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Señales de Advertencia del Agente Doble: Una Guía de Contrainteligencia

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Leyendo el señuelo (dangle): guía de campo del profesional sobre la fuente controlada y la reforma de la validación de activos. Un ensayo en la voz de un antiguo tipo de la CI.

Lo más difícil en la HUMINT no es reclutar una fuente. Es saber si la fuente que reclutaste te pertenece a ti. La reciente reconstrucción de fuente abierta (“OSINT”) que hizo Alexander Orleans del caso GTPROLOGUE (el despacho que el KGB hizo en 1987 del oficial de planta Aleksandr “Sasha” Zhomov contra la Estación de Moscú de la CIA) es la mejor anatomía pública en años de cómo un servicio hostil construye, en la frase de Churchill, una escolta de mentiras alrededor de una sola verdad operativa (Orleans 2025). A Zhomov lo corrieron durante aproximadamente tres años antes de que la CIA concluyera que había estado controlado desde el primer contacto. Lo instructivo del caso no es que engañaran a la CIA. Eso le pasa hasta a los mejores servicios. Es que el caso levantó casi todas y cada una de las banderas de advertencia clásicas. Las banderas se vieron, se debatieron, y el caso sobrevivió (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003).

He compilado aquí un catálogo de trabajo de esas banderas y de otras tomadas de una literatura un poco más amplia, cada una anclada a un caso real, seguido de las mejoras que el mecanismo de contrainteligencia debería institucionalizar. He tratado de mantenerme tan cerca de la tradecraft real como lo permite el registro abierto. Nada de esto requiere acceso clasificado para entenderse. La verdad dolorosa es que los indicadores son bien conocidos y lo han sido por lo menos desde el tratamiento fundacional que F. M. Begoum le dio al agente doble en 1962 en Studies in Intelligence (Begoum 1962). Por desgracia, los seguimos reaprendiendo.

Los Indicadores

Producción desproporcionada al acceso. El indicio más duradero es una fuente que se sienta sobre una montaña de secretos y te entrega gravilla. Zhomov era un oficial de planta del Primer Departamento que supervisaba la vigilancia del jefe de estación de Moscú, y sin embargo afirmaba tener apenas un “acceso periférico o infrecuente” al mismísimo material que su puesto debía hacerle rutinario (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Los soviéticos tenían una razón estructural para esto: la doctrina estricta prohibía liberar alimentación genuina de alto grado, y los oficiales temían un ajuste de cuentas estilo Stalin por divulgar de más, así que sus señuelos venían entrenados para alegar acceso escaso (Diamond 2008; Earley 1997). Cuando los reportes de una fuente quedan consistente y convenientemente por debajo del techo que su ubicación implica, pregúntate a quién beneficia el racionamiento.

La fuente controla el plan de comunicaciones y el tempo. El control es la capacidad del servicio que corre el caso de iniciar, alterar o detener el comportamiento del agente (Begoum 1962). Zhomov llegó con un plan de comunicaciones impersonal completamente formado —buzones de cartas a través del carro sin seguro de Downing, contacto a discreción de Zhomov, sin reuniones cara a cara prolongadas— que ponía cada palanca en manos del KGB e incluso restringía los movimientos físicos de sus manejadores de la CIA (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). Compárese con el estándar de oro del arreglo opuesto: el Comité XX británico en la Segunda Guerra Mundial, que poseía física y comunicacionalmente a cada agente alemán en el Reino Unido y por tanto podía alimentar a Berlín con confianza (Masterman 1972). Cuando el agente dicta la arquitectura del contacto, no lo estás corriendo a él. Él te está corriendo a ti.

Motivación delgada, genérica o sin respaldo. El espionaje contra el propio servicio es un acto psicológico profundo. Un activo o fuente creíble puede narrar de forma convincente por qué cruzó esa línea, y la historia se sostiene bajo verificación colateral. Zhomov ofreció el cliché de un sistema que se agriaba y un matrimonio en quiebra (y el interrogatorio independiente del desertor Sergey Papushin lo contradijo de plano, describiendo a Zhomov como felizmente casado y devoto de su hija) (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). Un motivo que no sobrevive a una segunda fuente no es un motivo; es una leyenda de cobertura.

La llegada “demasiado buena para ser cierta”. Los servicios hostiles leen tus brechas de recolección y las llenan a pedido. Zhomov apareció precisamente cuando la CIA estaba desesperada por explicar las catastróficas pérdidas de activos de 1985–86, con exactamente el acceso para “explicarlas” (Orleans 2025). “Demasiado bueno” y “cierto” no son mutuamente excluyentes. Los voluntarios espontáneos (walk-ins) genuinos sí ocurren en el peor momento posible; sin embargo, una oportunidad tan perfectamente a tono debería elevar la carga de la prueba, no bajarla (Johnson 2009). El desastre cubano es el monumento aleccionador aquí. Cuando el mayor Florentino Aspillaga Lombard desertó en Viena en junio de 1987, reveló que esencialmente cada cubano que la CIA creía haber reclutado desde principios de los años sesenta había sido un agente doble corrido por La Habana, que había mercadeado deliberadamente a sus oficiales como latinos aficionados para operar por debajo del radar (Latell 2012). Décadas de “éxitos” eran un solo engaño paciente.

Ninguna urgencia genuina por la exfiltración. Un hombre que dice que se quiere salir, y que está guardando su mejor material para su interrogatorio en suelo seguro, eventualmente debería preguntar: “¿Cuándo me voy?”. Zhomov nunca pidió un cronograma. Cuando finalmente le ofrecieron una ruta de exfiltración en 1990, la repudió por ser demasiado riesgosa y se fundió de vuelta en su equipo de vigilancia (Orleans 2025; Bearden y Risen 2003). El supuesto desertor que nunca quiere desertar está hablando mierda, no empacando su maleta de fuga.

Bona fides autovalidantes y alimentación que nunca hiere de verdad al servicio matriz. Una fuente controlada construye credibilidad con material que parece costoso pero no lo es. Zhomov entregó un padrón preciso de las pérdidas de 1985–86, dañino a primera vista, pero lo envolvió dentro de la falsa narrativa del SCD “cabrón e infalible” de que las pérdidas se debían a una tradecraft soviética brillante y no a un topo (Orleans 2025). La alimentación validaba el canal mientras protegía el secreto que el canal existía para proteger: Aldrich Ames. Escudriña si las “joyas de la corona” de tu fuente realmente le costaron algo a su servicio, o si cada divulgación adelanta calladamente los intereses de su servicio. Para ponerlo en lenguaje de riesgo: si no representa un peligro para el servicio matriz, no vale nada.

Errores de tradecraft de la oposición incompatibles con la competencia que reclama. Los reportes de Zhomov predecían una ola de señuelos del KGB. La CIA entonces vio al KGB correrlos tan chapuceramente que dos quedaron descaradamente expuestos como provocaciones. La Estación de Moscú racionalizó el desliz como descuido soviético endémico, sin notar nunca que la tradecraft descuidada era lógicamente irreconciliable con el SCD omnisciente del que Zhomov alardeaba (Orleans 2025). Un servicio no puede ser simultáneamente infalible y chapucero. Cuando el cuadro que pinta tu activo contradice el comportamiento que observas, créele a tus ojos.

La ventaja de jugar “en casa” en el área denegada. El entorno es en sí mismo un indicador porque moldea cuáles otros indicadores puedes siquiera poner a prueba. Todo el caso Zhomov se desenvolvió dentro de Moscú, donde el KGB controlaba la calle, impedía interrogatorios largos y podía rechazar cualquier reunión bajo el argumento incontestable de que no podía evadir a sus propios equipos de vigilancia (Orleans 2025). El resumen franco de Paul Redmond sobre la validación en área denegada —pocas o ninguna fuente colateral, fuerte dependencia del valor del material y de cómo empezó el caso, etc.— describe un problema que la oposición diseña deliberadamente (Redmond 2010). Un caso nacido y criado enteramente en terreno del adversario ha tenido sus opciones de validación estranguladas al nacer.

Resistencia a las pruebas operativas, y su jodido inverso que da miedo. Zhomov respondía las preguntas duras de verificación con respuestas que sus propios oficiales de contrainteligencia hallaban vagas o improbables, y se desviaba con la promesa de contarlo todo después de la extracción (Orleans 2025; Grimes y Vertefeuille 2012). La renuencia a ser puesto a prueba —la evasión del polígrafo, de las tareas provocadoras, de la “lista de compras” diseñada para atraparlo— es en sí misma reveladora e instructiva. Este indicador trae una advertencia que el caso GTPROLOGUE no provee, y que la profesión debe internalizar. La paranoia también quema a las fuentes reales. El manejo prolongado y brutal del desertor soviético Yuri Nosenko como presunta provocación, y la sospecha que casi le cuesta a la CIA al genuinamente invaluable general del GRU Dmitri Polyakov, son la patología igual y opuesta de la credulidad que protegió a Zhomov (Bagley 2007; Wise 1992). La validación es duda calibrada, no un reflejo en ninguna de las dos direcciones.

“El hambre”, y los incentivos que la alimentan. Orleans nombra al culpable silencioso: el apetito del oficial de caso por un golpe espectacular, la reticencia institucional a presionar una fuente deslumbrante lo bastante duro como para perderla (Orleans 2025). Redmond fue más franco, atribuyendo los fracasos de validación posteriores a Angleton en parte a oficiales que no creían que sus propios casos pudieran ser fabricados, “particularmente cuando había ascensos de por medio” (Redmond 2010). La catástrofe cubana hizo metástasis exactamente en este suelo: una voluntad organizacional de creer en reclutamientos que halagaban a los reclutadores (Latell 2012). La bandera más cara es la que elegimos no ver porque verla nos cuesta un logro de carrera.

Lo Que la Función de Contrainteligencia Debería Implementar

Los indicadores son necesarios pero no suficientes; una agencia que meramente los enumera será engañada igual, porque el caso Zhomov prueba que las banderas pueden estar ondeando y la operación aún sobrevivir. Las reformas de abajo se tratan de forzar a los indicadores a morder.

Institucionalizar la revalidación continua. La respuesta de la CIA a las quemas de los años ochenta fue el Sistema de Validación de Agentes, desarrollado a partir de 1987 e introducido formalmente al Directorio de Operaciones en 1991 (Mahle 2004; Olson 2019). El principio es sólido y debería ser doctrina en toda la comunidad: las bona fides establecidas una vez no quedan establecidas para siempre. Un activo debe ser recalificado en un calendario recurrente contra los seis métodos clásicos de validación: corroboración por otras fuentes, tareas específicas y pruebas operativas, recolección sobre el activo, polígrafo, penetración de su servicio matriz y vigilancia sobre él. Nada puede asumirse acerca de lo que le ha pasado a una fuente desde la última vez que se probó a sí misma (Orleans 2025; Olson 2019).

Separar al validador del manejador. El oficial que reclutó una fuente y el oficial que la certifica no deberían ser la misma persona, e idealmente no la misma cadena de mando. El hambre es un conflicto de interés; la estructura debe neutralizarlo dándole a una célula de contrainteligencia independiente la autoridad permanente de impugnar cualquier caso, con protección para el analista que disienta. El registro de GTPROLOGUE muestra que el sistema funcionaba a medias. Gerber y Redmond se mantuvieron escépticos y el equipo de contrainteligencia siguió planteando preocupaciones, pero esas preocupaciones fueron repetidamente subordinadas al deseo de no “hacerlo enojar” (Orleans 2025). La disidencia que puede ser anulada por los dueños del caso es un feo adorno de pared.

Tratar “controlado” como una hipótesis permanente por refutar. La disciplina de Richard Heuer del Análisis de Hipótesis en Competencia pertenece al centro de la validación. Enumera las hipótesis (de buena fe, fabricador, controlado), y pesa cada dato por su valor diagnóstico, qué tan bien discrimina entre ellas en lugar de qué tan bien encaja con la respuesta que quieres (Heuer 1999). La mayoría de las “bona fides” de Zhomov eran consistentes tanto con un voluntario genuino como con un señuelo. Tenían un valor diagnóstico casi nulo, y sin embargo se trataron como confirmación. Un activo que sobrevive un esfuerzo deliberado por probar que es hostil vale muchísimo más que uno del que simplemente nunca se dudó en serio.

Privilegiar la penetración de la oposición como el único validador decisivo. Esta es la lección escrita con sangre a lo largo de todos estos casos. A Zhomov lo desenmascaró un desertor, Papushin (Orleans 2025). El engaño cubano lo desenmascaró un desertor, Aspillaga (Latell 2012). Al propio Ames finalmente lo acorralaron con la ayuda de fuentes dentro del FIS ruso. La producción propia de una fuente literalmente nunca resuelve sus bona fides. El interior del servicio del adversario sí. Esto es precisamente por lo que Olson clasifica “Sé Ofensivo” como el primero de sus Diez Mandamientos de la Contrainteligencia. El reclutamiento de penetraciones y el manejo agresivo de agentes dobles no es un lujo sino el motor de la validación misma (Olson 2019).

Diseñar los incentivos contra “el hambre”. Este es, por supuesto, el argumento de calidad sobre cantidad. Si el ascenso premia el volumen de reclutamiento, los oficiales reclutarán, defenderán e inflarán. La contramedida correctiva es una cultura de evaluación de daños en la que sacar a la luz un fabricador o un caso controlado se trate como un éxito profesional y no como una “F”, y en la que el dinero pagado a una fuente se entienda como una inversión operativa, no como un costo hundido que hay que justificar (Orleans 2025).

Mis Reflexiones Finales

Zhomov fue, como concede Orleans, un trabajo sólido. Cada elemento, desde el escenario hasta la alimentación hasta el plan de comunicaciones, fue diseñado para tomar y retener la iniciativa (Orleans 2025). El caso también confirma, sin embargo, una máxima tan vieja como Begoum. La producción por sí sola nunca establece las bona fides, y ninguna métrica individual debería jamás eximir a una fuente del escrutinio continuo, y menos que nada una penetración potencial, que es la cosa más peligrosa de todas si resulta que pertenece al otro bando (Begoum 1962; Orleans 2025). La disciplina no es paranoia, que destruyó los años de Nosenko y casi la vida de Polyakov; ni es el hambre, que le entregó a La Habana un cuarto de siglo de victorias fantasma. Es la disposición a seguir poniendo a prueba a una fuente en la que quieres desesperadamente creer, y a tomar en serio al colega de la mesa que no deja de hacer la pregunta incómoda.

