La amenaza cuántica a la criptografía y la seguridad nacional de la República Dominicana: por qué la migración debe comenzar ahora y cómo ejecutarla con recursos limitados.
La computación cuántica a escala amenaza con romper los algoritmos de clave pública (RSA, Diffie-Hellman y curvas elípticas) que sostienen la banca, la identidad digital, las comunicaciones del Estado y el comercio electrónico. Aunque todavía no existe una computadora cuántica criptográficamente relevante, la amenaza ya es operativa por dos vías: la captura de datos cifrados hoy para descifrarlos mañana, y la imposición externa de calendarios de migración por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, de cuyas redes financieras, tecnológicas y comerciales la República Dominicana depende de manera estructural. Este ensayo sostiene que la República Dominicana enfrenta una amenaza de seguridad nacional que no admite espera, que el país ya cuenta con el andamiaje institucional para responder, y que una migración ordenada a la criptografía poscuántica (PQC) es alcanzable con recursos limitados si se concentra en inventario, priorización, cripto-agilidad y apalancamiento de proveedores, en lugar de inversiones masivas en hardware. Se propone un plan por fases alineado con los hitos de 2026, 2030 y 2035 que ya rigen a los principales socios del país.
En agosto de 2026, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó una solicitud de información a la industria en busca de soluciones criptográficas provisionales de solo software, sin reemplazo de chips, tarjetas criptográficas, radios ni módulos de seguridad de hardware, que le permitan proteger sistemas militares durante su transición a la criptografía poscuántica antes del 31 de diciembre de 2029 (Vincent 2026). La solicitud es una pieza menor dentro de un proceso mucho mayor: dos meses antes, la Casa Blanca había ordenado que todos los activos federales de alto valor migren a PQC para el intercambio de claves antes de fines de 2030 y para firmas digitales antes de fines de 2031, adelantando en cuatro años la meta de 2035 fijada en 2022 (White House 2026; White House 2022). La Unión Europea, por su parte, exige que todos los Estados miembros tengan hojas de ruta nacionales de PQC antes de que termine 2026 y que los casos de uso de alto riesgo estén migrados antes de 2030 (NIS Cooperation Group 2025).
Estos calendarios no se dictan para la República Dominicana, pero le aplican por gravedad. Un país cuya economía se sostiene sobre remesas, turismo, zonas francas, banca corresponsal y servicios en la nube contratados a proveedores estadounidenses no puede permitirse que sus certificados digitales, sus canales de pago o sus comunicaciones diplomáticas queden fuera de los estándares que sus contrapartes adoptarán en los próximos cuatro años. La pregunta, por tanto, no es si el país debe migrar, sino cómo hacerlo con un presupuesto limitado, un mercado de talento reducido y una dependencia tecnológica casi total de terceros.
La naturaleza de la amenaza
La criptografía de clave pública moderna descansa sobre problemas matemáticos que las computadoras clásicas no pueden resolver en tiempo razonable: la factorización de enteros grandes y el logaritmo discreto. En 1994 Peter Shor demostró que una computadora cuántica suficientemente grande y estable resolvería ambos problemas en tiempo polinomial, lo que reduciría a la nada la seguridad de RSA, de Diffie-Hellman y de la criptografía de curvas elípticas (Shor 1997). Durante tres décadas la amenaza fue teórica porque el hardware cuántico era rudimentario. Ese margen se ha estrechado. En 2025, investigadores de Google publicaron una estimación de que RSA de 2,048 bits podría factorizarse con menos de un millón de qubits ruidosos en menos de una semana, una reducción de aproximadamente veinte veces respecto de las estimaciones previas (Gidney 2025). La encuesta anual de expertos del Global Risk Institute asigna una probabilidad no trivial a la aparición de una computadora cuántica criptográficamente relevante dentro de una década, y probabilidades sustanciales dentro de quince años (Mosca y Piani 2024). Cloudflare, que opera una fracción significativa del tráfico mundial de Internet, adelantó en abril de 2026 su propia meta de seguridad poscuántica completa a 2029 (Goldberg y Voci 2026).
