Asimetría, secuenciación y condicionalidad: el margen negociador dominicano ante la normalización con Venezuela.
El 2 de agosto de 2026 las cancillerías de Santo Domingo y de Caracas anunciaron de manera conjunta el inicio de un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que habrá de desarrollarse de común acuerdo, cuya primera etapa comprende el restablecimiento de los servicios consulares y, ulteriormente, el ascenso hacia la plenitud del vínculo diplomático (MIREX 2026). La parquedad del comunicado no debe confundirse con insustancialidad. Un instrumento que difiere la definición de su contenido a un texto posterior es, precisamente, un instrumento que deja abierta la cuestión del reparto de ganancias. Es en ese diferimiento donde se juega el rendimiento nacional de la operación.
Mi tesis que aquí se sostiene es que la República Dominicana atraviesa una ventana de asimetría negociadora excepcional y perecedera frente a Venezuela, y que el aprovechamiento de esa ventana no depende de la disposición al acercamiento, ya manifiesta en ambas partes, sino del diseño técnico de tres variables: la secuenciación de las concesiones, la condicionalidad jurídicamente exigible y la reversibilidad automática del proceso. Se argumenta, además, que dicha ventana se deprecia con rapidez y que su conversión en obligaciones convencionales debe ser inmediata, so pena de disiparse en gestos de cortesía sin contrapartida.
La coyuntura como momento maduro
La teoría de la madurez negociadora asocia la apertura de oportunidades a la percepción compartida de un estancamiento mutuamente doloroso, del cual las partes buscan salida por vía transaccional (Zartman 2001). La coyuntura venezolana presenta una variante de ese modelo: no hay estancamiento mutuo, sino debilitamiento unilateral de una de las partes. La madurez es, en consecuencia, asimétrica, y el excedente negociador se inclina de manera pronunciada hacia la parte no debilitada.
Cuatro elementos configuran ese debilitamiento. Primero, la deposición de Nicolás Maduro en enero de 2026 mediante operación militar estadounidense y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, sin mandato electoral propio y, por tanto, con un déficit de legitimidad de origen que solo puede compensarse mediante reconocimiento externo. Segundo, la catástrofe sísmica del 24 de junio, con miles de fallecidos y un daño material aún no cuantificado, concentrado en el estado La Guaira, sede del aeropuerto internacional y del complejo portuario que abastece a Caracas, es decir, en el nodo logístico del cual depende toda reapertura comercial. Tercero, la persistencia de un contingente sustancial de presos políticos cuya excarcelación ha sido apenas simbólica, hecho que constituye a la vez un pasivo reputacional para Caracas y una vara de medición verificable para sus interlocutores. Cuarto, la necesidad imperiosa de alivio sancionatorio y de financiamiento de reconstrucción.
La literatura sobre diplomacia de desastres advierte que las catástrofes rara vez originan procesos diplomáticos nuevos, pero aceleran de modo notable los preexistentes (Kelman 2012). La normalización con Santo Domingo, Lima y Santiago no nació del terremoto; el terremoto comprimió su calendario. La contraparte negocia, pues, bajo apremio temporal, condición que el negociador dominicano debe reconocer y no disipar mediante concesiones anticipadas de buena voluntad.
Poder agregado y poder de negociación
Conviene distinguir el poder estructural agregado del poder de negociación específico. Habeeb (1988) demostró que los Estados débiles obtienen resultados favorables frente a potencias cuando controlan tres variables acotadas al asunto en disputa: disponibilidad de alternativas, intensidad del compromiso con el resultado y control efectivo sobre el recurso disputado. La República Dominicana es muy menor que Venezuela en territorio, población y dotación de hidrocarburos; sin embargo, en las materias hoy sobre la mesa, conectividad aérea y marítima, plataforma logística de reconstrucción, acceso a servicios financieros y legitimación internacional, posee alternativas superiores y control efectivo.
La distinción entre sensibilidad y vulnerabilidad en la interdependencia asimétrica resulta aquí decisiva (Hirschman 1945; Keohane y Nye 2012). Venezuela es vulnerable, no meramente sensible, porque carece de sustitutos de bajo costo para el nodo logístico dañado y para el reconocimiento que necesita. La República Dominicana es a lo sumo sensible: dos años sin relaciones plenas con Caracas no le produjeron daño económico apreciable. Esa disparidad, y no el tamaño relativo de las economías, es la fuente del apalancamiento dominicano.