Todo pasa una vez por primera vez, incluido un oficial de planta lanzado como señuelo por un servicio que “nunca” lanzaría un oficial de planta como señuelo. El oficial de contrainteligencia que olvida esa oración está en algún lugar, ya siendo corrido.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación OSINT CISA/NCISS, Certificación BFFOC del DoD/DoS

Bibliografía

  • Bagley, Tennent H. 2007. Spy Wars: Moles, Mysteries, and Deadly Games. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Bearden, Milt, y James Risen. 2003. The Main Enemy: The Inside Story of the CIA’s Final Showdown with the KGB. New York: Random House.
  • Begoum, F. M. 1962. “Observations on the Double Agent.” Studies in Intelligence 6, no. 1: 57–72.
  • Diamond, John. 2008. The CIA and the Culture of Failure: U.S. Intelligence from the End of the Cold War to the Invasion of Iraq. Stanford, CA: Stanford Security Studies.
  • Earley, Pete. 1997. Confessions of a Spy: The Real Story of Aldrich Ames. New York: G. P. Putnam’s Sons.
  • Grimes, Sandra, y Jeanne Vertefeuille. 2012. Circle of Treason: A CIA Account of Traitor Aldrich Ames and the Men He Betrayed. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
  • Heuer, Richards J., Jr. 1999. Psychology of Intelligence Analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.
  • Johnson, William R. 2009. Thwarting Enemies at Home and Abroad: How to Be a Counterintelligence Officer. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Latell, Brian. 2012. Castro’s Secrets: Cuban Intelligence, the CIA, and the Assassination of John F. Kennedy. New York: Palgrave Macmillan.
  • Mahle, Melissa Boyle. 2004. Denial and Deception: An Insider’s View of the CIA. New York: Nation Books.
  • Masterman, J. C. 1972. The Double-Cross System in the War of 1939 to 1945. New Haven, CT: Yale University Press.
  • Olson, James M. 2019. To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence. Washington, DC: Georgetown University Press.
  • Orleans, Alexander. 2025. “Beautiful in Another Context: A Counterintelligence Assessment of GTPROLOGUE.” Studies in Intelligence 69, no. 2 (Extracts, June).
  • Redmond, Paul J. 2010. “The Challenges of Counterintelligence.” En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 537–54. New York: Oxford University Press.
  • Wise, David. 1992. Molehunt: The Secret Search for Traitors That Shattered the CIA. New York: Random House.
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¿Necesita la República Dominicana una Agencia de Contrainteligencia?

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El caso por fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia en lugar de crear un nuevo organismo.

La República Dominicana no necesita crear una agencia de contrainteligencia independiente. Lo que necesita es fortalecer y profesionalizar la función de contrainteligencia dentro del Sistema Nacional de Inteligencia que acaba de reformar mediante la Ley Orgánica 1-26 de 2026, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia y con controles democráticos verificables. La contrainteligencia ya es un mandato legal vigente: el reto del país es de capacidad y de control, no de arquitectura institucional.

La pregunta sobre si la República Dominicana requiere una agencia de contrainteligencia suele plantearse como si existiera un vacío que llenar. No lo hay. Antes de decidir si conviene crear un organismo nuevo, hace falta reconocer un hecho que reordena por completo el debate. La contrainteligencia dominicana ya posee base legal, mandato expreso y un coordinador formal. La discusión pertinente no es entonces si el Estado debe hacer contrainteligencia, porque la ley ya lo obliga, sino cómo organizar mejor esa función. Y allí la respuesta más prudente apunta a la consolidación, no a la proliferación de agencias.

Punto de partida: la contrainteligencia ya es un mandato legal vigente

La arquitectura de seguridad dominicana acaba de atravesar su transformación más profunda en décadas. Con la promulgación de la Ley Orgánica 1-26, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11227 del 13 de enero de 2026, el país sustituyó el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones por una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reestructurada, ahora dependiente del presidente de la República y dotada de autonomía presupuestaria (Congreso Nacional 2026). La norma define a la DNI como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y le atribuye expresamente la misión de realizar y coordinar actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que ejecuten los organismos militares, policiales y financieros del Estado (Congreso Nacional 2026).

Esa redacción no es nueva en su espíritu. Ya la Ley 1-24 de 2024, antecedente directo de la reforma, había creado el SNI y enmarcado la inteligencia y la contrainteligencia como funciones coordinadas del Estado (Congreso Nacional 2024). El sentido de toda la reforma fue precisamente integrar: durante décadas los cuerpos de seguridad dominicanos operaron de manera fragmentada, generando duplicidad de esfuerzos y vacíos de información, y la creación formal del SNI buscó corregir esa dispersión (Redacción Acento 2024). En consecuencia, levantar ahora una agencia de contrainteligencia separada implicaría reintroducir, por la puerta trasera, la fragmentación que el legislador acababa de combatir.

El entorno de amenazas: por qué la contrainteligencia importa, y mucho

Sostener que no conviene una agencia nueva no equivale a minimizar la amenaza. Al contrario: el perfil de riesgo dominicano es exigente y justifica una capacidad de contrainteligencia robusta. El primer vector es el narcotráfico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica a la República Dominicana como país de tránsito primario de la cocaína que cruza el Caribe rumbo a Norteamérica y Europa, y la Determinación Presidencial estadounidense para el año fiscal 2025 la mantiene en la lista de principales países de tránsito de drogas (U.S. Department of State 2025) (The White House 2024).

Lo relevante para la contrainteligencia no es el volumen del flujo, sino el mecanismo que lo sostiene. Las investigaciones de campo muestran que el contrabando por contenedores en puertos como Caucedo depende casi siempre de la complicidad de empleados portuarios: clonar los sellos de seguridad de un contenedor exige acceso a documentación de embarque y a la carga misma, algo imposible sin un infiltrado interno (InSight Crime 2024). El mismo Departamento de Estado vincula las limitaciones del país a la corrupción endémica y a las restricciones de capacidad institucional (U.S. Department of State 2025). La penetración y la corrupción de funcionarios de seguridad por parte de organizaciones criminales transnacionales es, por definición, el terreno propio de la contrainteligencia: proteger las instituciones del Estado frente a su captura desde dentro.

El segundo vector es el espionaje, estatal y económico. Tras el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a la República Popular China en 2018, la República Dominicana quedó expuesta a una relación asimétrica con una potencia que despliega capacidades de influencia e inteligencia. La ambigüedad del gobierno dominicano respecto del papel de Huawei en su red 5G ilustra esa vulnerabilidad, sobre todo en infraestructura crítica de telecomunicaciones (Ellis 2022). A ello se suman la frontera con Haití, foco de inestabilidad y de actores que operan a través de ese flanco, y la dimensión cibernética, que la propia Ley 1-26 incorpora al asignar a la DNI tareas de seguridad de las infraestructuras críticas (Congreso Nacional 2026). La conclusión provisional es clara: el país necesita contrainteligencia de verdad. La discusión es sobre el envase, no sobre el contenido.

El argumento contrario: la tentación de una agencia especializada

Existe un razonamiento serio a favor de crear un organismo dedicado, y conviene exponerlo con honestidad. La contrainteligencia es una disciplina distinta de la inteligencia positiva. Mientras esta recolecta y analiza información sobre amenazas externas, aquella se ocupa del contraespionaje, de la amenaza interna, de la protección de secretos de Estado y de la depuración de personal. Cuando ambas conviven bajo el mismo techo, la experiencia comparada sugiere que la contrainteligencia suele quedar subordinada a las prioridades de recolección y se atrofia. Una entidad con mandato propio acumularía experticia especializada y reduciría el conflicto de interés que surge cuando quien recolecta es también quien se vigila a sí mismo. En la literatura clásica de reforma de inteligencia este principio de separación entre el cazador y el guardabosque es un argumento recurrente a favor de la diferenciación funcional (Bruneau y Boraz 2007).

El argumento tiene mérito. Pero confunde dos cosas distintas: la necesidad de especialización con la necesidad de un organismo separado. Se puede lograr lo primero sin incurrir en los costos de lo segundo. Y para un Estado de los recursos y la trayectoria institucional de la República Dominicana, los costos de lo segundo son considerables.

Capacidad y diseño: por qué la consolidación supera la creación de un nuevo organismo

El primer costo es presupuestario y de talento humano. Construir una agencia desde cero exige una nómina propia, una cadena de mando autónoma, instalaciones, sistemas y, sobre todo, personal formado en una disciplina escasa en el mercado regional. Para un país de capacidad institucional limitada, el retorno de invertir en una nueva burocracia es previsiblemente inferior al de reforzar la capacidad de contrainteligencia dentro del sistema que acaba de crearse, dotándolo de cuadros, tecnología y procedimientos. Somos un país pequeño con presupuesto limitado. Aunque un mecanismo de contrainteligencia independiente sería la utopía, vivimos en un mundo real.

El segundo costo es de coherencia. La experiencia latinoamericana de reforma de inteligencia ofrece un punto de comparación útil. Brasil, al reconstruir su sistema tras el régimen militar, optó por priorizar el análisis y la contrainteligencia de alcance doméstico privilegiando instituciones civiles, con una estructura distribuida entre múltiples organismos coordinados centralmente por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) (Bruneau y Matei 2010). El rasgo dominante de esa reforma fue estructural y de coordinación, no la multiplicación de agencias autónomas (Cepik 2007). La lección para Santo Domingo es directa. La coordinación de una estructura distribuida, que es exactamente lo que el SNI dominicano pretende ser, resuelve mejor el problema de la dispersión que la creación de un nuevo actor que reclame su propia parcela de poder.

El riesgo decisivo: control democrático y el legado autoritario

El argumento más fuerte contra una agencia de contrainteligencia independiente no es presupuestario ni organizativo, sino político. De todas las funciones de inteligencia, la contrainteligencia es la más propensa a desbordarse hacia la vigilancia interna de la prensa, la oposición y la sociedad civil. Quien tiene el mandato de detectar la penetración del Estado posee también, casi por la misma vía, las herramientas para espiar a los ciudadanos. Concentrar ese poder en un organismo secreto, separado y con cadena de mando propia es precisamente la receta que la historia dominicana enseña a temer.

La memoria institucional pesa. El aparato de inteligencia dominicano nació como instrumento de represión durante la dictadura de Trujillo y se prolongó en las redes de vigilancia de las décadas posteriores, una herencia que la literatura sobre culturas de inteligencia en América Latina y el Caribe documenta como un lastre que las reformas democráticas aún no terminan de superar (Matei, Halladay y Estévez 2022). Esa preocupación no es solo histórica. Durante el trámite legislativo de la reforma, la Sociedad Dominicana de Diarios advirtió que ciertos artículos de ambigua redacción, en particular la obligación de toda persona e institución de entregar información a la DNI, podían representar un riesgo para la libertad de prensa y la privacidad (Redacción Acento 2024).

La literatura comparada confirma el peligro. En las democracias nuevas, los organismos de inteligencia tienden a resistir el control externo, amparados en el secreto de su oficio y en la falta de expertise de los supervisores políticos, y esa resistencia puede obedecer al deseo de perpetuar prácticas abusivas en nombre de la eficacia (Bruneau y Matei 2010). El propio caso brasileño, pese a su reforma modélica, mostró señales de que su agencia coordinadora reincidía en la lógica de policía política (Cepik 2007). Si un sistema reformado y centralizado ya enfrenta esa tentación, una agencia de contrainteligencia autónoma, con menos contrapesos y mayor opacidad, la multiplicaría.

El verdadero riesgo no es que la República Dominicana carezca de contrainteligencia, sino que construya un instrumento que termine protegiendo al gobierno de turno más que al Estado.

Recomendaciones: especializar dentro del sistema, no fuera de él

De lo anterior se desprende una vía intermedia que captura los beneficios de la especialización sin asumir los riesgos de la fragmentación y la concentración de poder. En primer lugar, la contrainteligencia debe alojarse como una dirección o subdirección especializada dentro de la DNI, con mandato, doctrina y personal propios, pero subordinada a la coordinación única del Sistema Nacional de Inteligencia. La especialización se logra por diseño funcional, no por separación institucional.

En segundo lugar, esa unidad debe concentrarse en tres prioridades verificables: el blindaje de las instituciones del Estado frente a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado; el contraespionaje frente a actores estatales con presencia creciente en el país; y la protección de la infraestructura crítica y de los secretos del Estado, incluida la dimensión cibernética. La seguridad del personal y la verificación de antecedentes, que el reglamento de la Ley 1-26 ya contempla, son piezas centrales de esa función.

En tercer lugar, y de manera no negociable, la capacidad de contrainteligencia debe quedar enmarcada en controles democráticos reales: supervisión judicial de las medidas intrusivas, control parlamentario efectivo, un inspector general con dientes, límites explícitos a la vigilancia doméstica y plazos razonables de reserva de la información. La eficacia y el control democrático no son objetivos en tensión, sino las dos caras de un servicio de inteligencia maduro (Bruneau y Boraz 2007). Un servicio sin control pierde legitimidad y, con ella, la cooperación ciudadana de la que depende su eficacia.

Mis pensamientos finales

La República Dominicana enfrenta amenazas que hacen de la contrainteligencia una necesidad estratégica, no un lujo. Pero la respuesta institucionalmente (y presupuestaria) correcta a esa necesidad no es un nuevo organismo con letrero propio, sino una capacidad de contrainteligencia seria, profesionalizada y bien acotada, alojada dentro de la arquitectura que la Ley 1-26 acaba de levantar. Opino que crear una agencia separada deshacería el esfuerzo de consolidación que inspiró la reforma, gravaría a un Estado de recursos limitados con una burocracia adicional y, sobre todo, concentraría en un cuerpo opaco el tipo de poder que la propia historia dominicana enseña a vigilar. Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia, y dentro de él la función de contrainteligencia, es la opción que mejor sirve a la vez a la seguridad nacional y a la democracia que esa seguridad debe proteger.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, Maestría en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR, Dipl. Negociación Diplomática por Harvard

Bibliografía

  • Bruneau, Thomas C., y Steven C. Boraz, eds. 2007. Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness. Austin: University of Texas Press.
  • Bruneau, Thomas C., y Florina Cristiana Matei. 2010. «Intelligence in the Developing Democracies: The Quest for Transparency and Effectiveness». En The Oxford Handbook of National Security Intelligence, editado por Loch K. Johnson, 757 a 773. Oxford: Oxford University Press.
  • Cepik, Marco. 2007. «Structural Change and Democratic Control of Intelligence in Brazil». En Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, editado por Thomas C. Bruneau y Steven C. Boraz. Austin: University of Texas Press.
  • Congreso Nacional de la República Dominicana. 2024. Ley núm. 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Gaceta Oficial. Santo Domingo.
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  • Ellis, R. Evan. 2022. «Chinese Engagement with the Dominican Republic: An Update». Análisis sobre relaciones China a América Latina. revanellis.com.
  • InSight Crime. 2024. «The Dominican Republic: The Caribbean’s Cocaine Hub». Investigación de InSight Crime.
  • Matei, Florina Cristiana, Carolyn Halladay y Andrés de Castro Estévez, eds. 2022. The Handbook of Latin American and Caribbean Intelligence Cultures. Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Redacción Acento. 2024. «Ejecutivo promulga la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia». Acento, 18 de enero.
  • The White House. 2024. «Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2025» (Presidential Determination núm. 2024-12). Federal Register, 24 de septiembre.
  • U.S. Department of State. 2025. International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Volume I: Drug and Chemical Control. Washington, D. C.: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
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When the Watchers Get Watched: The FBI Wiretap Breach

When the Watchers Get Watched: What the FBI Wiretap Breach Means for Everyone Else, FBI, CIA, DNI, C. Constantin Poindexter, counterintelligence, counterespionage, covert action

The compromise of the Federal Bureau of Investigation’s wiretap infrastructure by Chinese state-sponsored hackers represents not merely a cybersecurity failure but a fundamental counterintelligence catastrophe that demands immediate strategic reassessment. The Salt Typhoon intrusion, attributed to China’s Ministry of State Security (MSS), exploited the very systems mandated by the Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) to transform America’s lawful intercept capabilities into an open door for adversarial intelligence collection. While public discourse has focused on the compromise of political communications and the exposure of millions of Americans’ metadata, the counterintelligence community must confront a more insidious implication: by accessing the target lists and surveillance parameters within FBI wiretap systems, Chinese FIS likely have obtained a roadmap to their own compromised operatives, informants, and recruitment networks (NBC News 2025; Nextgov/FCW 2025).