Lo esencial para la formulación de política pública es que la fecha exacta de la ruptura no importa tanto como la relación entre tres plazos, formulada por Michele Mosca: el tiempo durante el cual la información debe permanecer confidencial (X), el tiempo que tomará migrar los sistemas (Y) y el tiempo que falta para que exista la máquina capaz de romperlos (Z). Si X más Y es mayor que Z, la información ya está comprometida aunque la máquina no exista todavía (Mosca 2018). Un expediente de inteligencia, un contrato de reaseguro a veinte años, un historial clínico o los datos biométricos de la cédula de identidad tienen valores de X que exceden con facilidad cualquier estimación razonable de Z. Y las migraciones criptográficas en sistemas complejos históricamente toman entre diez y veinte años (NIST 2024d).
De ello se deriva la táctica que hoy preocupa a las agencias de seguridad: capturar ahora y descifrar después. Un adversario estatal con acceso a cables submarinos, a puntos de intercambio de tráfico o a proveedores comprometidos puede almacenar comunicaciones cifradas con RSA o curvas elípticas y esperar. La Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos advierten de manera explícita que esta amenaza justifica comenzar la migración de inmediato, con independencia de cuándo llegue la computadora cuántica (CISA, NSA y NIST 2023).
Hay una segunda dimensión menos discutida pero igualmente grave para un Estado pequeño: la integridad de las firmas digitales. Cuando las firmas basadas en RSA o curvas elípticas puedan falsificarse, un atacante podrá suplantar actualizaciones de software y firmware, certificados raíz de infraestructura de clave pública, documentos notariales electrónicos, resoluciones judiciales firmadas digitalmente y credenciales de identidad. El daño no sería retrospectivo, como en el caso de la confidencialidad, sino inmediato y sistémico. Por esa razón, la Agencia de Seguridad Nacional prioriza la migración de la firma de código y de software antes que otras funciones (NSA 2022).
La respuesta internacional y su efecto sobre el país
La respuesta técnica ya existe. En agosto de 2024, el NIST publicó los tres primeros estándares federales de criptografía poscuántica: FIPS 203 (ML-KEM, derivado de CRYSTALS-Kyber) para encapsulamiento de claves, FIPS 204 (ML-DSA, derivado de CRYSTALS-Dilithium) y FIPS 205 (SLH-DSA, derivado de SPHINCS+) para firmas digitales (NIST 2024a; NIST 2024b; NIST 2024c). Estos algoritmos son software puro, están disponibles en bibliotecas de código abierto y ya se despliegan en navegadores, sistemas operativos y redes de distribución de contenido. El NIST fijó además un calendario de transición: los algoritmos vulnerables de 112 bits de seguridad quedan desaconsejados a partir de 2030 y prohibidos en sistemas federales a partir de 2035 (NIST 2024d).
La respuesta política ha sido más rápida de lo previsto. El Memorando de Seguridad Nacional 10 de 2022 ordenó a las agencias federales inventariar sus sistemas criptográficos y fijó 2035 como meta de migración (White House 2022). El Congreso lo reforzó con la Ley de Preparación en Ciberseguridad para la Computación Cuántica (U.S. Congress 2022). La Orden Ejecutiva de junio de 2026 adelantó esas fechas a 2030 y 2031 para los activos de alto valor, ordenó a los contratistas federales cumplir los FIPS poscuánticos antes de fines de 2030 y, de manera notable para la República Dominicana, instruyó al gobierno a asistir a operadores de infraestructura crítica, a gobiernos extranjeros y a grupos industriales extranjeros en sus propias transiciones (White House 2026; Mayer Brown 2026). La estrategia PQC del Departamento de Defensa publicada al día siguiente exige que todos sus sistemas soporten PQC antes de fines de 2030 y la utilicen antes de fines de 2031, y contempla incorporar requisitos poscuánticos al programa de Certificación del Modelo de Madurez en Ciberseguridad que rige a sus proveedores (Vincent 2026; Easley 2026). En el Reino Unido, el Centro Nacional de Ciberseguridad fijó 2028 para completar el descubrimiento y la planificación, 2031 para las migraciones de mayor prioridad y 2035 para la migración completa (NCSC 2025). En Europa la Recomendación de la Comisión de abril de 2024 y la hoja de ruta coordinada de junio de 2025 fijan hitos análogos para 2026, 2030 y 2035 (European Commission 2024; NIS Cooperation Group 2025). En el sector financiero, el Grupo de Expertos Cibernéticos del G7 ha instado a las entidades a comenzar la planificación de inmediato, y el Banco de Pagos Internacionales ha demostrado en su Proyecto Leap la viabilidad de proteger canales de pago interbancarios con criptografía poscuántica (G7 Cyber Expert Group 2024; BIS 2023).
