguridad, la OEA y las instituciones financieras internacionales como reclamación de compensación. Cada resolución futura sobre Haití que la República Dominicana acompañe debe tener un precio y por ende acceso preferencial a financiamiento, compensación presupuestaria directa, o inversión internacional en infraestructura fronteriza dominicana. La era de la solidaridad gratuita tiene que terminai. La diplomacia dominicana ha sido correcta hasta la autonegación, pero corresponde ahora una diplomacia transaccional, explícita y sin complejos.
Tercera: exigir la internacionalización plena, con nombre y apellido. Si la comunidad internacional considera (como afirma cada resolución desde 2022) que Haití constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales, bien debe asumir las consecuencias lógicas de esa determinación que viene siendo una operación de imposición de la paz bajo Capítulo VII con contribuciones prorrateadas obligatorias, no con el modelo de caridad voluntaria que ha matado de inanición a la MSS y está matando a la GSF. Si los Estados Miembros no están dispuestos a pagar ni a desplegar, entonces debe discutirse abiertamente lo que hoy solo se murmura, . . . un régimen de administración transitoria internacional del tipo UNTAET en Timor Oriental, con autoridad ejecutiva plena, mandato multianual y cronograma de devolución de soberanía verificable. Sé perfectamente que la palabra “tutela” es radioactiva, que evoca fantasmas de 1915 y de 2004, y que la soberanía haitiana es sagrada para quienes la invocan desde el exterior. Pero la soberanía que hoy se protege es la de Viv Ansanm, no la del pueblo haitiano. Más, el mismo pueblo haitiano felizmente entregaría su soberanía por seguridad (cosa que no invento, hay encuestas). Entre la ficción de un Estado que no existe y la administración honesta de su reconstrucción, la segunda es menos indigna. La República Dominicana debería ser el primer Estado en decirlo en voz alta, precisamente porque es el que más pierde con el statu quo.
Cuarta: decapitación selectiva del ecosistema pandillero. Si bien no estamos dispuestos hacer lo que hacen los estadounidenses con drones en el medio oriente, sacando terroristas dela tarima, la República Dominicana debe designar a Viv Ansanm, Gran Grif y estructuras análogas como organizaciones terroristas conforme a la legislación interna correspondiente, con todas las consecuencias penales, financieras y migratorias de esa designación, y promover que la renovación del mandato de la GSF incorpore explícitamente la captura de los cabecillas sancionados (empezando por Barbecue) como parámetro de éxito con plazo perentorio, recompensas internacionales sustanciales y un mecanismo judicial híbrido o remisión a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento. Una fuerza de “supresión de pandillas” que en diez meses no ha suprimido ni capturado a un solo dirigente sancionado no es una fuerza. Es una coartada. Paralelamente, el país debe exigir en cada foro que Estados Unidos asuma responsabilidad material por el tráfico de armas que alimenta la matanza (interdicción en origen en los puertos de la Florida, trazabilidad obligatoria, responsabilidad civil de los exportadores) con la misma energía con que Washington exige a otros el control de sus fronteras (UNODC 2023).
Quinta: redistribución regional obligatoria de la carga migratoria. La CARICOM y la OEA han sido pródigas en comunicados y avaras en cuotas. La República Dominicana debe condicionar su cooperación en todo esquema hemisférico sobre Haití a la adopción de compromisos vinculantes y verificables de admisión migratoria por parte de los Estados de la región, incluidos aquellos que hoy sermonean desde la comodidad de un mar de por medio, así como al financiamiento internacional directo de la repatriación digna y de la reintegración en territorio haitiano, no en el dominicano. Quien no ponga cuotas, tropas o dinero, que entregue el micrófono.
Donde me quedo con to’westo
El 20 de julio, en Nueva York, se pronunciarán habladurías con pinzas. El de la República Dominicana será, como siempre, el más serio de la sala, porque es el único país que no tiene la opción de tratar el tema a la ligera. Pero la seriedad ya no basta. La GSF fracasará como fracasó la MSS y como fracasó la MINUSTAH, no creo que por mala fe de sus integrantes sino por el vicio estructural de origen, la comunidad internacional quiere los resultados de una intervención sin pagar los costos de una intervención. Mientras esa contradicción persista, la única variable que la República Dominicana controla es su propia exposición.
Compartimos una isla. NO compartimos un destino como vociferaba ese tarado Luís Almagro con su mierda de ““one country on one island.” Ningún tratado, ninguna resolución y ninguna editorial bienpensante puede obligarnos a compartirlo. La frontera que debemos defender no es solamente la línea de la verja. Es la frontera conceptual entre la solidaridad, que hemos practicado con creces, y el sacrificio del propio Estado que ninguna nación digna debe aceptar. Haití merece ser rescatado pero no por nosotros. El rescate le corresponde a quienes tienen los medios, las culpas históricas y los arsenales de donde salen las balas. A nosotros nos corresponde, primero y siempre, la Dominicana.
Bibliografía
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