The technical architecture of the breach reveals a systemic vulnerability that has persisted for years. Salt Typhoon operators infiltrated at least nine major U.S. telecommunications providers, including AT&T, Verizon, and Lumen, maintaining persistent access since approximately 2019 (Wikipedia 2025; Nextgov/FCW 2025). The exploitation vector was not sophisticated zero-day weaponry but rather the CALEA-mandated lawful intercept systems themselves—backdoors engineered into telecom infrastructure to facilitate court-authorized surveillance. As Senator Maria Cantwell noted in December 2025 Senate Commerce Committee hearings, “They exploited the wiretapping system that our law enforcement agencies rely on under CALEA. These systems became an open door for Chinese intelligence” (U.S. Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation 2025). The hackers leveraged outdated equipment, unpatched router vulnerabilities with patches available for seven years, and weak credential management to establish a persistent presence across carrier networks (U.S. Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation 2025).

The counterintelligence dimension of this compromise extends far beyond the immediate theft of communications data. When Salt Typhoon accessed FBI wiretap systems, they potentially obtained the target lists, identifying which individuals, phone numbers, and accounts were subject to active or pending surveillance authorizations. This intelligence bonanza enables Chinese services to identify which of their operatives, assets, and informants have been compromised by U.S. counterintelligence, which recruitment networks have been penetrated, and which communication channels have been compromised (UMBC 2025; The Conversation 2025). As one security analysis noted, “By compromising lawful intercept systems, Chinese intelligence operatives gained visibility into which of their agents and informants were under U.S. surveillance, knowledge that can help those targets try to evade such surveillance” (InstaTunnel 2025).

The implications for HUMINT operations are devastating. Every target list compromised represents potential exposure of recruited assets, informants who have provided critical intelligence, and the methods by which U.S. counterintelligence identifies foreign operatives. Chinese intelligence can now cross-reference these lists against their own personnel databases, identify personnel who may have been turned or are under suspicion, and take protective measures ranging from enhanced surveillance of suspected leaks to elimination of compromised assets. The damage is not merely retrospective. It is prospective. Future counterintelligence operations against Chinese targets will face heightened suspicion that their targets have been alerted to surveillance through this compromise.

The scope of the intelligence loss is staggering. FBI assessments indicate Salt Typhoon targeted over 80 countries and compromised approximately 600 organizations (Nextgov/FCW 2025; The Record 2025). While fewer than 100 individuals had actual call content and text messages directly intercepted, the metadata exposure and geolocation tracking affected millions (InstaTunnel 2025). High-profile targets included then-presidential candidate Donald Trump, Vice Presidential candidate JD Vance, and the staff of the Kamala Harris campaign, clearly demonstrating the group’s willingness to target the highest levels of American political leadership (Wikipedia 2025; Axios 2024). The interception of unencrypted text messages and audio recordings from these targets represents not merely political espionage but a demonstration of capability that sends a clear signal about Chinese reach into American communications infrastructure.

Senate Intelligence Committee leadership has characterized the breach in apocalyptic terms. Senator Mark Warner, Vice Chairman of the Senate Select Committee on Intelligence, called Salt Typhoon the “worst telecom hack in our nation’s history” (Lawfare 2025). Former FBI Director Christopher Wray described it as the “most significant cyber espionage campaign in history” (Lawfare 2025). These assessments reflect not merely the scale of the compromise but its strategic implications: the demonstrated ability of Chinese intelligence to penetrate the infrastructure underlying American signals intelligence and law enforcement surveillance capabilities.

The FBI’s formal designation of the wiretap compromise as a “major cyber incident” under federal data security law acknowledges the severity of the breach. Such designation applies only to compromises involving personally identifiable information that could cause “demonstrable harm” to national security interests, foreign relations, or civil liberties (NBC News 2025; HSToday 2025). The Bureau’s April 2025 offer of a $10 million reward for information leading to Salt Typhoon operator identification underscores the ongoing nature of the threat and the difficulty of attribution in state-sponsored operations (Breached.Company 2025).

From a counterintelligence perspective, the Salt Typhoon compromise demands a fundamental reassessment of how lawful intercept capabilities are architected and secured. The CALEA mandate created a centralized surveillance infrastructure that, while facilitating legitimate law enforcement needs, simultaneously created a high-value target for adversarial exploitation. The security of these systems was predicated on the assumption that telecommunications providers would implement “rudimentary cybersecurity measures”—an assumption that proved catastrophically unfounded (U.S. Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation 2025).

The ongoing remediation challenges compound the counterintelligence damage. As of December 2025, telecom companies infiltrated in the attack had failed to prove that Chinese hackers had been eradicated from their networks (U.S. Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation 2025). The November 2025 FCC decision to roll back cybersecurity regulations implemented after Salt Typhoon—championed by Chairman Brendan Carr—has drawn sharp criticism from security experts who note that vulnerabilities “are still being exploited” (U.S. Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation 2025). This regulatory environment suggests that the conditions enabling Salt Typhoon’s initial penetration persist, raising the specter of continued or renewed compromise.

For the counterintelligence practitioner, the lessons of Salt Typhoon are clear and troubling. First, the lawful intercept infrastructure designed to support counterintelligence operations has become a liability, potentially compromising the very operations it was meant to enable. Second, the persistence of Chinese access since 2019 suggests that counterintelligence targeting of Chinese operatives during this period may have been visible to adversary services. Third, the inability to confirm remediation means that current and future operations remain at risk of exposure through compromised infrastructure.

The Salt Typhoon breach represents a paradigm shift in counterintelligence operations. When the watchers’ own surveillance infrastructure becomes the vector for adversarial intelligence collection, traditional operational security models collapse. The counterintelligence community must now operate under the assumption that Chinese intelligence possesses visibility into historical FBI target lists and may possess ongoing access to surveillance parameters. This requires not merely technical remediation but operational adaptation: reassessment of ongoing investigations, validation of asset security, and development of surveillance methodologies that do not rely on compromised infrastructure.

The breach also carries implications for allied intelligence sharing. The FBI assessment that Salt Typhoon targeted over 80 countries suggests that the compromise extends beyond American networks to allied telecommunications infrastructure (Nextgov/FCW 2025; The Record 2025). Allied counterintelligence services must now assess whether their own lawful intercept capabilities have been similarly compromised and whether shared targeting information has been exposed to Chinese intelligence.

The Salt Typhoon compromise of FBI wiretap infrastructure represents a watershed moment in cyber-enabled counterintelligence. The transformation of lawful intercept systems from tools of surveillance to vectors of exposure demonstrates the fundamental vulnerability of centralized surveillance architectures in an era of persistent cyber threats. For the counterintelligence community, the challenge is not merely technical remediation but strategic adaptation: developing operational methodologies that assume adversarial FIS’s visibility into surveillance infrastructure while maintaining the capability to identify and neutralize foreign intelligence threats. Compromising Red Hook is only one of a myriad of penetrations, . . . the alarm is blinking red. The watchers have been watched, and the counterintelligence implications of that reversal should frighten everyone.

~ C. Constantin Poindexter, MA in Intelligence, Graduate Certificate in Counterintelligence, JD, CISA/NCISS OSINT certification, DoD/DoS BFFOC Certification

Bibliography

  • Axios. 2024. “China-backed Salt Typhoon spied on politicians phones for months: reports.” Axios, October 29. https://www.axios.com/2024/10/29/salt-typhoon-targets-politicians-phones.
  • Breached.Company. 2025. “FBI Wiretap Systems Compromised: Inside Salt Typhoon’s Infiltration of America’s Lawful Intercept Infrastructure.” Breached.Company, April. https://breached.company/fbi-wiretap-systems-compromised-salt-typhoon-lawful-intercept/.
  • HSToday. 2025. “FBI Labels China-Linked Hack of Surveillance System a ‘Major Cyber Incident.'” Homeland Security Today, April 1. https://www.hstoday.us/fbi/fbi-labels-china-linked-hack-of-surveillance-system-a-major-cyber-incident/.
  • InstaTunnel. 2025. “Salt Typhoon: When State-Sponsored Hackers Infiltrate Telecom Infrastructure.” Medium, January. https://medium.com/@instatunnel/salt-typhoon-when-state-sponsored-hackers-infiltrate-telecom-infrastructure-8d8aeb5ce19c.
  • Lawfare. 2025. “Reconfiguring U.S. Cyber Strategy in the Wake of Salt Typhoon.” Lawfare, January. https://www.lawfaremedia.org/article/reconfiguring-u.s.-cyber-strategy-in-the-wake-of-salt-typhoon.
  • NBC News. 2025. “FBI labels suspected China hack of law enforcement data ‘a major cyber incident.'” NBC News, April 1. https://www.nbcnews.com/news/us-news/fbi-labels-suspected-china-hack-law-enforcement-data-major-cyber-incid-rcna266495.
  • Nextgov/FCW. 2025. “Salt Typhoon hackers targeted over 80 countries, FBI says.” Nextgov/FCW, August 27. https://www.nextgov.com/cybersecurity/2025/08/salt-typhoon-hackers-targeted-over-80-countries-fbi-says/407719/.
  • The Conversation. 2025. “What is Salt Typhoon? A security expert explains the Chinese hackers and their attack on US telecommunications networks.” The Conversation, January. https://theconversation.com/what-is-salt-typhoon-a-security-expert-explains-the-chinese-hackers-and-their-attack-on-us-telecommunications-networks-244473.
  • The Record. 2025. “Allied spy agencies blame 3 Chinese tech companies for Salt Typhoon attacks.” The Record from Recorded Future News, January. https://therecord.media/allied-spy-agencies-blame-chinese-companies-salt-typhoon.
  • UMBC (University of Maryland, Baltimore County). 2025. “What Is Salt Typhoon? A Security Expert Explains The Chinese Hackers And Their Attack On US Telecommunications Networks.” UMBC News, January. https://umbc.edu/stories/what-is-salt-typhoon-a-security-expert-explains-the-chinese-hackers-and-their-attack-on-us-telecommunications-networks/.
  • U.S. Senate Committee on Commerce, Science, & Transportation. 2025. “Experts Agree U.S. Communications Networks Remain Vulnerable Following Salt Typhoon Hack.” Senate Commerce Committee Press Release, December 2. https://www.commerce.senate.gov/2025/12/experts-agree-u-s-communications-networks-remain-vulnerable-following-salt-typhoon-hack.
  • Wikipedia. 2025. “Salt Typhoon.” Wikipedia, last modified January. https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_Typhoon.
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América Latina: el mayor incremento de ciberataques en el mundo

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América Latina y el Caribe enfrentan una convergencia de factores que la convierten en la región con el crecimiento más acelerado de ciberataques a nivel global. Examino la evidencia cuantitativa disponible, analizo las causas estructurales del fenómeno y evalúo la brecha entre la velocidad de las amenazas y la madurez institucional de la región en materia de ciberseguridad. A partir de reportes de organismos multilaterales y empresas especializadas, yo argumento que el problema trasciende lo técnico para constituir un desafío de gobernanza, inversión pública y desarrollo.

I. El panorama cuantitativo: cifras que no admiten matices

En diciembre de 2025, las organizaciones latinoamericanas recibieron en promedio 3,065 ataques cibernéticos semanales por entidad, el mayor volumen y el mayor incremento interanual (+26%) registrado en cualquier región del mundo durante ese período (Check Point Research, 2026). Para contextualizar la magnitud de este dato: el promedio global fue de 2,027 ataques semanales, con un crecimiento del 9% año contra año. América Latina no solo superó este promedio en un 51%, sino que lo hizo acelerándose, cuando otras regiones crecían de forma más moderada.

Esta no es una anomalía puntual. En el segundo trimestre de 2024, el mismo proveedor registró para la región un incremento del 53% interanual , el más alto del mundo en ese período, alcanzando 2,667 ataques semanales por organización (Check Point Research, 2024). La tendencia es, por tanto, estructural.

El fenómeno del ransomware, el tipo de ataque que encripta datos y exige rescate económico, reviste particular gravedad. SonicWall documentó un incremento del 259% en ataques de ransomware contra organizaciones latinoamericanas durante 2024, frente a un alza del 8% en América del Norte (SonicWall, 2025). Paralelamente, la firma de inteligencia Intel 471 registró en 2025 más de 450 eventos de brecha relacionados con ransomware en la región — un alza del 78% respecto al año anterior — con el número de variantes activas pasando de 48 a 79 (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). Brasil concentró el 30% de las víctimas identificadas, México el 14% y Argentina el 13%.

Los datos de Kaspersky añaden otra capa de gravedad al panorama corporativo: entre octubre de 2023 y octubre de 2024, la firma bloqueó 268,3 millones de ataques de malware contra empresas latinoamericanas, incluyendo 560.000 incidentes de ransomware y más de 262 millones de intentos de phishing (Kaspersky, 2024). El phishing registra más de 721.000 bloqueos diarios en la región, reflejo de su simplicidad operativa y alta efectividad para el fraude bancario y el robo de información corporativa.

II. Las causas estructurales: por qué LATAM es tan vulnerable

Los datos cuantitativos describen el síntoma. La explicación del fenómeno exige analizar las condiciones estructurales que hacen de América Latina un entorno particularmente atractivo para los actores maliciosos. Estas causas operan en tres dimensiones simultáneas: la paradoja de la digitalización, la brecha de gobernanza institucional, y el déficit de capital humano especializado.

La pandemia de COVID-19 actuó como acelerador extraordinario de la transformación digital en una región que partía de niveles bajos de conectividad. La proliferación del acceso a banda ancha, la expansión del comercio electrónico y la digitalización de servicios gubernamentales expandieron dramáticamente la superficie de ataque disponible para los cibercriminales. El problema, documentado por el informe de ciberseguridad 2025 del BID/OEA, es que esta digitalización ha superado el desarrollo de medidas efectivas de ciberseguridad, dejando las iniciativas y políticas en etapas tempranas (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). América Latina y el Caribe tienen algunas de las tasas más altas del mundo en uso de smartphones, redes sociales y comercio electrónico, pero las estrategias de ciberseguridad no han crecido en proporción.

La brecha de gobernanza institucional es igualmente reveladora. En 2020, solo 12 estados latinoamericanos contaban con una estrategia nacional de ciberseguridad (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). El reporte de Digi Americas Alliance y Duke University (2024) encontró que apenas 7 de los 32 países de la región tienen planes operativos para proteger su infraestructura crítica de ciberataques, y solo 20 cuentan con Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRTs) (Digi Americas Alliance / Duke University, 2024). Sin regulación efectiva, sin mecanismos de reporte obligatorio y sin coordinación entre sectores público y privado, las organizaciones operan sin estándares mínimos y los incidentes quedan sistemáticamente subnotificados.