Inventario de activos negociadores
El primer activo es el reconocimiento y la jerarquía de la representación. En el derecho internacional contemporáneo el reconocimiento de gobiernos ha perdido formalidad pero no consecuencia práctica, y la doctrina moderna subraya que la acreditación de agentes de rango pleno opera como acto de convalidación política aun cuando se declare puramente funcional (Talmon 1998; Crawford 2006). Se trata de un bien indivisible y de un solo uso: una vez concedido el ascenso a nivel de embajador, no puede volver a venderse. Su lugar en la secuencia es, necesariamente, el último.
El segundo activo es la posición geográfica y la capacidad instalada: los puertos y aeropuertos dominicanos, a menos de dos horas de vuelo de Caracas, ofrecen transbordo, almacenamiento y despacho aduanero que Venezuela ha perdido temporalmente. El tercero es el alineamiento con Washington, que confiere a Santo Domingo un peso derivado en la ecuación venezolana; el apalancamiento prestado, sin embargo, es volátil y depende de la voluntad del patrocinador (Levitsky y Way 2010). El cuarto es la credibilidad de la República Dominicana como sede de diálogo político venezolano, acreditada por los procesos de 2017 y 2018. El quinto es el acervo migratorio: alrededor de cien mil venezolanos residen en territorio dominicano, con una proporción elevada de irregularidad migratoria (R4V 2025; OIT 2024), lo que convierte la documentación y readmisión de nacionales en un asunto de interés dominicano directo.
Prelación de la agenda sustantiva
La secuencia importa tanto como el contenido. La investigación sobre acuerdos de readmisión muestra que estos instrumentos se obtienen únicamente en ventanas de dependencia del Estado de origen, y que su costo se eleva de manera abrupta cuando la contraparte recupera alternativas diplomáticas (Cassarino 2007). La readmisión, la emisión expedita de documentos y la aceptación incondicional de nacionales retornados deben, por tanto, encabezar la agenda: son concesiones de bajo costo político para Caracas y de alto valor administrativo para Santo Domingo.
En segundo lugar corresponde situar la verificación y el calendario de pago de las acreencias comerciales pendientes en favor de exportadores dominicanos, estructuradas como condición suspensiva del ascenso diplomático y no como aspiración programática. En tercer lugar, el convenio bilateral de servicios aéreos, cuyo momento óptimo de negociación es aquel en que la contraparte dispone del menor número de socios alternativos; los principios de reciprocidad y de intercambio equilibrado de derechos que informan la regulación económica del transporte aéreo internacional admiten configuraciones muy distintas según la posición relativa de las partes (OACI 2008). En cuarto lugar, la contratación de reconstrucción, mediante un memorando que reconozca a las firmas dominicanas la condición de oferentes calificados y designe la infraestructura dominicana como plataforma de acopio y despacho, con corredor aduanero preferencial. Este último punto arrastra un mercado accesorio de fianzas de cumplimiento y de anticipo, seguros de crédito y cobertura de riesgo político cuya asignación tiende a consolidarse en los primeros dieciocho meses de todo programa de reconstrucción.
En quinto lugar figura la cooperación penal y financiera. La reapertura de canales con una jurisdicción de alto riesgo expone al sistema financiero dominicano a la contracción de relaciones de corresponsalía, fenómeno cuyos determinantes y costos han sido documentados con detalle (Erbenová et al. 2016). Todo avance comercial debe, por tanto, acompañarse de compromisos verificables en materia de intercambio de información, rastreo de activos y cooperación en extradición. En sexto lugar, las salvaguardas consulares y diplomáticas: el derecho convencional autoriza expresamente al Estado receptor a exigir que el número de miembros de una misión se mantenga dentro de límites razonables, a fijar el número de empleados consulares y a conceder o denegar el exequátur, facultades que deben ejercerse de modo explícito en la hoja de ruta y no dejarse a la práctica ulterior (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 1961, arts. 11 y 27; Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 1963, arts. 12 y 20).