El efecto sobre la República Dominicana opera por tres canales. Primero, el canal financiero: la banca corresponsal, las redes de tarjetas, SWIFT y los proveedores de procesamiento de pagos adoptarán los estándares de sus reguladores de origen, y las entidades dominicanas que no puedan negociar conexiones poscuánticas o híbridas quedarán progresivamente marginadas. Segundo, el canal tecnológico: la mayor parte de la infraestructura digital del Estado y de las empresas dominicanas reside en nubes y plataformas de proveedores estadounidenses, cuyos contratos federales los obligarán a ofrecer PQC por defecto, de modo que la migración llegará al país en parte por arrastre, pero solo será efectiva si el lado dominicano la configura, la verifica y la exige. Tercero, el canal de cadena de suministro: las empresas de zonas francas, los proveedores de servicios de tecnología y cualquier firma que aspire a contratar con agencias estadounidenses o europeas deberán demostrar preparación poscuántica como condición de acceso al mercado.
La exposición dominicana
La República Dominicana ha construido en la última década una de las arquitecturas de ciberseguridad más reconocidas de la región. El Decreto 230-18 estableció la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Centro Nacional de Ciberseguridad; el Decreto 612-24 reorganizó la gobernanza, creó la Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad bajo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, asignó a la Dirección Nacional de Inteligencia la coordinación de estrategias, amplió el mandato del CNCS y creó el Instituto Criptográfico Nacional, con la misión de fortalecer los controles sobre información reservada y profundizar los estudios sobre soberanía digital (Presidencia de la República Dominicana 2018; Presidencia de la República Dominicana 2024). El borrador de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 contempla una estrategia complementaria de criptografía (Centro Nacional de Ciberseguridad 2025). En el plano sectorial, la Junta Monetaria aprobó desde 2018 un Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información para el sistema financiero, e Indotel emitió en 2022 un Reglamento de Ciberseguridad para redes y servicios de telecomunicaciones (Junta Monetaria 2018; Indotel 2022). La Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales y su reglamentación establecen el marco de la infraestructura de clave pública nacional (Congreso Nacional 2002).
Esa base es una ventaja real. Pero la exposición es amplia. La cédula de identidad y electoral, los certificados de firma digital emitidos por las entidades de certificación autorizadas por Indotel, el Sistema de Pagos de la República Dominicana y el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central, las plataformas de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social, los sistemas de control aduanero y portuario, las redes de las Fuerzas Armadas y de la DNI, y el sistema eléctrico dependen en su totalidad de criptografía clásica. Muchos de estos sistemas manejan información cuyo valor de confidencialidad se mide en décadas. Ninguno, hasta donde consta en fuentes públicas, cuenta con un inventario criptográfico formal ni con una fecha de migración.
Conviene subrayar una asimetría que juega a favor del país. Como economía pequeña y abierta, la República Dominicana no necesita diseñar algoritmos, financiar investigación cuántica ni construir capacidad industrial de hardware. Necesita gobernanza, inventario, priorización y contratación inteligente. Los algoritmos ya están estandarizados y son gratuitos; las bibliotecas de software ya existen; los proveedores dominantes ya los están desplegando. La tarea nacional es organizativa y regulatoria, no científica.