El déficit de capital humano completa el cuadro. El BID/OEA identifica como una de las brechas más persistentes la escasez de profesionales calificados en ciberseguridad y la inconsistencia en la asignación presupuestaria (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). Según Aon (2025), el puntaje de preparación cibernética de las empresas latinoamericanas fue de 2.59 sobre 4 en 2024 — entre “básica” y “gestionada” — ligeramente por debajo del promedio global de 2.71. Las áreas más rezagadas son la gestión de riesgos de terceros, la seguridad de aplicaciones y la resiliencia operativa. Esta combinación de instituciones débiles, fuerza laboral insuficiente e inversión fragmentada crea un entorno donde los atacantes encuentran resistencia mínima.

III. Actores, vectores y la economía del crimen digital

La comprensión del problema requiere también caracterizar quiénes atacan y cómo lo hacen. Intel 471 documenta para 2025 una diversificación notable del ecosistema de amenazas en la región: grupos de ransomware como Qilin, Akira, SafePay y The Gentlemen operan bajo el modelo de Ransomware-as-a-Service (RaaS), que reduce la barrera técnica de entrada al poner infraestructura criminal al alcance de actores de menor capacidad técnica a cambio de un porcentaje de los rescates (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). Este modelo democratizó el crimen cibernético, convirtiendo lo que antes requería sofisticación técnica en un negocio con costo de entrada desde 40 dólares (Mordor Intelligence, 2025).

SonicWall reporta que en el 61% de los casos, los atacantes explotan nuevas vulnerabilidades dentro de las 48 horas de su divulgación pública, mientras que las organizaciones tardan en promedio entre 120 y 150 días en aplicar un parche (SonicWall, 2025). Esta brecha de más de cuatro meses es, en esencia, una ventana de vulnerabilidad garantizada. El costo promedio de un ataque de ransomware alcanzó los $850,700 en pagos durante 2024, con pérdidas totales que frecuentemente superan los $4,91 millones al incluir tiempo de inactividad y recuperación.

La actividad no se limita a grupos externos. Intel 471 documentó en 2025 al menos 119 ataques hacktivistas en 15 países de la región, y más de 200 “initial access brokers”, actores que comprometen redes y venden el acceso a terceros, operando activamente en LATAM (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). Positive Technologies (2025) añade que el 26% de los anuncios en foros clandestinos de la región involucra la venta de credenciales de acceso a infraestructura corporativa comprometida, sugiriendo una economía del compromiso altamente activa y organizada.

IV. Señales de progreso y la paradoja del optimismo

Sería inexacto presentar el panorama como exclusivamente sombrío. El reporte del BID/OEA de 2025, el más exhaustivo realizado hasta la fecha, cubriendo 30 países con el Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations (CMM), documenta mejoras en las cinco dimensiones evaluadas desde 2020, y señala que la brecha de madurez entre países se ha reducido (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025). Existen casos notables de avance regulatorio: Chile promulgó en marzo de 2024 la Ley de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica, creando una Agencia Nacional de Ciberseguridad y un Consejo Multisectorial; Brasil y Colombia han avanzado en marcos de protección de datos y en la creación de capacidades de respuesta a incidentes (Aon, 2025).

Sin embargo, el BID/OEA advierte que la mejora en los indicadores de madurez no equivale a reducción del riesgo, dada la velocidad con que evoluciona el entorno de amenazas. Áreas críticas como la calidad del software, la protección de infraestructura crítica, el mercado de seguros cibernéticos y la inversión en investigación e innovación siguen subdesarrolladas. El patrón regional dominante, documentado por el World Economic Forum (2024), es reactivo: los países fortalecen sus defensas después de sufrir ataques devastadores, no antes. El ataque del grupo Conti al Ministerio de Hacienda de Costa Rica en 2022, que forzó una declaración de emergencia nacional, es el caso emblemático de esta lógica.

V. Implicaciones y perspectivas: un problema de desarrollo, no solo de tecnología

La ciberseguridad en América Latina es, en última instancia, un problema de desarrollo. La misma digitalización que permite a la región conectarse al comercio global, ampliar el acceso a servicios financieros y mejorar la entrega de servicios públicos, también expone a sus ciudadanos, empresas e instituciones a actores que operan sin las restricciones institucionales que existen en mercados más maduros. Las oportunidades de la digitalización y los riesgos del cibercrimen son las dos caras de la misma moneda.

Las recomendaciones que emergen de la literatura son consistentes: inversión sostenida en capital humano especializado, marcos regulatorios con reporte obligatorio de incidentes, sistemas centralizados de coordinación de respuesta, alianzas público-privadas con mecanismos de intercambio de inteligencia, e integración de la ciberseguridad como prioridad explícita en las agendas de desarrollo nacional (BID/OEA/GCSCC-Oxford, 2025; Digi Americas Alliance/Duke University, 2024; WEF, 2024). No se trata de soluciones técnicas, sino de decisiones políticas sobre qué tipo de infraestructura digital se quiere construir y a qué costo social se está dispuesto a operar sin ella.

La advertencia de Intel 471 es la más contundente para cerrar este análisis: en ausencia de mejoras significativas en cumplimiento regulatorio, cooperación público-privada e intercambio regional de información, América Latina tiene altas probabilidades de consolidarse no solo como objetivo prioritario del crimen cibernético, sino también como plataforma de exportación de este crimen hacia el resto del mundo (Intel 471 / Industrial Cyber, 2026). La pregunta no es si la región puede permitirse invertir en ciberseguridad. Es si puede permitirse no hacerlo.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación U.S. DoD/DoS BFFOC, Dipl. Diplomacia Global, Dipl. Derechos Humanos por USIDHR

Bibliografía

  • Aon. (2025). Cyber Risk is a Corporate Risk — Latin America Responds: 2025 Cyber Risk Report. Aon Global. https://www.aon.com/cyber-risk-report/cyber-risk-is-a-corporate-risk-latin-america-responds
  • Check Point Research. (2024, julio 16). Check Point Research reports highest increase of global cyber attacks seen in last two years — a 30% increase in Q2 2024. Check Point Blog. https://blog.checkpoint.com/research/check-point-research-reports-highest-increase-of-global-cyber-attacks-seen-in-last-two-years-a-30-increase-in-q2-2024-global-cyber-attacks/
  • Check Point Research. (2026, enero 13). Latin America sees sharpest rise in cyber attacks in December 2025 as ransomware activity accelerates. Check Point Blog. https://blog.checkpoint.com/research/latin-america-sees-sharpest-rise-in-cyber-attacks-in-december-2025-as-ransomware-activity-accelerates/
  • Digi Americas Alliance & Duke University. (2024, abril 26). Cyber Readiness in Latin American Public Sectors: Lessons from the Frontline. Center for Cybersecurity Policy and Law. https://www.centerforcybersecuritypolicy.org/insights-and-research/new-report-highlights-need-for-investment-to-reduce-systemic-risks-of-ransomware-in-latin-america
  • Intel 471. (2026, febrero). Latin America threat landscape 2025: Ransomware, hacktivism, fraud and state-linked operations. Recuperado vía Industrial Cyber. https://industrialcyber.co/reports/latin-america-sees-sharp-rise-in-ransomware-hacktivist-attacks-in-2025-amid-expanding-fraud-and-phishing-threats/
  • Inter-American Development Bank (IDB), Organization of American States (OAS), & Global Cyber Security Capacity Centre (GCSCC) — University of Oxford. (2025). 2025 Cybersecurity Report: Vulnerability and Maturity Challenges to Bridging the Gaps in Latin America and the Caribbean. IDB Publications. https://doi.org/10.18235/0013872
  • Kaspersky. (2024, diciembre). Corporate Threat Landscape Latin America 2024. Kaspersky / Securelist. https://securelist.com/state-of-ransomware-in-2025/116475/
  • Mordor Intelligence. (2025). Latin America Cybersecurity Market Size & Share Report. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/latin-america-cyber-security-market
  • Positive Technologies. (2025, mayo). Cybersecurity Threatscape for Latin America and the Caribbean: 2023–2024. https://global.ptsecurity.com/en/research/analytics/cybersecurity-threatscape-for-latin-america-and-the-caribbean-2023-2024/
  • SonicWall. (2025, febrero 25). 2025 SonicWall Annual Cyber Threat Report: The Need for Speed. https://www.sonicwall.com/resources/white-papers/2025-sonicwall-cyber-threat-report
  • World Economic Forum. (2024, mayo). What Latin America can teach us on resilient cybersecurity. WEF Centre for Cybersecurity. https://www.weforum.org/stories/2024/05/latin-america-cybersecurity-report-ransomware-attacks/
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Espionaje en Bávaro: El caso Novikov – contrainteligencia, desinformación y la anatomía de una operación de influencia

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La detención en Bávaro del ciudadano ruso Dmitrii Novikov constituye uno de los expedientes más reveladores de la historia de la inteligencia (y contrainteligencia) de nuestra Quisqueya. Apto para estudiar la convergencia entre operaciones de influencia, crimen transnacional y técnicas contemporáneas de encubrimiento financiero, su envergadura no podemos pasar por alto. Según la información pública difundida por autoridades dominicanas y replicada por medios de referencia, Novikov habría dirigido desde territorio dominicano una red de “ciberinfluencia” vinculada al Proyecto Lakhta, también denominado “La Compañía”, orientada a la creación y difusión de contenido digital con fines de desinformación política y manipulación en redes sociales, con efectos proyectados tanto sobre la República Dominicana como sobre otros países de la región, entre ellos Argentina (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). Para el profesional de contrainteligencia, la importancia del caso no reside únicamente en la imputación, sino en los indicadores de método: cobertura social verosímil, externalización operacional mediante colaboradores locales, y un esquema de financiación y pagos diseñado para opacar origen y trazabilidad, todo ello enmarcado en una tradición rusa de guerra informativa ampliamente documentada por fuentes judiciales y regulatorias estadounidenses y sus semejantes europeos.

Los hechos son nítidos. El Ministerio Público, actuando junto con la Unidad Especializada del Crimen Organizado, detuvo a Novikov durante un operativo en una villa del residencial Palmas del Sol II, Bávaro, donde residía con familiares (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). Se le acusó de haber operado con la intención explícita de evitar que se percibiera el origen del contenido promovido, ocultando su nacionalidad rusa y utilizando colaboradores locales, bajo la apariencia de un deportista de artes marciales mixtas, mientras recibía fondos y dirección de asociados al Proyecto Lakhta (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). En términos de ‘tradecraft’, la “leyenda” personal (el relato de identidad que permite acceso, normaliza contactos y reduce sospecha) aparece aquí como instrumento de penetración social y, por extensión, de influencia. No se trata de un detalle anecdótico. La cobertura deportiva opera como camuflaje cultural, facilita redes sociales orgánicas y diluye la percepción de intencionalidad política hasta hoy en día igual como para los fines de Novikov sirvió.

La dimensión financiera del caso merece atención especial. Las autoridades afirman haber comprobado que Novikov manejaba operaciones económicas y transacciones internacionales mediante billeteras electrónicas con criptomonedas, usando plataformas como Binance y activos como Bitcoin y Ethereum (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). La Fiscalía considera que estos mecanismos habrían sido empleados para mover fondos internacionales encubriendo el origen de los recursos y facilitando actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento transnacional (EFE, 2025; Listín Diario, 2025). Para la contrainteligencia es instructivo. Ilustra una realidad operativa, el ecosistema cripto no es en sí “invisible”, pero sí ofrece fricción adicional para la atribución y la congelación rápida de flujos, especialmente cuando se combina con identidades prestadas, intermediarios y jurisdicciones con distinta y bien variada velocidad de cooperación. En operaciones de influencia, el dinero no es accesorio. Es el sistema circulatorio que paga infraestructura, compra amplificación, remunera operadores, y sostiene persistencia.

El expediente añade un componente que, de confirmarse, ampliaría su gravedad estratégica. Durante el operativo se incautaron evidencias que comprometerían al imputado con la venta y distribución de armas de fuego (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). Esta intersección entre desinformación y armas sugiere un patrón conocido por los profesionales del ámbito castrense investigativo y de inteligencia nacional. Cuando convergen propaganda, financiación opaca y armamento, el fenómeno trasciende la “influencia blanda” y se aproxima a un ecosistema habilitador de coerción, intimidación y/o criminalidad organizada. En términos analíticos, el riesgo ya no es sólo cognitivo (degradación de confianza pública, polarización, distorsión deliberativa) sino también material, por la capacidad de introducir violencia o amenaza en el teatro social.

Para comprender el rótulo “Lakhta” y su peso, conviene situarlo en el marco histórico documentado por instancias judiciales y regulatorias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió el Proyecto Lakhta como un esfuerzo paraguas, financiado por Yevgeniy Prigozhin, que incluía componentes orientados a audiencias extranjeras y que administraba presupuestos multimillonarios para actividades de influencia, incluyendo compras de anuncios, registros de dominios, uso de servidores proxy y “promoción” de publicaciones en redes sociales. El objetivo estratégico fue de sembrar discordia y socavar la fe en instituciones democráticas (U.S. Department of Justice, 2018). El propio gobierno estadounidense, en documentación oficial, asoció la operación con “information warfare” (guerra informática) y con esfuerzos para simular activismo local mediante identidades ficticias y técnicas de ocultación de origen (U.S. Department of Justice, 2018). Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos caracterizó el Proyecto Lakhta como una campaña de desinformación financiada por Prigozhin dirigida a audiencias en Estados Unidos, Europa, Ucrania e incluso Rusia, destacando su uso de “personas” ficticias y su financiación de “troll farms” (U.S. Department of the Treasury, 2022). Complementariamente, el propio registro público de sanciones de OFAC identifica a la Internet Research Agency LLC (la “fábrica de trolls”) con alias explícitos que incluyen “LAKHTA INTERNET RESEARCH”, reforzando la continuidad nominal y organizacional del constructo Lakhta en la arquitectura de influencia rusa (U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, 2026).

La República Dominicana, por su posición geográfica, sociedad libre y abierta, su centralidad turística, su conectividad logística y su apertura de ecosistemas digitales, constituye un espacio atractivo para operaciones de influencia que busquen “plausible deniability” y a la vez proyección regional. Las autoridades dominicanas sostienen que las operaciones atribuidas a Novikov apuntaban a incidir en la opinión pública, con impactos directos en el país y en otros entornos regionales (Listín Diario, 2025). En paralelo, fuentes periodísticas reseñaron que en Argentina se detectó una estructura denominada “La Compañía”, supuestamente vinculada al gobierno ruso y al Proyecto Lakhta, cuyo objetivo sería conformar redes locales leales a intereses rusos para campañas de desinformación, con operadores dedicados a recibir financiamiento y tejer vínculos con colaboradores (Listín Diario, 2025). Reportajes contemporáneos sobre Argentina describieron hallazgos de redes asociadas a campañas de desinformación para promover intereses de Moscú (The Record, 2025; Buenos Aires Times, 2025). Este encadenamiento (nodos nacionales que replican un mismo manual) es típico de operaciones de influencia sostenidas. Se construyen “células” de baja visibilidad, se tercerizan tareas, y se mantiene dirección estratégica a distancia.