Arquitectura jurídica de la condicionalidad
El modelo de incentivos externos establece que la condicionalidad produce cumplimiento cuando concurren cinco atributos: determinación de las condiciones, credibilidad de la recompensa y de la amenaza, magnitud suficiente del beneficio, celeridad en su entrega y costo de adaptación soportable para el destinatario (Schimmelfennig y Sedelmeier 2004). Trasladado al caso, ello impone redactar la hoja de ruta con técnica contractual y no con retórica de comunicado: hitos fechados, indicadores verificables por terceros, condiciones suspensivas expresas y ausencia total de lenguaje de mejores esfuerzos.
La credibilidad de la amenaza exige, además, un mecanismo de reversión automática que opere sin necesidad de nueva decisión política, al modo de las cláusulas de restablecimiento incorporadas al régimen del Consejo de Seguridad en la Resolución 2231 (2015). El incumplimiento de un hito debe producir por sí mismo el retorno al nivel de encargado de negocios, sin que la parte dominicana tenga que asumir el costo diplomático de una ruptura discrecional. Complementariamente, la exigencia de aprobación congresual de los instrumentos convencionales opera como mecanismo de atadura de manos que fortalece la posición negociadora al reducir de modo creíble el margen de concesión del ejecutivo (Schelling 1960; Putnam 1988; Fearon 1997).
En cuanto al contenido político, la experiencia comparada de las transiciones desde el autoritarismo aconseja anclar las garantías en compromisos observables y calendarizados antes que en declaraciones de principio, pues los actores del régimen saliente conservan capacidad de reversión mientras controlan los aparatos coercitivos (O’Donnell y Schmitter 1986). Un calendario electoral con observación internacional acreditada y la excarcelación verificada de presos políticos son indicadores auditables; la invocación genérica de la democracia, no.
Límites del apalancamiento y riesgo de sobreextensión
Dos advertencias acotan lo anterior. La primera concierne a la memoria de las relaciones asimétricas: la parte menor atiende de modo intenso y sostenido a la conducta de la mayor, mientras esta tiende a la desatención, y de esa disparidad perceptiva nacen los agravios duraderos (Womack 2016). Una Venezuela con producción de hidrocarburos restablecida vuelve a ser, en el mediano plazo, actor regional de primer orden. La estrategia dominicana debe extraer concesiones estructurales y duraderas, tratados de readmisión, derechos aerocomerciales y acceso a contratación, y abstenerse de gestos de subordinación de rédito efímero y costo prolongado.
La segunda advertencia es de orden fiscal e histórico. El financiamiento energético concesional venezolano fue, durante dos décadas, un instrumento de compra de alineamiento político antes que un mecanismo de cooperación (Corrales y Penfold 2015). La República Dominicana conoce el desenlace: al cierre de diciembre de 2014 adeudaba a Petróleos de Venezuela US$4,123.8 millones por el Acuerdo de Petrocaribe, pasivo extinguido en enero de 2015 mediante recompra del 98% del saldo con descuento de 52%, desembolso neto de US$1,933.2 millones y reducción inmediata de la deuda pública equivalente a 3.3% del PIB (Ministerio de Hacienda 2015; CEPAL 2016). La operación fue financieramente exitosa, pero solo porque corrigió una exposición que nunca debió acumularse. Cualquier oferta de suministro en condiciones concesionales debe evaluarse, en consecuencia, como pasivo soberano diferido y no como cooperación.
La normalización con Venezuela no es, en sí misma, un error de política exterior; la ausencia de canales institucionales perjudica a los nacionales de ambos Estados y priva a Santo Domingo de instrumentos de gestión migratoria y de seguridad. El error posible es de método, no de dirección. Consiste en confundir gradualidad con indeterminación, en conceder jerarquía diplomática antes que obtener contrapartidas exigibles, y en tratar como gesto de amistad lo que es, en rigor, una transacción entre partes de poder desigual y de intereses divergentes.
La ventana de asimetría que hoy favorece a la República Dominicana se cerrará conforme Caracas restablezca su producción petrolera y multiplique sus interlocutores. El imperativo, por tanto, es de conversión y de plazo: transformar una posición coyuntural de fuerza en texto convencional vinculante, con hitos verificables y reversión automática, dentro del horizonte en que esa fuerza aún existe. La diplomacia de un Estado pequeño no se mide por la magnitud de sus recursos, sino por la precisión con que identifica y agota sus ventanas.
Bibliografía
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