Por qué ahora y no después
Tres argumentos concurren. El primero es aritmético: si la migración de un sistema crítico toma entre cinco y diez años, como muestran las experiencias documentadas de transición de SHA-1 a SHA-2 o de RSA a curvas elípticas, y si existe probabilidad material de una computadora cuántica relevante antes de 2035, comenzar en 2026 ya implica operar sin margen (NIST 2024d; Mosca y Piani 2024). El segundo es el efecto de cosecha: cada mes de demora amplía el archivo de comunicaciones dominicanas cifradas con algoritmos vulnerables que un adversario puede estar acumulando. El tercero es de oportunidad regulatoria. La ventana 2026 a 2027 es el momento en que el país puede alinearse a bajo costo con la hoja de ruta europea, que exige planes nacionales en 2026, y aprovechar la instrucción explícita de la Orden Ejecutiva estadounidense de asistir a gobiernos extranjeros (NIS Cooperation Group 2025; White House 2026). Un país que llega a 2030 sin inventario ni plan tendrá que migrar bajo presión de sus contrapartes, en condiciones de mercado más caras y con menos poder de negociación.
Hay además un argumento de soberanía. Si la República Dominicana no define sus propias prioridades de migración, las definirán sus proveedores en función de los intereses de sus mercados principales. El Instituto Criptográfico Nacional fue creado precisamente para evitar esa dependencia; darle como primer mandato la transición poscuántica es la forma más concreta de justificar su existencia.
Un plan para un país con recursos limitados
El plan que sigue se organiza en cuatro fases alineadas con los hitos internacionales y se rige por cinco principios: solo software siempre que sea posible, priorización por riesgo, cripto-agilidad como requisito contractual, apalancamiento de proveedores y cooperación internacional para financiar lo que no pueda cubrir el presupuesto nacional.
Fase de gobernanza e inventario (2026 a 2027)
La Comisión Técnica Especializada en Ciberseguridad debe designar formalmente al Instituto Criptográfico Nacional como autoridad técnica de la transición poscuántica, con el CNCS como coordinador operativo y la DNI como responsable de la evaluación de amenazas. Cada institución del Estado que opere un sistema crítico debe nombrar un responsable de migración, replicando la práctica de la Orden Ejecutiva estadounidense (White House 2026).
El primer entregable es un inventario criptográfico nacional de los sistemas de alto riesgo, es decir, una lista de materiales criptográficos que identifique qué algoritmos, longitudes de clave, protocolos, certificados y módulos de hardware utiliza cada sistema, quién los provee y cuándo expiran. El NIST, el NCSC y la hoja de ruta europea coinciden en que el inventario es el paso indispensable y el que más tiempo consume (CISA, NSA y NIST 2023; NCSC 2025; NIS Cooperation Group 2025). Existen herramientas de descubrimiento criptográfico de código abierto y la mayoría de los proveedores de nube ya exponen esta información; el costo es principalmente de personal.
El segundo entregable es una clasificación de riesgo basada en el criterio de Mosca: para cada sistema, cuánto tiempo debe permanecer confidencial su información y cuánto tardaría en migrar. Los sistemas donde la suma exceda diez años pasan a la lista de alta prioridad. Es previsible que esa lista incluya las raíces de la infraestructura de clave pública nacional, la firma de código y de firmware de sistemas del Estado, las comunicaciones clasificadas de Defensa, la DNI y Relaciones Exteriores, los sistemas de pagos del Banco Central, las bases de datos biométricas de la Junta Central Electoral y los registros tributarios y de seguridad social.
El tercer entregable es normativo y no cuesta dinero: una resolución de Indotel que autorice a las entidades de certificación a emitir certificados con ML-DSA y SLH-DSA e híbridos bajo la Ley 126-02; una circular de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central que exija a las entidades de intermediación financiera un inventario criptográfico y un plan de migración con fechas, en el marco del reglamento vigente de la Junta Monetaria (Junta Monetaria 2018); y una disposición de la Dirección General de Contrataciones Públicas que incorpore la cripto-agilidad y el soporte de los FIPS 203, 204 y 205 como requisito en toda adquisición de software, servicios en la nube y equipos de comunicaciones del Estado. Esta última medida es la de mayor rendimiento: evita comprar en 2027 sistemas que habrá que reemplazar en 2031.