Desde la perspectiva profesional, el caso Novikov ofrece lecciones operativas concretas para el diseño de defensa. Primero, la atribución moderna depende menos de “una prueba reina” y más de una constelación de indicadores: patrón de contenido, sincronización de amplificación, infraestructura digital, y rutas de financiación. Cuando el Ministerio Público afirma que Novikov recibía dirección y fondos de asociados a Lakhta, está apuntando a la hipótesis de mando y control, es decir, a una cadena de coordinación, no a mera actividad individual (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). Segundo, la cobertura social, en este caso la apariencia de atleta, no debe subestimarse. Es un mecanismo de acceso y normalización, capaz de producir capital social y reclutar facilitadores locales sin que éstos perciban la finalidad estratégica (Listín Diario, 2025). Tercero, el uso de criptoactivos en plataformas globales exige capacidades técnicas y jurídicas específicas como la analítica de blockchain, cooperación con ‘exchanges’, preservación de evidencia digital y coordinación internacional, porque la velocidad del flujo financiero suele superar la velocidad administrativa del Estado (EFE, 2025; Listín Diario, 2025).

Cuarto, la operación descrita confirma un principio que en contrainteligencia conviene reiterar. La desinformación no es simple “mentira” sino una disciplina de ingeniería social, orientada a modificar percepciones, elevar costos de gobernabilidad y erosionar la confianza y legitimidad institucional. El propio marco estadounidense sobre Lakhta enfatiza objetivos estratégicos de discordia y debilitamiento de confianza pública mediante identidades falsas y manipulación del debate (U.S. Department of Justice, 2018). En consecuencia, las respuestas estatales deben integrar no sólo persecución penal, sino resiliencia cognitiva, i.e., alfabetización mediática, transparencia proactiva, y mecanismos de advertencia temprana que permitan a la ciudadanía reconocer narrativas “fabricadas” sin necesidad de censura. La censura también es parte de un complot nefasto. Es el terreno que estas operaciones buscan. Cuanto más se perciba represión informativa, mayor será la rentabilidad propagandística del atacante.

El caso Novikov puede leerse como un capítulo dominicano de un guión ya observado en otras latitudes. Fue una operación de influencia con sello ruso, asociada nominalmente al Proyecto Lakhta, que combinaba ingeniería social, encubrimiento de origen, financiación opaca y utilización de facilitadores locales para maximizar alcance y minimizar atribución (Listín Diario, 2025; EFE, 2025; U.S. Department of the Treasury, 2022). La presencia de indicios de tráfico de armas simultáneamente sugiere una peligrosísima convergencia entre desinformación y criminalidad material, una simbiosis que multiplica el daño potencial y exige respuesta integral del Estado (Listín Diario, 2025; EFE, 2025). Para la contrainteligencia, la conclusión es sobria. La República Dominicana no está “al margen” del tablero. Por su propia conectividad en integración con un mundo MUCHO más allá de la Altagracia, nuestro país es un objetivo y bien uno bien atractivo. La defensa exige capacidades de investigación financiera moderna, cooperación internacional, y una comprensión clara de que la guerra informativa es una operación clandestina de largo aliento y alcance cuyo campo de batalla es la confianza.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación CISA/NCISS OSINT, certificación DoD/DoS BFFOC

Bibliografía

  • Buenos Aires Times. (2025, 19 de junio). Argentina’s spies expose alleged Russian disinformation group.
  • EFE. (2025, 19 de septiembre). La Fiscalía dominicana detiene a un hombre ruso vinculado a un proyecto de desinformación.
  • Listín Diario. (2025, 19 de septiembre). Ministerio Público arresta a joven ruso que habría dirigido campañas de desinformación desde RD.
  • Listín Diario. (2025, 19 de septiembre). EEUU y Argentina: Otros países que han detectado presencia de rusos pertenecientes a “Lakhta”.
  • The Record. (2025, 19 de junio). Argentina uncovers suspected Russian spy ring behind disinformation campaigns.
  • U.S. Department of Justice. (2018, 19 de octubre). Russian National Charged with Interfering in U.S. Political System.
  • U.S. Department of the Treasury. (2022, 29 de julio). Treasury Targets the Kremlin’s Continued Malign Political Influence Operations in the U.S. and Globally.
  • U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2026, 23 de enero). Sanctions List Search entry: Internet Research Agency LLC (incluye alias “LAKHTA INTERNET RESEARCH”).
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SIGNAL: Una plataforma segura para profesionales de inteligencia, contrainteligencia, y lo será aún más en la era cuántica

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Signal bien merece su reputación en comunidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación por una razón práctica. A mí me encanta, y a usted también le debería gustar. La herramienta fue diseñada partiendo de supuestos adversariales que se alinean con el targeting real de activos en el terreno. Esos supuestos incluyen recolección a nivel estatal, interceptación encubierta y muchas veces ilegal, compromiso del endpoint, robo de credenciales y retención masiva de datos por largo tiempo para explotación futura. Signal no es mensajería convencional a la que luego se le “añadió” seguridad. Es un conjunto integrado de protocolos para acuerdo de claves, evolución de claves por mensaje y recuperación tras compromiso, sustentado en especificaciones abiertas y un endurecimiento criptográfico continuo.

Desde la perspectiva de un profesional de inteligencia, Signal es convincente porque está diseñado para mantenerse resiliente incluso bajo fallas parciales. Si un atacante “gana una batalla” capturando una clave, clonando un dispositivo por un rato o grabando tráfico durante años, Signal busca evitar que esa victoria puntual se convierta en acceso estratégico y duradero. Ese modelo de contención del daño encaja con prioridades de contrainteligencia: limitar el radio de impacto, reducir el tiempo de permanencia del adversario y forzarle esfuerzos repetidos que aumentan la probabilidad de detección.

El Double Ratchet y las claves por mensaje que limitan el daño

En el centro de la confidencialidad de mensajes en Signal está el algoritmo Double Ratchet, diseñado por Trevor Perrin y Moxie Marlinspike (Perrin and Marlinspike, 2025). En términos operacionales, el Double Ratchet importa porque entrega propiedades que se alinean con la realidad del tradecraft.

La “forward secrecy” (secreto hacia adelante) asegura que comprometer una clave actual no revele el contenido de mensajes anteriores. Los adversarios, de manera rutinaria, recolectan ciphertext en volumen y luego buscan un punto único de apalancamiento para descifrar más adelante mediante incautación de dispositivos, acceso interno, malware o procesos legales. La forward secrecy frustra esa estrategia al garantizar que el tráfico capturado anteriormente no se convierta en una “cosecha” de inteligencia en el futuro si una clave se expone después (Perrin y Marlinspike, 2025).

La “post-compromise security” (recuperación tras intrusión) aborda un escenario que los practicantes de inteligencia planifican: el compromiso temporal de un dispositivo. Inspecciones fronterizas, robo oportunista, acceso coercitivo o un implante de corta duración pueden ocurrir. El Double Ratchet incluye actualizaciones periódicas de Diffie-Hellman que inyectan entropía fresca, mientras su ratchet simétrico deriva nuevas claves de mensaje de manera continua. Una vez termina la ventana de compromiso, las claves de mensajes posteriores se vuelven criptográficamente inalcanzables para el atacante, siempre que ya no mantenga persistencia en el endpoint (Perrin and Marlinspike, 2025). Esto no es mercadeo exagerado: es una evolución disciplinada de claves que priva a servicios de inteligencia adversarios y a espías corporativos del uso indefinido de material de claves robado.

Aquí la lógica de respuesta a incidentes cambia: un compromiso breve no implica automáticamente exposición permanente de todo el historial y el futuro. En cambio, el atacante debe sostener persistencia para conservar visibilidad. Eso eleva la carga operativa y aumenta el riesgo de detección.

X3DH y PQXDH: el giro contra “cosecha ahora, descifra después”

Históricamente, Signal utilizó X3DH (Extended Triple Diffie-Hellman) para el establecimiento asíncrono de sesiones, algo vital en entornos móviles donde los destinatarios suelen estar offline. X3DH emplea claves de identidad de largo plazo y prekeys firmadas para autenticación, preservando a la vez forward secrecy y propiedades de negabilidad (Marlinspike and Perrin, 2016).

El panorama de riesgo estratégico cambió con la plausibilidad de computación cuántica criptográficamente relevante. La amenaza no es solo el descifrado futuro en tiempo real; es el modelo “harvest now/decrypt later”: intercepción masiva hoy con la expectativa de que avances futuros, incluida la capacidad cuántica, permitan abrir tráfico almacenado. Signal respondió introduciendo PQXDH (“Post Quantum Extended Diffie Hellman”), reemplazando el setup de sesión por una construcción híbrida que combina Diffie-Hellman clásico de curva elíptica (X25519) y un mecanismo post-cuántico de encapsulación de claves derivado de CRYSTALS-Kyber (Signal, 2024a). La implicación operacional es directa: el adversario tendría que romper tanto el componente clásico como el componente postcuántico para reconstruir el secreto compartido (Signal, 2024a).

Este establecimiento híbrido refleja ingeniería conservadora, muy típica de entornos de alta amenaza: migrar temprano, evitar cortes bruscos y no depender de un único primitivo nuevo. Esto también importa porque el componente post-cuántico corresponde a lo que NIST estandarizó como ML-KEM, derivado de CRYSTALS-Kyber, en FIPS 203 (NIST, 2024a; NIST, 2024b). La estandarización del NIST no garantiza invulnerabilidad, pero sí aumenta la confianza en que el primitivo ha sido escrutado y está siendo adoptado como línea base para entornos de alta seguridad.

Signal, además, hace una aclaración crucial en sus materiales sobre PQXDH: PQXDH aporta forward secrecy post-cuántica, mientras que la autenticación mutua en la revisión actual permanece anclada en supuestos clásicos (Signal, 2024b). Para los practicantes, esa precisión es valiosa porque define exactamente qué es post-cuántico hoy y qué no.

SPQR y el ratcheting poscuántico para operaciones de larga duración

El establecimiento de sesión es solo una parte del problema del ciclo de vida. Un recolector capaz puede grabar tráfico por periodos prolongados. Si la capacidad cuántica aparece más adelante, la pregunta es si la evolución continua de claves sigue siendo segura contra descifrado futuro. La introducción por parte de Signal del Sparse Post Quantum Ratchet (SPQR) atiende esa continuidad al añadir resiliencia postcuántica al mecanismo de ratcheting en sí (Signal, 2025).

SPQR extiende el protocolo para que no solo el handshake inicial, sino también las actualizaciones posteriores de claves, incorporen propiedades resistentes a cuántica, preservando forward secrecy y post-compromise security (Signal, 2025). Para profesionales de inteligencia esto es determinante, porque las relaciones operacionales suelen ser de largo aliento: activos y handlers, fuentes de investigación y coordinación entre equipos pueden durar meses o años. Un protocolo que solo endurece el handshake ayuda, pero uno que endurece el rekeying continuo encaja mejor con el modelo adversarial real de recolección persistente.

Trabajo académico ha analizado la evolución de X3DH a PQXDH dentro del movimiento de Signal hacia seguridad post-cuántica y enmarca PQXDH como mitigación del riesgo “cosecha ahora, descifra después” a escala (Katsumata et al., 2025). Ese enfoque cuadra con la gestión de riesgos en inteligencia: la confidencialidad se evalúa frente a adversarios pacientes, bien financiados y con horizonte estratégico.

Análisis formal, especificaciones abiertas y por qué esto importa operativamente

El practicante debe ser escéptico ante afirmaciones de seguridad que no soporten revisión externa. La suite de protocolos de Signal se beneficia de especificaciones públicas y escrutinio criptográfico sostenido. Un análisis formal ampliamente citado modela las propiedades de seguridad centrales del protocolo y examina en detalle su diseño basado en ratchets (Cohn Gordon et al., 2017). Ningún protocolo está “probado” contra cada modo de falla del mundo real. Sin embargo, métodos formales y análisis revisados por pares reducen la probabilidad de que debilidades estructurales permanezcan ocultas. Operacionalmente, esto se traduce en confiabilidad: cuando usted depende de una herramienta para trabajo sensible, evalúa si las afirmaciones son verificables, si los modos de falla están documentados y si las mejoras pueden validarse.

Metadatos, “Sealed Sender” y el rol del tradecraft

La confidencialidad del contenido es solo una parte de la seguridad en inteligencia. Los metadatos pueden ser decisivos: quién habla con quién, cuándo y con qué frecuencia puede producir inferencias dañinas. Sealed Sender de Signal fue diseñado para reducir la información del remitente visible al servicio durante la entrega del mensaje (Wired Staff, 2018). Investigación académica examina Sealed Sender y propone mejoras, además de discutir metadatos a nivel de red como la exposición de direcciones IP y las implicaciones para herramientas de anonimato (Martiny et al., 2021). Otro trabajo discute riesgos de análisis de tráfico que pueden persistir en entornos de grupos incluso cuando la identidad del remitente se oculta parcialmente (Brigham and Hopper, 2023).

La conclusión para el operador es clara: Signal mejora de manera material la seguridad del contenido y reduce ciertas exposiciones de metadatos. No elimina la necesidad de medidas de seguridad operacional. Dependiendo del perfil de misión, esas medidas pueden incluir endpoints endurecidos, manejo estricto de dispositivos, minimización de exposición de identificadores y protecciones de red consistentes con la ley y la política aplicables.

Por qué la trayectoria de SIGNAL es creíble en la transición cuántica

El enfoque de Signal hacia la transición cuántica refleja una postura de ingeniería creíble: migrar lo suficientemente temprano para amortiguar el riesgo “cosecha ahora, descifra después”; adoptar diseños híbridos para reducir la dependencia de un sólo supuesto; y extender garantías postcuánticas más allá del handshake hacia la evolución continua de claves (Signal, 2024a; Signal, 2025). La alineación con la dirección estandarizada por NIST para el establecimiento de claves también apoya la mantenibilidad a largo plazo y la interoperabilidad del ecosistema (NIST, 2024a; NIST, 2025). Desde la perspectiva de un practicante de inteligencia, el argumento central no es que Signal sea irrompible. El punto es que Signal está diseñado para limitar el daño, recuperarse tras un compromiso y anticipar amenazas estratégicas de descifrado. Está construido para un entorno hostil que se mueve hacia una realidad postcuántica.

Y lo digo sin rodeos ni disparates, Meta no hace nada de esto. FB Messenger y WhatsApp dejan huecos graves en la ciberseguridad porque el enfoque de Meta es la monetización del mecanismo de mensajería, no comunicaciones verdaderamente “a prueba” de adversarios. Úselos bajo su propio riesgo.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación CISA/NCISS OSINT, certificación DoD/DoS BFFOC

Bibliografía

  • Brigham, Eric, and Nicholas Hopper. 2023. “Poster: No Safety in Numbers: Traffic Analysis of Sealed Sender Groups in Signal.” arXiv preprint.
  • Cohn Gordon, Katriel, Cas Cremers, Benjamin Dowling, Luke Garratt, and Douglas Stebila. 2017. “A Formal Security Analysis of the Signal Messaging Protocol.” Proceedings of the IEEE European Symposium on Security and Privacy.
  • Katsumata, Shota, et al. 2025. “X3DH, PQXDH to Fully Post Quantum with Deniable Ring.” Proceedings of the USENIX Security Symposium.
  • Marlinspike, Moxie, and Trevor Perrin. 2016. “The X3DH Key Agreement Protocol.” Signal Protocol Specification.
  • National Institute of Standards and Technology. 2024a. “NIST Releases First 3 Finalized Post Quantum Encryption Standards.” NIST News Release.
  • National Institute of Standards and Technology. 2024b. FIPS 203. “Module Lattice Based Key Encapsulation Mechanism Standard, ML KEM.” U.S. Department of Commerce.
  • National Institute of Standards and Technology. 2025. “Post Quantum Cryptography Standardization.” NIST Computer Security Resource Center.
  • Perrin, Trevor, and Moxie Marlinspike. 2025. “The Double Ratchet Algorithm.” Signal Protocol Specification.
  • Signal. 2024a. “Quantum Resistance and the Signal Protocol.” Signal Blog.
  • Signal. 2024b. “The PQXDH Key Agreement Protocol.” Signal Protocol Specification.
  • Signal. 2025. “Signal Protocol and Post Quantum Ratchets, SPQR.” Signal Blog.
  • Wired Staff. 2018. “Signal Has a Clever New Way to Shield Your Identity.” Wired Magazine.
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Crimen violento en la República Dominicana 2024 a 2025: evidencia de descenso, límites de medición e implicaciones de política pública

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La pregunta de si el crimen violento ha disminuido en la República Dominicana durante los últimos dos años requiere precisión metodológica. En el debate público se usa con frecuencia el término crimen violento como si fuese un único indicador, pero en la práctica se trata de un conjunto de conductas que incluyen homicidio, robo con violencia, agresiones sexuales y otros eventos que se registran con calidades estadísticas distintas. Por ello, el análisis académico suele partir de la tasa de homicidios como variable guía, no porque agote la violencia, sino porque tiende a ser más comparable entre periodos y menos sensible a variaciones de denuncia que otros delitos. Bajo ese enfoque, la evidencia disponible sugiere un descenso reciente en los homicidios, con matices importantes sobre la distribución territorial, la atribución causal y las tensiones institucionales asociadas a la seguridad ciudadana.

Los reportes oficiales dominicanos describen una trayectoria descendente en la tasa de homicidios desde 2023 hacia 2024 y 2025, con cifras que se presentan como acumuladas y también como cortes mensuales. La Policía Nacional, al comunicar resultados de 2025, reporta para julio una tasa en torno a 8.22 por cada 100,000 habitantes y la describe como la más baja de los últimos tres años, comparándola con niveles más altos en 2024 y 2023 (Policía Nacional, 2025a). En esa misma línea, otra comunicación oficial de julio de 2025 reporta una tasa acumulada de 8.29 por cada 100,000 habitantes, reforzando la idea de descenso sostenido durante el año (Policía Nacional, 2025b). Aunque estas publicaciones son piezas comunicacionales, su consistencia interna y su repetición en distintos cortes temporales permite tratarlas como un indicador direccional relevante cuando se usan con cautela.

En paralelo, el Ministerio de Interior y Policía ha difundido reportes de la Fuerza de Tarea Conjunta que complementan el panorama. Al 20 de diciembre de 2024, el ministerio reportó una tasa acumulada de homicidios de 9.59 por cada 100,000 habitantes y describió un comportamiento a la baja en los últimos meses del año (Ministerio de Interior y Policía, 2024). Ya en 2025, la misma cartera informó en mayo una tasa nacional de homicidios de 7.9 por cada 100,000 habitantes, en el contexto de reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana (Ministerio de Interior y Policía, 2025). Aun reconociendo que tasas acumuladas pueden moverse con el calendario y con la forma de corte, la convergencia de mensajes oficiales sostiene la tesis de una reducción en homicidios en el periodo reciente.

Además de las fuentes nacionales, un referente regional ampliamente citado en análisis de violencia es InSight Crime. El Gobierno dominicano difundió un resumen señalando que el balance anual de InSight Crime registra una caída de 16.4 por ciento en la tasa de homicidios en 2024 frente a 2023, describiendo además el descenso como consecutivo por varios años (Presidencia de la República Dominicana, 2025). Más importante todavía, el propio texto de InSight Crime, reproducido en un documento público alojado en un expediente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirma explícitamente que la República Dominicana registró una caída de 16.4 por ciento en su tasa de homicidios en 2024 comparado con 2023 (InSight Crime, 2025). Esta doble vía, divulgación gubernamental y documento que incorpora el reporte, fortalece la robustez de la afirmación sobre la dirección del cambio, aunque no sustituye el acceso directo a series completas y microdatos.

Ahora bien, sostener que la violencia bajó no equivale a afirmar que el problema esté resuelto ni que todos los componentes del crimen violento se comporten igual. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos, en su aviso emitido el 12 de junio de 2025, enfatiza que el crimen violento es una preocupación en todo el país e incluye robo, homicidio y agresión sexual, aun cuando reconoce mayor presencia policial en zonas turísticas (U.S. Department of State, 2025). Este tipo de advertencia no pretende medir tendencias con precisión estadística, pero sí señala que, desde la óptica de gestión de riesgo, la disminución de un indicador no elimina la exposición práctica, especialmente en entornos urbanos y en dinámicas oportunistas asociadas al turismo y a la economía informal.

Para un enfoque académico, también es indispensable atender a las limitaciones de medición. Organismos internacionales han insistido en que las estadísticas de homicidio pueden provenir de sistemas de justicia o de salud pública y que las diferencias de fuente, definición y cobertura afectan comparabilidad (UNODC, 2023). En delitos como robo y agresión sexual, los sesgos por subregistro tienden a ser mayores porque dependen del incentivo a denunciar, la confianza en las instituciones y la accesibilidad del sistema. En consecuencia, aunque la tasa de homicidio es un buen termómetro, no es una radiografía completa del crimen violento. Una lectura metodológicamente prudente, por tanto, es afirmar que hay evidencia de descenso en homicidios y que ello es consistente con una mejora parcial en violencia letal, manteniendo abierta la pregunta sobre otros delitos violentos y sobre la percepción ciudadana.

Un segundo matiz relevante es el de la causalidad. Las autoridades dominicanas vinculan las mejoras a estrategias coordinadas, prevención y operativos interinstitucionales, usualmente bajo el paraguas del Plan de Seguridad Ciudadana y la Fuerza de Tarea Conjunta (Ministerio de Interior y Policía, 2024). Sin embargo, inferir causalidad estricta requiere diseños analíticos más rigurosos, como series de tiempo con controles, análisis territorial con contrafactuales o evaluación de intervención. InSight Crime, por ejemplo, subraya factores estructurales y dinámicas criminales en la región, y en su apartado sobre República Dominicana señala que el tráfico de drogas no parecería ser el principal motor de homicidios en 2024 y que la violencia estaría asociada en gran medida a conflictos interpersonales, mientras apunta al papel de armas de fuego en los asesinatos (InSight Crime, 2025). Esto sugiere que la política pública debe combinar capacidad operativa con intervención social y control de armas, no solo intensificación policial.

Un tercer matiz, cada vez más visible en el debate regional, es la tensión entre reducción del delito y estándares de uso legítimo de la fuerza. Un reporte de Associated Press en septiembre de 2025 recoge preocupaciones de activistas sobre un aumento de muertes en intervenciones policiales y sobre la transparencia y el debido proceso en esos casos, señalando cifras reportadas por una comisión de derechos humanos (Associated Press, 2025). Este punto importa porque, aun si la tasa de homicidio general disminuye, un deterioro en controles institucionales puede generar costos reputacionales, riesgos legales y desconfianza pública que, a mediano plazo, afectan la sostenibilidad de cualquier mejora. En términos de gobernanza de seguridad, la reducción de violencia debe alinearse con legitimidad, rendición de cuentas y auditoría independiente.

En síntesis, la respuesta a la pregunta inicial es afirmativa con precisión: la evidencia disponible respalda que la violencia letal medida por tasa de homicidios ha disminuido en el periodo 2024 a 2025 frente a 2023, según reportes oficiales dominicanos y el balance regional citado de InSight Crime (Policía Nacional, 2025a; Ministerio de Interior y Policía, 2024; InSight Crime, 2025). A la vez, fuentes orientadas a gestión de riesgo continúan describiendo la criminalidad violenta como una preocupación práctica y recomiendan precauciones (U.S. Department of State, 2025). Un marco académico y útil para política pública es, por tanto, reconocer el descenso reciente, delimitar su alcance, y orientar la agenda hacia medición transparente, reducción de violencia no letal, control de armas, y fortalecimiento de controles sobre el uso de la fuerza.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación CISA/NCISS en OSINT

Bibliografía

  • Associated Press. 2025. “Dominican activists decry extrajudicial killings after police fatally shoot 5 suspects.” Associated Press, 11 de septiembre de 2025.
  • InSight Crime. 2025. “InSight Crime’s 2024 Homicide Round Up.” Documento reproducido en expediente público de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fechado 26 de febrero de 2025.
  • Ministerio de Interior y Policía. 2024. “Fuerza de Tarea Conjunta presenta informe con resultados positivos en reducción de homicidios.” Comunicado institucional, 31 de diciembre de 2024.
  • Ministerio de Interior y Policía. 2025. “Tasa de homicidios se mantiene en 7.9.” Comunicado institucional, 19 de mayo de 2025.
  • Policía Nacional. 2025a. “Tasa de homicidios en julio 2025 se sitúa en 8.22 por cada 100,000 habitantes.” Publicación institucional, 24 de julio de 2025.
  • Policía Nacional. 2025b. “Tasa de homicidios continúa en descenso, alcanza 8.29 al 25 de julio de 2025.” Publicación institucional, 31 de julio de 2025.
  • Presidencia de la República Dominicana. 2025. “Estudio anual de InSight Crime destaca caída de un 16.4 por ciento en tasa de homicidios de RD en 2024.” Noticia institucional, 28 de febrero de 2025.
  • U.S. Department of State. 2025. “Dominican Republic Travel Advisory.” Aviso de viaje, emitido el 12 de junio de 2025.
  • United Nations Office on Drugs and Crime. 2023. Global Study on Homicide 2023. Viena: UNODC.
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El poder del OSINT: atribución e identificación de Oleg Smolenkov

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La identificación pública de Oleg Smolenkov ilustra una realidad contemporánea de la contrainteligencia: un activo reubicado y sensible puede quedar desenmascarado sin que un servicio hostil penetre sistemas clasificados, sin una penetración HUMINT de nuestros servicios y sin una sola filtración proveniente de una rama administrativa. El mecanismo decisivo es la convergencia de fuentes abiertas, es decir, la fusión disciplinada de huellas administrativas, reportajes archivados e indicios conductuales en una atribución coherente. En este caso, una sala de redacción investigativa no gubernamental y colectores OSINT paralelos no comenzaron con un nombre. Comenzaron con un hecho reportado públicamente, una ventana temporal acotada y un perfil de acceso implícito. Explotaron mecanismos de transparencia previsibles tanto en Rusia como en Estados Unidos. El resultado fue una vinculación de alta confianza entre la descripción anonimizada de una fuente reubicada y un individuo específico, respaldada por corroboración interdominio. (Bellingcat 2019; Reuters 2019a)

Un profesional de contrainteligencia que evalúe este episodio debe resistir la tentación de tratarlo como un escándalo excepcional impulsado por personalidades o por la política. Conviene entenderlo mejor como un conducto analítico repetible. Los pasos son familiares: activación por indicios, generación de candidatos, prueba de plausibilidad, enlace con registros, validación por reacción y refuerzo de firmas. Cada etapa se apoya en datos que, aislados, parecen triviales. El compromiso surge de la agregación.

El proceso comienza con la activación por indicios. A comienzos de septiembre de 2019, importantes medios estadounidenses describieron una extracción clandestina ocurrida en 2017 que involucró a una fuente de alto nivel del gobierno ruso que había aportado información inusualmente sensible sobre el Kremlin y la toma de decisiones de política rusa a nivel estratégico. El reportaje enmarcó la extracción como protectora y urgente, realizada ante temores de que la seguridad de la fuente estuviera en riesgo. Incluso anonimizada, esa clase de detalles es operativamente útil para un investigador decidido porque reduce el espacio de búsqueda. El investigador obtiene alcance institucional, cronología y un relato de riesgo, que en términos de contrainteligencia funcionan como criterios de selección. La pregunta relevante pasa a ser: ¿qué funcionario ruso con acceso plausible desaparece de la vista pública en el periodo pertinente, en circunstancias coherentes con una reubicación súbita? (Time 2019; RFE/RL 2019b)

Una vez existe el indicio activador, la generación de candidatos se vuelve viable. Investigadores OSINT consultaron archivos de medios en lengua rusa, páginas en caché y reportes secundarios para encontrar historias de “desaparición” en la ventana de mediados de 2017 que involucraran a personal gubernamental. El caso se benefició de reportes rusos preexistentes. Varios medios describieron posteriormente que las autoridades rusas habían abierto en 2017 una investigación penal por el presunto asesinato de un funcionario desaparecido durante un viaje a Montenegro, y que la investigación fue abandonada después de que las autoridades concluyeran que la persona estaba viva en el extranjero. The Guardian informó que el medio digital Daily Storm había descrito esa secuencia, incluida la pesquisa por homicidio y la conclusión posterior de que el funcionario había abandonado Rusia. (The Guardian 2019a; RFE/RL 2019c) Reuters, a su vez, reportó que Kommersant identificó como posible individuo a Oleg Smolenkov, describiendo su desaparición en Montenegro en junio de 2017 junto con su esposa e hijos, así como la evolución de la postura investigativa rusa desde la hipótesis de asesinato hasta la evaluación de que vivía en el extranjero. (Reuters 2019a)

El colector OSINT ya dispone de un nombre candidato y de una narrativa de hechos que encaja con la restricción temporal. Un profesional de contrainteligencia observará aquí la debilidad estructural que queda expuesta. Si una extracción o reubicación coincide con una ausencia conspicua en el mundo real, y si esa ausencia activa un proceso de las fuerzas del orden de un Estado adversario, entonces ese proceso puede generar artefactos descubribles, incluido interés periodístico, filtraciones investigativas y reportajes retrospectivos. Incluso si el proceso extranjero es opaco, el patrón de hechos suele ser lo suficientemente noticiable como para quedar registrado “en algún lugar” y luego ser redescubierto cuando un evento activador dirige la atención hacia él.

A continuación se pasa a la prueba de plausibilidad. Un candidato debe ajustarse al acceso y a la ubicación funcional implicados por la narrativa original de extracción. Por ello, los colectores reconstruyen una trayectoria profesional mediante fuentes abiertas. Reuters informó que el Kremlin confirmó que una persona llamada Smolenkov había trabajado en la administración presidencial rusa y había sido despedida, si bien negó que tuviera un acceso significativo al presidente Vladímir Putin. (Reuters 2019a; Reuters 2019b) Se acepte o no la minimización del Kremlin, el reconocimiento de la relación laboral es, por sí mismo, confirmatorio a efectos de atribución. Valida que el candidato nombrado no es ficticio y ubica al activo dentro del universo institucional pertinente.