Fase de migración de alto riesgo (2027 a 2030)
La prioridad técnica inmediata es el cifrado en tránsito, porque es donde opera la cosecha y donde la migración es casi gratuita. Todos los dominios gob.do, los portales transaccionales, las redes privadas virtuales y las conexiones de administración remota deben habilitar intercambio de claves híbrido, combinando curvas elípticas con ML-KEM, tal como ya lo hacen por defecto los principales navegadores y redes de distribución de contenido (IETF 2025; Goldberg y Voci 2026). Esto se logra con actualizaciones de configuración en servidores y proveedores existentes; el enfoque de solo software que el Departamento de Defensa busca para sus sistemas heredados es exactamente el adecuado para un Estado sin capacidad de reemplazar hardware (Vincent 2026).
En paralelo, el Instituto Criptográfico Nacional debe diseñar la nueva jerarquía de la infraestructura de clave pública nacional con raíces basadas en ML-DSA, de modo que los certificados de firma digital, la firma de código del Estado y las credenciales de identidad electrónica puedan emitirse bajo algoritmos poscuánticos antes de 2030, siguiendo la prioridad que la NSA asigna a la firma de software y firmware (NSA 2022). La renovación de la cédula de identidad ofrece una ventana natural para incorporar chips y certificados cripto-ágiles.
El sector financiero debe alinearse con los calendarios del G7 y del BIS, dando prioridad a los canales de pago interbancarios, la conectividad con SWIFT y las redes de tarjetas, y la banca en línea (G7 Cyber Expert Group 2024; BIS 2023). El Banco Central puede exigir a los participantes del sistema de pagos que demuestren capacidad de negociación híbrida antes de 2029.
Fase de consolidación (2030 a 2032)
Con los sistemas de alto riesgo migrados, la atención pasa a los sistemas de riesgo medio: portales de servicios ciudadanos, registros de salud, sistemas municipales, telecomunicaciones móviles y el sector eléctrico. Se retiran los certificados clásicos de la jerarquía nacional, se dejan de aceptar algoritmos desaconsejados en contrataciones nuevas y se exige a los proveedores de servicios de telecomunicaciones evidencia de cumplimiento en el marco del Reglamento de Ciberseguridad de Indotel (Indotel 2022).
Fase de cierre (2033 a 2035)
La meta final coincide con la fecha en que el NIST prohíbe los algoritmos vulnerables y con el tercer hito europeo: eliminación de la criptografía clásica de clave pública en todos los sistemas del Estado, salvo excepciones documentadas con controles compensatorios (NIST 2024d; NIS Cooperation Group 2025).
Capacidad humana y financiamiento
El mayor cuello de botella no será el dinero sino el talento. El Instituto Criptográfico Nacional debe establecer convenios con el Instituto Tecnológico de Las Américas, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Autónoma de Santo Domingo para formar un cuadro de especialistas en criptografía aplicada, y aprovechar la formación gratuita que ofrecen el NIST, la Organización de los Estados Americanos a través de su Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El equipo de respuesta a incidentes CSIRT-RD puede convertirse en el centro de asistencia técnica para instituciones pequeñas.
En cuanto al financiamiento, el plan es deliberadamente austero: la mayor parte del costo se concentra en personal, inventario y gestión de proveedores, no en compras. Para lo que no pueda cubrirse con presupuesto ordinario, existen fuentes identificables: la asistencia a gobiernos extranjeros que la Orden Ejecutiva estadounidense ordena de manera expresa (White House 2026), los programas de ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, la cooperación de la Unión Europea en el marco de la Alianza Digital con América Latina y el Caribe, y la cooperación técnica de la OEA. Un país que presente un inventario y una hoja de ruta será un candidato natural para esos fondos; uno que no lo haga, no.
La República Dominicana no está en condiciones de construir una computadora cuántica ni necesita hacerlo. Lo que sí está en condiciones de hacer, y lo que la seguridad nacional exige, es reconocer que la criptografía que protege la identidad de sus ciudadanos, la solvencia de su sistema financiero, la integridad de su justicia electrónica y la confidencialidad de su Estado tiene una fecha de caducidad conocida en su orden de magnitud aunque incierta en su día exacto. El país ya creó el órgano llamado a liderar la respuesta; le corresponde ahora dotarlo de un mandato, un inventario y un calendario. La experiencia comparada muestra que el costo de migrar a tiempo es modesto y el de migrar tarde es prohibitivo. Los socios del país ya fijaron sus fechas. La República Dominicana debe fijar las suyas en 2026, y no más tarde.
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