Una síntesis adicional de fuentes abiertas vinculó a Smolenkov con estructuras superiores de política exterior, en particular mediante reportes de que había trabajado en la embajada rusa en Washington en un periodo asociado con el diplomático de alto nivel Yuri Ushakov y que posteriormente desempeñó funciones vinculadas con la administración presidencial. Russia Matters resumió un reporte de Kommersant que describía a Smolenkov como asistente de larga data de Ushakov, que es precisamente el tipo de proximidad de personal que puede producir exposición indirecta a deliberaciones de alto nivel sin prominencia pública. (Russia Matters 2019) Desde la perspectiva de la contrainteligencia, esa distinción importa. Una fuente no necesita ser un decisor de rango ministerial para ser estratégicamente valiosa. En muchos sistemas, el personal de apoyo, los asistentes y los administradores constituyen el tejido conectivo que accede a documentos, agendas y flujos de briefing. Los colectores OSINT aciertan al tratar esa capa de personal como un vector plausible de acceso.

Sin embargo, la plausibilidad por sí sola todavía no establece que el candidato sea la persona reubicada en Estados Unidos. El enlace decisivo surgió de registros administrativos estadounidenses, en particular de documentación de titularidad inmobiliaria. Bellingcat informó que registros abiertos mostraban a “Oleg y Antonina Smolenkov” comprando una vivienda en el norte de Virginia en junio de 2018, y conectó esa compra con la hipótesis de que la familia había sido reasentada bajo protección tras abandonar Rusia. (Bellingcat 2019) Reportajes de RFE/RL igualmente abordaron registros públicos que indicaban la propiedad de una casa en el condado de Stafford, Virginia, por Oleg y Antonina Smolenkov, y describieron cambios posteriores compatibles con intentos de reducir la visibilidad, incluida la transferencia de titularidad a un fideicomiso. (RFE/RL 2019a; RFE/RL 2019b)

Para un profesional de contrainteligencia, esta fase contiene la lección operativa central. El sistema estadounidense de registro de propiedades está diseñado para ser durable, consultable y transparente. Una fuente humana reubicada que vive bajo su nombre real, o bajo un nombre que pueda enlazarse por la cadena de escrituras, se vuelve localizable. Incluso cuando se emplea un fideicomiso, la compra inicial puede preservar la identidad en un registro perdurable, y las transferencias posteriores pueden seguirse. El fideicomiso puede dificultar la detección casual, pero no derrota de forma fiable a un investigador que ya dispone de un punto de partida y está dispuesto a seguir la cadena entre bases de datos. Incluso para un observador no entrenado, la transferencia reciente de un apellido ruso a un fideicomiso opaco registrado públicamente resulta un indicador obvio.

El componente registral es importante; no obstante, el enlace no se limitó a los registros de propiedad considerados en aislamiento. Los investigadores añadieron correlación temporal. La compra se produjo aproximadamente un año después de la ventana de desaparición de 2017, un plazo plausible para la reubicación, los debriefings y la logística de reasentamiento. La localización geográfica, cerca de Washington, coincide con necesidades prácticas de manejo continuado, enlace con organismos gubernamentales y apoyo de seguridad. RFE/RL situó la residencia en un vecindario con personal gubernamental estadounidense actual y retirado, lo cual no sería un entorno implausible para una persona reubicada bajo protección, pero también incrementa el riesgo de atención porque los residentes detectan patrones inusuales. (RFE/RL 2019a)

La confianza en la atribución aumenta mediante corroboración en ambos lados. Reuters informó que medios estatales rusos y otros medios rusos visitaron o hicieron referencia a la dirección de Virginia asociada con Smolenkov, y que los comentarios oficiales rusos se centraron en negar su nivel de acceso más que en negar su identidad. (Reuters 2019b) The Guardian reportó que los medios rusos identificaron rápidamente a Smolenkov como figura probable después de que circulara la historia inicial de la extracción, y que reportajes rusos anteriores ya habían tratado su desaparición como sospechosa. (The Guardian 2019b) En términos analíticos de contrainteligencia, esto equivale a validación por reacción. Cuando un gobierno implicado reconoce empleo, discute jerarquía y estructura narrativas en torno al acceso, acepta implícitamente el ancla de identidad, aunque dispute la caracterización operativa.

Otra capa de refuerzo es la observación de firmas, es decir, la detección de conductas consistentes con un postureo protector. Bellingcat describió que periodistas observaron indicios de presencia de seguridad al aproximarse a la residencia y señaló que la familia probablemente se marchó tras la difusión de la historia. (Bellingcat 2019) RFE/RL informó que vecinos afirmaron que la familia vinculada a la propiedad identificada se fue abruptamente poco después de la publicidad, y que nadie respondió cuando un reportero de RFE visitó la vivienda. (RFE/RL 2019a; RFE/RL 2019b) Desde la óptica profesional, estas firmas son algo ambiguas, pero tienen valor direccional. No prueban afiliación a inteligencia; sin embargo, añaden coherencia al relato más amplio cuando se combinan con enlaces administrativos verificados.

La identificación de Smolenkov puede describirse como una cadena de atribución en fuentes abiertas con elementos que se refuerzan mutuamente. Comienza con una descripción anonimizada de un activo extraído, que aporta un marco temporal y un perfil de acceso. Luego aprovecha una narrativa preexistente de desaparición en el ecosistema mediático ruso que encaja con esa ventana. Valida la plausibilidad institucional mediante el reconocimiento oficial de empleo y mediante la reconstrucción en fuentes abiertas de la proximidad del candidato, a nivel de personal, a estructuras superiores de política. Después salva la brecha entre Rusia y Estados Unidos localizando los mismos nombres en registros de propiedad, apoyado por correlación temporal y plausibilidad geográfica. Por último, la reacción del adversario y las firmas observables de postura protectora tras la publicidad añaden estabilidad a lo anterior. Cada elemento, por separado, podría minimizarse; pero, en su conjunto, en atención a la totalidad de las circunstancias, proporcionan una atribución de alta probabilidad que resulta operativamente suficiente para una identificación pública muy fiable. (Bellingcat 2019; Reuters 2019a; RFE/RL 2019b)

Las implicaciones para la contrainteligencia son claras. Una extracción protectora no pone fin a un dilema operativo. Inicia una nueva fase en la que la amenaza no es únicamente la vigilancia hostil, sino también la explotación por fuentes abiertas. Los regímenes de transparencia crean superficies de exposición previsibles. Los registros de escrituras y de los condados, las oficinas tributarias, los expedientes judiciales, las agencias de licencias y los registros mercantiles no son fuentes de inteligencia en sentido clásico, pero sí constituyen una fuente extremadamente consultable de datos estructurados y, en términos generales, razonablemente fiables. Medidas de C.I. aplicadas después del reasentamiento (por ejemplo, transferir la propiedad a un fideicomiso) reducen el hallazgo oportunista a posteriori, pero fracasan frente a un colector OSINT que ya posee un punto de partida. Además, la activación por indicios puede explotarse con enorme eficacia. Los relatos públicos sobre cronología y sensibilidad pueden proporcionar suficiente estructura para que un colector encuentre anomalías preexistentes y las conecte con registros domésticos.

El reasentamiento de Smolenkov demuestra que la doctrina de protección de fuentes debe ampliarse más allá de las preocupaciones clandestinas tradicionales. Debe incorporar la gestión de la huella administrativa, la compartimentación de nombre e identidad y una apreciación realista de la velocidad con la que los registros digitales pueden correlacionarse entre jurisdicciones, en tiempo real y a distancia. Este caso no puede verse como una brecha aislada. En realidad, es una advertencia sobre las capacidades basales del OSINT. Y, como comentario final de un antiguo profesional de C.I., no ponga propiedades escrituradas a apellidos rusos en fideicomisos que se presentan públicamente.

~ C. Constantin Poindexter, MA en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, JD, certificación CISA/NCISS en OSINT

Bibliografía

  • Bellingcat. 2019. “Murdered in Montenegro, or Living in Suburban Virginia? Unraveling the 2017 American Spy Story.” 10 de septiembre de 2019.
  • Radio Free Europe/Radio Liberty. 2019a. “Virginia Residents Question Whether Their Neighbor Was a Russian Informant.” 10 de septiembre de 2019.
  • Radio Free Europe/Radio Liberty. 2019b. “Russia Seeking Interpol’s Help on Location of Alleged CIA Informant.” 12 de septiembre de 2019.
  • Radio Free Europe/Radio Liberty. 2019c. “Paper Reports ‘Details’ of Alleged CIA Informer’s Disappearance in Montenegro.” 12 de septiembre de 2019.
  • Reuters. 2019a. “Kremlin Says Alleged U.S. Spy Did Not Have Access to Putin.” 10 de septiembre de 2019.
  • Reuters. 2019b. “Russia Blasts Idea a CIA Mole Lifted Lid on Its U.S. Meddling.” 11 de septiembre de 2019.
  • Russia Matters. 2019. “Russia in Review, Sept. 6 to 13, 2019.” Septiembre de 2019.
  • The Guardian. 2019a. “Russia Investigated Disappearance of Suspected US Spy as Possible Murder.” 10 de septiembre de 2019.
  • The Guardian. 2019b. “Oleg Smolenkov: Alleged US Spy Who Gave Russia the Slip.” 14 de septiembre de 2019.
  • Time. 2019. “The U.S. Reportedly Extracted a High Level Spy From Russia in 2017 Amid Concerns of Mishandled Intelligence.” 10 de septiembre de 2019.
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Nueva frontera para la inteligencia humana en la era de la I.A.

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El informe The Digital Case Officer: Reimagining Espionage with Artificial Intelligence representa una de las más ambiciosas reflexiones contemporáneas sobre la convergencia entre la inteligencia humana (HUMINT) y la inteligencia artificial (IA). Publicado por el Special Competitive Studies Project en 2025, el documento postula que la comunidad de inteligencia estadounidense se encuentra ante un cambio de paradigma comparable a la irrupción de Internet en la década de 1990. Su tesis central sostiene que la IA, particularmente los modelos generativos, multimodales y agénticos, puede revolucionar el ciclo de reclutamiento, desarrollo y manejo de fuentes humanas, inaugurando una forma de “cuarta generación del espionaje” donde los humanos y las máquinas actúan como un solo equipo operativo (Special Competitive Studies Project 2025, 4–6).

La lectura del informe revela un profundo entendimiento de los desafíos que el entorno digital impone a la práctica de la inteligencia. El texto acierta al reconocer que el valor esencial de la HUMINT no radica en la recopilación de datos observables, tarea donde los sistemas técnicos ya superan al ser humano, sino en la obtención del intento de los actores, es decir, la comprensión de las motivaciones, percepciones y decisiones que solo una fuente humana puede revelar (Special Competitive Studies Project 2025, 13–14). Esta distinción ontológica entre acción e intención preserva la relevancia del agente humano en la era algorítmica. Asimismo, el informe identifica con precisión el fenómeno de la vigilancia técnica ubicua, una realidad que amenaza con borrar el anonimato sobre el que se erigió el espionaje tradicional. Con ello, los autores contextualizan la urgencia de adaptar la profesión a un entorno donde toda huella digital puede delatar la identidad de un oficial de inteligencia.

Aciertos conceptuales: la integración estratégica de IA y HUMINT

Uno de los mayores méritos del documento reside en su capacidad para imaginar escenarios de uso concreto de la IA en las operaciones HUMINT. A través de la narrativa del sistema ficticio MARA, el informe ilustra cómo un agente digital podría analizar grandes volúmenes de datos abiertos y clasificados para identificar candidatos a reclutamiento, entablar contacto inicial mediante personalidades sintéticas y mantener diálogos persuasivos con cientos de potenciales fuentes en paralelo (Special Competitive Studies Project 2025, 8–9). Este ejercicio de prospectiva tecnológica cumple un doble propósito: por un lado, dimensiona la magnitud de la revolución que implicará la IA generativa; por otro, proporciona a los planificadores institucionales una guía pragmática sobre las capacidades y riesgos operativos que deben anticipar.

El texto también acierta al subrayar el principio de Meaningful Human Control (MHC), tomado de los debates éticos sobre armas autónomas, como fundamento normativo para el uso responsable de IA en inteligencia (Special Competitive Studies Project 2025, 24–25). Según este principio, toda decisión que conlleve riesgo humano, como el reclutamiento, la tarea operativa o el manejo de una fuente, debe estar sujeta a supervisión y responsabilidad de un oficial. De este modo, el informe equilibra el entusiasmo tecnológico con una defensa clara de la agencia moral humana.

Asimismo, la obra es sobresaliente al analizar el panorama competitivo internacional. En su Appendix A, el SCSP detalla cómo potencias como China y Rusia ya experimentan con IA generativa para optimizar sus operaciones de influencia, reclutamiento y contrainteligencia (Special Competitive Studies Project 2025, 34–35). El diagnóstico geoestratégico es convincente: los adversarios estadounidenses han comprendido que la IA no solo amplía la capacidad de vigilancia, sino que redefine la estructura misma de la competencia entre servicios de inteligencia. En consecuencia, la pasividad tecnológica equivaldría a la obsolescencia.

Por último, el informe acierta al considerar la dimensión psicológica del espionaje digital. Reconoce que, pese al poder de la automatización, la confianza, la empatía y la gestión emocional siguen siendo atributos exclusivamente humanos. El caso del activo que necesita una relación personal con su oficial para sostener el compromiso con una misión peligrosa, y que podría sentirse traicionado al descubrir que interactuaba con una máquina, demuestra una sensibilidad ética rara vez presente en documentos técnicos de inteligencia (Special Competitive Studies Project 2025, 17–18).

Debilidades conceptuales y metodológicas

A pesar de su sofisticación analítica, el informe presenta varias limitaciones que deben señalarse con rigor académico. Cuatro de ellas son especialmente relevantes: una sobre el alcance ontológico de la IA agéntica, otra sobre la ética instrumental de la manipulación emocional, una tercera sobre la fiabilidad epistemológica de la IA como agente operativo y una cuarta sobre la falta de análisis político de la gobernanza interinstitucional.

Ambigüedad conceptual del oficial digital

El documento define al Digital Case Officer como un sistema agéntico capaz de planificar y ejecutar tareas de reclutamiento con mínima intervención humana. Sin embargo, no ofrece una definición operativa precisa de agencia en el contexto de inteligencia. La noción de autonomía se confunde con la de automatización avanzada: un algoritmo que ejecuta secuencias de diálogo o identifica patrones de vulnerabilidad no es, en sentido filosófico, un agente moral ni un decisor autónomo. Autores como Floridi (2023) y Gunkel (2024) advierten que atribuir agencia a sistemas algorítmicos puede generar ilusiones de responsabilidad desplazada, donde los errores técnicos se interpretan como decisiones de una entidad inexistente. El informe incurre parcialmente en este antropomorfismo tecnológico, lo que debilita su fundamento teórico sobre el control humano y la responsabilidad ética. Una reformulación debería distinguir entre autonomía funcional, entendida como capacidad de operar sin supervisión inmediata, y autonomía decisional, reservando esta última exclusivamente al ser humano.

La ética de la manipulación emocional

El informe justifica el uso de affective computing y modelos conversacionales capaces de detectar y responder a emociones humanas para fortalecer la empatía simulada del oficial digital (Special Competitive Studies Project 2025, 15–16). Si bien reconoce los riesgos de manipulación, sugiere que el problema puede mitigarse mediante líneas rojas éticas y adecuada supervisión. No obstante, esta solución resulta insuficiente. La psicología moral y la ética de la persuasión, desde Kant hasta Habermas, sostienen que simular afecto con fines instrumentales constituye una forma de engaño que instrumentaliza la dignidad humana. Aun si se respetara el principio de MHC, la creación de vínculos emocionales falsos mediante algoritmos erosiona la confianza, fundamento mismo de la relación entre oficial y fuente. Una ética del espionaje digital debería incorporar explícitamente límites deontológicos que prohíban la simulación afectiva con fines coercitivos o de manipulación psicológica profunda.

Fiabilidad epistemológica y sesgos de la IA

Otro problema subestimado es la fiabilidad epistemológica de los modelos generativos como herramientas de reclutamiento. El informe reconoce la existencia de cajas negras algorítmicas que dificultan explicar por qué la IA selecciona un objetivo determinado (Special Competitive Studies Project 2025, 23–24), pero no desarrolla las implicaciones operativas de esa opacidad. En inteligencia, la trazabilidad y la validación de fuentes son pilares del proceso analítico. Si el sistema no puede justificar por qué considera reclutable a un individuo, por ejemplo, si interpreta erróneamente un gesto irónico en redes sociales como disidencia, el riesgo de falsos positivos es inmenso. Además, los modelos de lenguaje están entrenados sobre datos que reflejan sesgos culturales, raciales o ideológicos. En el contexto HUMINT, tales sesgos podrían conducir a la persecución selectiva de grupos o individuos inocentes. El informe debió profundizar en los mecanismos de auditoría algorítmica y control de sesgos que garanticen una epistemología verificable de la IA operativa.

Vacíos de gobernanza interinstitucional

La cuarta debilidad reside en la insuficiente problematización política del marco de gobernanza. Aunque el informe propone medidas de supervisión, auditorías, responsables humanos designados e informes al Congreso, no examina las tensiones burocráticas y jurisdiccionales que históricamente han obstaculizado la cooperación entre agencias como la CIA, el FBI y la NSA. La sugerencia de ofrecer “HUMINT as a Service” para otras agencias es innovadora, pero no se analiza cómo se resolverían los conflictos de autoridad, control de datos o responsabilidad legal ante errores operativos (Special Competitive Studies Project 2025, 29–30). Tampoco se contempla el papel de aliados extranjeros en la compartición de tecnologías sensibles. En un contexto de creciente desconfianza transatlántica y vigilancia cibernética, estas omisiones son significativas. Cualquier marco de inteligencia artificial aplicado a HUMINT debe incorporar un análisis institucional robusto sobre cómo preservar la rendición de cuentas dentro de una comunidad caracterizada por la compartimentación y el secreto.

El impacto psicológico en los agentes humanos

Una debilidad adicional, apenas insinuada, es la falta de atención al impacto psicológico de la hibridación humano máquina sobre los propios oficiales de caso. El informe alude brevemente al peso psicológico del espionaje en un entorno de transparencia total (Special Competitive Studies Project 2025, 17–18), pero no analiza cómo la dependencia operativa de algoritmos puede afectar la identidad profesional, la moral o el juicio ético del oficial. Estudios recientes en neuroergonomía y psicología del trabajo demuestran que la sobreautomatización reduce la confianza en el propio criterio y fomenta una delegación pasiva de la responsabilidad moral (Cummings 2024; Krupnikov 2025). En un oficio donde el discernimiento moral y la intuición interpersonal son esenciales, tal degradación cognitiva tendría consecuencias graves. La gobernanza de la IA en inteligencia debería contemplar programas de resiliencia psicológica y entrenamiento ético para preservar la autonomía moral de los oficiales.

Implicaciones estratégicas y éticas

Más allá de sus debilidades, el informe plantea preguntas fundamentales sobre la ontología del espionaje en el siglo XXI. Si la IA puede simular empatía, gestionar identidades virtuales y ejecutar tareas de persuasión, ¿sigue siendo la HUMINT una relación humana? El documento responde afirmativamente, defendiendo la noción del equipo humano máquina. Sin embargo, el riesgo de deshumanización es real: cuanto más eficaz sea la IA en emular la confianza, más fácil será reemplazar al humano en las etapas iniciales de contacto. Este dilema ético recuerda las advertencias de Shulman (2023), quien argumenta que la automatización de la interacción moral puede generar alienación operacional, un estado en el que los agentes ya no perciben las consecuencias humanas de sus acciones.

Desde una perspectiva estratégica, el modelo propuesto por el SCSP redefine la escala y el ritmo de las operaciones HUMINT. Un solo oficial, asistido por una red de IA, podría interactuar con cientos de objetivos en paralelo, multiplicando exponencialmente el alcance del espionaje. Pero esta misma escalabilidad erosiona los controles tradicionales basados en la supervisión directa. En un entorno donde la velocidad de interacción supera la capacidad humana de revisión, el riesgo de abusos o errores sistémicos aumenta. La historia de la inteligencia demuestra que los fallos no provienen solo de malas intenciones, sino de la combinación de exceso de confianza tecnológica y déficit de deliberación moral.

Hacia una epistemología prudente de la inteligencia artificial

La integración de IA en la práctica del espionaje exige una nueva epistemología prudente, basada en tres principios rectores: transparencia algorítmica, responsabilidad humana y proporcionalidad moral.

En primer lugar, la transparencia implica desarrollar sistemas explicables cuya lógica decisional pueda auditarse en tiempo real. Sin explicabilidad, la confianza institucional se convierte en fe ciega. En segundo lugar, la responsabilidad humana debe ser indivisible. El principio de MHC no debe reducirse a un trámite de aprobación, sino concebirse como una forma de coautoría moral entre humano y máquina, donde el primero mantiene dominio sobre el propósito y el significado de la acción. En tercer lugar, la proporcionalidad exige evaluar el costo moral de cada innovación: la capacidad de hacer más no justifica automáticamente hacerlo todo.

Adoptar estos principios requerirá reformas legales y culturales. A nivel normativo, el Congreso y el Poder Ejecutivo deberían actualizar la Orden Ejecutiva 12333 para definir explícitamente la naturaleza jurídica de los sistemas autónomos de inteligencia y su relación con los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. A nivel institucional, las academias de inteligencia deberían incorporar formación en ética de IA y filosofía de la tecnología, equipando a los futuros oficiales con herramientas críticas para resistir la automatización acrítica del juicio moral.

Finalmente, el debate sobre el Digital Case Officer invita a reconsiderar la esencia misma del espionaje. Si el futuro de la inteligencia es híbrido, su éxito no dependerá solo de la potencia computacional, sino de la capacidad de mantener el núcleo humanista del oficio. Como advirtió Richard Moore, director del MI6, “la relación que permite que una persona confíe genuinamente en otra sigue siendo obstinadamente humana” (Moore 2023). Esta afirmación resume la paradoja que el informe del SCSP plantea sin resolver plenamente: la tecnología puede ampliar la inteligencia, pero solo el ser humano puede darle propósito moral.

~ C. Constantin Poindexter, M.A. en Inteligencia, Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, J.D., certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación DoD/DoS BFFOC

Referencias

Cummings, Mary L. 2024. “Automation and the Erosion of Human Judgment in Defense Systems.” Journal of Military Ethics 23 (2): 101–120.

Floridi, Luciano. 2023. The Ethics of Artificial Agents. Oxford: Oxford University Press.

Gunkel, David. 2024. The Machine Question Revisited: AI and Moral Agency. Cambridge, MA: MIT Press.

Krupnikov, Andrei. 2025. “Psychological Implications of Human Machine Teaming in Intelligence Work.” Intelligence and National Security 40 (3): 215–233.

Moore, Richard. 2023. “Speech by Sir Richard Moore, Head of SIS.” London: UK Government.

Shulman, Peter. 2023. “Operational Alienation in Autonomous Warfare.” Ethics & International Affairs 37 (4): 442–460.

Special Competitive Studies Project. 2025. The Digital Case Officer: Reimagining Espionage with Artificial Intelligence. Washington, D.C.: SCSP Press.

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La vigilancia del ingreso de extranjeros como eje estratégico de prevención pandémica en la República Dominicana

La Amenaza Pandemica y la República Dominicana, inteligencia, vigilancia, C. Constantin Poindexter, J2, DNI

La llegada de personas extranjeras, ya sean turistas, trabajadores temporales, migrantes o demás, constituye uno de los vectores críticos mediante los cuales nuevas enfermedades infecciosas pueden introducirse en el territorio nacional. Dado que la República Dominicana es un país de alta exposición internacional por su sector turístico, sus conexiones aéreas y marítimas, y su proximidad geográfica con Haití, los riesgos asociados a pandemias demandan que la inteligencia nacional y los mecanismos de vigilancia fronteriza se fortalezcan. ¿Cuáles serían los costos potenciales y qué mecanismos son necesarios para mitigar dicho riesgo?

La República Dominicana es uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe. En 2022 ingresaron al país más de 8.5 millones de turistas, incluidos más de 2.5 millones provenientes de Estados Unidos y Canadá, lo que la convierte en la nación más visitada de la región caribeña (CDC 2023). Este alto flujo internacional acentúa la posibilidad de importar agentes patógenos. Durante emergencias sanitarias globales, la movilidad internacional se ha demostrado como uno de los principales factores de propagación: no solo por el movimiento de personas infectadas, sino por portadores asintomáticos que se desplazan antes de desarrollar síntomas.

Un ejemplo concreto de esta vulnerabilidad se observó al inicio de la pandemia de COVID-19 en la República Dominicana. El primer caso confirmado fue de una persona que había ingresado desde Italia, y otro de un ciudadano canadiense, turistas vacacionando en Bayahibe (Wikipedia 2023a). Este patrón evidencia que los vínculos internacionales, i.e., turismo, viajes de placer o negocios, pueden ser la puerta de entrada para pandemias respiratorias virales, patógenos nuevos o variantes emergentes. La vigilancia de las fronteras (aéreas, marítimas, terrestres) y de los puntos de entrada de personas debe comprender estrategias integrales de detección temprana, cuarentena, rastreo de contactos y normas sanitarias obligatorias.

Además de los riesgos epidemiológicos, existen vulnerabilidades estructurales que agravan el peligro de una pandemia originada por la llegada de extranjeros. El sistema de salud tiene capacidad limitada para responder a brotes súbitos de enfermedades altamente contagiosas, quiere decir, número de camas de cuidados intensivos, concentración de personal médico especializado, escasez de insumos críticos como ventiladores o equipos de protección. Segundo, la densidad poblacional en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago favorece la transmisión comunitaria si no se identifican rápidamente los casos importados. También, la economía informal, presente en ciudades y zonas turísticas, dificulta la implementación de cuarentenas sin causar severos impactos sociales y económicos. Los costos de una pandemia causada o agravada por el ingreso de extranjeros sin control pueden ser múltiples: aumento de casos y muertes, colapso del sistema sanitario, pérdidas económicas por cierres, interrupción del turismo, desempleo masivo, impacto en la imagen internacional del país, disminución de inversiones extranjeras y acumulación de deuda pública si se requieren medidas extraordinarias. Dado que el turismo representa aproximadamente un 11.6 % del Producto Interno Bruto dominicano y es fuente importante de divisas, cualquier afectación al flujo de visitantes puede generar daños macroeconómicos significativos (Wikipedia 2023b).

Por todo ello, es esencial que la inteligencia dominicana (el conjunto de agencias y unidades de vigilancia epidemiológica, migratoria y de seguridad nacional) incluya como prioridad la vigilancia de la entrada de extranjeros con un enfoque preventivo. Esto implicaría varios componentes concretos.

El control sanitario en puntos de entrada: implementación de protocolos obligatorios de salud en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres, tales como monitoreo de temperatura, pruebas diagnósticas (PCR, antígenos), declaración de salud previa al vuelo y cuarentenas obligatorias cuando lo requiera la situación.

La integración de inteligencia epidemiológica y migratoria: coordinación entre autoridades migratorias, salud pública, fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia para compartir datos de vuelos, pasajeros, historiales epidemiológicos de regiones de origen, e identificar vuelos o rutas de alto riesgo.

La vigilancia internacional de brotes: mantener monitoreo constante de las alertas sanitarias internacionales, especialmente en los países de los cuales provienen grandes flujos de turistas o migrantes. Si surge un brote nuevo en un país con fuerte conexión con República Dominicana, activar protocolos especiales.

La capacitación, infraestructura y recursos: fortalecer la capacidad de los laboratorios nacionales, mejorar el sistema de atención en salud pública, disponer de equipos y espacios para aislamiento, así como personal entrenado para respuesta rápida. Esto también incluye la mejora de los procedimientos sanitarios en hoteles, resorts y transporte, que son puntos de encuentro entre nacionales y extranjeros.

Las políticas legales y regulaciones claras: etablecer leyes y normativas que permitan imponer medidas sanitarias (vacunaciones, pruebas previas al viaje, cuarentenas), con bases legales robustas y con respeto a los derechos humanos. Además, mecanismos para sancionar incumplimientos sin afectar excesivamente los flujos legítimos de personas.

La comunicación pública transparente y la cooperación internacional: informar claramente a la ciudadanía sobre riesgos y medidas tomadas, y contar con acuerdos con otros países para coordinar protocolos, especialmente en emergencias sanitarias.

La vigilancia de extranjeros no significa adoptar políticas cerradas o xenófobas, sino gestionar la movilidad internacional de forma responsable, balanceando la apertura con la protección sanitaria. En un mundo globalizado, los países no están aislados y el cierre total no siempre es viable ni deseable por sus impactos económicos y sociales. Sin embargo, ignorar la posibilidad de ingreso de enfermedades nuevas o reemergentes a través de visitantes es jugar con fuego. Dada la importancia estratégica del turismo y la conexión internacional de la República Dominicana, los órganos de inteligencia y vigilancia fronteriza deben reconocer que la entrada de extranjeros constituye un vector de riesgo significativo en una pandemia. La prevención activa, mediante control sanitario, inteligencia epidemiológica, fortalecimiento institucional y regulaciones, puede mitigar ese riesgo. No hacerlo, nos traerá consecuencias sanitarias, sociales, económicas y reputacionales graves. Imperativo es que nuestras instituciones incluyan como prioridad la vigilancia proactiva del ingreso de no nacionales, como parte integral de la preparación y respuesta ante futuras pandemias.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, M.A. en Inteligencia, J.D., Certificado de Posgrado en Contrainteligencia, certificación CISA/NCISS OSINT, Certificación DoD/DoS BFFOC

Bibliografía

Centers for Disease Control and Prevention. 2023. Dominican Republic | Yellow Book. Atlanta: CDC. https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/americas-caribbean/dominican-republic.html.

Wikipedia. 2023a. COVID-19 Pandemic in the Dominican Republic. Last modified September 10, 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_Dominican_Republic.

Wikipedia. 2023b. Tourism in the Dominican Republic. Last modified August 14, 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_the_Dominican_Republic

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